Hugo Chavez,  Leonel Fernandez
Por: Simón Rodríguez Porras (Partido Socialismo y Libertad)
Luego de varias semanas de especulaciones, se confirmó la recompra de la deuda dominicana de $4.123,8 millones a Pdvsa, la petrolera estatal venezolana, mediante la mayor emisión de bonos de deuda en la historia del país caribeño, y con un pago de $1.933,2 millones, obteniendo una rebaja del 52% de la deuda. La operación llama la atención sobre las limitaciones económicas y políticas de Petrocaribe.
El convenio de Petrocaribe fue creado en 2005, como un mecanismo de suministro petrolero bajo condiciones ventajosas de financiamiento, con la declarada intención de fortalecer la integración regional y la complementariedad económica. En los años subsiguientes, con el incremento de los precios internacionales del petróleo, cobró importancia como mecanismo de financiamiento. En el caso de República Dominicana, la deuda con Petrocaribe llegó a representar alrededor de un tercio de la deuda externa del país. PDV Caribe, la filial de Pdvsa encargada de las operaciones del convenio, suple a República Dominicana desde 2007 aproximadamente unos 30 mil barriles de petróleo diarios, más de la cuarta parte de la demanda de combustible del país, supliendo plantas termoeléctricas de empresas proveedoras de energía eléctrica de capital mixto público y privado (EgeHaina, Egeitabo y Egehid). No obstante, las tarifas de consumo eléctrico dominicanas están entre las más altas de la región, lo que significa que escasamente se ha beneficiado a la población. Tampoco la adquisición del 49% de las acciones de la refinería Refidomsa por parte de PDV Caribe aumentó sustancialmente su capacidad de refinación, en un contexto de caída de la refinación en Venezuela y de aumento de las importaciones de derivados del petróleo.
En materia de estímulo a la producción agrícola dominicana, el fracaso fue notorio. De 10 mil toneladas anuales de caraotas negras que PDV Caribe se comprometía a adquirir, entre 2010 y 2012 no se le suministró ni la mitad de esa cifra, en medio de denuncias sobre las altas comisiones cobradas por burócratas intermediarios para la adjudicación de las compras. Más del 70% del suministro lo concretó el gobierno dominicano mediante la compra a productores agrícolas de terceros países.
Las declaradas intenciones de los gobiernos de Venezuela y República Dominicana de fortalecer la soberanía energética y la complementariedad económica quedarán como un triste recuerdo, mientras los acreedores de la deuda petrolera dominicana pasan a estar en el campo del capital financiero internacional. Los beneficiarios del convenio con Petrocaribe habrían sido los copropietarios privados de las empresas de la energía, los funcionarios involucrados en la intermediación para el pago de deuda con productos agrícolas, los burócratas de Pdvsa involucrados en los negociados, así como el Estado dominicano y sus administradores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a quienes ha servido para paliar el déficit fiscal. Tal es el saldo de un limitado programa de integración regional bajo la égida capitalista: poco o nada, desde la perspectiva de los pueblos de Venezuela y República Dominicana.

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