A 10 años de la «Quinta República», aún no hay un sólo preso por la represión durante El Caracazo

El gobierno del presidente Chávez ha realizado una importante campaña publicitaria en torno a el 27 de Febrero, con anuncios pagados en la prensa de circulación nacional en los que se vincula el levantamiento popular ocurrido hace veinte años con la iconografía chavista, así como un reiterativo discurso oficial que plantea que el actual gobierno ha hecho justicia a esta fecha y a las víctimas de la represión. Sin embargo, los hechos desmienten a la retórica y la publicidad oficial.

A veinte años de una de las represiones más brutales del siglo XX venezolano, no hay una sola condena contra los autores materiales o las autoridades civiles y militares que ordenaron los crímenes de Estado. Según Cofavic, el 98% de los casos abiertos, los cuales representan una fracción pequeña del total los abusos contra los derechos humanos cometidos, se encuentran en la fase preliminar de las investigaciones, no se ha determinado el número de víctimas, y aún existen cuerpos sin identificar en las fosas comúnes que utilizó el Ejército para enterrar a sus víctimas.

El Estado venezolano aún no ha indemnizado a todas las víctimas que le han demandado con relación a este caso; de hecho sólo se ha dado cumplimiento parcial a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 1999, pues ella contemplaba la obligatoria apertura de una investigación oficial que diera con los responsables de la masacre y les castigara, que las víctimas y sus familiares tuvieran acceso a la investigación y que sus resultados fueran hechos públicos, y que se localizaran los cuerpos de 18 desaparecidos. El actual gobierno, luego de diez años, no ha dado cumplimiento a ninguno de estos elementos del fallo de la corte.

Al cumplirse veinte años de la represión, el gobierno emitió un decreto presidencial en el que ordena al Ministerio Público “a realizar de manera inmediata y expedita la revisión de los expedientes de las víctimas de El Caracazo, con la finalidad de determinar la viabilidad y el quantum de la indemnización o reparación por parte del Estado venezolano”, con el objeto de ampliar el número de indemnizaciones por abusos contra los derechos humanos durante El Caracazo. Sin embargo, no están previstas acciones legales para perseguir al ex presidente Carlos Andrés Pérez, al ex ministro de la Defensa Ítalo Del Valle Alliegro, ni a ninguna otra autoridad civil o militar responsable de ordenar las violaciones de los derechos humanos.