Violencia entre militantes del PSUV se apoderó de nuevo del concejo municipal de Puerto Cabello
Puerto Cabello, agosto 25 (Notiarde de la Costa).- Nuevamente la sede del Concejo Municipal de Puerto Cabello fue el centro de actos violentos, protagonizados en esta ocasión por funcionarios de la Po
Puerto Cabello, agosto 25 (Notiarde de la Costa).- Nuevamente la sede del Concejo Municipal de Puerto Cabello fue el centro de actos violentos, protagonizados en esta ocasión por funcionarios de la Policía Municipal, cuando de manera arbitraria aprehendieron y golpearon al secretario del parlamento, Jhonny Correa. Durante el forcejeo también fue agredida Yalexis Quero, periodista del diario La Costa, medio impreso del litoral carabobeño.
La situación irregular se inició cuando los siete ediles depuestos el pasado 19 de agosto intentaron este martes ingresar a la sede de la cámara legislativa, para retornar a sus curules y asumir de nuevo sus funciones como titulares.
Cuando llegaron a las puertas del cabildo se toparon con un contingente de la Policía Municipal, un piquete de la Guardia Nacional y seguidores del gobierno de Rafael Lacava vociferando improperios e insultos contra los concejales, aupados por funcionarios del Ejecutivo municipal, el presidente del Instituto Autónomo Municipal para la Protección del Ambiente (Iamproam), José Parada, y Joaquín Vargas, quienes camuflados entre la multitud dirigían a las hordas oficialistas.
Estos actos responden a una serie de acciones que se iniciaron el pasado 19 de agosto, cuando, amparados en el artículo 27 del Reglamento de Interior y Debates, los ediles José Noé Reyes y Samuel Cohén, en compañía de Angel Bonilla, Yadira Montilla y Cristina Montero como suplentes, se autoproclamaron como la nueva directiva del ente parlamentario, acciones que fueron rechazadas por los siete parlamentarios excluidos y catalogadas como una violación al Estado de Derecho.
“Hemos sido usurpados en nuestras funciones y esto es innegable”, expresó Canuto Rodríguez, presidente depuesto del concejo municipal porteño, cuando se le impedía el acceso a la sede del Palacio Legislativo. Además, alertó que en el municipio se está clasificando a los porteños dependiendo de su condición política, brindándoles protección a los oficialistas y arremetiendo en contra de aquellos que no militan en el partido del gobierno local.
Para Ylidio Abreu, las pugnas internas del PSUV no deben afectar al pueblo, como ha venido sucediendo con “las acciones vergonzosas” que se han escenificado en las instalaciones del organismo que representa. Aseveró que si el partido oficialista quiere destituir a uno de sus miembros, debe proceder por lo legal y de una manera correcta, pero no se deben someter “a la opinión pública estos elementos bochornosos”.
Un funcionario del Ministerio Público se acercó hasta el recinto para velar que las acciones que se desarrollaban no estuviesen violando los derechos de los presentes. Aunque no quiso ofrecer mayores detalles, el fiscal auxiliar número 9, Jorge Izquierdo, se comprometió al fiel cumplimiento de las leyes.
Detención abrupta
Mientras se encontraba ofreciendo declaraciones a medios de comunicación, el secretario de la cámara municipal, Jhonny Correa, fue detenido de manera sorpresiva por un contingente de la Policía Municipal, que sin mediar palabra arrastró al funcionario hasta subirlo al camión de este organismo de seguridad. En el forcejeo también fue agredida Yalexis Quero, periodista del diario La Costa.
Durante la detención, Correa fue golpeado por cadetes de la Policía Municipal. Por algunos minutos se desconoció su paradero y estado de salud, y a las 11 de la mañana se supo que el secretario del ayuntamiento había sido trasladado hasta el comando La Zulia de la Policía de Carabobo.
En ese recinto fue examinado por el médico forense Daniel Dao, quien le sugirió que se trasladara a un centro asistencial privado para que se le practicara una serie de exámenes, debido a las contusiones generalizadas que presenta.
Canuto Rodríguez, presidente del concejo municipal, calificó como una detención abrupta la detención de este funcionario, pues “en ningún momento especifican el porqué de la detención. Si ésta es la manera en la que se piensa gobernar, se está violando el Estado de Derecho”.
Visis Meza Barreto, comisario de la policía municipal, especificó que la alteración del orden público y liderar la manifestación fueron algunos de los cargos que originaron la detención de Jhonny Correa y César José Velásquez. Desestimó de manera tajante que José Parada y Joaquín Vargas, funcionarios del gobierno local, pudieran ser detenidos por estar incitando a los grupos violentos.
El fiscal noveno del Ministerio Público, Armando Galindo, exclamó que aún no han sido formalizados los cargos, por lo que tendrán que esperar hasta que se presenten los alegatos en el ente legislativo para proceder con las penalizaciones.
Además, anunció que se está estudiando la posibilidad de sancionar a los funcionarios municipales que estén aupando acciones violentas en estas movilizaciones.
“Calma y cordura”
En el lugar de los hechos se presentó el capitán Rafael Hernández Aguirre, comandante de la Primera Compañía del Destacamento Nº 25 de la Guardia Nacional, quien medió entre los oficialistas y los opositores, tratando de calmar los exaltados ánimos y evitar nuevos enfrentamientos.
“Lo que quiero es calma y cordura, no podemos dejar que la pasión sobrepase a la razón; debemos evitar que un bando se enfrente con otro, hay que mantener la distancia. Mi intención es fungir como un juez de paz, no vengo a reprimir ni agredir a nadie”, puntualizó el comandante.
Periodistas rechazan violencia
Los actos generaron una reacción de parte del gremio (periodistas y reporteros gráficos) del litoral carabobeño, a través de un comunicado, en el que exigieron a los organismos de seguridad de la ciudad iniciar las averiguaciones correspondientes para sancionar a aquellos cadetes de la policía municipal que participaron en la agresión física de la comunicadora social Yalexis Quero.
Asimismo, rechazaron de manera categórica la escalada de violencia que se ha desarrollado en los últimos meses en contra de los medios de comunicación que convergen en Puerto Cabello, convirtiéndolos en objetivos a perseguir, ataques protagonizados por grupos partidarios y organismos afines al gobierno municipal.
De igual forma, repudiaron que los funcionarios impidieran que el resto de los comunicadores pudiera prestarle ayuda a su compañera, donde también resultaron agredidos Alexis Crespo, del mismo diario, y Roberto González, de Notitarde La Costa.
“Los periodistas del litoral carabobeño exigimos respeto y garantía al ejercicio libre del periodismo; los comunicadores sociales siempre hemos mantenido la imparcialidad, objetividad y veracidad de los acontecimientos que se registran en la costa carabobeña”.
