El gobierno criminaliza la pobreza con las OLP y las deportaciones

Mérida, 31 de agosto.- Los candidatos del Partido Socialismo y Libertad (PSL) y Marea Socialista en el estado Mérida repudiaron las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno a través de las OLP cívico-militares y las deportaciones masivas de inmigrantes y refugiados colombianos residentes en el estado Táchira.

«El gobierno sabe que el pueblo rechaza la corrupción, el auge delictivo y el desastre económico generado por el saqueo de la boliburguesía y las transnacionales. Por eso Maduro y Diosdado adoptan medidas efectistas como las OLP, el cierre de la frontera y la campaña xenofóbica que culpa a nuestros hermanos colombianos por la inseguridad o la escasez. Con las OLP se vienen realizando detenciones indiscriminadas y ejecuciones extrajudiciales, y con la suspensión de garantías constitucionales en Táchira y las deportaciones de inmigrantes y refugiados colombianos volvemos a nefastas prácticas puntofijistas que violan los derechos democráticos de la población», explicó Simón Rodríguez Porras, quien encabeza el voto lista por el PSL en el estado Mérida.

«Es falso que con las deportaciones de inmigrantes y la demolición de sus casas vaya a desaparecer la escasez y el bachaqueo, o que vaya a cesar el contrabando de gasolina y alimentos a través de las alcabalas militares en la frontera. Tampoco con ejecuciones extrajudiciales y ataques contra barrios enteros con las OLP se podrá superar el problema del crimen organizado, mientras campea la corrupción policial y judicial. Son medidas que no solucionan los problemas sino que los agravan y violan los derechos humanos», explicó Maigualida Rojas, candidata de Marea Socialista en el voto lista del PSL.

Según Rodríguez, las medidas represivas del gobierno forman parte de un paquete económico y de restricción de las libertades democráticas. «Maduro y Diosdado saben que necesitan aplastar cualquier resquicio de rebeldía popular, como los recientes saqueos en el estado Bolívar y otras regiones, y por eso combinan sus acuerdos antipopulares con Fedecámaras para subir precios y flexibilizar las relaciones laborales facilitando despidos masivos, con la suspensión de garantías constitucionales, que ahora amenazan con extender a otros estados, y los ataques indiscriminados contra la población de los barrios más deprimidos, bajo la excusa del combate a la delincuencia», concluyó.