El gobierno restringe la libertad democrática de asociación con una providencia administrativa

Por Laclase.info

Caracas, 16 de abril de 2020.- El pasado martes 30 de marzo, en la Gaceta Oficial N° 42.098, fue publicada una providencia administrativa del Ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; que establece las normas de registro en la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, donde se imponen obligaciones a las denominadas organizaciones sin fines de lucro, que restringe la libertad democrática de asociación de las y los residentes en Venezuela.

En el artículo 6 de la referida normativa ministerial, se impone que las organizaciones sin fines de lucro, como las ONG y otras instancias sociales y comunitarias, informen por un lado el “listado de las organizaciones o entes, nacionales o extranjeros de los cuales perciba aportaciones, donaciones o dádivas».

Por otro lado, en el mismo artículo 6, exigen la “identificación de los beneficiarios de la organización sin fines de lucro, éstos son las personas naturales o grupos naturales que reciben asistencia benéfica, humanitaria u otro tipo de asistencia».

Además, en el artículo 16, establecen que cualquier incumplimiento de las normas del registro, serán sancionados en correspondencia con la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo.

El gobierno de Maduro en otra política autoritaria restringe la libertad democrática de asociación, a través de mecanismos coactivos que acarrean una vigilancia permanente e integral de las actividades de las organizaciones sin fines de lucro, con el control de la información de sus fuentes de financiamientos y de los receptores de sus programas de formación, acompañamiento y asistencia.

La intención del gobierno es desestimular el financiamiento, la participación y acercamiento a las organizaciones sin fines de lucro, como ONG y otras del ámbito social y comunitario, que tengan autonomía del Estado venezolano. En otras palabras, es destruir cualquier forma de asociación política, social y comunitaria que no se encuentre controlada por las instituciones estatales y el partido de gobierno.

Por otra parte, sin ningún hecho imputable previo, el gobierno convierte a cualquier asociación sin fines lucro en objeto de vigilancia por una institución del Estado dedicada a la lucha en contra de la delincuencia organizada y terrorismo.

Entonces, en vez de partir de la garantía de la libertad democrática de asociación, empiezan estableciendo que cualquiera que decida asociarse para realizar actividades políticas, sociales y comunitarias, es potencialmente un delincuente o terrorista. Otra muestra del carácter autoritario del gobierno de Maduro.

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