Torturadores y represores pinochetistas reciben honorarios de las Fuerzas Armadas chilenas
Ex agentes represivos de la dictadura fascista de Pinochet, varios de ellos procesados por asesinato y torturas, figuran en la nómina de pagos del ejército y reciben mensualmente honorarios, según revelaciones hechas por la prensa chilena.
Ex agentes represivos de la dictadura fascista de Pinochet, varios de ellos procesados por asesinato y torturas, figuran en la nómina de pagos del ejército y reciben mensualmente honorarios, según revelaciones hechas por la prensa chilena.
El diario La Nación precisó en su edición dominical que militares que integraron la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), responsable del mayor número de desaparecidos políticos, y de su sucesora en 1977, la Central Nacional de Informaciones, reciben mensualmente honorarios del ejército.
La información se conoce en el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que en Chile son unos 1.200. Más de 5.000 opositores fueron asesinados durante la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990), la cual se hizo con el poder luego de un golpe de Estado apoyado por los EEUU, en 1973.
«Es una grave vergüenza para el país, y eso no puede ser», dijo telefónicamente a la AP Viviana Díaz, dirigente de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos (AFDD).
Mientras se dirigía a «Villa Grimaldi», unos de los más conocidos centros de detención y tortura de la dictadura, Díaz agregó que «veremos qué acciones podemos tomar porque en un estado de derecho esto no puede suceder».
La nómina de los ex agentes pagados por el ejército, actualizada al 2009, según La Nación, señala que entre los favorecidos está el doctor y coronel retirado Guido Díaz Paci, involucrado en torturas y falseamiento de datos médicos, por lo que fue expulsado del Colegio Médico.
Díaz recibe 400.000 pesos, unos 888 dólares al mes por «atención médica al personal activo, pasivo, y familiares».
El ejército le paga honorarios por 2.230 dólares al coronel retirado Sergio Castillo González por «asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de la carrera».
El juez Víctor Montiglio abrió un juicio a Castillo en mayo de 2008 por la desaparición de al menos tres izquierdistas en un cuartel secreto. También figura a la cabeza de un comando que hizo desaparecer a decenas de prisioneros políticos en el trayecto desde una cárcel secreta en Santiago a un regimiento en la costa.
El coronel de justicia retirado y ex fiscal militar Sergio Cea recibe 1.250 dólares como «asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar».
Cea está enjuiciado como coautor del delito de falsificación de instrumento público, por falsear antecedentes para encubrir a los asesinos de Carmelo Soria, un español funcionario de Cepal asesinado en Santiago, en 1976.
Los ejemplos siguen.
Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, dijo al periódico que es una vergüenza pagar con «fondos de todos los chilenos» a estos ex agentes que cometieron crímenes.
«Pero la infamia más grande es que nosotros, los familiares de nuestras propias víctimas, estamos con nuestros tributos ayudando a pagar los sueldos de estos criminales que secuestraron, asesinaron e hicieron desaparecer a nuestros padres e hijos», señaló.
Hasta hace poco tiempo el ejército descontaba mensualmente a su personal un porcentaje de sueldo para financiar a la defensa legal de uniformados encausados por violaciones a los derechos humanos. La Concertación, una coalición derechista que ha gobernado a Chile desde el fin de la dictadura, se ha encargado de mantener vigente la Constitución de Pinochet, mantener un sistema electoral que no permite la representación proporcional de las minorías, así como reprimir duramente a la población mapuche. Incluso, en el gobierno de Bachelet se ha procedido a aplicarle a la población indígena la legislación antiterrorista, en una escalada de la criminalización de la protesta.
