Sindicatos reclaman al Estado cumplir con deudas laborales

A 11 meses de las elecciones presidenciales, el primer mandatario nacional promete reformar la Ley del Trabajo para volver a la retroactividad de las prestaciones sociales y resolver aceleradamente una deuda laboral que mantiene con la administración pública desde hace más de una década.

A 11 meses de las elecciones presidenciales, el primer mandatario nacional promete reformar la Ley del Trabajo para volver a la retroactividad de las prestaciones sociales y resolver aceleradamente una deuda laboral que mantiene con la administración pública desde hace más de una década.

El lanzamiento de un petrobono, la creación de un fondo de pensiones y otro de inversiones son las alternativas que se plantean para obtener recursos y así resarcir ahora una deuda que, aunque se ha intentado, no ha logrado reducirse con el pasar de los años.

El Estado se ha convertido en el patrono de 2,3 millones de trabajadores, y aunque promete cambios en materia laboral, en la actualidad son muchos los temas que mantiene pendientes con este grupo de empleados.

Temas engavetados

Desde la reforma de la Constitución, en 1999, se estableció que la Asamblea Nacional, dentro del primer año de instalación, debía aprobar un nuevo régimen para el derecho a prestaciones sociales de forma proporcional al tiempo de servicio y calculado al último salario devengado. Asimismo, el Poder Legislativo debió contemplar cambios en la norma que garantizase la reducción progresiva de la jornada laboral. No obstante, nada de esto se concretó, aún cuando el oficialismo tuvo el poder absoluto del Parlamento por varios años.

Para Orlando Chirino, coordinador nacional del Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), las promesas de hoy no son más que una demagogia política. Detalla que a los trabajadores del Estado no se les pagan sus prestaciones sociales y sus respectivos intereses de mora, incluso algunos se mueren sin percibirlas.

Froilán Barrios, presidente del Movimiento Laborista, señala que el Estado además no ha reconocido el bono compensatorio, equivalente a 30 días por año de servicio, por el cambio de régimen de prestaciones en 1997, ni los pasivos laborales generados hasta ese año.

«Si yo comencé a trabajar en la administración pública en 1990 tuvieron que haberme pagado mi antigüedad hasta 1997, un bono compensatorio por eliminar la retroactividad, además había que crearle a cada trabajador un fideicomiso». Barrios critica que hoy el Gobierno, con 13 años en el poder, haga ver estas deudas como si fueran un descubrimiento.

Ni tan todopoderoso

El anuncio reciente de la conformación de una comisión para evaluar las deudas que mantiene el Estado con los trabajadores públicos, tampoco es nuevo. Desde el 2000 se han hecho varios intentos fallidos, entre los que cuenta la creación de comisiones o de bonos para el pago de los pasivos.

El desarrollo de los subsistemas de Salud y de Pensiones previstos en la Ley Orgánica del Sistema de Seguridad Social de 2002, son otro pendiente con la masa laboral.

Por otro lado, no se ha convocado una comisión tripartita para analizar la situación de los trabajadores y evaluar los aumentos salariales. Hasta ahora, Chávez se ha limitado a aumentar el salario de los empleados públicos vía decreto, sin reconocer otros beneficios.

Mantiene paralizada la discusión de contratos colectivos, tal es el caso de los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística que llevan tres años exigiendo una convención. Según el Fadess, existen más de 100 contrataciones vencidas, entre ellas, las de Pdvsa, Corpoelec, Cantv y las empresas básicas.

La administración pública centralizada no discute su contrato marco desde 2004.»Son elementos claros de que este Gobierno pisotea un derecho humano como es discutir el contrato», agrega Chirino.

Los trabajadores de distintos ministerios han tomado las calles para rechazar el acoso del que son víctimas por reclamar sus beneficios contractuales.

La Unión Nacional de Trabajadores, que declara abiertamente su apoyo al Gobierno, ha denunciado que el Ministerio de Trabajo no supervisa el cumplimiento de las órdenes de reenganche y las inspectorías de trabajo se niegan a recibir pliegos petitorios. Reclaman que el Inpsasel persigue a los trabajadores que luchan por sus beneficios. Contabilizan despidos injustificados, aún cuando está vigente la inamovilidad laboral. Rechazan la posición hostil de funcionarios públicos en la criminalización de la protesta laboral.

Mientras el presidente Chávez habla de reformar la Ley Orgánica del Trabajo para convertirla en una herramienta de transición al socialismo, Unete exige el cumplimiento del verdadero control obrero ideado por este Gobierno y denuncia su burocratismo.

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