Reforma a la Ley Resorte busca censurar Internet
Atendiendo al llamado presidencial a la “radicalización”, pero que no va hacia la izquierda sino hacia la derecha, la Asamblea Nacional debatirá esta semana el proyecto de Reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para el próximo 14 de diciembre. El proyecto fue remitido a la AN por el vicepresidente Elías Jaua el 30 de noviembre de este año. Lo más relevante de esta propuesta de reforma es la inclusión en la ley, como objeto de supervisión, de los proveedores de Internet, medios electrónicos, y a los propios usuarios de estos medios. De esta manera, el gobierno venezolano se suma al coro de gobiernos burgueses que se oponen a la libertad de expresión en internet, y ven este medio como una amenaza.
Atendiendo al llamado presidencial a la “radicalización”, pero que no va hacia la izquierda sino hacia la derecha, la Asamblea Nacional debatirá esta semana el proyecto de Reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones para el próximo 14 de diciembre. El proyecto fue remitido a la AN por el vicepresidente Elías Jaua el 30 de noviembre de este año. Lo más relevante de esta propuesta de reforma es la inclusión en la ley, como objeto de supervisión, de los proveedores de Internet, medios electrónicos, y a los propios usuarios de estos medios. De esta manera, el gobierno venezolano se suma al coro de gobiernos burgueses que se oponen a la libertad de expresión en internet, y ven este medio como una amenaza.
El proyecto de reforma de la Ley de Telecomunicaciones impone en su artículo 212 un punto único para el acceso a Internet (Network Access Point ‘NAP’) en el país. «El Estado creará un punto de interconexión o punto de acceso a la red de los proveedores de servicios de Internet en Venezuela con la finalidad de manejar el tráfico con origen y destino en Venezuela, con el objeto de utilizar de manera más eficiente las redes del país dado el carácter estratégico del sector», reza el mencionado artículo. La implementación de un punto único de acceso a internet ha servido a la dictadura capitalista de China para aplicar la censura, aunque el gobierno venezolano argumenta que también en países como Brasil y México se aplica este mecanismo.
Si bien el artículo 212 dota al gobierno de una herramienta para la censura, el artículo 8 del proyecto de reforma a la Ley Resorte establece criterios para censurar. Allí se plantea que «los proveedores de servicios de Internet, deberán establecer mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes y acceso a portales divulgados a través de ésta u otros medios electrónicos que se subsuman en las prohibiciones» enumeradas con anterioridad. Los contenidos objeto de prohibición incluyen “aquellos que pudieran incitar o promover al odio”, “aquellos que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público”, incluso aquellos que “atenten contra las buenas costumbres” (!). Conatel queda facultado para ordenar la censura de aquellos portales que incurran en dichas violaciones. La radio y la televisión son objeto de las mismas prohibiciones.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones contiene algunos aspectos anti monopólicos, como el artículo 203 que prohíbe a un individuo o empresa poseer más de un medio de comunicación «directamente o a través de interpuesta persona»; la reforma a la Ley Resorte también se limita el horario para telenovelas, en aras de proteger al público infantil. Pero lo central de las reformas planteadas es dotar al gobierno de instrumentos para el control de la información, e incursionar en el control de internet, dotando a la burocracia de Conatel y el Minci de amplios poderes para actuar arbitrariamente en base a la interpretación de un articulado impreciso.
Otro elemento del proyecto de reforma es la prohibición a los proveedores de televisión por suscripción de «difundir la señal de las estaciones de radio o TV abierta en zonas de cobertura distintas a las autorizadas en dichas estaciones en sus respectivos títulos jurídicos». Se trata de una disposición hecha a la medida para impedir la difusión del canal Globovisión fuera de Caracas y Valencia. Esto reviste una particular importancia, dado que el propio presidente Chávez reconoció recientemente, en una intervención pública ante un grupo de damnificados en la ciudad de Caracas, que la gente de los barrios recurría a los medios de comunicación privados porque los medios estatales no daban difusión a las denuncias y a las críticas contra el gobierno. Más allá de que las líneas editoriales de muchos de esos medios privados son de derecha, lo que el gobierno busca limitar es la denuncia y la crítica popular que esos medios ventilan.
Ante la caída acelerada del apoyo popular al gobierno, control de la información
Ya el gobierno venía anunciando sus intenciones de establecer limitaciones al uso de internet. A partir de 2009, el gobierno ha impuesto la censura contra páginas web revolucionarias, como Laclase.info, en sus redes institucionales, así como centros de telecomunicaciones dependientes del Estado. En agosto de 2009, la Fiscal Luisa Ortega Díaz propuso la creación de una “Ley contra delitos mediáticos”, que fue calificada como “fascista” por el fallecido diputado Luis Tascón.
En abril de este año, el presidente Chávez citó en un discurso a la jefa de Estado alemana, la derechista Angela Merkel, para decir que “el internet no puede ser una cosa libre”. Seguidamente, Ortega Díaz propuso la creación de una ley para limitar el uso de internet.
Dos meses más tarde, el presidente Chávez firmó el decreto para la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), con la facultad de declarar el carácter reservado, clasificado o de divulgación limitada de cualquier información.
Como se puede observar, se trata de una ofensiva contra la libertad de información, en la cual el actual proyecto de reforma a la Ley Resorte es apenas el más reciente capítulo.