Ante el hambre y la pandemia llamamos a impulsar un plan de acción unitario
Por Partido Socialismo y Libertad
El gobierno de Nicolás Maduro anunció el pasado sábado 11 de julio, un nuevo esquema para intentar detener el avance del Covid 19 en el país. Desde el pasado lunes se está aplicando una fórmula de tres niveles de manera diferenciada en los distintos Estados, dependiendo del grado de contagios. Un primer nivel de cuarentena estricta, otro con flexibilización relativa, y un tercer nivel con la fórmula 7+7.
Este nuevo esquema está determinado por el aumento significativo del número de contagios, que ha llevado la cifra total hasta el martes 14 de julio a 10.010 casos y 96 fallecidos.
Desde hace varias semanas el Partido Socialismo y Libertad viene alertando sobre el significativo aumento de casos oficiales de Covid 19, así como respecto al número de muertes por el nuevo coronavirus.
Sin duda estamos entrando en una fase aguda de la pandemia, en un país que ya atravesaba desde hace años una terrible crisis social, la más grave de su historia contemporánea. Caracterizada por la brutal caída de los ingresos familiares y la destrucción de todos los servicios públicos.
Recientemente se hicieron públicos los alarmantes datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (Encovi 2019-2020), elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB). Los mismos dan cuenta del dramático escenario de pobreza y desigualdad en el cual está sumida la mayoría de la población pobre del país.
De acuerdo a la Encovi 2019-2020: el 96% de los hogares están en situación de pobreza y 79% en pobreza extrema, hecho que significa en el último caso que los ingresos percibidos son insuficientes para cubrir la canasta alimentaria. El 21% de los niños se encuentra en riesgo de desnutrición y un 8% está desnutrido. 639 mil niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. La participación de los trabajadores públicos en los puestos de trabajo se ha reducido de un 36% a 24% desde el 2014. El nivel de participación de la población en la actividad económica es el más bajo de América Latina (56%). 43% de los hogares manifiestan imposibilidad de trabajo o pérdida de ingresos. Apenas el 3% de los hogares tiene seguridad alimentaria, y uno de cada cuatro hogares presenta Inseguridad Alimentaria Severa (IAS). Este es el contexto dantesco sobre el cual se superpone la pandemia del coronavirus en Venezuela.
Ante esta situación el gobierno optó en un primer momento, en aplicar una cuarentena más o menos estricta y temprana, mientras se dedicaba a propagandizar las supuestas bondades de sus acciones, y despotricar contra los gobiernos de Iván Duque en Colombia, Trump en Estados Unidos y Bolsonaro en Brasil, los cuales, sin ninguna duda, han tenido un manejo irresponsable de la crisis sanitaria.
Ha impuesto la cuarentena de manera represiva, utilizando a las fuerzas de seguridad del Estado. Criminalizando y deteniendo periodistas por el sólo hecho de informar. Y ha puesto presos a trabajadores de la salud y de otros sectores.
Más allá de eso fue muy poco lo que el gobierno hizo para enfrentar la llegada del Covid 19 al país. Al principio se anunciaron una tímidas e insustanciales medidas, que han tenido un impacto muy limitado desde el punto de vista social y sanitario. Pero no se han vuelto a realizar anuncios importantes que vayan más allá de los cambios y flexibilizaciones de la cuarentena.
Después del tono triunfalista de las primeras semanas, ahora el gobierno se ha dedicado a responsabilizar al pueblo por el aumento de los contagios, así como a nuevos chivos expiatorios. Como sucede con otras situaciones, el gobierno de Maduro no reconoce su responsabilidad y prefiere hacerla recaer en otros.
Ahora inventó un nuevo término: “trochero”. Para estigmatizar a las personas que regresan al país desde Colombia o Brasil, por las llamadas trochas, así como a los que se encargan de conducirlas por las mismas. Pero no contento con esto, llama a través de las redes sociales a denunciar a los “trocheros”, como decimos popularmente, a “sapear” a las personas que regresaron al país por alguno de los innumerables caminos verdes que existen en nuestra muy viva y dinámica frontera con Colombia. El gobierno sabía de la existencia de estas trochas pero no hizo nada para evitar que el covid 19 entrará al país a través de las mismas.
El maltrato a las venezolanas y venezolanos que regresan al país no sólo es de palabra, también se produce en los hechos. Las personas que ingresan por las vías normales a Venezuela se les ubica en lugares insalubres en la frontera, sin agua ni jabón para cumplir con la norma de seguridad mínima que es lavarse las manos. Muchas veces durmiendo en colchonetas o en el suelo, a la intemperie y con escasa comida. Otros tienen que pernoctar en carpas del lado colombiano a la espera que las autoridades venezolanas le permitan su ingreso al país. Tal como sucede con un numero importante de venezolanos y venezolanas que se encuentran en la zona de La Parada, en Cúcuta, debido a que el Punto de Atención Integral Social (Pasi) en Tienditas, del lado venezolano, no está funcionando.
Es bueno que se sepa que los venezolanos y venezolanas que se fueron huyendo del hambe y las carencias que padecemos aquí, y ahora regresan compelidos por los efectos de la pandemia, no ingresan al país por las trochas porque sean irresponsables, como afirma el gobierno, lo hacen para evadir a la Guardia Nacional que les decomisa las pocas cosas que pueden traer o les exige pagar en dólares para que las ingresen. Otra razón es que muchos temen que las autoridades venezolanas no les presten la atención necesaria, además de padecer los malos tratos de la policía y la Guardia Nacional, organismos de un gobierno que públicamente ha tildado a los que regresan como “bioterroristas” y “armas biológicas”, entre otras barbaridades.
Por otra parte, la mayoría de los que trabajan pasando personas por las trochas son jóvenes venezolanos desempleados, utilizados por las mafias que controlan las trochas, en muchas de las cuales participan efectivos de los organismos del Estado.
Los casos de personas que habían contraído el virus en Colombia, Brasil y otros países vecinos, el gobierno los denominaba peyorativamente como “importados”. Algo completamente absurdo ya que el Covid 19 hace ya meses se convirtió en una pandemia, es decir, una epidemia que adquirió carácter global, está presente en la mayoría de los países, y es completamente lógico que en muchos casos se contraiga a través de viajeros o emigrantes.
El gobierno en lugar de discriminar y acuñar términos que estigmatizan, lo que tendría que hacer es controlar efectivamente las fronteras. Si ingresan personas con Covid 19 al país es su responsabilidad, no de los gobiernos de los países vecinos.
También inventó lo del “virus colombiano”, algo similar a lo que hizo Trump de designar al Covid 19 como “virus chino”.
Este nuevo coronavirus no es un “virus colombiano”. Esto es tan absurdo como llamarlo “virus chino”, como hizo Trump. Fue en China donde apareció por primera vez, pero ya hoy se extendió por todo el mundo, convirtiéndose en pandemia.
El gobierno no tiene claro como enfrentar la pandemia que crece día a día en el país. Dejó atrás el esquema de 5 más 10, que sustituyó por el 7 más 7. Y ahora introdujo el sistema de tres niveles. Es decir, trata de cumplir con los sectores patronales que piden la apertura de la economía para seguir haciendo negocios pero al mismo tiempo mantiene la cuarentena.
En el contexto dramático antes descrito, el gobierno insiste en convocar a las elecciones parlamentarias para diciembre, gastando millonarios recursos que podrían ser usados para enfrentar la crisis y la pandemia. Avalando junto a sectores de la oposición patronal y el chavismo disidente, una pantomima electoral para tratar de terminar de hacerse con la Asamblea Nacional, única instancia del régimen que no controla totalmente.
Es virus ya se extendió en el país. La mayoría de los nuevos casos diarios son comunitarios. No basta con apelar a la cuarentena, y mucho menos si es limitada, como es el caso del nuevo esquema . Es necesario tomar urgentemente las medidas necesarias para evitar el colapso de los hospitales y el incremento de fallecimientos, y atender la grave situación social que está llevando al hambre a millones de personas, producto de la semiparalización de la economía y la imposibilidad de salir a trabajar debido a la cuarentena.
En este marco, hay que aumentar el número de laboratorios capaces de analizar las pruebas PCR. Esto no puede seguir estando centralizado en el Instituto Nacional de Higiene en Caracas. Se deben establecer laboratorios en las principales ciudades del país, particularmente en el Zulia y en las zonas fronterizas. Es necesario realizar y analizar por lo menos 6.000 pruebas PCR diarias. En ese sentido es importante convocar a las universidades y academias a que se sumen al esfuerzo. Ya las universidades pusieron a disposición del gobierno sus laboratorios para procesar las pruebas PCR.
Es urgente comprar miles de respiradores, y aumentar el número de unidades de cuidados intensivos (UCI). El gobierno dice que cuenta con 4.800, de ser cierto, esa es una cantidad insuficiente.
Se debe dotar a los hospitales y demás centro de salud de los recursos e insumos médicos, sanitarios y de bioseguridad para los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es importante destacar que el personal sanitario que está en la primera línea de combate al Covid 19, trabaja sin las condiciones necesarias. En 54% de los hospitales centinelas no hay guantes; en el 49% no hay mascarillas. En muchos hospitales no hay agua. No es casual que más del 10% de las personas fallecidas pertenezcan al personal de salud.
Para acometer esto es urgente instrumentar un impuesto progresivo a las grandes empresas, bancos y transnacionales; suspender los contratos de empresas mixtas con las transnacionales petroleras; suspender el pago de la deuda externa, así como los gastos militares. Confiscar los bienes de los corruptos y ladrones de cuello blanco que desfalcaron al país en Pdvsa y con importaciones fraudulentas. Con todos estos recursos se debe conformar un Fondo Social de Emergencia para atender la pandemia; igualar el salario mínimo a la canasta básica, pagar una renta de cuarentena a todos los trabajadores y trabajadoras informales, igual a la canasta básica; adquirir insumos sanitarios, e impulsar un Plan de Emergencia para la adquisición de alimentos y medicinas.
En vista de la gravedad de la situación social y sanitaria, llamamos a las organizaciones sociales, populares y sindicales a impulsar unitariamente una campaña alrededor de los puntos antes mencionados. Exhortamos particularmente a las organizaciones agrupadas en la campaña “Rompiendo el Silencio” y a las que se organizan en la campaña por los trabajadores presos, a que discutamos la situación social de los trabajadores, trabajadoras y sectores populares, agravada por la pandemia, y acordemos un plan de acción.