Por Partido Socialismo y Libertad

¡Impuesto a las grandes empresas nacionales y transnacionales!
¡Vacunas para todas y todos!

Hemos visto con suma preocupación, que se viene produciendo un aumento significativo del número de contagios de Covid 19 en las últimas semanas. El mismo gobierno se ha hecho eco de esta situación, declarando un cerco sanitario en Caracas, La Guaira, Miranda y Bolívar, aunque contradictoriamente esta situación no se refleja en los datos que diariamente se informan sobre la evolución de la pandemia en el país, lo cual sin duda, genera suspicacia sobre la veracidad de las cifras que se hacen públicas.

Por redes sociales y medios de comunicación, médicos, especialistas y trabajadores de la salud vienen informando sobre el incremento de casos, el reducido número de camas para hospitalización, así como de camas en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI).

La situación actual de incremento de los casos de Covid 19 tiene su origen, sin ninguna duda, en la flexibilización irresponsable que hizo el gobierno durante el asueto de Carnaval, decretando unos supuestos “Carnavales Bioseguros”. Ahora estamos viendo las consecuencias de esta medida contraproducente.

El gobierno no tiene un plan para la adquisición de vacunas

Ya en el mundo se conocen varias vacunas contra el Covid 19, producidas en distintos países, las cuales se vienen aplicando con desigualdades, y en medio de una gran controversia por las patentes que controlan las grandes farmacéuticas, cuya investigación fue financiada en gran medida por los Estados, y ahora las ganancias le corresponden a las farmacéuticas a costa de millones de enfermos y muertes. En ese contexto, desde la UIT-CI venimos impulsando una campaña internacional por la eliminación de las patentes y por vacunas para todas y todos.

Con el trasfondo del incremento de contagios, la cuestión de la adquisición y aplicación de las vacunas es un problema cada vez más sensible y preocupante, debido a la poca claridad y transparencia del gobierno al respecto.

En el mes de febrero se informó que para finales de año se esperaba tener vacunado al 70% de la población. No está claro sobre qué base se hace esta estimación, ya que no se ha hecho público ningún plan de adquisición de vacunas, ni se ha dicho de dónde saldrán los recursos para su compra.

El gobierno de Maduro sigue insistiendo en que se libere el oro valorado en unos 300 millones de dólares que está en el Banco de Inglaterra, para adquirir las vacunas del programa Covax de la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana de la Salud, sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que no estaba autorizada la adquisición de las vacunas de Astra Zeneca, cuestionadas en Europa, que son las suministradas por el Covax. Este hecho genera más incertidumbres.

Maduro anunció a finales de febrero que en marzo llegaría un número significativo de vacunas, y reiteró que la vacunación masiva sería en abril, pero hasta ahora sólo han llegado 700 mil dosis. Informó además que el gobierno adquirió por 200 millones de dólares, 10 millones de vacunas rusas Sputnik V, las cuales deberían llegar en los próximos 4 meses, de esas sólo han arribado al país 200 mil.

En Venezuela hay aproximadamente 1 millón de trabajadores sanitarios y 4 millones y medio de adultos mayores, que son los dos sectores prioritarios para vacunar. Es decir que se necesitarían en lo inmediato un total de 11 millones de dosis para vacunarlos a todos. Si a estos se agregan 500 mil docentes, el total aproximado de profesionales de la educación, estaríamos hablando de 6 millones de personas, para los que se requerirían 12 millones de vacunas.

Sin embargo, a pesar del escaso número de vacunas que han llegado al país, el gobierno incluyó entre los sectores prioritarios a policías, militares, parlamentarios y funcionarios gubernamentales, algo que no se ha hecho en ningún país.

Rechazamos las sanciones de USA y la UE

El Partido Socialismo y Libertad rechaza todas las sanciones criminales aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea contra Venezuela, que a fin de cuentas a quien realmente afectan es al pueblo venezolano, y en especial a los trabajadores, trabajadoras y sectores más pobres. En ese marco exigimos que el Banco de Inglaterra libere el oro que mantiene secuestrado en sus arcas. Pero al igual que hacemos esta exigencia, debemos ser responsables al afirmar que hoy nuestro país no debería encontrarse en esta grave situación social y económica. No son las sanciones del imperialismo norteamericano y europeo la causa de la catástrofe que hoy padecemos los venezolanos y venezolanas.

Si nuestra industria petrolera y las empresas básicas de Guayana no estuvieran por el suelo, destruidas por la corrupción, el burocratismo y la desinversión. Si no se hubiera priorizado el pago de la deuda externa, que sólo sirvió para financiar la corrupción y la fuga de divisas. Si empresas como Lácteos Los Andes , Café Fama de América, Agropatria, Abastos Bicentenario, entre muchas otras, no hubieran sido saqueadas para luego privatizarlas a precio de gallina flaca, la situación económica y social del país podría ser otra muy distinta, y no estuviéramos hoy en medio de la terrible tragedia social que nos aqueja.

Por un Fondo Social de Emergencia y Plan Obrero y Popular

En rigor, estamos en una situación de verdadera emergencia, acosados por la pandemia del coronavirus y la pandemia del hambre y la brutal crisis social que sufre el pueblo trabajador. Ante situaciones extremas es necesario tomar medidas extremas. En ese sentido desde el PSL planteamos que es perentorio conformar un Fondo Social de Emergencia para enfrentar la crisis sanitaria, el hambre, y para adquirir vacunas masivamente. Para ello proponemos instrumentar un impuesto progresivo a las grandes empresas nacionales y transnacionales, así como al sector bancario. ¡Los grandes capitalistas y nuevos ricos del gobierno deben pagar las vacunas! Junto a esta medida urgente, proponemos suspender el pago de la deuda externa, así como los gastos militares; además confiscar bienes de los corruptos y repatriar el dinero confiscado en el exterior a empresarios y funcionarios corruptos.

Este fondo debe servir para impulsar un plan de adquisición masiva de alimentos, insumos médicos y vacunas, para inmunizar en primer termino a trabajadores y trabajadoras de la salud, adultos mayores y docentes, así como para dotar a los hospitales centinelas, y habilitar más camas UCI.

Dicho fondo de emergencia debe ser parte de un Plan Obrero y Popular alternativo al paquetazo del gobierno que incluya salario igual a la canasta básica, renta de cuarentena para trabajadores y trabajadoras informales, y que el petróleo sea 100% estatal sin transnacionales ni empresas mixtas.

Debemos movilizarnos por esto así como por la libertad de todos los trabajadores y trabajadoras detenidas por luchar y defender sus derechos.

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