TSJ ordena suspender instalación de portones en la UCV

14 de Abril.- A solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela suspender la instalación de portones en las entradas Tamanaco, Las Tres Gracias, Minerva y Técnica, las cuales constituyen vías de acceso a esta casa de estudios y al Hospital Universitario de Caracas.

14 de Abril.- A solicitud de la Defensoría del Pueblo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ordenó a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela suspender la instalación de portones en las entradas Tamanaco, Las Tres Gracias, Minerva y Técnica, las cuales constituyen vías de acceso a esta casa de estudios y al Hospital Universitario de Caracas.

El máximo Tribunal de la República admitió el amparo introducido por la Defensoría del Pueblo en ocasión de la pretensión de la autoridades universitarias de instalar dichos portones y, a su vez, mientras se decide el fondo de la causa, declaró procedente la medida cautelar innominada ejercida por esta Institución.

Adicionalmente, el TSJ también ordenó suspender la implementación de cualquier otra medida que impida el libre y eficaz acceso a las rutas de circulación ubicadas dentro de la UCV.

La decisión de la Sala Constitucional, que fue publicada este 13 de abril de 2010, admitió la acción de amparo, por intereses colectivos y difusos, interpuesta por la Defensoría del Pueblo el pasado mes de marzo contra las autoridades de la Universidad Central, a razón de la inminente amenaza de vulneración de los derechos al libre tránsito, salud y calidad de vida de los habitantes del Área Metropolitana de Caracas, derivada de la pretensión de instalar controles de acceso a dicha casa de estudios.

En criterio de la Defensoría del Pueblo, la UCV es un espacio público para uso y disfrute de la humanidad y, en especial, de los venezolanos y venezolanas, quienes tienen derecho a usar sus vías de acceso peatonal y vehicular.

El TSJ ordenó notificar de la presente decisión a la Rectora de la Universidad Central de Venezuela, al Ministro del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda, a la Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela y al Presidente del Instituto de Patrimonio Cultural.

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