Tumeremo y el discurso esquivo del Estado

Se evidencian contradicciones entre
la Defensoría del Pueblo y el gobernador de Bolívar

Por: Armando Guerra*

Jueves, 17 de marzo de 2016. En la región sur del país, cerca de Tumeremo, existen varias minas de oro, que son el escenario geográfico de lo que recientemente se ha dado a conocer como la “Guerra por el Oro”. El control de estos espacios es fundamental para realizar la acción extractiva y las variadas actividades conexas que significan para quienes las ejecutan, grandes sumas de dinero. En estas áreas, Jamilton Andrés Ulloa Suárez, denominado el Topo, ejerce su control en la mina Las Atenas. En las minas del Callao, es el Chingo quien dirige la escena y en Las Claritas y sectores de Santa Elena de Guairén, el Juancho. Cada uno goza del respaldo de ciertos funcionarios de entes del Estado, o como se afirma en la zona, de “oficiales de alta graduación”. En un primer momento las noticias daban fe de que el Sebin y el Cicpc, formaron parte del apoyo al operativo dirigido por el Topo. En las sucesivas noticias, este argumento no continuó. Es de esperar que esto se aclare en los próximos días.

Los recientes hallazgos de parte de los cuerpos de los mineros desaparecidos en la mina Las Atenas evidencian en un primer momento la ligereza con la que el gobernador -máxima autoridad del estado Bolívar- asume su responsabilidad y jefatura, y en segundo lugar, evidentes contradicciones entre funcionarios del Estado, que se hace necesario mencionar. Hasta los momentos en las minas Nuevo Callao, se han encontrado en una fosa de cuatro metros de profundidad, por seis de ancho; 17 cuerpos -15 hombres y 2 damas- y se habla de testimonios de familiares que dan fe de 25 desaparecidos.

La contundencia de la movilización y la tranca provocada en la troncal 10, única vía de acceso a Tumeremo y a los poblados al sur del país, fue recogida por medios regionales y nacionales, despertando la atención de infinidad de personas en Bolívar y en el resto del país, revelando que este tipo de sucesos no es la primera vez que ocurre producto de la extracción en las minas.

Ésta poblada hizo visible los rostros y la condición de los desaparecidos, presionando a representantes y organismos del Estado, diferente a como sucedió en casos anteriores donde privó la indolencia y la mirada esquiva. Y esto fue posible porque a diferencia de las ocasiones anteriores, la gran mayoría de los desaparecidos son de Tumeremo. No son foráneos y tienen sus dolientes en el propio pueblo. Este argumento templó al pueblo y obligó a las instituciones a responder, inclusive haciendo visible las contradictorias declaraciones de funcionarios del gobierno.

El descontento nacional es el preámbulo de esta situación, sólo hasta que se logra la mirada fija del país sobre Tumeremo y sus desaparecidos es cuando el Estado acuerda el traslado de dos fiscales del Ministerio Público al terreno de los hechos y asume curso “normal” una denuncia, que fue menoscabada por el gobernador del estado Bolívar.

Durante el año 2012, una dama desesperada denunciaba la desaparición de su marido, el minero Ángel Hernández, sin lograr la atención de los organismos del Poder Público. Entre ese momento y los días que cursan, hace apenas unos meses cundió la información del asesinato de 25 mineros en El Morichal y de 19 cuerpos de mineros fueron movilizados hasta El Manteco en curiaras. No son los únicos cuerpos desvanecidos en una región tan importante por las riquezas que encierran y de la que los más altos representantes del Estado hacen tantas menciones, particularmente en momentos en que se anuncian acuerdos rubricados por el presidente Nicolás Maduro con empresas transnacionales para la verificación y posterior extracción minera, en la margen sur del río Orinoco.

Esta situación evidencia la “fragilidad del Estado” de una parte y del otro los “intereses” de quienes lo regentan, poniendo en duda su capacidad como garantes de los derechos humanos de los mineros y pobladores de la región. ¿Cómo es posible que las tardías y primeras palabras de la autoridad regional, el gobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, hayan sido de duda ante la queja de los hechos denunciados por los familiares de los mineros? Es que acaso el sentir y la palabra de los habitantes de Bolívar no son de su interés? Es esta la primera vez que ocurre en voz del Gobernador? Es esta la fortaleza del Estado que esperan los residentes del lugar, ante la presencia de bandas delictivas que se enriquecen con el cobro de vacunas, la extorción, el secuestro y el sicariato?.

También son infortunadas las opiniones del diputado Américo De Grazia quien en el contexto de sus denuncias en la AN, anuncia la intención como candidato a gobernador por la MUD de su compañero de partido Andrés Velázquez. ¿Es este el momento para que afloren tales aspiraciones en el contexto de los sucesos de Tumeremo?.

Es decir que en el marco de un hecho muy doloroso y que exige el respeto y la firmeza del caso, forjada e impuesta por la actitud de los familiares de los desaparecidos, se muestran a flor de piel los reales intereses del PSUV y la MUD, distintos a la exigencia de búsqueda y de recuperación de los cuerpos de los desaparecidos.

Por su parte la actividad delictiva de la banda de Jamilton Andrés Ulloa Suárez, “El Topo”, autor de la masacre de los mineros de Tumeremo, refleja que para él la guerra por el oro con las otras bandas comprende la ampliación del margen del control de las minas del mineral, el tráfico de drogas, la venta de gasolina y gasoil y la prostitución en la zona, e indudable, el cobro de vacunas. Esta actividad “empresarial”, no surgió en un solo día y para alcanzar tal diversidad en la actividad, debió contar por lo menos con la complaciente mirada de algunos funcionarios del Estado.

Gran parte del estado Bolívar es eminentemente territorio minero y de las empresas de su transformación. Es la más importante concentración de trabajadores de estas empresas en el país, como el de la más amplia y diversa extracción minera legal como ilegal. En el terreno de la extracción ilegal –que es el caso que nos ocupa- el Estado adopta una mirada esquiva y los desempleados en busca del sustento se aproximan a las minas en procura del soporte para vivir, representando un gran esfuerzo, riesgos, peligro de enfermedades y una constante inseguridad.

Con el paso de los años se ha evidenciado en esta trama, altos niveles de descomposición en los mandos del Estado, que actúan y son permisivos ante las bandas delincuenciales en el control de oro. Esto es contrario al resguardo y la administración de recursos que debe hacer el Estado de riquezas que son patrimonio de todos los venezolanos. Ahí operan bandas conexas entre funcionarios del Estado y bandas criminales. No es ingenuo sospechar la existencia de beneficiaros en el Estado por el cobro de vacunas impuestas a los mineros, comerciantes y pobladores por estas mafias.

No hay mejor defensor del pueblo, que el pueblo mismo, cuando éste está movilizado. Esto es una lección que se constata de la organización y exigencia de los familiares y mineros de Tumeremo. Debemos mantener vivos los mecanismos de solidaridad con estos pobladores. Repudiamos la masacre y la complicidad del gobierno y de las autoridades locales con la consolidación de las mafias de la minería ilegal.

La búsqueda debe continuar hasta encontrar todos los cuerpos y los responsables materiales e intelectuales de estos hechos. Alzamos nuestra voz de rechazo al asesinato de los mineros. Llamamos a toda la población a proteger a los mineros sobrevivientes y exigimos respeto y resguardo de sus vidas, como la de los familiares. Hacemos el llamado a los sindicatos de la zona, a las organizaciones campesinas y populares para que se pronuncien contra estos hechos y exijan el esclarecimiento de los mismos. Exigimos castigo a los responsables materiales e intelectuales de este crimen. El Estado debe garantizar y responder a la exigencia y al grito de los mineros de Tumeremo. Que aparezcan todos los cuerpos, castigo a los culpables.

*Dirigente del Partido Socialismo y Libertad (PSL)