El Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechaza la corrupción de la oposición patronal en la Asamblea Nacional

El pasado 1 de noviembre, el medio de comunicación Armando.info difundió una investigación periodística donde devela la participación de un grupo de diputados de la oposición patronal en diligencias ante la Fiscalía General de Colombia y el Departamento del Tesoro de EEUU para solicitar el fin de las actuaciones judiciales en contra de empresarios involucrados en la trama de corrupción gubernamental de importaciones fraudulentas de alimentos destinados a las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).

Los diputados de la oposición patronal involucrados en la red de defensa de los empresarios vinculados a la trama de corrupción de importación fraudulenta de los Clap son Richard Arteaga y Guillermo Luces de Voluntad Popular; Luis Parra, Adolfo Superlano, José Brito, Emilio Fajardo y Conrado Pérez Linares de Primero Justicia (PJ); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William Barrientos de Un Nuevo Tiempo (UNT)

Por otra parte, días antes, el diputado Freddy Superlano renunciaba a la Presidencia de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional por el desvío de los recursos de la llamada ayuda humanitaria para el provecho personal de la dirigencia de la oposición patronal. Además, ese dirigente de Voluntad Popular usó los recursos entregados para labores humanitarias en el consumo de bebidas alcohólicas y en la visita de centros de prostitución en la ciudad de Cúcuta, Colombia. En esos eventos ocurridos el 23 de febrero, en medio de la operación proimperialista de la llamada ayuda humanitario, murió intoxicado por una droga en un hotel Carlos Salinas, primo y asistente del diputado de Voluntad Popular mencionado.

Ante el legítimo y sincero rechazo social que ha generado la publicación de la corrupción de Juan Guaidó de Voluntad Popular y de los principales partidos de la oposición patronal, estos en una maniobra llena de hipocresía y cinismo han intentado desmarcarse de esos hechos con la difusión de comunicados y la expulsión de algunos diputados. Para los partidos de la oposición patronal, su corrupción es mala solo cuando la sociedad se entera de su evidente existencia.

Igualmente, la relación de la oposición patronal con el gobierno de Nicolás Maduro en casos de corrupción como la apropiación de oro del Arco Minero del Orinoco, de los contratos de construcción de Odebrecht y la trama de importación fraudulenta de los Clap son los negocios conjuntos que permiten las negociaciones de élites y la traición de las bases opositoras para promover su desmovilización.

Esta situación que ha ocasionado una crisis al interior de la oposición patronal quiere ser aprovechada con el mayor descaro y oportunismo por el gobierno corrupto, antiobrero y represor de Nicolás Maduro. Los creadores de la trama corrupta de importación fraudulenta de los Clap, del Arco Minero Orinoco y de los contratos de Odebrecht se intentan erigir en paladines de la honestidad política. Pero esa actitud cínica es vana, la inmensa mayoría del país sabe que ni los jerarcas chavistas ni los dirigentes de la oposición patronal viven de sus salarios y por lo tanto no padecen las penurias del pueblo trabajador venezolano. Son lo mismo: una banda de burgueses y burócratas corruptos que como en todo capitalismo atesoran riqueza apropiándose de los recursos públicos.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) rechazamos la permanente corrupción de la oposición patronal y su uso oportunista por los jerarcas del gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) sigue reivindicando el ejemplo de las maestras de base que como parte del pueblo trabajador se han organizado y movilizado con independencia de los corruptos: el gobierno y la oposición patronal. Las luchas de las trabajadoras y los trabajadores del país deben continuar combatiendo el paquete antiobrero y antipopular de Nicolás Maduro con demandas como salario igual a la canasta básica e indexado a la inflación, cumplimiento de los contratos colectivos, suspensión de la persecución a quienes luchan como los despidos y jubilaciones forzosas, y acceso a los servicios médicos y alimentos. Siempre teniendo como perspectiva la conquista de un plan económico obrero y popular, y un gobierno de las trabajadoras y los trabajadores.

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