Venezuela en caída libre
Por: Simón Rodríguez Porras (PSL)
Se agrava la escasez de alimentos y medicinas, se raciona el suministro eléctrico y de agua potable, las empresas estatales y privadas se encuentran semiparalizadas, la inflación corroe rápidamente los salarios, mientras vastos sectores urbanos son controlados por mafias criminales. Luego de 17 años en el gobierno, el ciclo chavista se acerca a su final bajo el signo del fracaso.
El voto castigo contra el gobierno en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, primera derrota electoral por amplio margen del chavismo, llegó luego de tres años de un acelerado deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población. En el estado Barinas, que ha sido gobernado estos años por el padre y un hermano del fallecido Hugo Chávez, el chavismo perdió por más de 12%. También perdió en la popular parroquia 23 de Enero, uno de los bastiones del chavismo en Caracas, así como la elección de los tres parlamentarios de la representación indígena.
La Mesa de la Unidad Democrática (MUD), vinculada estrechamente al gobierno de EEUU, capitalizó el descontento y ganó las dos terceras partes de la Asamblea Nacional (AN). A las pocas semanas de la elección, diversos sondeos de opinión reflejaban una valoración negativa de los diputados de la MUD, debido a su manifiesta incapacidad y demagogia.
Luego de su derrota electoral, la AN saliente empleó sus últimas sesiones para realizar designaciones de magistrados que le garantizaran una mayoría sólida en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Mediante una maniobra judicial se evitó la proclamación de los cuatro diputados del sureño estado Amazonas, bloqueando de esa manera que la mayoría de dos tercios se hiciera efectiva. El TSJ se blindó a sí mismo impidiendo que la AN revisara las designaciones de diciembre, y bloqueó los intentos de la AN de legislar, dictar amnistía, y oponerse a decretos presidenciales, como la declaratoria de emergencia económica.
La MUD, que pudo recabar por primera vez más de siete millones de votos, no convocó ninguna movilización para responder a estas maniobras. Ni siquiera pudo acordar una estrategia común para buscar la salida del gobierno, dejando la vía libre para que los partidos que la integran persigan distintas fórmulas para un cambio de gobierno: exigir la renuncia, promover una enmienda constitucional que recorte el período presidencial a cuatro años, e impulsar un referendum revocatorio del mandato de Maduro.
El gobierno obtiene así una ayuda inestimable de la MUD para mantenerse en pie, aunque la erosión de su base es irreversible. El colapso económico y social agobia a una población que no da crédito a los discursos oficiales sobre conspiraciones económicas y “golpes suaves”. Así, a fines de abril, a pocas horas de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizara la recolección de firmas para iniciar el proceso para convocar un referendo revocatorio, centenares de miles de personas se agrupaban en filas para firmar.
Capitalismo salvaje
Las causas de la crisis económica no están en una conspiración. A diferencia de los años 2001 a 2003, en los que la burguesía con apoyo del gobierno de Bush se jugó casi en bloque por una salida golpista, hoy muchos de sus más encumbrados representantes son aliados del gobierno. El actual ministro de Industrias y Comercio, y vicepresidente para el área económica es Miguel Pérez Abad, el presidente de la cámara empresarial Fedeindustria. Chávez también nombró en su momento como ministro a Francisco Natera, un ex presidente de Fedecámaras, el principal gremio patronal.
La disociación del discurso oficial es tal que Maduro se presenta como víctima de conjuras de la burguesía, y al mismo tiempo se jacta de que ha establecido acuerdos con grandes empresarios nacionales y transnacionales, que según él auguran una pronta recuperación económica. A pesar de todo, sectores como la corriente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) argentino, convergen con el chavismo al plantear que en Venezuela “arrecia la desinversión y saboteo de la economía por parte de la burguesía nacional” (Laizquierdadiario.com 20/11/2015).
Lo cierto es que el capitalismo venezolano adolece de grandes deformaciones, propias de su historia colonial y semicolonial. Pero estas distorsiones han alcanzado niveles insólitos bajo el gobierno de Chávez y Maduro. Más allá del discurso con pretensiones “socialistas”, se mantuvo en todos sus rasgos fundamentales un capitalismo atrasado y dependiente.
Desde que el país pasó de una economía mayormente agrícola a depender de la exportación de petróleo, los ciclos de acumulación de la burguesía nacional estuvieron vinculados a la apropiación de la renta petrolera. En el período chavista esta dinámica se tornó más grotesca que nunca. Mediante el control de cambios implementado a partir de 2003, el gobierno fijó tasas de cambio que permitían a empresarios nacionales y a las transnacionales adquirir dólares a precios inferiores a los del mercado paralelo. En 2012 la diferencia entre ambos tipos de cambio creció de manera impresionante, llegando a una proporción de cinco a uno. El gobierno aprovechó los altos precios petroleros para subsidiar el consumo mediante importaciones baratas, en desmedro de la producción nacional, y permitió el crecimiento en proporciones demenciales de la sobrefacturación de importaciones, un mecanismo de fraude para obtener del Estado divisas baratas. Empresarios privados y funcionarios de empresas estatales recurrieron a este esquema, y según cálculos del propio gobierno, en 2012 se declararon importaciones ficticias por el orden de 20 mil millones de dólares, una cifra similar a las pérdidas producidas por el sabotaje petrolero golpista de 2002. Las consecuencias fueron desastrosas. En diciembre de 2015 el precio del dólar en el mercado paralelo superaba los Bs. 600 y en el mercado oficial había tipos de cambio de Bs. 6,30 y Bs. 12. En abril de 2016 ya el dólar del mercado paralelo superaba los Bs. 1000.
Enormes fortunas se hicieron de la noche a la mañana entre la burocracia chavista y los burgueses aliados del gobierno. Las filtraciones de documentos de bancos suizos, de Andorra, o más recientemente los Papeles de Panamá, han revelado el paradero de una pequeña parte de estos dólares, pero la cifra global de la fuga de capitales, por vías legales e ilegales, ronda los trescientos mil millones de dólares en los últimos trece años. Más de veinte veces las reservas internacionales actuales del país.
A este mecanismo clientelar se sumó el fracaso de las estatizaciones, que el gobierno presentaba como parte de un plan de transformación socialista, pero que dentro del marco capitalista venezolano representaban oportunidades de negocios para militares y funcionarios chavistas de la floreciente nueva burguesía. El gobierno compró empresas de telecomunicaciones, cemento, bancos, la empresa siderúrgica Sidor, y empresas agroindustriales. Muchas de estas empresas habían sido privatizadas en la década del 90, y se recompraron a precios muy superiores a los de su privatización. Luego de adquiridas, la administración burocrática y corrupta llevó a la mayoría de estas empresas a una cuasi paralización. La administración de una empresa estatal, aunque cayera en la improductividad, era una vía de acceso al negocio de las importaciones y los fraudes cambiarios.
Un ajuste criminal por la vía inflacionaria
Al caer los precios del petróleo, el gobierno optó por destinar la mayor parte de los ingresos petroleros y mineros al pago de servicios de deuda externa. Se recortaron las importaciones, golpeando el consumo y agravando la escasez. Ello, aunado a la desaforada impresión de dinero, con un aumento de la base monetaria de más de 800% entre 2011 y comienzos del 2016, aceleró la inflación.
En un marco de escasez agravada, empezaron a surgir larguísimas filas frente a los comercios públicos y privados en los que se venden alimentos y artículos de higiene personal a precios regulados, los únicos accesibles para millones de trabajadores que ganan un salario mínimo equivalente a menos de 40 dólares mensuales (a la tasa oficial Dicom). En el mercado paralelo los mismos productos se venden a precios decenas de veces más caros. Para completar el cuadro, el gobierno aumenta violentamente el costo del transporte urbano y amplía el cobro del Impuesto Sobre la Renta a millones de trabajadores que no pueden cubrir el costo de la canasta básica (equivalente a ocho salarios mínimos).
Solamente los militares han obtenido en los últimos nueve años aumentos salariales iguales o superiores a la inflación. El resto de los trabajadores del sector público y la mayoría del sector privado han sufrido recortes brutales a su salario real, mediante la suspensión de las discusiones de contratos colectivos o la imposición de aumentos miserables con el auxilio de la burocracia sindical chavista.
El desastre eléctrico
Incluso sectores de importancia estratégica como la empresa Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es de propiedad estatal pero que está asociada a transnacionales mediante empresas mixtas, o la industria eléctrica, han sido depredados por la corrupción y la desinversión.
La crisis en 2009 reveló un gran deterioro de la red nacional de distribución de electricidad y el retraso en la ejecución de varias obras hidroeléctricas. Los apagones de entre cuatro y ocho horas diarias generaron disturbios en varias ciudades, el cierre de líneas de producción para ahorrar energía produjo daños a la capacidad productiva de las empresas estatales del aluminio y el acero en Guayana, que no han sido superados al día de hoy. El gobierno invirtió miles de millones de dólares en la importación de plantas termoeléctricas, adjudicando contratos multimillonarios sin licitación. Se importó maquinaria deficiente e incluso chatarra que no llegó a funcionar. Una de las empresas involucradas en el desfalco, Derwick y Asociados, creada pocos meses antes de la crisis eléctrica, se hizo con una fortuna tal que adquirió en Nueva York un apartamento que había pertenecido al magnate Aristóteles Onassis, según denuncias periodísticas reproducidas por voceros del propio chavismo.
La sequía de este año ha puesto al descubierto este espectacular crimen. Nuevamente se producen cortes frecuentes y prolongados en el suministro eléctrico, mientras la población protesta desesperada en Maracaibo, Valencia y otras ciudades. A fines de abril el gobierno decretó que los empleados públicos sólo tendrán dos días laborables a la semana, como medida para ahorrar energía. Pero no se trata de los estragos inevitables de una sequía, sino de las consecuencias de los colosales crímenes económicos de la boliburguesía.
Miseria y criminalidad en aumento
El ajuste en Venezuela ha sido mucho más aplastante que los aplicados en los últimos años en Grecia, el Estado español o Argentina. La única “guerra económica” ha sido la del gobierno y los grandes empresarios contra los trabajadores y la población pobre, para hacerle pagar la crisis. Aunque no hay cifras oficiales desde 2013, investigaciones realizadas el año pasado por universidades públicas venezolanas, y estudios de encuestadoras privadas, dan cuenta de un aumento significativo en la pobreza y el hambre en el país.
Otra de las consecuencias de la creciente desigualdad, pobreza, y corrupción, ha sido el crecimiento de grupos de crimen organizado, parecidos a las Maras centroamericanas, que han ido copando grandes extensiones territoriales en las zonas urbanas y suburbanas.
Caracas tiene anualmente, según cifras oficiales, más de cincuenta asesinatos por cada cien mil habitantes, una de las tasas más altas del mundo en 2015 para un país que no atraviesa un conflicto bélico. El gobierno optó por entregarle a estas bandas la administración de hecho de los centros penitenciarios, crear en los barrios zonas liberadas de presencia policial denominadas “Zonas de Paz”. Luego de 2015 dio un giro y empezó a aplicar operativos represivos conjuntos entre policías y militares, en los que se realizan centenares de detenciones arbitrarias y decenas de ejecuciones extrajudiciales, más de doscientas en 2015, bajo la denominación “Operación Liberación del Pueblo” (OLP). Los responsables de estos planes, los actuales ministros de Defensa y Relaciones Interiores, recibieron cursos militares en la tristemente célebre Escuela de las Américas.
Una salida socialista
Actualmente los trabajadores y los sectores populares ofrecen una débil resistencia al ajuste del gobierno y los empresarios. Pese a la depauperación acelerada de millones de asalariados, el movimiento obrero continúa disperso y dividido entre facciones que en su mayoría están alineadas a los partidos patronales del gobierno y la MUD. El movimiento estudiantil muere de mengua por la despolitización, sus principales dirigentes cooptados por la MUD. Los luchadores indígenas y campesinos han sido diezmados por el sicariato y la criminalización de sus luchas.
Ante esta situación es urgente articular los esfuerzos de las organizaciones que se oponen al gobierno desde la izquierda, así como las organizaciones sindicales, comunitarias, indígenas y campesinas para unificar acciones de lucha. El Partido Socialismo y Libertad (PSL) ha planteado a organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, Marea Socialista y otros sectores chavistas que vienen criticando al gobierno de Maduro, la necesidad de romper definitivamente con el gobierno y luchar contra el ajuste, contra la destrucción de los salarios, los despidos, los aumentos de precios de los alimentos y los servicios públicos.
Ante la demagogia de la MUD, que presenta la revocatoria de Maduro como el inicio de la solución de los problemas del país, es necesario contraponer un bloque de izquierda que enfrente a ambos bloques partidistas burgueses, que luche por la nacionalización en un 100% de la industria petrolera, y que la renta recuperada se destine a apuntalar la construcción de un modelo económico distinto, basado en una planificación democrática, que garantice un salario mínimo igual a la canasta básica, e inversión para salud y educación. Tenemos que exigir el no pago de la deuda externa y que se destinen las divisas a la inversión social y productiva, exigir cárcel y confiscación de las cuentas y bienes de los empresarios que cometieron fraudes de importación. Repudiar el saqueo transnacional del Arco Minero del Orinoco, exigir la recuperación de las empresas básicas del hierro y el aluminio, y una verdadera reforma agraria. La alternativa a la barbarie en la que se hunde el país, sigue siendo el socialismo.