Ultraderechistas del CEDICE desarrollan campaña de propaganda procapitalista

La Asociación Civil «Centro de Divulgación para el Conocimiento Económico» (CEDICE), viene desarrollando desde finales del año pasado una agresiva campaña a través de los medios de comunicación privados, para justificar y promover la propiedad capitalista sobre los medios de producción, como si se tratara de un valor democrático, y no una condición necesaria para la explotación de los trabajadores y el pueblo. De manera engañosa, esta campaña se centra en la defensa de la propiedad individual, presentando «testimonios» de pequeños comerciantes, buseteros, o taxistas, dispuestos a defender sus medios de subsistencia, al tiempo que las cuñas son identificadas con el lema «por un país de propietarios».

El objetivo principal de esta campaña es asimilar la propiedad de los grandes medios de producción con la propiedad individual, confundiendo la banca privada y las grandes empresas capitalistas con las pequeñas empresas artesanales y comercios familiares. De esa manera, se presentan como si fueran iguales los intereses de clase de la gran burguesía y los de humildes buhoneros, taxistas, campesinos, y otros pequeños propietarios y trabajadores por cuenta propia.

El CEDICE es una obscura organización dirigida por figuras ligadas al golpismo y la ultraderecha venezolana. Su presidente es Rafael Alfonzo Hernández, quien presidió la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) durante el terrible paro patronal y sabotaje petrolero de 2002-2003. Uno de sus vicepresidentes, Oscar García Mendoza, fue uno de los firmantes del «decreto de Carmona», por medio del cual los fascistas derogaron las instituciones democráticas el 12 de abril de 2002. En el pasado, el CEDICE ha sido presidido por otros firmantes de este infame decreto, como es el caso de Rocío Guijarro, quien actualmente se desempeña como su Gerente General. De igual manera, ha recibido una importante suma de dinero del New Endowment for Democracy, y otros mecanismos de financiamiento de los intereses imperialistas en nuestros países, como el Centro Internacional para la Empresa Privada. Nada más en el año 2003, el CEDICE recibió más de 300.000 dólares de parte de estos organismos.

Esta actividad mercenaria, patrocinada por el gobierno de los EEUU, es tolerada por el gobierno nacional, quien además benefició a varios directivos del CEDICE con el decreto presidencial de amnistía del 31 de diciembre de 2007, que cerró la mayoría de los procesos judiciales relacionados con los crímenes del fascismo entre 2002 y 2004.

Irónicamente, mientras que el CEDICE pretende desprestigiar al ideario socialista y presentar la propiedad capitalista como «patrimonio popular», el gobierno hace lo propio en el marco de la política de «alianza estratégica con la burguesía nacional», lanzada públicamente en el año 2008 como parte de la campaña presidencial por «las tres erres» (Revisión, Rectificación y Reimpulso). De hecho, un grupo de empresarios del PSUV ha asumido una campaña similar, centrada en la «responsabilidad social empresarial», y la «compatibilidad entre socialismo y empresa privada». Este grupo, encabezado por las agremiaciones patronales Fedeindustria y Empreven, ha conformado incluso un «Frente Social Empresarial», que tuvo un importante papel durante la campaña a favor de la Enmienda Constitucional.

Hay un amplio terreno de coincidencias entre sectores burgueses ultrarreaccionarios y «empresarios socialistas» que apoyan políticamente al gobierno, pues unos y otros comparten una misma condición de clase. Los matices que les diferencian, se derivan de sus distintas tácticas en la pugna por el control de los recursos del Estado. Cabe decir que, pese a promover una campaña para enfrentar las «amenazas a la propiedad privada» en Venezuela, el vicepresidente del CEDICE, Oscar Garía Mendoza, quien también preside el Banco Venezolano de Crédito, mantiene un acuerdo con la Electricidad de Caracas, empresa bajo control estatal, para producir la tarjeta «Plata» para el pago del consumo eléctrico.

Las organizaciones revolucionarias y el pueblo organizado deben enfrentar esta campaña de propaganda capitalista, en la que se manipula a los pequeños propietarios para que «no dejarse quitar su propiedad», agitando la amenaza de que el socialismo les quitará sus medios de subsistencia, en una velada instigación a la violencia. Hay que advertir que la burguesía aprovecha hábilmente la decepción producida por las promesas fallidas del gobierno de implantar un régimen de seguridad social universal, que beneficie a este precisamente a este sector de trabajadores por cuenta propia y pequeños propietarios no asalariados. Esta era una de las propuestas contenidas en el proyecto de reforma constitucional, pero posteriormente ha sido desechada, a tal punto que hoy ni siquiera forma parte del debate político nacional.

Por otro lado, es importante denunciar la fuente de financiamiento imperialista del CEDICE y sus campañas publicitarias. Debemos exigir que se proscriba el financiamiento por parte de gobiernos extranjeros de asociaciones y organizaciones políticas. La pasividad del gobierno frente a esta organización y las actividades que desarrolla, desdicen del discurso socialista, y confirman una orientación política de conciliación de clases. Al mismo tiempo debemos confrontar el mito del «capitalismo popular», promovido por el CEDICE, así como la farsa de la filantropía y la «responsabilidad social burguesa», de la que son abanderados los empresarios del PSUV.

* Simón Rodríguez Porras es militante de la Unidad Socialista de Izquierda