Derecha venezolana reacciona en defensa de policías y comisarios sentenciados por crímenes de lesa humanidad
Representantes de la derecha opositora reaccionaron con virulencia ante la condena de seis policías metropolitanos y tres comisarios, quienes fueron sentenciados por su responsabilidad en la arremetida armada contra la concentración popular de la avenida Baralt y sus alrededores durante el 11 de abril de 2002, como parte de las acciones golpistas que llevaron brevemente a Pedro Carmona Estanga a asumir el poder de facto.
Gonzalo Himiob, de la organización derechista «Foro Penal Venezolano», calificó las sentencias como «persecuciones contra la sociedad civil», y dijo que los policías que dispararon contra la multitud era «perseguidos políticos».
Representantes de la derecha opositora reaccionaron con virulencia ante la condena de seis policías metropolitanos y tres comisarios, quienes fueron sentenciados por su responsabilidad en la arremetida armada contra la concentración popular de la avenida Baralt y sus alrededores durante el 11 de abril de 2002, como parte de las acciones golpistas que llevaron brevemente a Pedro Carmona Estanga a asumir el poder de facto.
Gonzalo Himiob, de la organización derechista «Foro Penal Venezolano», calificó las sentencias como «persecuciones contra la sociedad civil», y dijo que los policías que dispararon contra la multitud era «perseguidos políticos».
En extrañas declaraciones, Alfredo Romero afirmó que los policías metropolitanos «protegían a los manifestantes» de la marcha opositora, convocada por la dirigencia golpista. Sin embargo, existe cuantiosa evidencia audiovisual que muestra a la PM disparando a mansalva contra la concentración que respaldaba al gobierno, incluyendo la actuación de los camiones blindados de este cuerpo armado, sin que pueda apreciarse la presencia de elementos de la marcha convocada por el golpismo.
La organización Confepuv va más allá, y en un comunicado publicado por el periódico derechista El Nacional, compara las sentencias con el proceder legal del régimen nazi, intentando de esta manera convalidar los crímenes cometidos por la PM durante el golpe de Estado de 2002. El comunicado reconoce abiertamente que los efectivos de la PM condenados aparecen en fotografías disparando.
