Trabajadores de Rialca protestaron por pago de prestaciones y beneficios

Los trabajadores de la antigua Rualca, hoy Rialca, transitan un largo y penoso camino para lograr la cancelación de sus prestaciones y otros beneficios. Saludaron la expropiación de la empresa por parte del Gobierno Nacional, ante la creencia que esta medida los favorecería. Sin embargo, por casi dos años han sido objeto de numerosas promesas incumplidas.

Seis han sido los chequeos de las prestaciones, más de dos años, y varios los anuncios del Presidente de la República de inversiones millonarias para reactivar las operaciones de la fábrica de rines para automóviles, pero hasta ahora todo se mantiene igual. Ayer, cansados de “tanta burla”, los trabajadores tomaron las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo, para hacer un nuevo llamado a las autoridades. En la acción participaron 38 trabajadores, quienes pancarta en mano, cerraron las puertas del despacho, con la exigencia de hablar con la coordinadora María Márquez, pero la funcionaria no estaba.

Hasta la fecha se han realizado seis conteos de las prestaciones que le corresponde a cada trabajador. El último presentado fue acatado por la mayoría; a un grupo de noventa trabajadores les fue entregado en 2007 un adelanto de dinero y firmaron un acuerdo en el cual rompían relaciones con la antigua Rualca. Basándose en esto, la directiva de la empresa alega que no han sido despedidos, por tanto acepta pagar hasta el 9 de junio de 2008, día en que fue decretada la expropiación.

Ese pago de 2007 hasta el 9 de junio, debe salir según los gerentes bajo la figura de bono por resguardo a la planta. “A nosotros no nos importa, lo que queremos es cobrar”, espetó Carlos Blanco, director de la nueva empresa de aluminio Rialca y antiguo miembro sindical de Rualca. En la Inspectoría se les indicó que deben ir a un tribunal para que el pago sea efectuado porque algunos empleados rechazan el acuerdo por considerarlo violatorio al artículo 125 de la Ley del Trabajo, que hace referencia al pago por despido injustificado. “Sabemos que si llevamos el caso a un tribunal vamos a perder”, decretó Blanco.

El grupo de 38 trabajadores colocó pancartas en las puertas de la Inspectoría en el centro comercial Caribbean Plaza y cerraron sus puertas mientras exigían hablar con la coordinadora del trabajo, María Márquez, pero estuvo fuera de la ciudad por lo que anunciaron que permanecerían en la sede hasta que llegara. “Tienen que pronunciarse porque para eso está este ministerio”, advirtió Blanco asegurando que los 296 empleados tienen garantizado su puesto de trabajo. Rialca aun no ha comenzado sus operaciones, pero sus directivos aseguran que arrancará por partes mientras se hace el mantenimiento respectivo a la planta.