Inspectoría del Trabajo ha negado pliego conflictivo a ocho sindicatos en Guayana
En promedio las organizaciones llevan un año esperando por la autorización del despacho laboral para activar el conflicto por incumplimientos contractuales. La política del Mintrass es frenar los procesos conflictivos dejando indefensos a los trabajadores, argumentaron los dirigentes afectados.
En promedio las organizaciones llevan un año esperando por la autorización del despacho laboral para activar el conflicto por incumplimientos contractuales. La política del Mintrass es frenar los procesos conflictivos dejando indefensos a los trabajadores, argumentaron los dirigentes afectados.
Puerto Ordaz, miércoles, 28 de octubre de 2009 (Correo del Caroní. Foto José Leal).- Emilio Campos y Juan Gómez, secretarios generales de Sutracarbonorca y SunepCVG, respectivamente, en compañía de la dirigencia sindical de CVG Bauxilum denunciaron el cierre de los caminos legales para ejercer el derecho a la huelga.
Gómez contó que desde hace tres años comenzaron a discutir un pliego que nunca se ha cerrado y que pese a la negativa del patrón Estado a ceder en sus planteamientos, la Inspectoría del Trabajo ha sido poco diligente en otorgar los permisos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) para activar los mecanismos de presión.
Así como SunepCVG, Campos precisó que existen otras ocho organizaciones sindicales que están tramitando los pliegos para defender los derechos ganados en la contratación colectiva.
En Carbonorca la discusión del pliego arrancó hace más de un año.
Campos explicó que el débil jurídico está siendo desprotegido cuando discrecionalmente se evalúa qué puntos y qué derechos son de importancia para los trabajadores y cuáles no.
Manifestó que el Ministerio del Trabajo está dejando en estado de indefensión a los trabajadores frente al patrón-Estado que ha cerrado, en la mayoría de los casos, los canales de comunicación.
En una oportunidad, Leonel Goitte -representante del sindicato de Incanal- precisó que desde hace no menos de dos años están luchando por la firma de un contrato colectivo y durante ese proceso la Inspectoría no ha dado el permiso para que los trabajadores activen por la vía legal los mecanismos de presión.
Campos evaluó como negativo la diligencia del Estado en otorgar las 12 horas y en consecuencia los pliegos conflictivos a los sindicatos de las empresas privadas, menospreciando la lucha de los trabajadores de la nómina estatal.
Anunciaron la creación de un movimiento con el fin de presionar a la Inspectoría del Trabajo a que sea competente en la negociación de los derechos en materia laboral. (CARJ)
