Una condena contra la paz

Rechazo de forma categórica la condena proferida por un juez colombiano en mi contra. Nunca he sido, ni seré un “terrorista”, “explosivista”,” bombardeador de centrales eléctricas” como dice su fallo. Nada más absurdo que eso. En toda mi carrera, cuya huella es pública y notoria, sólo he bombardeado a la mentira con lo que mejor sé hacer: escribir la verdad.

En 2005 representé en Colombia como corresponsal a la multiestatal teleSUR, hasta el año 2007, cuando salí de la cárcel, acusado de rebelión por fiscales espurios. En ese tiempo un juez valiente determinó que el testimonio de tres, cinco, diez, o cien hombres condenados a pudrirse en los intestinos del sistema judicial colombiano, a cuarenta años de cárcel, y motivados por promesas de rebajas de penas, no eran suficientes para acusarme, menos aún para condenarme.

Hoy, con esas mismas pruebas: los testimonios de hombres coaccionados y en desgracia, un juez decide condenarme a pagar 15 años de cárcel por hechos cuyos autores son confesos y están condenados desde hace tiempo.

Esta condena evidencia que mis denuncias siguen vigentes: la Fiscalía, y una buena parte del Sistema Judicial colombiano están al servicio del narcotráfico y del paramilitarismo, para judicializar y disminuir a la resistencia social en Colombia.

Miriam Martínez Palomino, la fiscal que me acusó inicialmente durante este proceso, es un personaje funesto de la “justicia” colombiana, famosa por archivar el sonado proceso de los campesinos desplazados, víctimas del paramilitarismo en Las Pavas, Sur de Bolívar. (Ver: http://www.lasillavacia.com/historia/los-sonados-casos-de-la-fiscal-que-no-les-creyo-los-campesinos-de-las-pavas-30278 )

Martínez Palomino, condenada por sus decisiones contra el patrimonio público, tomadas en el caso del desfalco de Foncolpuertos, y responsable, por su impericia intencional, de la salida de Alfonso Hilsaca de la cárcel, es junto al fiscal Demóstenes Camargo de Ávila, y el ex director de Fiscalías en Cartagena, Jaime Cuesta Ripoll, parte del equipo de narco-para fiscales manejados por el ex jefe paramilitar de los Montes de María, Rodrigo Mercado Pelufo, y el ex fiscal general Luis Camilo Osorio, durante la presidencia de Álvaro Uribe Vélez.

La condena en mi contra es un estertor de la presencia uribista y paramilitar en nuestro entorno judicial.

Cuando fui detenido en el aeropuerto El Dorado, el 19 de noviembre de 2006, la orden de captura en mi contra estaba en los sistemas del DAS desde el 3 de noviembre de ese mismo año, y yo salí del país, con esa orden vigente, el 6 de noviembre, tres días después.

Los organismos de inteligencia decidieron hacerla efectiva a mi regreso de Caracas, para involucrar y perjudicar el nombre de la multiestatal teleSUR y al Gobierno venezolano con mi captura por rebelión y terrorismo.

Hoy este fallo condenatorio, que estaba listo en agosto de este año, es publicado a una semana de haberse dado los resultados electorales en Venezuela, y a dos días de iniciarse formalmente en Oslo el inicio de unos nuevos acercamientos de paz con la insurgencia colombiana.

Condeno esta decisión judicial por ser una persecución a mi público disentimiento con el sistema que nos ha gobernado siempre, por mis denuncias frontales y en nombre propio de nuestros detractores, y porque es una manera de amedrentar a quienes encaramos sin capuchas la vocería de los procesos políticos que buscan nuestra justicia social.
Seguiré dinamitando a la mentira, bombardeando con mi trabajo periodístico a las estructuras de un sistema que tiene al mundo movilizado en su contra, y amplificando las voces de quienes quieren una Colombia y un mundo mejor.

Fredy Muñoz Altamiranda – octubre 17 de 2012