Operativo-Cota-905

Por: María Esperanza Hermida

17-07-2015. Casi una década atrás, la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol) hizo un estudio destinado a “proporcionar los insumos necesarios para el diseño y propuesta de un nuevo modelo policial” y al que llamó “Características de la Policía Venezolana”. Sus postulados apuntaban al logro de resultados muy diferentes a los que padece la población del país, en materia de impunidad de la delincuencia y de corrupción e ineficacia de los cuerpos policiales.

Indudablemente hace 10 años se generaron múltiples expectativas alrededor de la idea de mejorar la actuación de la policía y ello involucraba la esperanza de optimizar la eficacia de la administración de justicia y del Ministerio Público. Mucho se esperaba de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, para quienes sostenemos que los derechos humanos son para todos y todas, observando la reciente puesta en práctica del Operativo Protección y Liberación del Pueblo en la cota 905 de Caracas y la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado en otros lugares del país, Provea ha hecho una interrogante pública ante el inusitado despliegue que estas medidas involucran.

A propósito del citado operativo –anunciado por el Presidente Maduro- y ejecutado esta semana en Caracas, en el sector de la Cota 905, es importante analizar lo que señalaba la Conarepol respecto al uso de la fuerza física en su informe del año 2006, pues ya en aquella oportunidad advertía que “los mecanismos de supervisión son francamente escasos, y en el que los funcionarios policiales carecen de claros y estandarizados protocolos de actuación, el recurrir al uso de la fuerza, lejos de ser una actuación excepcional, progresivamente se ha convertido para aquellos en un medio de afirmación de la autoridad (…) en 2005, por cada civil que es lesionado en enfrentamientos con la policía fallecen en iguales condiciones 3 ciudadanos”.

Hace una década la conclusión de la Conarepol fue que “estamos frente a una policía que mata más que hiere, triplicando la cifra de decesos frente a la de lesionados”. Conarepol denunciaba en 2006 la “inexistencia de datos confiables y válidos”: “Las cifras difieren según la agencia que la reporte. Así, según se consideren los datos del Cicpc, el Ministerio Público Fiscal o las propias policías, existe una alta variabilidad del número de muertes a manos policiales”.

El informe de la Conarepol ya había acuñado el término de “letalidad policial” para describir la conducta de muchos funcionarios policiales, quienes optaban por la acción de la eliminación física antes de neutralizar al presunto delincuente, mediante el uso diferenciado y progresivo de la fuerza. A esta situación se añadía la desproporción entre el número de bajas policiales versus la cifra de civiles caídos. El que se reporten fallecidos y lesionados sólo de una parte, en este caso de la población“ permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”.

La Conarepol diagnosticó que en el caso de denuncias de violación de derecho a la vida el patrón más frecuente era de ejecuciones “que supone el uso organizado, premeditado y planificado, frecuentemente por parte de un grupo de policías, de la fuerza física letal, con fines de escarnio o castigo extra-judicial”. Además establecía varias hipótesis ante estas actuaciones: “Deficiencias en el entrenamiento, particularmente en lo referido a medios no letales de coacción y al espectro del uso de la fuerza física, la falta de definiciones normativas claras y aplicables, la inexistencia o funcionamiento irregular de los mecanismos disciplinarios y otras formas de rendición de cuentas, el uso de tácticas policiales agresivas o que favorecen la conflictividad, el uso de armas con alto poder de fuego, la cultura policial machista y que apologiza la violencia, la falta de armas no letales o el pobre entrenamiento en su uso, la impunidad penal, la falta de políticas de seguridad eficientes, la cultura punitiva de la ciudadanía, la existencia de grupos comando y de operaciones especiales, entre otros”.

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