Trabajadores cementeros denuncian desastrosa gestión de la burocracia gubernamental
Trabajadores de la nacionalizada planta cementera de Pertigalete, en el estado Anzoátegui, vienen denunciando insistentemente la desastrosa situación en la que se encuentra la empresa luego de ser adquirida a precio de mercado por el gobierno nacional y ser colocada bajo la administración de la burocracia. No sólo la producción ha decaído, y es imposible adquirir cemento a precio regulado en el país, sino que la situación laboral ha empeorado luego de la «nacionalización».
Trabajadores de la nacionalizada planta cementera de Pertigalete, en el estado Anzoátegui, vienen denunciando insistentemente la desastrosa situación en la que se encuentra la empresa luego de ser adquirida a precio de mercado por el gobierno nacional y ser colocada bajo la administración de la burocracia. No sólo la producción ha decaído, y es imposible adquirir cemento a precio regulado en el país, sino que la situación laboral ha empeorado luego de la «nacionalización».
Una empresa en manos de la burocracia pro-capitalista
En una declaración enviada por el Frente de Trabajadores Cementeros, se denuncia que «esta junta de transición conformada por pseudo-revolucionarios que se visten de rojo y gerentes contrarrevolucionarios golpistas de la antigua CEMEX, constituye una mezcla explosiva que está desangrando la empresa a costa de los trabajadores. Estos señores manejan un modelo productivo que no es precisamente socialista, es un modelo de atropellos, explotación, corrupción y de espaldas a las necesidades humanas. Ven la nacionalización de CEMEX como una oportunidad de enriquecimiento a través de negocios personales con testaferros, es por esta razón que estos señores no están interesados en acabar con la tercerización, al contrario la defienden».
Los trabajadores explican que los falsos socialistas de la junta de transición «sólo cuidan los intereses de los mexicanos ya que existen irregularidades cuya responsabilidad recae en la antigua junta directiva y estos señores las ocultan para que el Estado luego quede como el responsable ante los trabajadores». Se desprende de esta denuncia que la nacionalización no ha significado más que la asociación de intereses entre la transnacional mexicana y la burocracia gubernamental.
Tercerización y explotación: la burocracia de la mano de las contratistas
Añaden que «los abogados de la junta de transición están al servicio de las empresas contratistas que explotan a los trabajadores, asesorándolas sobre lo que deben hacer cuando los trabajadores reclaman sus derechos». Las contratistas favorecidas por la gerencia serían METALWIR, IMNOVIN, SERVIGOIMAR, ESTRATEGO, y la Cooperativa Luz de Esperanza.
«La complicidad de recursos humanos y abastecimiento es tal que permiten que las empresas contratistas entren a trabajar sin cumplir con los requisitos mínimos, es decir sin inscripción en el seguro social, sin los equipos de protección personal, claro cuando esto se permite no es de gratis, esto va acompañado de (la comisión del) 10% que a la larga recae sobre la factura final que termina saliendo de las arcas de la empresa, amen de que algunos jefes son los verdaderos dueños de las contratistas». Añaden que no se aplica la ley de licitaciones, bajo el argumento de que existe una emergencia en el sector cementero, situación que agrava la corrupción en la industria.
Cementeras nacionalizadas, pero no hay cemento a precio regulado
Un hecho emblemático que revela el carácter nada revolucionario de las compras de empresas a precio de mercado que realiza el gobierno se puede constatar al observar el comportamiento de la oferta de cemento en Venezuela. A más de un año de la «nacionalización» de la industria cementera, es imposible adquirir cemento a precio regulado. Al respecto, los trabajadores cementeros afirman que «el departamento de comercialización mantiene una rosca o mejor dicho una sociedad con las redes comercializadoras, quienes tienen el derecho exclusivo de comprar cemento a precio de fabrica», para luego revenderlo por encima del precio regulado. Las ventajas que se otorgan a las comercializadoras se les niegan incluso a los propios trabajadores de la industria, que deben esperar hasta tres meses en listas de espera para poder adquirir cemento en la fábrica.
¿Chávez no sabe nada?
Aunque el Frente de Trabajadores Cementeros opina que el presidente Chávez no conoce la situación de la industria cementera, lo cierto es que la escasez de cemento y la imposibilidad de adquirirlo a precio regulado han sido temas que difundidos ampliamente por la prensa nacional y regional, por lo que resulta inverosímil esta versión acerca del desconocimiento presidencial. No obstante, los trabajadores exigen que una comisión del alto gobierno se reúna con ellos, así como con los contratados y tercerizados, para discutir acerca de la situación de Planta Pertigalete.
Diosdado Cabello embarcó a los trabajadores
El 23 de octubre estaba prevista una visita del ministro Diosdado Cabello a Planta Pertigalete, para atender a las numerosas denuncias que se han hecho sobre el funcionamiento de la cementera, pero a última hora la reunión fue cancelada. No es la primera vez que las autoridades gubernamentales rehuyen reunirse con los trabajadores. Por algo será.
Falta de inversión y mantenimiento hace estragos en Pertigalete
A todas estas, incluso las maquinarias estarían resintiéndose por la falta de mantenimiento desde enero del 2008.
Por ejemplo, dicen los trabajadores, «en Cantera los equipos están deteriorados. De 6 camiones roqueros, trabajan de 2 a 3 unidades; las pilas de material que se realizaban de 24.000 mil toneladas en 24 horas, ahora no se pueden hacer por las condiciones en que se encuentran los equipos. Actualmente se logra hacer las pilas de material de 9.000 mil a 12.000 mil toneladas en 24 horas, máximo».