El Partido Socialismo y Libertad defiende irrestrictamente las libertades democráticas

Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El país se conmovió ante el informe presentado recientemente por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela.

En el mismo, y utilizando fuentes oficiales, se confirma que de enero a mayo del presente año hubo 52 muertes atribuibles a los organismos de seguridad o colectivos en el marco de protestas. El mismo gobierno registró el pasado año 5.287 muertes por “resistencia a la autoridad”. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo de 2019, 1.569 personas fueron asesinadas en operaciones policiales. Hasta el 31 de mayo había 793 personas privadas arbitrariamente de libertad y 72 denuncias por torturas y malos tratos. Todo esto se produce en el marco del “estado de excepción” existente en el país desde el 13 de mayo del 2016, renovado cada 2 meses.

El informe confirmó lo que todos los venezolanos vivimos a diario: Los trabajadores sobrevivimos con salarios mínimos de 7 dólares; el gobierno no garantiza la alimentación al pueblo; la salud está por el suelo, incluso, mucho antes de las sanciones del imperialismo, que sin duda, han agravado la situación social y económica, particularmente afectando a los sectores populares.  De acuerdo a cifras oficiales, se han producido 1.557 muertes por falta de insumos médicos de noviembre del 2018 a febrero del 2019.

La visita de Bachelet, se inscribe dentro de la política desplegada por el gobierno de Maduro, para tratar de lavarse la cara ante la comunidad internacional. En ese marco también debe entenderse la publicación de los indicadores económicos del BCV y la visita de la Comisión de Encuestas de la OIT.

Pocos días después de la visita de la alta comisionada, el país conoció con estupor, la muerte por torturas del capitán de corbeta, Rafael Acosta Arévalo, y la agresión de la policía a un joven que protestaba por gas en Táriba, Táchira, a consecuencia de la cual perdió los dos ojos. Estos casos no hicieron si no poner en evidencia el carácter represivo y violador de los derechos humanos del gobierno, que ya se había patentizado en los datos arrojados por el informe de Bachelet.

En el 2017 el gobierno de Maduro reprimió brutalmente las protestas que se produjeron masivamente en todo el país, y que ocasionaron la muerte de más de 160 personas, miles de heridos y detenidos.

Previamente, el 3 de febrero del 2014, poco antes que se iniciaran las protestas de aquel año, fue detenido por la Guardia Nacional José Bodas, secretario general de la Futpv y dirigente del Partido Socialismo y Libertad, junto a otros trabajadores petroleros e integrantes de nuestra corriente sindical C-cura, por defender su contrato colectivo.

Ya es tristemente célebre la llamada Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), la cual se comenzó a ejecutar desde el 2015, y dejó una estela de muertos y masacres impunes como la de Barlovento y la de Cariaco. Estos operativos son similares a los puestos en práctica en el pasado puntofijista por AD y Copei, como el Operativo Oriente (1965), la Operación Vanguardia (1970), y el Plan Unión en 1981.

Son numerosas y cotidianas las denuncias contra el Faes, un aparato policial de élite de la Policía Nacional Bolivariana, acusado de cientos de muertes en las comunidades populares, por familiares y amigos de las víctimas. Así como de ejecuciones sumarias y extrajudiciales. Miles las denuncias de asesinatos por parte de los cuerpos policiales y militares, medidas cautelares contra dirigentes y activistas obreros, estudiantiles, populares y políticos, tan solo por protestar o disentir públicamente del gobierno.

Durante el gobierno de Hugo Chávez la criminalización de la protesta, cobró numerosas víctimas. Recordemos el caso de Pedro Suárez y José Marcano, trabajadores asesinados en el portón de la Mitsubishi, durante la gestión de Tarek William Saab en la gobernación del estado Anzoátegui. En el estado Aragua, el gobierno reprimió a los trabajadores de Sanitarios Maracay, contra los trabajadores de Sidor, que exigían la firma de un contrato justo, que culminó con la detención por más de ocho meses de tres trabajadores. También en Aragua, en el 2008, fueron asesinados Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, dirigentes de la UNT de ese estado y militantes del PSL y Ccura, se presume que en sus asesinatos estuvieron involucrados sicarios pagados por burócratas sindicales del Psuv y la policía del estado.

Otro caso emblemático es el de Rodney Álvarez, quien tiene ocho años preso señalado por un crimen que no cometió, y Rubén González, directivo de Sintraferrominera, quien cumple una segunda detención, y juzgado en tribunales militares. O el de Alcedo Mora, trabajador de la gobernación de Mérida, que desapareció luego de denunciar casos de corrupción en Pdvsa. Y más recientemente Alí Domínguez, activista del chavismo disidente, asesinado en corcunstancias extrañas. Su muerte sigue impune, como todos los casos anteriores.

En la medida que la crisis económica y social se agudiza, y aumenta el malestar y las protestas populares, el gobierno de Nicolás Maduro ha incrementado la utilización de la represión y la persecución contra los que luchan y lo adversan políticamente. En ese marco, el gobierno aplica un brutal ajuste económico contra el pueblo, denominado Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica, tratando de descargar la crisis sobre los hombros de los trabajadores y trabajadoras. El objetivo del gobierno es aterrorizar y perseguir para desestimular cualquier atisbo de protestas. Reprime para tener el campo abierto y continuar aplicando el paquete de ajuste contra el pueblo.

A la agudización de la criminalización de la protesta y la violación de los derechos humanos, ha contribuido, lamentablemente, la actitud displicente de algunos sectores de la izquierda chavista o no chavista, que de alguna forma ha justificado la restricción progresiva a las libertades democráticas.
Nuestro partido repudia cualquier restricción a las libertades democráticas. El menoscabo a los derechos humanos y democráticos de cualquier sector en el marco de un régimen burgués como el actual, se devolverá contra las trabajadoras y trabajadores, como efectivamente ya ha venido sucediendo.

Exigimos se conforme una comisión independiente integrada por representantes de organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión; la inmediata libertad plena de todos los detenidos por razones políticas y el levantamiento de las medidas cautelares que aún pesan sobre muchos trabajadores, estudiantes, jóvenes y activistas.