Una década de exterminio
A las 6 y 15 de la mañana, Guanare está desolada. Un convoy de 22 vehículos de la Guardia Nacional atraviesa las calles de la capital portugueseña, escoltado por dos helicópteros que rompen con sus aspas la acostumbrada tranquilidad de la entidad llanera. Al llegar a su destino, 300 efectivos salen de los transportes militares y en poco más de un minuto asaltan la Comandancia de la Policía estadal.
A las 6 y 15 de la mañana, Guanare está desolada. Un convoy de 22 vehículos de la Guardia Nacional atraviesa las calles de la capital portugueseña, escoltado por dos helicópteros que rompen con sus aspas la acostumbrada tranquilidad de la entidad llanera. Al llegar a su destino, 300 efectivos salen de los transportes militares y en poco más de un minuto asaltan la Comandancia de la Policía estadal.
La toma es pacífica y sin contratiempos. Quince minutos después, el general Augusto Dávila Nava le comunica al director de delitos comunes de la Fiscalía General de la República, Ramón Medina, que los doce fiscales traídos desde Caracas con la misión de escudriñar hasta el último rincón de comandancia, tienen el terreno despejado para actuar. Es el 25 de septiembre de 2001.
Una ola de asesinatos presuntamente cometidos por policías azota desde hace más de un año a la entidad. 96 casos de ajusticiamientos ilustran las páginas de sucesos de la prensa regional, mientras panfletos anónimos circulan por las calles dando cuenta de una «necesaria» tarea de «limpieza social». Sus autores se autodenominan como el grupo exterminio.
En las instalaciones policiales cuatro funcionarios permanecen recluidos desde abril por el asesinato de dos: jóvenes Jimmy Rodríguez y César Agray. En cinco meses, la Fiscalía ha solicitado la detención de ocho uniformados más por extorsión y homicidio. En todos casos, el nombre del agente Alvis Leal Ramírez aparece involucrado.
Durante el allanamiento, se encontraron evidencias de que estos presos llevaban una vida sin restricciones: celulares, cajas de cerveza y hasta el porte de sus armas de reglamento hacía más llevadera la vida de los detenidos. Las investigaciones de la fiscalía demostrarán más adelante que cuatro de ellos salieron de su sitio de reclusión y participaron en la muerte de José Ramón Rodríguez, un ex petejoja que se dio a la tarea de investigar el asesinato de su hijo.
EXTERMIMIO II
La presencia de funcionarios de la policía científica (CICPC), la policía política (la Disip, hoy Sebin) el apoyo de la Guardia Nacional y la presencia de fiscales venidos de Caracas, no logra, sin embargo, reducir o al menos contener la situación de violencia en Portuguesa. Tan solo consigue transformar su modus operandi.
De las muertes a manos de agentes uniformados, en presuntos enfrentamientos y con tiros a muy corta distancia, se pasa a una nueva modalidad que demuestra, una inusitada capacidad de adaptación y aprendizaje por parte de los escuadrones de la muerte.
Ahora son más cuidadosos. Usan pasamontañas y ropa negra para evitar que los testigos los identifiquen fácilmente. Tampoco usan los vehículos oficiales. Se mueven en taxis o vehículos particulares, sin placas y con vidrios ahumados. Y para asegurarse de que ninguna prueba de balística los descubra cambian las pistolas por escopetas. En vez de múltiples disparos, un tiro al tórax o a la cabeza basta.
Para marzo de 2002, otros 15 casos engrosaban las listas de ajusticiados en Portuguesa bajo esta nueva modalidad. Sólo el 26 de abril, en plena Semana Santa, ocurrieron cinco asesinatos en un lapso de dos horas y ya para el 30 de junio, la Fiscalía General de la República llevaba computados 42 nuevos casos de exterminio.
En su ruta ascendente, el fenómeno de las bandas parapoliciales traspasó todos los límites. En enero de 2002, el fiscal primero de Acarigua, Álvaro Rojas, fue secuestrado por dos sujetos que, identificados como miembros de los grupos exterminio, lo llevaron a un lugar desierto de la carretera a Guanare y le dieron una golpiza.
EL MAPA DEL TERROR
La lista de asesinatos impunes en Portuguesa comenzó a dibujar un mapa de terror en Venezuela, que sobrepasó las fronteras de la entidad llanera hasta convertirse en una preocupación nacional.
Uno de los primeros estados en padecer la expansión de los grupos exterminio fue Bolívar, donde la Organización no gubernamental Humanas Dignitas había contabilizado para septiembre de 2001, 27 casos de ejecuciones extrajudiciales. En Anzoátegui, la Fundación por los Derechos Humanos investigaba para entonces, 28 casos.
En Falcón, donde hasta 1999 las muertes por enfrentamientos policiales llegaban apenas a una o dos por año, se pasó a siete en 2000. Al año siguiente, se contabilizaban 10 ajusticiamientos en los primeros seis meses y para junio de 2003 la Fiscalía informaba sobre 132 casos bajo investigación de muertes por presuntos enfrentamientos con cuerpos policiales.
Uno de los casos más sonados fue el de Martín Fernando Gauna Meléndez, quien en la noche del 18 de junio de 2002 recibió siete disparos a manos de efectivos policiales y milagrosamente sobrevivió. Gauna regresaba a su casa esa noche y decidió tomar un taxi junto a un amigo.
Se sentía mal del estómago. En el camino, las ganas de vomitar lo hicieron pedirle al conductor que se detuviera. Éste reaccionó sacando una pistola para defenderse, pensando que lo iban a atracar y tras un forcejeo, los jóvenes salieron del vehículo, relató Gauna en junio de 2003 a TalCual. 10 minutos después fueron interceptados por tres motos de la policía.
A su amigo no le hicieron nada y se fe corriendo. Pero a Gauna, le dispararon en la pierna y luego en el pecho, antes de perder el conocimiento. Si el joven iba a robar al taxista no está del todo claro, pero el chofer ratificó su denuncia.
Creyéndolo muerto, los policías lo trasladaron al hospital de Coro donde contabilizaron tres perforaciones en un pulmón, una más en el otro, en el diafragma y un balazo en cada brazo. Sin embargo, un ligero movimiento de su cuerpo le demostró al médico de guardia que todavía estaba vivo.
Mientras la pandemia crecía, en Socopó, una pequeña ciudad del estado Barinas tuvieron lugar 32 muertes entre enero de 2000 y junio de 2001. La mayoría de las personas asesinadas fueron sacadas de sus casas o sorprendidas en la mitad de la calle y acribilladas en el lugar. En Zulia, antes de que los ajusticiamientos de Portuguesa cobraran notoriedad, se registraron 98 muertes por «enfrentamientos» policiales en 2000 y en los primeros cuatro meses de 2001 se contaban ya otros 43. Incluso, en junio de ese año, un periodista de la emisora Fe y Alegría fue testigo y reportó para su radio el atraco a un banco, del que cinco asaltantes intentaron huir, dos en carro y el resto a pie.
En vivo y directo, el comunicador reportó la llegada de las patrullas y el intercambio de disparos, la captura de uno de los delincuentes a quien le luego le dieron un tiro a quemarropa y la detención de los demás. A la morgue llegaron al final los cinco cadáveres mientras el parte policial reportó: muertos al frustrar un atraco.
«BIA» CRUCIS EN GUÁRICO
Los casos de exterminio crecieron a lo largo y ancho del país. Para 2002 la Defensoría del Pueblo había constatado la existencia de «escuadrones de la muerte» en al menos ocho estados, donde fueron ajusticiadas unas 400 personas en sólo dos años.
Pero a la escalada en el número de víctimas se sumó el ascenso de los involucrados en las jerarquías policiales. Tal fue el caso de Guárico, donde el comisario Wilfredo Febres, jefe de la Brigada de Intervención y Apoyo (BIA) fue imputado el 18 de octubre de 2004 por el asesinato del comerciante español Arturo Hernández.
Desde su ingreso a la Policía de Guárico como jefe de seguridad de la Gobernación a comienzos de 2000, Febres fue objeto de polémica. Recomendado por el entonces alcalde de Caracas, Freddy Bernal (con quien estudió en el Instituto Universitario de la Policía Metropolitana), el jefe de la BIA se registró con una cédula falsa (5.557330).
El verdadero número (5.557320), al ser cotejado en el Sistema Integrado de Información Policial (Siipol) mostró un antecedente por hurto, seis registros policiales por robo, lesiones personales, detentación de estupefacientes y dos casos de violación.
Pese a su prontuario, Febres fue ascendido en septiembre de 2002 a comandante de la BIA, unidad a la que llevó en menos de dos años de 23 efectivos a más de 300.
Paralelamente, los casos de exterminio comenzaron a multiplicarse en la entidad y para 2004 superaban ya los 160 registros de ajusticiamientos.
La gravedad de la situación motivó una investigación de la Asamblea Nacional. Una comisión especial dictaminó en su informe final la participación directa del gobernador en delitos como «homicidio, lesiones, privación ilegítima de la libertad, extorción» y recomendó la apertura de un antejuicio de mérito. El documento nunca fue aprobado por la plenaria de la AN.
EL TRISTE EJEMPLO DE MONAGAS
Si el caso de Guárico escandalizó al país, el de Monagas, pese a ser quizá más grave, ni siquiera inmutó a la opinión pública nacional. En la entidad oriental, tres de los jefes policiales nombrados por el gobernador José Gregorio Briceño han sido imputados por homicidio y uno se encuentra prófugo.
El primero de ellos, Luis Garbán, por el asesinato de Gabriel José Ochoa, un estudiante de Medicina de veinte años, que murió de ocho disparos en la avenida Bolívar de Maturín el 7 de junio de 2006. En el juicio, dos funcionarios (Robert Alexánder Pinto y Ronald Moreno Vaquero) señalaron como el autor del tiro de gracia, a Garbán quien poco después fue nombrado director de Polimonagas.
El último caso fue el del comisario Lisandro Jaramillo, a quien se acusó en octubre de 2009 junto a otros cuatro policías por el asesinato de Rodolfo José Sánchez y Darwin Fernández el 11 de enero de ese año en el marco de un operativo de «limpieza social». Desde 2005 se registran en la entidad 64 ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías.
Irónicamente, Briceño utilizó como bandera para llegar a la gobernación el tema de la depuración policial y el asesinato del periodista Mauro Marcano en septiembre de 2004, se explotó políticamente para tal efecto. En abril de 2009, el mandatario regional manifestó al diario Últimas Noticias su convicción de que pasaría «a la historia» por haber elevado el pie de fuerza de la policía regional de 1.500 a 3.300 efectivos y lograr la destitución de 700 funcionarios.
Cualquier cosa es posible El grado de descomposición en los cuerpos policiales ha llegado a tal punto que efectivos inescrupulosos cometen sus crímenes a la vista de testigos. En Caicara del Orinoco (Estado Bolívar) siete funcionarios que atendían un llamado de emergencia el 13 de abril de 2010 detuvieron y ajusticiaron delante de los vecinos a José Alberto Astudillo Sevilla, de 23 años de edad, y Rooselvet Greeyserd González (26), quienes se dedicaban al hurto de vehículos y asaltos a residencias, según la policía.
En un video grabado por uno de los presentes, se aprecia cuando la comisión somete a una de las víctimas y le dispara.
La grabación permitió la detención de siete funcionarios, incluida una mujer, la inspectora Hercilia Blanco.
En Lara, un caso de extorsión y privación ilegítima de libertad ocurrido el 17 de abril de 2009 terminó en un cuádruple homicidio de Jorge Arturo Figueroa, Carlos Enrique Ladino, Eleazar Noguera, Smith Sánchez González. Dos funcionarios de las Fuerza Armadas Policiales del estado Lara, fueron condenados por los delitos de extorsión y privación ilegítima de libertad, pero hasta la fecha el asesinato de estos cuatro ciudadanos continúa impune.
Tras demostrarse una vez más las alianzas y lazos entre las bandas delictivas y cuerpos policiales del estado Lara, el caso derivó en un conjunto de ejecuciones y masacres entre abril y agosto del 2009 que produjo la muerte de 18 personas donde resultaron implicados más de veinte funcionarios policiales. La investigación, sin embargo, terminó en el archivo judicial de los expedientes.
EL ORIGEN DEL MAL
Si bien el fenómeno de los grupos exterminio no es nuevo (a mediados de los 90 cobraron notoriedad en Zulia los crímenes de los «escuadrones de la muerte» y del «vengador anónimo»), hasta finales del siglo pasado el número de víctimas no superaba las 100 por año, de acuerdo con los registros del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
Pero el accionar parapolicial se masificó exponencialmente con el inicio de la nueva década. Entre el año 2000 y el 2007 la Fiscalía General de la República registró 6.405 denuncias de ajusticiamientos que dejaron 7.245 víctimas y para el 2008 reportó otros 600 casos de exterminio.
La distribución espacial de estos crímenes, ubica a Anzoátegui, Zulia, Aragua y Bolívar, como los estados donde los policías cometen las mayores transgresiones contra la vida de los ciudadanos. En la primera de estas entidades, la Fiscalía contabilizó para el período 2000-2007 un total de 2.311 casos de violación a los derechos humanos, que involucraron a 1.008 funcionarios policiales. En Zulia, la relación fue de 1.381 casos y 760 implicados, en tanto que Aragua arrojó un total de 915 causas y 685 agentes señalados.
Pese a la magnitud del fenómeno, la aplicación de castigos es virtualmente inexistente. En estos cuatro estados, que en conjunto sumaron más de 4000 casos de violaciones a los derechos humanos, tan solo fueron imputados 156 agentes del orden por dichas transgresiones y apenas cinco resultaron detenidos.
Liliana Ortega, directora ejecutiva del Comité de Familiares de Víctimas del Carachazo (Cofavic), resalta que el promedio de casos vinculados al accionar de grupos parapoliciales que llegan a juicio, es de sólo 2,9%. La impunidad, afirma, es una de las dos principales causas que explican el auge de los grupos exterminio. «Cuando no se castigan los delitos el mensaje que se transmite a la sociedad es que no hay consecuencias sobre los actos sin importar lo que se haga».
El otro elemento que resalta Ortega, es la progresiva desinstitucionalización el país. «hay una anomia en Venezuela sostiene la defensora de derechos humanos que apunta al desconocimiento de la legalidad, a la desaparición progresiva del Estado como regulador de la convivencia ciudadana y ejecutor de las normas». Esta sería la explicación de por qué la franja que separa el ejercicio de la función policial de la ilegalidad se ha ido perdiendo aceleradamente.
AL FINAL DEL ARCO IRIS
Aunque muchos piensan que el auge de los grupos exterminio tuvo su origen en una política de mano dura contra el crimen y de carta blanca a las autoridades para combatir el delito, la evidencia demuestra que lo que ocurrió en realidad fue una deformación de la función policial, por parte de efectivos que encontraron en el combate al hampa una forma de lucrarse a partir de la lucha contra las actividades ilícitas.
En un país azotado por la inseguridad, la eliminación de antisociales fue vista por muchos con beneplácito o a lo sumo indiferencia. Pero detrás de esta supuesta labor de «limpieza social» se ocultaba todo un manejo inescrupuloso de información judicial, persecución a ciudadanos con antecedentes penales y extorsión a exconvictos para obligarlos reincidir y compartir parte de sus botines o a pagar vacunas a fin de no terminar de nuevo tras las rejas.
Del asesinato de delincuentes se pasó pronto al ajuste de cuentas, a los crímenes pasionales y la identificación de objetivos equivocados, la eliminación de personas inocentes, testigos y hasta activistas de derechos humanos. Cuando los agentes del orden comenzaron a transgredir los más mínimos límites, terminó la «luna de miel» entre la sociedad y los grupos parapoliciales.
Pero y para entonces, el negocio parapolicial se había consolidado. Extorsionar sólo a delincuentes, dejó de ser rentable.
Una comunidad de intereses entre los uniformados y grupos criminales se iba abriendo paso. Un horizonte de negocios ilimitados esperaba al final del arco iris, incluso sin salir de las comandancias: alquiler de celdas, colchonetas, cobro por traslados, de llamadas, visitas, seguridad y paso de comidas.
Para los más osados estaba el robo de vehículos, los secuestros, las vacunas, la protección a comerciantes y a los propios malandros. Todo un universo de posibilidades que muy pronto dejó a la sociedad a merced de la policía.
