Suprema Corte de México: Ulises Ruíz, responsable de violaciones a derechos humanos
La Suprema Corte de México concluyó el miércoles que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es responsable de violaciones graves a las garantías individuales durante un conflicto que sacudió el estado sureño en 2006 y que dejó 27 muertos producto de las acciones represivas y atentados paramilitares.
La Suprema Corte de México concluyó el miércoles que el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, es responsable de violaciones graves a las garantías individuales durante un conflicto que sacudió el estado sureño en 2006 y que dejó 27 muertos producto de las acciones represivas y atentados paramilitares.
Ruiz se convirtió en el segundo gobernador responsabilizado por el máximo tribunal de violar garantías individuales después de que en 1996 la corte hiciera lo mismo con el entonces mandatario del estado sureño de Guerrero, Rubén Figueroa, por una masacre de 17 campesinos en 1995.
La Suprema Corte consideró que Ruiz «tiene una responsabilidad lisa y llana» por el conflicto que por más de seis meses mantuvo sitiada a Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, en un caso que atrajo la atención nacional e internacional.
El tribunal consideró que no tuvieron responsabilidad el ex presidente Vicente Fox (2000-2006) ni sus funcionarios de seguridad pública, pese a la participación de la policía federal y a ser Fox quien se puso a la cabeza de la política represiva y antipopular.
El fallo de la Corte no tiene efectos coercitivos contra Ruiz, militante del ex gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), que inició su gestión en el 2004 y la concluye en el 2010 y quien no se había pronunciado al respecto.
Cuando la Corte revisó en 1996 la masacre de 17 campesinos en un paraje de Guerrero, Figueroa renunció a su cargo como gobernador de Guerrero. Figueroa también era militante del PRI.
Representantes de los grupos sociales que encabezaron las protestas en Oaxaca consideraron que Ruiz debería abandonar el cargo.
«El señor Ulises Ruiz debe renunciar, ser juzgado penalmente y la Cámara de Diputados debe de iniciarle juicio político», dijo Flavio Sosa, líder de la llamada Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) y quien estuvo año y medio como preso político, bajo falsos cargos de secuestro, robo y lesiones que finalmente fueron retirados.
El conflicto en Oaxaca, a 350 kilómetros al sureste de la capital, se remonta a mayo del 2006 cuando profesores de educación básica protestaron para exigir aumentos salariales.
Las protestas tomaron fuerza cuando el 14 de junio de ese año el gobernador envió a la policía para que retirara de la plaza un campamento establecido por los maestros.
A la lucha gremial de los profesores se sumaron entonces otros grupos sociales que formaron la APPO. La demanda principal se volvió entonces la renuncia del gobernador del PRI, el partido que hasta 2000 gobernó por 71 años el país.
La tensión escaló a tal punto tras diversos enfrentamientos, que la policía federal fue enviada en octubre para recuperar la plaza de Oaxaca. Varios dirigentes populares fueron detenidos.
La APPO denuncia que fueron asesinadas 27 personas por la represión y la violencia selectiva de grupos afines a Ruiz.
Uno de los asesinados fue el periodista y activista neoyorquino Bradley Roland Will, de 36 años.
Poco después de la muerte de Will el 27 de octubre, el entonces presidente Vicente Fox envió a soldados federales para expulsar a los manifestantes del centro de la ciudad, desatando una represión desmedida.
