La insurrección de Febrero. Un análisis para la lucha revolucionaria

Por: Elio Colmenarez

Ediciones La Chispa

Presentación

Cuando se inicia el año 1989, en Venezuela aún se vive la euforia por el reciente triunfo de Carlos Andrés Pérez, quien logra su segunda presidencia con un alto margen de votación. La borrachera democrática hizo olvidar los malos años de Luís Herrera Campíns y Jaime Lusinchi, quienes gobernaron en el intermedio. La mayoría cifraba sus esperanzas en la «nueva Venezuela» que CAP había prometido.

Sólo unos meses después el país se hunde en la mayor crisis de su historia. Ya no se siente ninguna euforia; por el contrario, angustia, resentimiento y molestia es lo que existe. El gobierno de CAP, al frente del que se suponía era uno de los países más «estables» de América Latina, se mueve al garete en un mar de contradicciones, de marchas y contramarchas, de escándalos y crisis políticas. Y lo que es más importante, en medio de una creciente movilización social, con huelgas y paros que marcan la resistencia creciente a la política gubernamental. Hay una nueva situación en la lucha de clases en nuestro país.

Pocas veces se registran cambios tan radicales en la historia de un país. El punto de partida de esta «vuelta de hoja» son los acontecimientos de la semana del 27 de febrero, la insurrección conocida como el «Caracazo». Estos hechos, independientemente del juicio que nos merezcan, deben, por su importancia, ser analizados a fondo. A pesar de sus características inesperadas y espontáneas, su origen no podemos buscarlo en señales particulares de esos días, sino en elementos que se fueron incubando durante un largo período. Todo hecho tiene su historia que lo explica; no son episodios ocurridos al azar. Tampoco podemos intentar «torcer» la realidad para justificarla. Debemos tomar la historia tal cual nos la brinda su desarrollo objetivo y someterla al criterio de las leyes que la gobiernan para poder entender sus ulteriores consecuencias.

«La sociedad no cambia nunca sus instituciones a medida que las necesita, como un obrero cambia sus herramientas. Por el contrario, acepta prácticamente como algo definitivo las instituciones a que se encuentra sometida. Pasan largos años durante los cuales la obra de crítica de la oposición no es más que una válvula de seguridad para dar salida al descontento de las masas y una condición que garantiza la estabilidad del régimen social dominante; es, por ejemplo, la significación que tiene hoy la oposición socialdemócrata en ciertos países. Han de sobrevenir condiciones completamente excepcionales, independientes de la voluntad de los hombres o de los partidos, para arrancar al descontento las cadenas del conservadurismo y llevar a las masas a la insurrección.

Por tanto, esos cambios rápidos que experimentan las ideas y el estado de espíritu de las masas no son producto de la elasticidad y movilidad de la psiquis humana, sino al revés, de su profundo conservadurismo. El rezagamiento crónico en que se hallan las ideas y relaciones humanas con respecto a las nuevas condiciones objetivas, hasta el momento mismo en que éstas se desploman catastróficamente, por decirlo así, sobre los hombres, es lo que en los períodos revolucionarios engendra un movimiento exaltado de las ideas y de las pasiones que a las mentalidades policíacas se les antoja fruto puro y simple de la actuación de «demagogos». Las masas no van a la revolución con un plan preconcebido de sociedad nueva, sino con un sentimiento claro de la imposibilidad de seguir soportando la sociedad vieja» León Trotsky (1).

El 27 de febrero produjo cambios profundos no sólo en nuestro país, sino también en el continente. La angustiante crisis económica a la que son sometidos todos los países producto de la deuda externa y los planes del Fondo Monetario Internacional, parecía ser extraña a Venezuela. Veíamos sucumbir en el caos y la miseria, uno tras otro, a los países latinoamericanos en lo que parecía ser una historia ajena, gracias a la propaganda oficialista. El «Caracazo» fue nuestra entrada de lleno en la realidad del continente. El imperialismo yanqui y las burguesías latinoamericanas palidecieron ante la fuerza de los acontecimientos que el «beso mortal» del FMI provocó en Venezuela. El posterior «rosariazo» en la Argentina demostró que se había abierto un ciclo de estallidos y revoluciones en contra de las burguesías nacionales, de sus regímenes «democráticos», ejecutores del plan económico imperialista.

He aquí pues la importancia de estudiar a fondo los elementos de la insurrección de febrero, pero esto tiene sus dificultades. Las masas crean la historia en las fábricas, en los barrios, en las calles de la ciudad. Los momentos de máxima tensión dejan poco margen para la contemplación; los apuntes son incompletos y desperdigados, pero permiten muchas veces adivinar el desarrollo y dirección de los acontecimientos a la luz de su historia posterior.

Las fuerzas motrices del 27 de febrero se fueron acumulando en un proceso de años y se expresaron a lo largo de esos días. Parte de esos antecedentes intentamos desglosarlos esquemáticamente en los dos primeros capítulos. En los siguientes tratamos de reconstruir la historia de esos días, respetando su cronología y evolución para interpretar los fenómenos que fueron surgiendo en medio del proceso.

Terminada esa primera parte, dedicamos el resto del libro a profundizar, mediante el análisis marxista, las consecuencias de la insurrección. El resultado práctico de la nueva etapa abierta en Venezuela y sus perspectivas históricas. La orientación para la acción revolucionaria. Esa es la razón de ser de este libro.

No pretendemos, ser en las siguientes páginas, «comentaristas» de los sucesos. Tampoco buscamos regodearnos con ilustres aportes «teóricos». Nuestra intención es dotarnos de una caracterización correcta de la dinámica de la revolución venezolana en el marco de la situación latinoamericana y mundial y de las fuerzas desatadas a partir de febrero que abrieron categóricamente en nuestro país, lo acepte o no la burguesía, el camino de la revolución anticapitalista, socialista.

El autor no es un observador «imparcial» de los acontecimientos. Ante todo es militante revolucionario, miembro del Partido Socialista de los Trabajadores, que forma parte de la Liga Internacional de los Trabajadores-Cuarta Internacional. Fue dirigente estudiantil liceísta y delegado textil en el sindicato UTIT. Como dirigente estudiantil de la UCV, participó en las jornadas de protesta y el que denunció el asesinato, el día 27, de la joven estudiante Yulimar Reyes, muerta por las balas que el gobierno ordenó disparar contra las masas hambrientas.

Queremos ayudar pues a una de las más colosales tareas que deben abordar las masas venezolanas para lograr la liberación del capitalismo y el sometimiento semi-colonialista del imperio: construir una dirección revolucionaria, que dirija a las masas, en movilización a conquistar el objetivo de un gobierno de los trabajadores y el pueblo, un gobierno obrero y popular en una Venezuela Socialista.

Por último, vaya nuestro recuerdo a todos los niños, hombres y mujeres, víctimas de la salvaje represión que se desató el gobierno «democrático» contra el pueblo durante las jornadas de febrero. A ellos, a su memoria, dedicamos este libro.

Caracas, octubre de 1989.
Los Editores

Primera parte: La insurrección
Capítulo Primero. De la Venezuela Saudita a la Venezuela endeudada

Durante la campaña electoral que le dio el triunfo a CAP, el eje de Acción Democrática, «partido del pueblo», fue el de recordar al país los logros económicos del anterior gobierno de Carlos Andrés Pérez, años de bonanza y derroche, conocidos como los de la Venezuela Saudita, motivados a la coyuntura favorable que en el mercado internacional brindó el alza significativa de los precios del petróleo.

Por años, la gran influencia de AD entre los trabajadores y el pueblo venezolano ha tenido entre sus bases fundamentales, la administración de enormes riquezas del Estado, de cuyas migajas se logró garantizar un nivel de vida aceptable, sobre todo de una amplia clase media, mientras las grandes tajadas eran consumidas por una burguesía parasitaria de los recursos petroleros. Pero a la bonanza de unos años, siguió un enorme endeudamiento y los planes de «racionalización» del gasto público.

Ya en los últimos años de gobierno de CAP, los primeros «recortes» presupuestarios y un proceso inflacionario nunca conocido, chocaron con la defensa que hacían las masas de las condiciones socioeconómicas recién adquiridas en el boom económico del 74. En 1978, Acción Democrática es derrotada electoralmente por Luís Herrera (COPEI), basándose en el malestar creciente entre las barriadas por el acelerado deterioro de los servicios y el abandono en que se encontraban. Durante la propia campaña electoral se dieron pobladas en La Guaira por agua y en Guarenas por transporte, a lo que tenemos que sumar las luchas universitarias por problemas presupuestarios.

El gobierno de Luís Herrera

El triunfo de Luís Herrera no varió el ascenso de las luchas, siendo su punto más importante Octubre de 1979, con una de las mayores movilizaciones obreras ocurridas en Caracas, que terminó en un fuerte enfrentamiento con la policía, lo cual se repitió en varias ciudades del país y luego siguieron paros regionales, los cuales terminaron por imponerle al recién estrenado gobierno una Ley General de Aumento Salarial. Este período de movilizaciones, con varios triunfos importantes, se cerró en los años 80-81, cuando el gobierno logró imponer su política económica, gracias a la actitud entreguista de la izquierda y la burocracia sindical, que hicieron coro al discurso de «crisis» y el «necesario sacrificio» que pronunciaba el gobierno. Por un lado, el gobierno y la patronal imponían despidos, liberación de precios, congelación salarial y por otro, las bandas armadas de la burocracia sindical intervenían y desmantelaban direcciones sindicales no disciplinadas a la CTV. La derrota de la huelga general textil en 1980, la imposición del presupuesto equilibrado que quebró la huelga nacional universitaria y la intervención adeca (con el apoyo de COPEI) a la directiva de SUTISS en 1981, cerraron el período de luchas iniciado en la década de los 70.

A partir de allí, los planes económicos de la burguesía venezolana encontraron muy poca resistencia. El nivel de vida del venezolano fue reduciéndose mientras desaparecían prácticamente las organizaciones sindicales clasistas, la izquierda reformista se acomodó al juego parlamentario y el movimiento estudiantil se sumergió en el limbo bajo la dirección del MAS, MIR y PCV, la cual formaba parte orgánica de las políticas y planes de las autoridades universitarias. El hundimiento final lo decretó el «Viernes Negro» (febrero 83) cuando la primera devaluación en muchos años y las restrictivas políticas económicas impuestas por Luís Herrera terminó de decirle adiós a la pasada bonanza para empezar a andar los derroteros de los demás países latinoamericanos bajo el peso de una agobiante deuda externa.

Vuelve AD al gobierno

En 1984 se inició el gobierno de Lusinchi «taponeando» la crisis al profundizar las medidas de ahorro iniciadas en el primer gobierno de CAP. Fuertes recortes al gasto social colocaron al borde del colapso a la salud y la educación. Enfermedades desaparecidas hace años, reaparecían al eliminarse los presupuestos necesarios para su control; los hospitales se mantenían con la dotación médico-quirúrgica elemental para no sucumbir y muchas escuelas cerraron durante todo el año escolar por falta de materiales o daños graves en la infraestructura, por falta de mantenimiento. Mientras esto sucede, se mantiene un descarado subsidio a las ganancias de los empresarios por la vía de créditos y dólares preferenciales, además de mantener en forma obstinada el pago de los intereses de una deuda externa los cuales digieren más de un 50% de los ingresos del país. Se recurrió luego, cuando los ingresos no alcanzaron, a las reservas internacionales, éstas mermaron en más de dos mil millones de dólares. Pero aún estas «medidas caseras» no fueron completamente las recetas del FMI, por el contrario, éste, siempre las consideró «insuficientes» mientras recibía contento los pagos de intereses e incluso de capital amortizado. Grandes elogios vertió la banca internacional sobre el gobierno de Lusinchi, que se enorgullecía, que después de tantos sacrificios el país superaba la crisis y se enrumbaba sobre nuevos caminos. Así rezaba la propaganda gubernamental para ocultar la crisis que devoraba al país. Pero los mismos economistas burgueses opinarían: «el gobierno de Lusinchi logró un crecimiento respetable, de 5,2% promedio durante tres años, mientras el desempleo se redujo apenas un 7%, según cifras oficiales. Sin embargo, estas mejoras se produjeron a expensas del peor déficit de la balanza de pagos en la historia de la nación ($ 4.930 millones en 1988) su peor inflación (126% en cinco años, el 35% en 1988) y un déficit consolidado del sector público equivalente al 7% del PIB en 1988 (…) dejando a la economía en las peores condiciones de su historia (…) no hay posibilidad que mayores precios petroleros rescaten al nuevo gobierno» (VenEconomía. Perspectivas económicas para Venezuela. 1988-89).

El deterioro creciente del salario y del nivel de vida, más los planes económicos, fueron provocando cambios importantes en las relaciones entre los diferentes sectores, entre ellos y el gobierno. La clase media vio desinflarse su “status económico» que la había tenido relativamente al margen del empobrecimiento y marginalización de cada vez más amplios sectores de la población venezolana. Esta situación la empujó objetivamente a colocarse al lado de las luchas que por reivindicaciones salariales empezaron a darse en el país. En el año 85 los profesores universitarios iniciaron luchas salariales a la par que los estudiantes llevaban adelante un proceso democratizador que expulsó a las direcciones burocráticas de las federaciones de centros.

1987: Se inician las luchas

Pero no es sino hasta febrero de 1987 que el triunfo de la huelga de maestros marcó el camino de los enfrentamientos a los planes económicos de Lusinchi. Fue la primera huelga nacional desde 1980, cuando la huelga nacional textil, con la incorporación masiva de 230.000 trabajadores de la educación preescolar, primaria y media. Se mantuvo durante 17 días y arrancó las reivindicaciones más importantes planteadas durante la huelga.

Las primeras luchas hicieron retroceder a medias al gobierno, quien decretó el «Bono Compensatorio» para recuperar en parte el poder adquisitivo de la población y conjurar el creciente malestar social. Pero los propios empresarios se negaron a cumplir el decreto, lo que generó nuevos conflictos en innumerables fábricas manufactureras del centro del país y que movilizó, por primera vez en muchos años, al obrero petrolero. El gobierno se vio obligado a cancelar el pago del bono y más tarde reconocerlo como parte del salario; aún así, muchas empresas pequeñas siguieron negándose a cancelarlo. Sin embargo, estas luchas episódicas fueron aisladas. La formación de un Comité de Defensa del Salario constituido por varios sindicatos no pasó de la frase declarativa. Todo esto sirvió para pulsar que el movimiento obrero despertaba. Era un proceso que se inició a mediados del 87 cuando los obreros siderúrgicos sacaron a los interventores enquistados desde el 81 y devolvieron la dirección del sindicato a la Causa R, quienes lo tenían en el momento de la intervención.

También el 87 fue un año de agitación estudiantil y de pobladas en el interior del país. Distintos sectores empezaron a enfrentar de una u otra manera al gobierno de Lusinchi, no de forma unida, ni en un solo momento, sino en forma aislada, dispersa, molecular. No había tampoco un eje común, se peleó por el bono compensatorio, contra los asesinatos de estudiantes, el aumento del pasaje, la burocracia sindical, los males provocados por el gobierno.

En medio de esta pequeña tormenta el gobierno de Lusinchi daba marchas y contramarchas a los planes económicos, lo que inquietaba a la burguesía que no veía orientación definida. Los empresarios, a través de Fedecámaras, empezaron a exigir la disminución del control estatal pero a su vez pedían mayores créditos, más subsidios, etc. También les empezó a molestar la enorme corruptela del gobierno de Lusinchi que los «marginaba» de parte de los recursos del Estado.

La corrupción es moneda corriente de los funcionarios del estado. La mayoría de los dirigentes de AD y COPEI han llegado a millonarios a partir de los «servicios prestados al país». Pero el gobierno de Lusinchi llegó a niveles de escándalo. Toda una intrincada red de funcionarios construida a base de favores, regalías, agradecimientos, gratificaciones, etc., se tejió a través de todas las áreas del estado, que abarcaba ministerios, Fuerzas Armadas, empresarios, Parlamento, etc. y cuyos hilos eran manejados hábilmente por la secretaria privada del Presidente, Blanca Ibáñez, verdadero poder detrás del trono. Su «poder» era reconocido públicamente. Tanto así, que se sabía que a través de ella era más fácil «acceder» a los favores del gobierno que por cualquier otra vía.

La corruptela generalizada involucró a miembros de los distintos sectores del país, incluidos personajes extranjeros como el caso de Rappanelli, actual Ministro de Economía de Argentina. Algunos empresarios «relegados» por los favores de la «Señora», buscaron en Piñerúa Ordaz (miembro del CEN de AD) un vocero para denunciarla. Esto hizo atizar el fuego dentro de la dirección de AD, sometido a fuertes pugnas internas, evidencia pública de los roces entre los distintos sectores de la burguesía venezolana.
Reaparece «el salvador»

En medio de esta crisis generalizada surgió, cual Ave Fénix, Carlos Andrés Pérez para conjurarla. Su identificación con los años de bonanza económica, el apoyo de los sectores «anticorrupción» encabezados por Piñerua, ex-dirigentes de izquierda en su comando de campaña, una discreta oposición al gobierno de Lusinchi; sus promesas de tiempos mejores, un discurso anti-FMI y una imagen tercermundista alabada incluso por Fidel Castro y los sandinistas, conformaron el juego al que la mayoría del país apostó sus esperanzas. La campaña electoral fue un largo receso en las luchas que se venían dando. Aún siendo candidato, CAP garantizaba una «paz social» que sólo sería alterada ya al final de la campaña, por la masacre de El Amparo en Octubre de 1988.

La democracia asesina

Pero la represión en Venezuela merece detenerse en un análisis aparte. La democracia burguesa instaurada en 1958 ha tenido en los aparatos policiales uno de sus principales soportes, siendo un hilo de continuidad con la tenebrosa dictadura Perezjimenista. Junto a una Constitución que consagra una serie de derechos políticos e individuales, elaborada tras el derrocamiento de la dictadura, conviven leyes heredadas de la dictadura gomecista de los años 30 como son el Código de Justicia Militar o la Ley de Vagos y Maleantes, instrumentos legales de la represión generalizada a los trabajadores y al pueblo venezolano.

Durante los gobiernos de Betancourt, Leoni y Caldera, bajo la excusa de enfrentar la guerrilla del MIR y del PCV, cientos de militantes y activistas fueron víctimas de asesinatos y torturas. Cerrada la época de mayor acción guerrillera los cuerpos policiales siguieron gozando de impunidad absoluta para allanar, detener, torturar y asesinar con la complicidad manifiesta del poder judicial. Del primer gobierno de CAP se recuerda el asesinato de quien fuera secretario general de la Liga Socialista Jorge Rodríguez, en los sótanos de la DISIP, policía política del Estado venezolano.

Muchos activistas han pasado años de cárcel, más que por la ilegalidad de sus actividades, por persecución política e incluso venganza personal. Indistintamente son juzgados en tribunales militares por el cargo de «rebelión» en juicios que duran varios años sin nunca dictar sentencia, para luego ser «absueltos» mediante indulto presidencial. Esto ha sido materia de denuncia permanente por parte de Amnistía Internacional en los últimos años. Cualquier protesta en la calle ha tenido como respuesta el despliegue policial y la represión directa. No hay gobierno que no tenga en su haber el asesinato de personas, principalmente estudiantes. Hasta una manifestación de ciegos en el centro de Caracas recibió su cuota de peinillazos, perdigonazos y bombas lacrimógenas. Manifestar requiere de «un permiso» de la gobernación al estilo de cualquier dictadura latinoamericana.

La represión no está limitada al terreno político y de la protesta. Diariamente el venezolano está sometido a las humillaciones de los funcionarios policiales. Donde más se siente es en los barrios. Además de la pobreza extrema, la falta de servicios y la delincuencia, uno de los mayores azotes son los policías. Todas las barriadas son sometidas a redadas y operativos que con nombres sofisticados como Plan Unión, Operación Limpieza, etc., someten a la población como si fuera territorio enemigo, llevando detenidos a todos los hombres del barrio para verificar sus» antecedentes». El trabajador que regresa a su hogar en la noche corre el riesgo de ser detenido, perder su dinero y pertenencias que son «decomisadas» en la requisa y para colmo perder el empleo al quedar detenido tres días por averiguaciones. Los habitantes de los barrios son sinónimos de delincuentes; esta ideología se hace más evidente al llamar a los barrios «cerros» y las urbanizaciones «lomas» o «colinas» a pesar de tener la misma topografía. El caraqueño, principalmente, ha incorporado a su forma de ser una retrechería e insolencia a la hora de tratar con el policía producto de años de «diaria enemistad». El propio gobierno en estadísticas llevadas hasta el 86, revelan que en Caracas fue detenido uno de cada treinta habitantes en promedio (en Vietnam los operativos, de los norteamericanos arrojaban cifras de uno cada cuarenta y ocho habitantes de Saigón), y que en el 35% de las muertes violentas ocurridas en Caracas estaban involucrados funcionarios policiales.

La recluta, mecanismo de cacería de jóvenes para incorporarlos al servicio militar, es otro instrumento represivo. Las Fuerzas Armadas completan sus filas persiguiendo violentamente a la juventud, sobre todo en las poblaciones del interior, en operativos que han causado la muerte a algunas personas producto de las golpizas recibidas a la hora de «capturarlos».

Para cerrar el cuadro de terrorismo gubernamental, se han creado grupos de acciones especiales, entrenados por el ejército israelí y cuyas víctimas son siempre personas desarmadas e indefensas que son usadas como blancos vivos de sus armas de guerra, para luego presentar un teatro de héroes de un enfrentamiento con peligrosos subversivos, donde extrañamente nunca sobrevive nadie del otro bando y del gobierno nunca hay nadie herido. Estas brigadas han sido responsables de varias masacres siendo las más conocidas las de Cantaura y Yumare, hasta la más reciente en El Amparo.

No es casual entonces que la defensa del derecho a la vida y a los derechos humanos haya sido el motor de movilizaciones en las que el movimiento estudiantil ha sido la vanguardia. En 1984 el ametrallamiento de que fueran víctimas cuatro autobuses llenos de estudiantes por efectivos de la Guardia Nacional, en el peaje de Tazón, provocó la movilización de los estudiantes en todo el país. Allí hubo 35 heridos y aunque el movimiento iniciado fue contenido por el MAS y el MIR (antes de unificarse) quienes controlaban las federaciones de centros (FCU), dio inicio a la formación de corrientes de luchadores gremiales quienes agrupados en movimientos independientes, inconexos entre sí, desalojaron a la burocracia y asumieron la dirección de las FCU en casi todas las universidades. Lo de Tazón y el proceso democrático iniciado por estas corrientes, fueron factor importante en las luchas que se dieron en el año 87.

El marzo merideño

En marzo el estudiante Luís Carvallo, es asesinado en Mérida por un abogado copeyano molesto porque éste orinó en su jardín cuando celebraba su graduación de ingeniero. La reacción violenta de los estudiantes destruyó la casa y carros del asesino y se extendió a toda la ciudad saqueando y quemando los grandes comercios. Con el apoyo de los barrios, después de sobrepasar a la policía local, mantuvieron el control de la ciudad durante cuatro días hasta que el ejército pudo imponer la calma, pero ya el «marzo merideño» se había extendido a todo el país con enfrentamientos que duraron dos semanas en todos los centros universitarios.

Desde ese momento se abrió un colosal ascenso estudiantil que se extendió y generalizó a nivel nacional. Ciudades y pueblos fueron sacudidos por movilizaciones y enfrentamientos que fueron creciendo constantemente. Caracas, Mérida, Maracay, Valencia, Barquisimeto, Maracaibo, Coro, Barcelona, Puerto La Cruz, Cumaná, Trujillo, Valera, San Cristóbal, San Juan de los Morros, Barinas, Porlamar, Maturín y Ciudad Bolívar, fueron algunos de los escenarios de este vasto movimiento. En las calles de la capital se efectuaron marchas que llegaron a reunir 18.000 personas.

Nuevos asesinatos de estudiantes se sumaron a la lista del gobierno lusinchista y con ellos se agudizaba la protesta. A esta situación se agregaron las múltiples pobladas que se produjeron en diversas poblaciones del interior. La gente salía a tomar las carreteras y enfrentaba a la policía con los mismos métodos que protagonizaban los estudiantes. Los motivos iban desde la falta de agua, desalojos, tomas de tierra o asesinatos por parte de las fuerzas represivas. Las pobladas más conocidas fueron las de Las Mercedes del Llano y la Victoria. El ex-viceministro del interior y luego gobernador de Caracas, Adolfo Martínez Torres, dio cuenta de que en un año se produjeron más de cincuenta pobladas.

La masacre del amparo

Una de las brigadas de acciones especiales asesinó a catorce campesinos en un supuesto enfrentamiento con guerrilleros colombianos. Lo burdo de la mentira, desenmascarada al aparecer dos sobrevivientes de la masacre, generó una indignación nacional. Todos los sectores, incluidos dirigentes de AD y Copei y candidatos presidenciales (estos últimos por razones obvias) repudiaron la masacre. Se dieron movilizaciones en todo el país y los estudiantes, sensibles por su propia experiencia y más radicales en su lucha contra la represión, alzaron barricadas en enfrentamientos diarios con la policía a sólo quince días de las elecciones. Carlos Andrés Pérez se vio obligado a salir en defensa de los derechos humanos y denunció las prácticas fascistas de los cuerpos policiales y habló de dar garantías, «personalmente», que de ser electo presidente daría el más severo castigo a los responsables de la masacre.

La detención de los funcionarios policiales, las promesas de justicia y una suspensión de clases hasta enero actuaron como sedante a la protesta y lograron la necesaria paz para el día de las elecciones. El 4 de diciembre, la mayoría de la población salió a las calles en la euforia por el triunfo de CAP, el «advenimiento del Mesías» que traería tiempos mejores. Pero los apenas sesenta días que separaron las elecciones de la toma de posesión comenzaron a aguar la fiesta. Los empresarios y comerciantes tomaron para sí los compromisos de Pérez de libertades económicas y los precios se dispararon en una carrera ascendente mientras muchos productos básicos desaparecían del mercado, al tiempo que el moribundo gobierno de Lusinchi demostraba la incapacidad más absoluta para hacer frente a esta situación.

En realidad ya no era gobierno. Mientras Lusinchi se la pasaba en banquetes de despedida, los hombres de CAP tomaban las riendas del país: anunciaban planes, reajustes económicos, negociaban con el FMI. De la noche a la mañana los venezolanos nos enteramos de que estábamos al borde del abismo y que sólo el plan que CAP anunciaría en su toma de posesión podría sacarnos de allí. La desesperación creció a la par de las expectativas en el nuevo gobierno y todo tendía a empeorar. Como reflejo de aquellos últimos días de enero, una señora en una cola para comprar café exclamó «lo tienen escondido hasta que hable Carlos Andrés y anuncie las medidas. Es preferible que lo aumenten, pero que lo saquen». (El Nacional, 01/02/89).

Los últimos sesenta días de Lusinchi parecieron un siglo para Venezuela.

Capítulo Segundo. Los primeros veinticinco días de CAP
La «coronación» de CAP.

Los días anteriores a lo que la prensa titularía «La Coronación » eran de intensa actividad diplomática. Despliegues de seguridad, pancartas de bienvenida se veían por doquier. El venezolano común se sentía orgulloso que su Venezuela fuera por un momento la capital del mundo. Personajes de todas las latitudes venían a nuestro país: Felipe González, Benito Craxi, Jimmy Carter, Gabriel García Márquez, Fidel Castro, Vinicio Cerezo, Daniel Ortega, Dan Quayle, Sanguinetti, Alan García, Sarney, etc. etc. Cientos de periodistas, asesores, guardaespaldas. La toma de posesión era todo un espectáculo.

Se disfrutaba un ambiente de fiesta, se olvidó la crisis y las medidas por anunciarse. Los actos protocolares fueron de traslados del Congreso Nacional al Complejo Cultural Teresa Carreño. El nuevo gobierno arranca a lo grande: alfombras rojas, limusinas, champagne y un evento digno de Hollywood. La prensa no deja de resaltar el gran acontecimiento. Incluso la molestia de algunos parlamentarios por recibir «tarjeta de invitación» siendo supuestamente una sesión oficial del Congreso, apenas se le dio un poco de atención. Un gran remitido titulado «Jaime Lusinchi evitó la catástrofe económica», hablaba sobre los logros del gobierno saliente, era lo único que recordaba que existía un gobierno anterior.

Ninguno de los visitantes escatimó elogios para el «gran líder latinoamericanista» que era Carlos Andrés Pérez. Sólo el vicepresidente de los Estados Unidos, Dan Quayle, se salía de tono dando «serias advertencias contra la creación de un club de deudores» y agregaba «que Washington se opone terminantemente a gastar dinero de sus contribuyentes para aliviar la deuda del mundo en desarrollo». Pero la fiesta siguió y, en palabras algo premonitorias, Gabriel García Márquez explicó por qué tanto rebullicio:»es el último chance de la democracia en América, si Pérez fracasa, el estruendo llegará desde México hasta Cabo de Hornos» (El Nacional 02/02/89)

Cuando llegó el momento glorioso del discurso de CAP, no dijo nada de las medidas, pero anunció tiempos difíciles, sacrificios. Fustigó los apetitos del FMI y la política de los anteriores gobiernos. «Propongo -dijo- una política que corrija los profundos desequilibrios económicos, financieros y fiscales». También anunció necesarios beneficios sociales porque reconocía que «el salario mínimo se ha deteriorado en más de un 25% en los últimos años y el promedio real ha caído en un 40%».

Aún faltarían catorce días para el anuncio en concreto de las medidas. La duda empezó a crecer entre la gente mientras la fiesta de los presidentes continuaba algunos días más. La vedette fue el Comandante Fidel. Se reunió con representantes del gobierno, de la iglesia, de los empresarios, con periodistas, intelectuales, etc. El hotel Eurobuilding, aún sin inaugurar, fue abierto para Fidel y su comitiva. «Las damas de la burguesía caraqueña disfrutaban la presencia del Comandante quien en más de una oportunidad debió suspender su conversación para fotografiarse con ellas y firmar algún autógrafo» (El Nacional 04/02/89). También aprovecharía la oportunidad para elogiar a CAP durante una conferencia de prensa: «me parece que el presidente de Venezuela y Venezuela han demostrado su capacidad de convocatoria, han evidenciado su prestigio».

Una vez idos los ilustres visitantes, se acabó la fiesta. El desbarajuste de los precios, el desabastecimiento de los últimos días de Lusinchi se aceleró ante la incógnita de las medidas que no se anunciaban. El gobierno bombardeaba diariamente con los elementos de una crisis económica mil veces denunciada y siempre ocultada: «El gobierno aprobó venta de oro a futuro por 600 millones de dólares». «Se prevé endeudamiento por 20.600 millones de dólares». «En el período 1989-1993 se estima que la balanza de pagos será permanentemente deficitaria» y mientras, el paquete seguía cocinándose. La angustia en la calle era tal, que la CTV se vio obligada a declarar que estaba «dispuesta a acciones drásticas para conseguir un mejoramiento sustancial en el ingreso del trabajador». El gobierno respondería, en su sexto día de mandato, que «las medidas serán graduales y consultadas al CEN de AD, a Fedecámaras y a la CTV. Cuando conozcan los elementos sobre los cuales vamos a pedir pronunciamiento, no serán necesarias acciones de calles ni de tipo especulativo» (El Nacional,08/02/89).

El paquete seguía madurándose y nada que se anunciaba. El Nacional en un artículo del 10/02/89 analiza las dificultades que atravesaba: «Las contrariedades pueden agruparse en varias categorías: las políticas, tanto a lo interno como a lo externo del propio ejecutivo y del partido AD (¿Gradualidad Vs. Impacto Social?); las de concertación , fundamentalmente con la CTV, Fedecámaras y la oposición; las legales, desde el punto de vista de la legislación vigente en materia de crédito público y el nuevo endeudamiento. Y, las electorales, dada la proximidad de los comicios para gobernadores, alcaldes y concejales este mismo año». Una semana más tardaría CAP en resolver estas «contrariedades». Fedecámaras exige «celeridad porque la incertidumbre no es buena consejera», y la izquierda parlamentaria se queja de no ser consultada. «Para nosotros -Teodoro Petkoff presidente del MAS- la concertación supone un diálogo previo a la toma de decisiones, pero CAP lo entendió como que él toma las decisiones y luego informa a los otros sectores. Fuimos invitados a la reunión donde sus ministros informaron sobre las medidas económicas. Allí dijimos que nuestra opinión sobre las medidas no tenían ningún sentido, puesto que ya habían sido aprobadas» (El Nacional, 12/02/89).

En la calle, de la angustia se pasó al drama. Las compras nerviosas agotan los pocos productos que salen al mercado. Sus precios «pre-paquete», vacían literalmente el bolsillo de la gente. Las estanterías vacías en los supermercados eran típicas. Los productos también esperaban las medidas. Muchos comerciantes se hicieron con grandes cantidades de mercancías que almacenaron. Era una buena inversión ya que los nuevos precios dejarían buenas ganancias. Ante tal situación, más de uno exclamó…» Por favor, anuncien el paquete de una vez…».

Se anuncia el paquete

Y el 16 de Febrero, fue anunciado. Era tal la expectativa, que el discurso del Presidente, superó en el raiting al Miss Venezuela, transmitido esa misma noche. El paquete no se diferenció en nada a los tradicionales planes que se han venido aplicando en el resto de los países latinoamericanos. La misma receta del FMI que el propio CAP denunció como «martirizadora de los pueblos», en la campaña electoral: Liberación de tasas de intereses, privatización de empresas del estado, aumento de los servicios, la gasolina, los fertilizantes, etc. Como beneficio social apenas, anunció un aumento salarial del 30% limitado a los empleados públicos. El resto de los trabajadores debían esperar por una concertación entre la CTV y Fedecámaras.

Aunque la oposición criticó la «indefinición de las medidas sociales» o que «no enfrentaban globalmente los desequilibrios» en general hubo consenso en el «necesario golpe de timón». La Iglesia, por su parte, se encargó de bendecirlas y el propio Cardenal Lebrún dijo que «CAP habló con sinceridad». Pero en la calle todo es distinto. Algunos opinaban que las medidas eran necesarias pero sin convicción ni entusiasmo. La desconfianza era mayor cuando veían la sonrisa de los empresarios, ahora ejecutivos del gobierno: Tinoco, Rossen, Miguel Rodríguez, Figueredo y otros. Algunos productos reaparecieron con precios triplicados, amenazando con nuevas alzas. La gente no lo podía creer.

«No sé qué va a pasar… ¡Dios mío! un huevo, un insignificante huevo, cinco bolívares en el abasto de la esquina… ¿y el café?, ni se diga» «No sé, te lo juro ¿Qué pasará ahora con la gente y la seguridad personal?, me da la impresión que se desbordará el hampa». En realidad no fue fácil extraer una gota de optimismo con quienes nos topamos en la calle. Los conductores aferrados al volante parecían extraviarse entre nostálgicos recuerdos de lo que fue el primer gobierno de CAP y este que se avecina.

– La situación no puede ser más espantosa, lo que viene es para salir corriendo, pero nos dicen que en todas partes está igual o peor…entonces ¿Para dónde vamos a correr? exclama sobreexcitado, casi jadeante de la angustia, este buen ciudadano que confesó haber votado por CAP y AD pero no por el FMI» (El Nacional, 18/02/89).

Ya habían pasado quince días del nuevo gobierno y los diez siguientes no fueron precisamente de calma. El gabinete de CAP se enzarzó en una pelea con el Congreso al negarse a mostrar la carta de intención que se firmaría con el FMI. Se denuncian medidas ocultas. Como si le hubieran dado una fuerte bofetada, el país entero vio como, en un operativo militar gigantesco, se embarcaban a Londres, ocho toneladas de oro, como garantía; fue un cortejo fúnebre donde se enterraban las huellas del pasado esplendor. El ex-presidente Lusinchi, vacacionando en Miami, declararía ese mismo día que «se vio obligado a distraer el 50% de los ingresos petroleros al servicio de la deuda externa bajo engaño de la Banca Internacional». En realidad se estaba poniendo a prueba la paciencia del pueblo venezolano.

Mientras en los transportes el comentario general giraba en torno a la crisis del país, los niños Cisneros-Tinoco, de las familias dueñas de los monopolios más influyentes del país, y con personeros entre los miembros del nuevo gobierno, contrajeron matrimonio en una fastuosa ceremonia llamada por la prensa «La Boda del Siglo». Ríos de licores importados, caviar, trajes extraordinarios, regalos fabulosos, Rolls Royces, personajes del Jet Set internacional y extravagancias por el estilo, constituyeron los ingredientes de una fiesta que consumió, según cálculos conservadores, «más de siete millones de bolívares» (El Diario de Caracas, 19/02/89). No era difícil adivinarla indignación que se sentía en la calle

El periodista Alfredo Peña en su columna del 25/02/89, escribió: «Los efectos de la bomba sólo-mata-gente (genocida al servicio del totalitarismo económico) se están empezando a sentir, sin que todavía en solemne acto los hombres del Presidente rubriquen esa carta que podría lanzarnos por una inflación jamás conocida en la historia de Venezuela. Todos los precios han subido, estamos padeciendo inflación y desabastecimiento. El café, el aceite, el pan y los detergentes no se encuentran en ninguna parte. Contrastando con esta realidad, en las grandes fiestas de la oligarquía el dinero se derrocha…Champaña, salmón y caviar ¡Todos debemos apretarnos el cinturón! gritan los dueños del poder». (El Nacional 25/02/89)

Comienza la agitación

Pero el gobierno difícilmente quería distraerse de su tarea de «enrumbar al país». Apenas si inició una tímida campaña responsabilizando del desabastecimiento a los «acaparadores inescrupulosos». Mientras, la CTV y Fedecámaras no logran ponerse de acuerdo sobre algún aumento salarial, empieza la movilización laboral. En la misma semana del lunes 20 al viernes 24 paran por cinco días los trabajadores tribunalicios exigiendo la cancelación de sus deudas. También, por 48 horas, se da un paro de maestros por reivindicaciones salariales. En la Policía Metropolitana los agentes empiezan a reclamar salarios, deudas atrasadas, seguro social. También hay denuncias de corrupción en los altos mandos controlados por la Guardia Nacional y a los que ellos no pueden ser ascendidos. Los médicos hacen asambleas exigiendo mejoras salariales y mejor dotación de los hospitales. El gobierno promete, intercede, intenta calmar los ánimos, pero el ambiente es cada vez más tenso. El cierre de las oficinas de RECADI, levanta una ola de denuncias, ocultas por el anterior gobierno, sobre esa olla podrida que consumió millones de dólares.

En esa semana, funcionarios policiales asesinan al estudiante Dennys Villazana, luego de una discusión, e intentan simular un atraco. Durante el entierro hubo forcejeos entre policías y estudiantes, pero días después, en un fuerte enfrentamiento a las puertas de la UCV, muere un empleado universitario. La protesta y los enfrentamientos se extienden a Maracay, Valencia y Mérida; esta última fue militarizada para contener la rebelión estudiantil. La lucha contra los asesinatos comienza a combinarse con la denuncia al paquete hambreador. En la calle nadie oculta el agrado porque los estudiantes salgan a la calle, «alguien tiene que darle un parado a tanto abuso». El propio CAP convocó a autoridades, profesores, estudiantes a «concertar». Pero los estudiantes no asisten; el Consejo Directivo de la FCU-UCV declaró que no creían en la palabra del Presidente y que la vida de sus compañeros no podía concertarse. El viernes daría un receso a la agitada semana.

El sábado 25, la Coordinadora de Federaciones Estudiantiles discutió sobre la respuesta a la primera de las medidas: el aumento del transporte colectivo. Se consideró necesario «realizar una intensa propaganda sobre el pueblo», iniciándola en los terminales de transporte el día lunes y convocando a una marcha al Congreso para el jueves 2 de Marzo. También ese sábado se reactivaba el Comité de Defensa del Salario y varios sindicatos plantearon la necesidad de un plan de lucha contra el paquete. Se convocó a una nueva reunión el martes 28 de febrero.

Al mismo tiempo el gobierno, a sabiendas que el problema del precio del transporte era una chispa para movilizar a los estudiantes decidió «congelar» el pasaje estudiantil. Pero en Venezuela el transporte es realizado en más de un 80% por propietarios individuales de su unidad. El mecanismo al que recurren para aumentar sus ingresos y hacer frente al alto costo de repuestos y accesorios, es aumentando el costo del pasaje. El mal servicio, su irregularidad y alto costo es razón de molestia permanente entre los usuarios. La instauración del pasaje estudiantil, dos años antes, empeoró todo; diariamente se dan peleas entre estudiantes que exigen su derecho y conductores que se niegan «porque su carro no es del gobierno».

Como tantos otros empresarios, los conductores vieron en la liberación de precios la posibilidad «de sincerar sus tarifas». El que congelaran el pasaje estudiantil les fue molesto; pero, por si fuera poco, el domingo 26 se enteraron por la prensa que el gobierno regulaba el aumento a sólo un 30% durante noventa días. Los dueños de carros «por puestos» aspiraban aumentos superiores al 100% y por lo tanto decidieron salir con sus propias tarifas haciendo caso omiso de lo publicado por el gobierno. Nadie sospechaba que encendían la mecha de un gigantesco polvorín que se venía calentando en los últimos días.

La prensa del domingo 26 informaba que «pobladas en Mariara, Cagua, San Mateo y la Victoria saqueaban supermercados en busca de alimentos» (Ultimas Noticias, 26/02/89). Ese mismo día en la noche saldría con destino a New York, la comisión del gobierno encargada de firmar la Carta de Intención con el FMI, dejando la mesa servida para los sucesos que empezaron a desarrollarse pocas horas después, en la madrugada del 27 de Febrero.

Capítulo Tercero. Comienza la insurrección
El estallido de Guarenas

«A la vista de acontecimientos de esta naturaleza contemplamos verdaderamente con nuestros ojos cómo la insurrección de todo un pueblo (…) va madurando no sólo como idea en las mentes (…) sino también como el paso siguiente, inevitable y prácticamente inevitable del mismo movimiento, resultado de la creciente indignación.» (VI. Lenin) (2).

La mayoría de los trabajadores y estudiantes que viven en Guarenas y deben trasladarse a Caracas, llegan a las paradas de transporte colectivo antes de las seis de la mañana para hacer largas colas. Esta es una las «ciudades-dormitorio» que se han creado en los alrededores de la capital, con pésimos servicios y con una población constituida por trabajadores y estudiantes. A esa hora los conductores exigían dieciséis bolívares por el pasaje. La tarifa publicada en la prensa, y que varias personas blandían en la mano, señalaba que el precio era de sólo diez bolívares. Los policías veían desde lejos… ese no era su problema. La indignación fue ganando espacio. Algunos usuarios aceptaron la tarifa y subieron al autobusete, pero la mayoría impidió la salida del terminal, arrojando basura y colocando piedras en la entrada del terminal del transporte.

Un oficial de la Guardia Nacional decide solucionar la situación. La multitud ya había rebasado el terminal y estaba agitada. Por la fuerza, el GN intenta obligar a un conductor a prestar servicio con la tarifa oficial. Como respuesta escucha «yo cobro lo que a mí me da la gana». Molesto, el guardia dispara sobre los cauchos del autobusete. Como si esperaran una señal, las masas se arrojaron sobre los transportes destruyendo sus ventanas antes que sus conductores lograran sacarlas y huir despavoridos. El propio oficial y los policías intentaron contener a la gente pero ésta les pasó por encima. La protesta tomó la autopista, donde se colocaron barricadas impidiendo el tránsito desde y hacia Caracas. Cientos de vehículos de carga o particulares fueron abandonados por sus conductores. Cada cierta distancia había neumáticos encendidos, obstáculos atravesados y miles de personas circulaban por ambos lados de la autopista y las calles de Guarenas; algunos universitarios, acostumbrados a la refriega con la policía, levantaban barricadas y arengaban contra el paquete, los especuladores y el gobierno.

A las 10 a.m. se iniciaron los saqueos. Los comerciantes habían cerrado las puertas desde las primeras horas pero esto no contuvo a la gente. «Esta empezó a organizarse y como una nube de langostas se lanzó contra los comercios, las carnicerías. (…) En las calles se iban colocando fogatas y cuando los policías hacían acto de presencia, un grupo se encargaba de mantenerlos alejados lanzando piedras, mientras el resto continuaba asaltando comercios.» (El Nacional 28/02/89).

Todos los refuerzos de guardias nacionales y policías enviados desde Caracas no controlaban la situación. A horas del mediodía había muertos y continuaban los enfrentamientos. Ya la protesta se extendía a Caracas y todo el país.

Otras ciudades-dormitorio registraron protestas y enfrentamientos por los abusivos precios del transporte. Fueron los casos de San Antonio de los Altos, los Valles del Tuy, La Guaira y Catia La Mar. En el interior, empezaban a darse disturbios, iniciados generalmente por los estudiantes, pero luego se incorporaba el resto de la población. Se dirigían a la gobernación, asambleas legislativas o casas del partido de gobierno. En Mérida, aún militarizada desde la semana anterior, comenzó todo en Ingeniería y luego se extendió a los barrios. En Maracaibo, en la parte sur, tomaron las calles quemando varios camiones. En Barquisimeto, los disturbios comenzados en la Escuela Técnica se extendieron a los barrios. En Puerto La Cruz las barriadas se dirigieron al Concejo Municipal, y saqueaban lo que encontraban a su paso. Lo mismo se repetía en Valencia, San Juan de los Morros, San Cristóbal, Cumaná, San Félix, Puerto Ordaz.

La protesta del Nuevo Circo.

En Caracas, los estudiantes que habían llegado hasta el terminal de transporte del Nuevo Circo, en el centro de la ciudad, palpan el descontento. El grupo, mayoritariamente del Instituto Universitario Politécnico «Luís Caballero Mejías», se sentó en el pavimento impidiendo la circulación de vehículos. En sus manos llevan un volante titulado «Defendamos en la calle el pasaje estudiantil» elaborado por su centro de estudiantes. En pocos minutos cientos de personas se sumaban, extendiéndose la toma a las avenidas adyacentes: Lecuna, Bolívar y Fuerzas Armadas. Atravesaban autobuses, piedras, ramas de árboles, etc.

El periodista Fabricio Ojeda, testigo ocular, escribía al día siguiente: «todo empezó en los alrededores del Nuevo Circo cuando los usuarios conocieron las nuevas tarifas de transporte (…) Desde la seis de la mañana decenas de pasajeros decidieron tomar la avenida Lecuna para protestar el alza. La manifestación comenzó pacíficamente y algunos estudiantes del IUP «Luís Caballero Mejías» explicaron sus causas. El Ejecutivo acordó que para trasladarse desde Caracas a Guarenas y viceversa, había que cancelar diez bolívares. Hasta y desde Guatire, el montó sería de 12 bolívares. Pero los conductores tomaron la decisión unilateral de exigir entre 16 y 18 bolívares respectivamente, sin esperar la publicación de la Gaceta Oficial; lo hacían alegando que el alza de la gasolina empezó el domingo y ellos no podían esperar más.

De la Lecuna, los manifestantes se dirigieron a la avenida Bolívar, cuando por su número se sentían más fuertes. Allí, a la salida del túnel, frente a la recién inaugurada obra de Maragall, colocaron barricadas y detuvieron el tránsito. Al principio serían unas doscientas personas. Luego se fueron aglomerando muchas más que gritaban consignas contra los aumentos generalizados de precios y tarifas en todos los productos, bienes y servicios públicos y privados.

En el lugar atravesaron varios autobuses mientras la Policía Metropolitana se mantenía pasiva. Uno de los oficiales explicó que tenían órdenes de no disparar, ni reprimir a menos que fuera estrictamente necesario, por ejemplo, en casos de agresión. Incluso hubo agentes que se mostraron comprensivos y hasta de acuerdo con la protesta porque a nosotros también nos afectan las medidas.

Se arremolinaron los motorizados y la toma de calles y avenidas se extendió hasta Parque Central y otras esquinas de la Bolívar. El tráfico se tornó infernal, mientras crecían las barricadas, colocadas al inicio por hombres y jóvenes a quienes se unieron después mujeres, adolescentes y niños que trancaban las vías.» (El Nacional 29/02/89)

Cada vez son más lo que se suman a la manifestación, a la toma que se venía desarrollando en forma pacífica. A horas del mediodía cientos de oficinistas y trabajadores que salían a almorzar, encontraron las calles llenas de gente y los cafetines cerrados. La mayoría se incorpora a la protesta. Algunos estudiantes se van a la UCV a informar sobre lo que sucede en el centro y buscar refuerzos, con el temor de que en cualquier momento se dé un ataque policial.

En un ambiente casi festivo se colocaron barricadas, se gritaron consignas contra el paquete y el FMI, se cantó el Himno Nacional, se hicieron chistes. Mientras se conversaba, se decidía qué hacer. Cuando un grupo se hacía grande se avanzaba una esquina, se montaba una nueva barricada, se tomaba una nueva calle. Los policías, que custodiaban, terminaron mezclándose con la gente. Alrededor de ellos se agrupaban varios para oír las transmisiones de la radio-patrulla. El pueblo, dueño de las calles, expresa su alegría: «me siento feliz -decía una muchacha- “yo nunca había manifestado, siempre dicen que son estudiantes revoltosos, pero ahora yo lo hago y me siento bien, puedo decir lo que quiero y protestar contra lo que me molesta.» En cierta manera había confianza. Las masas combinaban la lucha indignada contra el paquete que golpea su estómago con la aspiración de que con esa demostración, esa gran manifestación de descontento, el gobierno rectificaría y echaría atrás las medidas.

Hacia la 1 p.m., cientos de estudiantes de educación media llegaron a la UCV pidiendo solidaridad de los universitarios. Habían iniciado su marcha a primeras horas de la mañana desde el extremo este de la ciudad, e iban recogiendo compañeros a las puertas de cada liceo. Luego de hacer un recorrido por la UCV, salieron por la plaza de Las Tres Gracias, donde quemaron un vehículo de CANTV. En Palo Verde, con las primeras noticias de la radio la gente empezó a salir a la calle a comentar; horas después había una manifestación.

La toma de la autopista Francisco Fajardo

«A las dos de la tarde grupos de personas tomaron la autopista Francisco Fajardo, a la altura de La Charneca en el sentido este-oeste» (El Nacional 28/02/89). Desde hacía rato las multitudes, agrupadas en Parque Central opinaban que se debía trancar la autopista, al igual que se hizo con las avenidas. Un piquete policial que protegía la autopista infundía cierto respeto. Al rato se decidió avanzar las dos cuadras que separaban la barricada colocada en Parque Central de la arteria vial. Un grupo de trescientas personas marcharon gritando consignas. Los uniformados apuntaron con sus armas y ordenaron que se detuvieran. Desde la marcha le responden con un megáfono: «Estamos protestando contra el paquete, no contra ustedes. No disparen, estamos desarmados.» Acto seguido se continuó avanzando, esta vez con las manos en alto y mostrando las manos. Los policías no cambiaron su posición de tiro, pero tampoco dispararon. Después de ser rodeados y rebasados, un oficial dijo, «está bien, tranquen la autopista pero respeten la propiedad».

El río Guaire impidió por un momento tomar ambos sentidos a la vez. Los habitantes de La Charneca, observaban desde el cerro de San Agustín a la manifestación que por gritos y señas los invitaba a incorporarse. Después de dudar un rato y tras la subida de un grupo de manifestantes a convencerlos, bajó el barrio y se hizo mano de un camión cargado de embutidos que en ese momento circulaba por el lado de la autopista aún abierto; luego de atravesarlo en la vía, se procedió a vaciar la carga. Ya a esta hora el saqueo era generalizado en todo el centro de Caracas. Se empezó requisando camiones buscando algo para mitigar el hambre. Circularon chucherías, refrescos y cigarros. De inmediato se pasó a los comercios que tenían mercancía acaparada, los cuales eran denunciados por la misma gente del sector. De la comida se pasó a otros artículos susceptibles de ser repartidos y que también hacían falta. En la Av. Bolívar, un camión lleno de pintura fue detenido y saqueado, los que llevaban su pote en la mano comentaban que «ahora si tengo con que pintar mi casa.» Los policías observaban con impotencia. Por un lado eran superados en número y fuerza, pero por otro, simpatizaban abiertamente con lo que se hacía. En más de una ocasión colaboraron para que el saqueo se hiciera sin desorden.
El gobierno desconcertado

«Bajo la influencia del desarrollo espontáneo de los acontecimientos va madurando y organizándose ante nuestros ojos la insurrección general armada del pueblo.» Lenin (3) «A nosotros nos parece que lo que verdaderamente desorganiza al gobierno son aquellos y solamente aquellos casos en que las amplias masas verdaderamente organizadas por la misma lucha hacen que el gobierno se desconcierte, en que la gente de la calle comprende la legitimidad de las reivindicaciones presentadas (…) en que comienzan a comprenderla incluso una parte de las tropas llamadas a «pacificar» (…) en que las acciones de guerra contra decenas de miles de gentes del pueblo van precedidas de vacilaciones de las autoridades, que no disponen de la posibilidad real alguna para saber a dónde conducirán aquellas acciones militares, en que la masa ve y siente en quienes caen en el campo de batalla, a sus hermanos y camaradas y acumulan nuevas reservas de odio y anhela nuevos y más decisivos encuentros con el enemigo. Aquí ya no es un rufián determinado, sino que es todo el régimen vigente el que aparece como enemigo del pueblo contra el que se alzan armados de todas sus armas, autoridades locales, policías, las tropas, para no hablar de la gendarmería y los tribunales, que como siempre, complementan y coronan toda insurrección popular.

La insurrección, sí. Por muy alejado que estuviese de una «verdadera» insurrección, el comienzo de este movimiento, su continuación y su final apuntan involuntariamente en efecto, hacia la idea de insurrección.» Lenin (4)

Aquí Lenin hacía referencia a los movimientos estudiantiles y manifestaciones obreras que tuvieron lugar en febrero y marzo de 1901, abarcando varias ciudades de Rusia. Pero la descripción se ajusta a lo ocurrido en la tarde del 27 de febrero. Las masas en la calle fueron desconcertando y maniatando al gobierno. Los periodistas en Miraflores no consiguieron a nadie que les opinara algo, mientras el Presidente estaba en el interior del país. Funcionarios corrían de un lado para otro y se alarmaban cada vez más por las noticias que llegaban. A las 4 p.m. cientos de manifestantes, sobre todo trabajadores motorizados, rodearon el edificio de Fedecámaras. Luego de destrozar los vidrios se retiraron. Desde adentro solicitaban protección policial, la cual nunca llegó. Apenas media hora más tarde el Ministerio de Relaciones Interiores da un remitido en el que informan que «reiteramos nuestra resuelta voluntad a no permitir que continúen produciéndose los lamentables hechos que hoy han conmocionado a todos los venezolanos». Acto seguido se dio inició a una represión masiva con la intención de desalojar las calles del centro de la ciudad. La acción policial, al inicio, no fue enfrentada por la gente. Se limitaban a retirarse, a abrirle paso para luego reencontrarse una esquina más allá. Desde los edificios estorbaban el avance de las fuerzas represivas lanzando botellas. Pero a medida que avanzó la represión, los gases y los perdigones provocaron avalanchas humanas que corrían en distintas direcciones llevándose por el medio a los propios piquetes policiales.

En todas las esquinas se prendieron fogatas, incendios. La policía perdió rápidamente el control. «A las 4:30 p.m. comenzaron los incendios de cauchos y autobuses que servían de barricadas en las avenidas Bolívar, Fuerzas Armadas, Lecuna, Sucre, la Plaza O’Leary, La Hoyada, Catia, el 23 de Enero, en todo el casco central, Chacaíto y Petare (…) Luego comenzaron los disparos (…) se habló de varios muertos. Pero la policía, que evidentemente no controlaba la situación también estaba incapacitada para informar detalladamente; lo único que respondían cuando se les consultaba es que la situación estaba crítica en toda la ciudad». (El Nacional 29/02/89)

En la noche el centro es una batalla campal. La mayoría de las personas que caminaban por la calle debido a la falta de transporte se iban incorporando a los saqueos. Uno a uno, los barrios fueron bajando y se generalizaban los enfrentamientos y saqueos en toda la ciudad. Las masas, ahora enfurecidas por los primeros muertos y heridos que dejara la represión policial, se armaron con lo que tuvieron a mano. La policía perdió toda organicidad siendo fácil víctima de la acción del pueblo que las rebasaba. En la madrugada, la mayoría de los policías habían desaparecido de las calles. La represión policial había sido derrotada.

Capítulo Cuarto. La derrota de la represión policial

«A mi me parece que estos brotes de desorden en el país, pueden estar justificados porque la gente no entiende las medidas en su cabalidad, porque además hay mucho acaparamiento y especulación de parte de algunos comerciantes, pero también hay una parte que estamos investigando en estos momentos que pareciera estar dirigida por sectores que todavía no han renunciado a la insurrección.» (Humberto Celli, Secretario General de AD El Nacional, 28/02/89)

«Yo no creo que (las manifestaciones) sean por las medidas porque todavía no han entrado en vigor, creo que el aprovechamiento que está haciendo alguna gente que, lejos de contribuir a que el país resuelva los problemas de una manera armónica, lo que están creando son problemas de alterar el orden público y están atentando contra nuestra estabilidad democrática» (Paulina Gamus, Presidente de la Comisión de Política Interior de la Cámara de Diputados, El Nacional, 28/02/89).

«La discrepancia y la disensión son precisamente la esencia de nuestro sistema democrático. Pero una cosa es la controversia, por encendida que esta sea dentro de los marcos de la legalidad democrática y otra cosa bien distinta es aprovechar esa legalidad para soltarse de todas las barreras de la convivencia social y propiciar la explosión de brotes anarquizantes que pongan en peligro la vida, las propiedades de los venezolanos.

Los asaltos y los saqueos, la quema de automóviles y autobuses, el atraco y la violencia no forman parte de las múltiples expresiones de una sociedad democrática y el gobierno no está dispuesto a tolerarlos» (Extracto del discurso del Ministro de Relaciones Interiores, televisado al país la noche del 27/02/89).

«No me sorprenden (las protestas) pero si me preocupan porque, en primer lugar, notamos que hay un estado de efervescencia en sectores públicos que a la vez son azuzados con otras intenciones. Esta, lamentablemente, es una situación que sucede en todos los países democráticos. No tenemos por qué alarmarnos pero si preocuparnos, sobre todo cuando se trata de provocar disturbios, de provocar desmanes que perjudiquen a la colectividad y que han llegado en algunos lugares hasta el saqueo de productos. Esto no se puede tolerar y tenemos que pedirle a nuestros compatriotas serenidad y confianza» (Carlos Andrés Pérez, El Universal, 28/02/89).

Estas eran las expresiones de los personeros del gobierno durante el día 27 de febrero, parecía ser que no se percataban de la gravedad de la situación. El propio CAP se trasladó a Barquisimeto a inaugurar una «Convención de Ejecutivos», compromiso meramente rutinario. Tal «incomprensión» quiso ser achacada posteriormente a la torpeza de los cuerpos de inteligencia, pero tamaña ingenuidad no la acepta nadie. Para saber lo que pasaba bastaba asomarse a la calle. Empleados del Ministerio de Transporte, ubicado en los pisos cuarenta y más de la Torre Este de Parque Central, de donde se divisan las principales avenidas del centro de la ciudad, comentaron días después, en tono de burla, la cara de pánico, desencajada y con la boca abierta, del ministro Rada, que caminaba de un lado para otro y pegaba la cara a las ventanas sin creer lo que veía.

Después de la primera sorpresa, el pánico y la incomprensión de lo que se había desatado fue creando una parálisis progresiva de todas las instituciones del régimen. Ni los sindicatos adecos, la CTV, la Iglesia, el Congreso, ni ninguno de los partidos del Parlamento, de derecha o de izquierda, estaban ligados a la calle, ni eran capaces de liderizar el proceso. Y menos aún controlarlo. Las miles de llamadas que solicitaban información terminaron por saturar las líneas telefónicas, creando un caos semejante al que en el tráfico caraqueño estaban creando las protestas.

Cuando el gobierno dio la orden a la policía de dispersar a los manifestantes, no fue producto de una decisión «profundamente meditada», sino una reacción convulsiva de un cuerpo que empezaba a asfixiarse. El creer que los métodos policiales ordinarios harían «entrar en razón» a la población, demostró la incapacidad del gobierno para engullir el grueso bocado que él mismo había cocinado.

En el mismo terreno, pero desde diferente ángulo, se ubican los que responsabilizan de la extensión de la onda explosiva a la «ineficacia policial» en los primeros momentos. «Si la policía hubiera actuado con firmeza -se dice- desde el principio no hubiera pasado todo de unos pequeños disturbios el primer día». Otros alaban la actitud policial. «La Guardia Nacional asumió, en esta fase, una postura inteligente de tratar de moderar la ola popular y, en algunos casos, tratar de evitar los saqueos mediante el amedrentamiento» (Revista Sic,# 513, abril 1989). Pero esto está muy lejos de la verdad. La supuesta «blandura» policial tiene otra explicación.

La «insuficiencia» de la actuación policial

En el capítulo anterior se habló de la génesis de protesta en Guarenas. Ahora bien, una vez que se inició la arremetida policial en horas de la mañana, esta no se diferenció en nada de sus tradicionales actuaciones. Las primeras unidades de la GN y la policía, trasladadas desde Caracas, sorprendieron a cientos de personas que bloqueaban la autopista. Muchos heridos de perdigones y balas, fue el resultado de la incursión policial. La gente corrió a refugiarse en el pueblo de Guarenas, pero la misma marea humana concentrada en las calles, fue un estorbo para la huida. «Si en una calle había una barricada, en la otra había un intercambio de pedradas y perdigones: si en una la gente estaba dispuesta a todo, en la otra el tumulto corría asustado» (Revista Momento, 06/03/89). Dentro del caos, el instinto, la rabia y el odio fueron ordenando a la masa. En más de una ocasión, el tumulto que corría, inconscientemente, se llevaba por el medio un piquete policial que luego huía desorganizado. En las esquinas empezaron a concentrarse grupos de personas. Desde allí era fácil atacar para luego huir. Cuando la policía, después de recibir lluvias de piedras y botellas, lograba tomar la esquina, no encontraba a nadie y desde las esquinas adyacentes comenzaban a atacarlos con igual furia. Si intentaban avanzar, se repetía el proceso y se encontraban con que, en la esquina que habían abandonado, un nuevo grupo de gente se había hecho fuerte.

La policía, entrenada para tomar «fortificaciones» fijas a las que pueden asaltar, se encontró con que esta táctica de «pica y huye» los desorganizaba y los atomizaba. El pueblo conoce sus calles, escapes y atajos; contra este «dominio del terreno» no hay entrenamiento militar que valga. Pero limitar sólo a la astucia de las masas y su capacidad en el enfrentamiento, la ineficiencia de la actuación policial, es unilateral: tarde o temprano, por la fuerza material, se impondrían sobre los manifestantes. Hubo otros elementos que, sobre todo en Caracas, jugaron un papel fundamental.

La rapidez con que se extendió la protesta a las ciudades cercanas a Caracas, aún antes de que comenzara todo en la capital, «distrajo» fuerzas policiales que fueron trasladadas a esos sitios, las cuales a mediodía, cuando ya el centro de Caracas empezaba a ser controlado por las manifestaciones, estaban agotadas. Al crecer el número de «focos» que atender, se desconcentraron los mandos policiales que actuaron sobre la inercia de las ordenes iniciales, sin saber ni confiar en la efectividad de lo que decidían.

Hay que recordar que en los meses anteriores, cuando los estudiantes escenificaron protestas «simultáneas» en la ciudad, en el IUP «Luís Caballero Mejías» (La Yaguara), el Pedagógico (El Paraíso) y la Universidad Central, la policía se mostró insuficiente teniendo que recibir el auxilio de la Guardia Nacional, a pesar de ser sólo tres puntos y estrictamente localizados. Ahora se encontraron con innumerables puntos de manifestaciones; las concentraciones de personas no se sabía donde comenzaban ni donde terminaban. Cualquier grupo en una esquina hacía una barricada para interrumpir el tráfico y era un nuevo «foco» de protesta. Las fuerzas policiales tratando de atender todos estos puntos, terminaron atomizándose en pequeños piquetes que no superaban la docena de policías.

Entonces entró en juego un elemento importante. Los pequeños piquetes, salvo raras excepciones, no podían llegar a atacar. El instinto no se los permitía, eran superados fácilmente en número y fuerza. La consulta a los mandos superiores tampoco los orientaba. Hay la ficción de que «se dio orden de no reprimir»; lo que conocimos ese día de boca de los propios policías, es que «no había ninguna orden, cada oficial responsable de la unidad debía actuar conforme a su criterio». Y el criterio que prevaleció, el que la realidad indicaba, es que no se podía reprimir. En esto también influyó la reacción de la gente que ocupaba las calles.

Ante la presencia del piquete policial, la gente se tranquilizaba tratando de «no provocarlos»; en realidad, la convicción de que se «tenía razón y la protesta era pacífica», armaba a la gente de tal manera, que no permitía la huida. La idea de los policías de que su sola presencia bastaría para disuadir a los grupos que estaban en la calle, se desvaneció rápidamente. El pueblo continuaba en lo suyo. Pero así como no huían, tampoco repelían la presencia policial. Por el contrario, después de unos minutos de tensión, las personas se acercaban a conversar con ellos. Nadie veía la necesidad de buscar un enfrentamiento y hacía caso omiso de algunos más desconfiados. También la composición de la gente influyó: amas de casa, trabajadores con sus ropas de trabajo aún puestas, oficinistas, etc.

El uniforme cede…

Si hubieran sido grupos mayoritariamente estudiantiles, a los que su propia experiencia los ha llevado a una razonable desconfianza hacia los cuerpos policiales, seguramente hubieran buscado el enfrentamiento directo. De hecho esto ocurrió en los alrededores de la Universidad, donde hubieron fuertes enfrentamientos desde horas de la tarde, cuando en el centro la policía aún se mantenía inerme. Allí no eran «muchachos universitarios» contra los cuales les inculcaron odio. Aquí, ancianos, mujeres, niños, gente de la calle se acercaron a ellos para «calmarlos», para «explicar» por qué la protesta, por qué interrumpían el tráfico. «Ya no se puede vivir así, oficial, por eso protestamos pacíficamente», les decían muchas personas. La institución policial comenzó a quebrarse bajo la presión de las masas. La disciplina, la obediencia, la subordinación, toda esa ideología inyectada por la clase dominante, empezó a mezclarse con la afinidad, con los problemas que escucha, que también son los suyos: su afinidad con la gente del barrio donde vive, esta afinidad es el origen de la «desmoralización policial»; sin mandos ni órdenes superiores, dejado en la calle actuando a su «propio criterio», dejó de ser el funcionario defensor de los intereses de la clase dominante, para ser uno más del pueblo, lo que siempre ha sido bajo el oprobioso uniforme.

El policía fue sumándose a la gente que protestaba, dejándose arrastrar por los acontecimientos. En su conciencia se mezclaba el policía y el asalariado explotado; en muchos sitios introdujo un «factor de orden», en los saqueos que habían comenzado, al intentar organizar filas, colocar «las damas y las personas mayores primero». En distintos puntos, amas de casa se acercaron al policía a denunciar un acaparador señalando el comercio cerrado, este procedía a romper el candado y repartir lo «confiscado», pendiente que no se rompiera nada, que no hubiera «vandalismo ni desorden». En todo caso él seguía siendo, un «servidor público». ¿Acaso el propio Presidente no calificó, días atrás, a los acaparadores como delincuentes?

En otros sitios, ayudaban a evitar conflictos. En la barricada que trancaba la autopista, frente a la Charneca, se abrió paso a una ambulancia, un conductor, hecho el pendejo, quiso colarse y fue detenido por los manifestantes: resultó ser un oficial de la GN y no se sabía que hacer con él. Una asamblea rápida tras la barricada, discutía sobre la conveniencia de dejarlo pasar o no. Un grupo de policías observaba la discusión, sin participar en ella. Tomada la decisión, uno de los policías fue a informar: «Mi oficial, me permito decirle, que la gente decidió, que no podía pasar, es mejor que retroceda». En una barricada en la avenida Lecuna, unos policías conversaron para que se le diera paso a un autobús de escolares que salían del Parque Central y así se hizo. Los propios policías ayudaron a quitar los obstáculos y luego, a ponerlos de nuevo en su sitio.

Hay que resaltar, que la policía de Caracas, tenía más de un mes de sueldos atrasados; que la inflación, el desabastecimiento y el paquete de medidas, también deterioraban aceleradamente, su ya bajo nivel de vida. Esto fue varias veces tema de conversación en la calle. En medio de la gente, aún sin terminar de abandonar su condición de policía, brotaba su situación de miseria, como la de cualquier trabajador. En cierta manera, en la tarde del 27 de Febrero, aún antes de comenzar la represión, ya el pueblo había comenzado a ganar la batalla. «La vacilación de las tropas, que en realidad es un hecho inevitable en presencia de todo movimiento verdaderamente popular, conduce al agudizarse la lucha revolucionaria, a una verdadera lucha por ganarse el ejército» V.I. Lenin (5).

Pero sería un sueño pretender que el «paso de la policía al lado del pueblo», se llevaría a cabo de una manera pacífica y simultánea. Años de educación y entrenamiento no se borrarían con sólo «razonamientos y simpatías»; sólo la fuerza de los hechos puede romper esas ataduras. Hay en la policía, y en general en el ejército, corrientes diversas que se entrecruzan. La mayoría duda y no es capaz de deponer sus armas o apuntar hacia el gobierno, sino cuando advierte la posición de las masas y la posibilidad de una victoria y esto no se logra sólo con propaganda. Es preciso que vean con toda claridad que el pueblo se ha echado a la calle a una lucha decisiva, no en una manifestación contra las autoridades, sino para derribar al gobierno.

Se ordena la represión

Cuando la policía comenzó a atacar, sólo una minoría de ellos no respondió a la orden; entre la gente también se encontró huyendo de la represión policial. La mayoría respondió a la orden de represión, atacando a las masas que estaban inermes.

Los primeros muertos cayeron víctimas de las balas y perdigones disparados por la policía, GN, PTJ y DISIP, que, por orden del gobierno, procedían a desalojar el centro de la ciudad. Sólo que el pueblo no abandonó las calles que ya había ganado.

Lo sucedido en Guarenas, reagrupamiento en las esquinas, lluvia de piedras y botellas, incendio de comercios y fogatas en las calles, fue como calcado al carbón en Caracas, sólo que en mayores proporciones. El centro se convirtió en un campo de batalla sin aparente orden ni concierto; de todas partes salían piedras y botellas. Los grupos policiales atomizados, se encontraban rodeados por las turbas; desde todas partes eran atacados, de las calles, las ventanas de los edificios; ni aún disparando a quemarropa sobre los manifestantes lograban detener la furia de las masas. Y entonces comienzan a replegarse, cuando no, a huir en desbandada.

Miles de personas que salían de las estaciones del metro aumentaron continuamente la cantidad que enfrentaba a la policía. Los saqueos fueron extendiéndose como una mancha de aceite a toda la ciudad. El caos fue dando paso a una mayor organización entre los manifestantes basados en su instinto y la solidaridad, lo cual terminó de desbaratar la acción policial que no terminaba de organizarse. Pequeñas asambleas donde intervenían dos o tres personas para proponer lo que había que hacer, se hacían en pocos minutos. La inmediata movilización de las masas a ejecutar lo propuesto, era la señal de asentimiento. No había espacio para verborreas típicamente parlamentarias. A medida que avanzaban las horas, los barrios bajaban uno tras otro. Las personas que llegaban con bolsas desde el centro y enseñaban el producto de sus saqueos, animaban al resto; en pocos minutos una nueva turba, un nuevo barrio, iniciaba otros saqueos.

En un barrio, un piquete policial, mantenía a raya a los habitantes concentrados dos cuadras más arriba. Surge la discusión sobre qué hacer; cinco o seis se proponen para enfrentar a los policías, mientras los demás apoyan. Para respaldar su decisión muestran sus pistolas. En pocos minutos todo el barrio se mueve, mientras el grupo se atrinchera en distintos puntos y dispara sobre el piquete policial, cientos de jóvenes arrojan piedras y bombas molotovs que les son entregadas por mujeres y personas mayores (incluso ancianos). Los containers de basura, colocados normalmente en la entrada de los barrios, al encenderles fuego, sirven como efectiva barricada. Tras unas horas de enfrentamiento, los policías abandonan la batalla. El triunfo es coreado por todos, que ahora, jubilosos, se dirigen a la avenida, donde comenzaron a «vaciar», un negocio tras otro.

Con una u otra variación, se repitió el proceso en los distintos barrios: «En la calle Atrás de El Rosario, Antlmano, un policía «dirige» el saqueo del Automercado Central. Sentado en la patrulla hablaba por el altoparlante:- Me hacen el favor doñitas, con orden, poco a poco

Cientos de mujeres y niños salen a través de una santamaría reventada. En la madrugada hubo una auténtica batalla. En el tiroteo un efectivo de la PM resultó gravemente herido. Entonces se llegó a un pacto: los hombres permanecerían arriba, detrás de las barricadas y sólo las mujeres y niños podrían bajar a hacer el arrase. Pero eso sí, con orden y cultura. Bajo la mirada y dirección délos policías quienes se doblegaron ante la realidad» (El Nacional, 01/03/89).

En otro sitio, una inmensa cantidad de personas, asaltan una mueblería a medianoche; un grupo policial se acerca y hace varios disparos, el grupo no se inmuta y sigue su labor. Sólo uno, sin camisa y con una bandera de Venezuela se les acerca y les grita «No nos van a parar, necesitamos esto y no podemos comprarlo, si nos van a matar por eso, disparen de una vez, es mejor que morir de mengua», los policías no responden. El hombre vuelve a incorporarse al saqueo. Minutos después los policías se retiran.

Un policía llama desesperadamente por su radio, pidiendo refuerzos, (cientos de personas se abalanzan sobre ellos), sólo recibe como respuesta: «Por favor, deje el canal libre, sólo se debe utilizar para casos de emergencia». Ante esta increíble respuesta, optaron por huir, abandonando el módulo policial. En pocos minutos, éste era incendiado por los manifestantes.

Fue así como se quebró la represión policial. Toda la ciudad, se había transformado en un inmenso complot contra las fuerzas policiales. Abandonados a su suerte, aislados de sus mandos en medio de una batalla y convencidos de que hicieran lo que hicieran ya no controlarían nada, seguir en la calle era arriesgar la vida y no valía la pena por unos comercios que no eran suyos, sino de acaparadores y especuladores. La convicción que disparaban en dirección equivocada, era cada vez mayor. En la madrugada del martes, cansados y sin relevos optaron por retirarse a sus casas o bien incorporarse abiertamente a los saqueos y cargar las patrullas con comida, electrodomésticos, lencerías, etc. La Policía Metropolitana desapareció totalmente, al igual que gran parte de la DISIP, Petejotas y Guardias Nacionales.

Lo que quedó de las fuerzas represivas fueron patrullas aisladas que se desplazaban a toda velocidad, disparando a diestra y siniestra, cuyos integrantes estaban presos del pánico, en una ciudad que era su enemiga. Esta es la realidad de la «blandura policial». La insurrección derrotó a las fuerzas policiales y las ganó para su lado, pero antes les propinó una dura derrota. A un alto costo de sangre, entre la noche del 27 y la madrugada del 28, el pueblo caraqueño acabó con las fuerzas policiales. El policía, que ya no lo era, pasó a formar parte de las turbas de saqueadores, «También hacía desastres, imitando y dándole ejemplos negativos a la población» (El Nacional, 01/03/89).

¿Quién dirige la protesta?

Así amaneció el 28 de Febrero. Sin embargo, aún queda una interrogante por responder: ¿Quién dirigió todo lo ocurrido el día 27? Ese lunes, las masas desbordaron los «cauces naturales» que les impuso la democracia burguesa durante treinta años. La protesta no siguió ninguna pauta preestablecida. Fue una lucha contra las condiciones de vida que les habían impuesto durante los últimos años y que ahora el paquete amenazaba empeorar. En la calle se concretó la ruptura de la confianza que depositaran en CAP y se sentían traicionados. Las masas mediante la protesta, colocaron en la ilegalidad toda la política del gobierno y al gobierno mismo. Fue un ruidoso plebiscito que decía NO al gobierno de CAP.

Pero no tenía una consigna, un objetivo preciso. Toda la protesta contra el gobierno, no se concreta en algo distinto al descontento. Apenas a dos cuadras del Palacio de Miraflores, sede del gobierno, ardía una barricada. Cientos de personas circulaban por el frente haciendo caso omiso a las «fuentes del poder». La falta de organicidad y de objetivo, fue lo que hizo insuficiente la primera victoria de la insurrección: el dominio de las calles por el pueblo. Pero eso no fue más adelante porque le faltó una dirección y un programa que la orientara.

La mentalidad estrecha de los organismos represivos quiso buscar responsables en una organización previa, en la obra de grupos subversivos. Pero la lógica de los hechos ocurridos llevó a preguntarse a más de uno: ¿Cuál organización? Al igual que nosotros, cientos de activistas, se incorporaron a la protesta, algunos incluso después de horas de haber comenzado, sorprendidos y contentos de la respuesta que el pueblo daba en las calles. Cada quien puso su empeño en organizar al torrente de personas que se volcaba a las calles, pero sólo una distorsión exagerada de la realidad vería en este reducido grupo de personas, la dirección de lo ocurrido el 27 de Febrero.

Ninguna organización o grupo, estuvo en capacidad de convertir una pequeña toma del Terminal del Nuevo Circo a primeras horas de la mañana, en decenas de miles de personas en la tarde. Nadie podía poner a la gente simultáneamente en toda la ciudad a hacer barricadas, a neutralizar a la policía y cuando comenzó la represión a detonar los barrios uno tras otro y extender la ola explosiva al interior del país. Fueron esas condiciones excepcionales producto de la acumulación de resentimientos durante varios años, el marco latinoamericano de países reventados por las políticas económicas del FMI y la convicción que el paquete CAP-FMI nos lanzara en un abismo de miseria, lo que dio inicio a las manifestaciones. El gobierno incitó a los trabajadores y el pueblo a la insurrección al desatar la represión, disparar sobre personas indefensas y provocar con ello los enfrentamientos. El 27 de febrero demostró que el movimiento de masas puede llegar a enfrentar violentamente a la represión, al gobierno y la fuerza de este movimiento puede poner en jaque a un gobierno y al Estado mismo, pero sólo la existencia de una dirección revolucionaria, capaz de ganarse la confianza de las masas, podrá orientar y garantizar el triunfo. Esta dirección no existió.

Algunos «analistas» vieron esa dirección en los estudiantes, más aún cuando el gobierno desató una implacable persecución contra el movimiento estudiantil días después. También para mucha gente los estudiantes dirigieron la protesta, pero esto sólo es una verdad a medias. Aunque la protesta se inició en Guarenas, lo cierto es que el detonante de las manifestaciones en Caracas fue la toma del Terminal del Nuevo Circo, por los estudiantes del IUP «Luís Caballero Mejías», como dijimos antes. Pero esta toma apenas la hicieron cincuenta estudiantes que rápidamente se encontraron desbordados por la cantidad de gente que se sumó en pocas horas.

También es cierto que los estudiantes tienen el respeto y la admiración del pueblo, por haber sido prácticamente los únicos en denunciar y enfrentar permanentemente el gobierno de Lusinchi, por ser los que desde hacía dos años venían saliendo consecuentemente a la calle, lo cual le había costado, varios muertos. Por esta razón los estudiantes fueron escuchados con atención en los grupos de conversación que se formaban en las calles. Cuando no lo hacían por su cuenta, era la propia gente la que los impulsaba a hacerlo, al preguntarles qué hacer y pedir su opinión. Una vez desatada la represión los estudiantes pusieron toda su experiencia en el enfrentamiento callejero y las masas en la calle comenzaron a tomar los métodos de los estudiantes: las barricadas, el hostigamiento a la policía, las molotovs.

Pero estos hechos responden a una actuación individual de una vanguardia estudiantil. El estudiante allí era un manifestante más parte del pueblo, sin ninguna relación orgánica con su universidad, con el movimiento estudiantil. Todos los activistas universitarios se incorporaron a las manifestaciones el 27 de Febrero por su cuenta, sin un plan definido, sin discusión ni organización previa y sus directrices no respondían a ninguna orientación coordinada. Era su experiencia personal al servicio de la protesta popular. La propia FCU-UCV fue sorprendida por los sucesos en la calle, el día 27. En declaraciones a la prensa en horas del mediodía, la FCU exigía «respeto al pasaje estudiantil» e insistía en invitar a una marcha para el jueves 2 de marzo, es decir el mismo plan de acción acordado el sábado 25 y que las masas habían rebasado desde la mañana del 27 de febrero.

Esto no pretende minimizar el papel de los estudiantes, sino desmitificar la intención del gobierno de colocarlos como «chivos expiatorios» de la insurrección. El pueblo reconoce en los estudiantes su consecuencia y el valor demostrado durante todas las jornadas. Yulimar Reyes, Juan Carlos Celis y otros compañeros, activistas universitarios, quienes cayeron en los primeros enfrentamientos con la represión, quedarán grabados en nuestra memoria.

Al extenderse los saqueos y enfrentamientos a toda la ciudad, los barrios pasaron a ser el elemento fundamental de la insurrección. La salida de la gente de los barrios, la «bajada de los cerros» desde las primeras horas de la noche del 27, introdujo dos nuevos factores. El primero, es que estos grupos, de cientos de personas del mismo barrio, que se conocían entre sí, que han vivido durante años en la misma zona, eran mucho más sólidos y organizados, a diferencia de las manifestaciones del centro de la ciudad, más espontáneas y dispersas. Los barrios bajaban con el objetivo concreto de saquear los comercios; la solidaridad y la vivencia del barrio convertía estas «hordas» en una masa compacta, mejor organizada y que con mayor facilidad enfrentó la represión policial.

El segundo factor fue el armamento; entre los grupos que bajaban de los barrios había numerosas personas armadas, las pistolas, revólveres, escopetas que existen en cualquier barrio popular del mundo, salieron a la calle. Las noticias sobre la represión desatada en el centro de la ciudad, hacían más necesario el armamento, de hecho, sin esta «protección» difícilmente hubieran bajado. Los piquetes «de muchachos armados», fueron los nuevos dirigentes. Protegían a la gente de su barrio mientras saqueaban. Enfrentaban a los cuerpos policiales sostenidos por toda la población armada de piedras y botellas. «Las autoridades no podían hacer mucho más que pararse a ver cómo actuaban las masas, ya que estaban en fuerte inferioridad numérica en algunos sectores de Caracas también los superaban en cuanto a armas» (VenEconomía, Volumen 7, #11 02/03/89). El «poder de fuego» fue el nuevo lenguaje y cientos de muchachos se colocaron a la cabeza de su barrio, derrotaron a la policía y «nuclearon» la protesta. Estos nuevos «dirigentes» los impuso la necesidad del momento. La insurrección continuaba sin una dirección que la orientara. Pero tampoco se movía al garete; dentro de su espontaneidad, iba creando su propia organicidad; una organicidad para resistir, pero insuficiente para dirigirla hacia un triunfo decisivo.

Capítulo Quinto. 28 de febrero: el pueblo domina las calles

«Se liberaron las trabas y el pueblo, o la canalla, según se mire, salió a la calle con una avidez, con un deseo, con un hambre que ni las balas pudieron parar. Y los policías no fueron la excepción (…) ya no quedaba negocio sin saquear. Todas las santamarías de los comercios ubicados en la avenida habían sido rajadas o forzadas (…) No bien había desaparecido el grupo de militares armados cuando reaparecían los saqueadores. Y ya nadie más los detuvo, la gente continuó bajando.

Con un júbilo, con una desfachatez, con una determinación, que en pocas horas la anarquía era ley. El robo, el saqueo, la rapiña, se convirtieron por obra de la acción popular, en acciones aceptables, en normas convenidas con la propia policía. La gente bajaba por el desquite.» (Roberto Giusti, El Nacional 01/03/89)

A primeras horas de la mañana la calle estaba repleta de piedras, restos de fogatas, vehículos incendiados, rastros de una batalla nocturna. Algunos que intentaron dirigirse a sus trabajos no encontraban transporte. Los que lograron llegar por sus propios medios encontraron las puertas cerradas, casi nadie pensaba en ir a trabajar. En los hechos, existía una huelga general no convocada por nadie.

El pueblo se volcó a las calles, era su dominio. Las ocupaba no en la forma en que lo había hecho el día anterior, ahora lo hacía con una furia inusitada, con una sed de venganza. Saqueaba, destruía, incendiaba sin que nadie se lo impidiera. Las masas disfrutaban de su nuevo control. En grandes grupos recorrían las calles cargando de todo en camiones, vehículos o simplemente a pie. Algunos comerciantes pequeños abrieron sus puertas por propia iniciativa o en acuerdo con la gente que se llevaba de todo pero sin destruir el local. Establecimientos más grandes como supermercados, fábricas, etc., fueron asaltados rompiendo puertas, vidrieras, todo el mobiliario y en muchos casos, incendiados después del saqueo.

Las masas expropian a los acaparadores

«En la intercomunal de Antímano, la turba invadió los depósitos y la fábrica de Pastas Ronco, mientras los propietarios observaban impotentes un robo que parecía no serlo. Camionetas, camiones, motocicletas, salían cargadas hasta los topes y algunos conductores disparaban al aire entre carcajadas y gritos.» (El Nacional 01/03/89)

La acción de las masas no tenía límite. La gente bajaba de los barrios con todos los implementos necesarios para hacer su mercado mientras arriba se preparaba el festín. Poco a poco, el pueblo se fue haciendo de todos aquellos productos que se les había negado, o por el acaparamiento, o por sus bajos ingresos. De la comida se pasó a los electrodomésticos, herramientas, vestidos, zapatos, televisores, betamax, computadoras, etc., que pasaron a formar parte del botín de los barrios. Caravanas de vehículos con neveras, cocinas o costillares de carne, circulaban por toda la ciudad.

En el centro, a una cuadra del Congreso Nacional, cientos de personas se introducen por las vidrieras rotas, con toda calma se sientan y se miden los zapatos que escogen. Un señor pasa frente a la gobernación empujando un colchón que lleva sobre una patineta. Una familia completa lleva varios muebles. «Es el tercer viaje que hacemos» dicen con una cara sonriente. En la avenida Andrés Bello, cientos de personas «mudaban» a la OCP, una de las mayores tiendas por departamentos de la capital.

En la Yaguara un depósito de harina fue tomado, miles de paquetes que habían desaparecido del mercado se encontraban en sus depósitos repletos. También una docena de camiones estaban llenos; entre varios lograron encender los motores y llevárselos a los distintos barrios. Cientos de vehículos cargados circulaban por la avenida; un joven desesperado buscaba a alguien con un vehículo para trasladar una computadora. En otra parte, un señor pregunta a otro si «es verdad que sabía usar el horno de microondas para que se lo explicara». Cada uno llevaba su caja debajo del brazo. Así fue cada quien cubriendo sus necesidades.

Y este es un triunfo indiscutible de la insurrección. Con el producto de los saqueos las masas comieron como no lo hacían hace tiempo. Lograron llenar las neveras vacías desde meses. Dieron a sus niños la comida que, desde los meses finales del gobierno de Lusinchi estaba desaparecida o con precios inalcanzables. Expropiaron masivamente a los especuladores, a los patronos que desabastecieron el mercado para «remarcar» precios. Encontraron y llevaron la harina, el aceite, el café, azúcar y pastas que los industriales aseguraban no tener. De esta manera, el pueblo saltó todas las barreras, todos los prejuicios y proveyeron a sus familias de lo que la sociedad capitalista les niega y sólo es para beneficio de unos pocos. Todo el pueblo se sintió orgulloso de lo que hizo. «No estoy arrepentida. Fue un saqueo honrado. En mi casa hay comida y cuatro bermudas, una franela, un par de zapatos y una correa para mí. ¿Lo volvería a hacer? no sé» (El Diario de Caracas 07/03/89)

Junto al saqueo se daba rienda suelta a todo el odio contenido. Cientos de módulos policiales fueron incendiados. Destrozados bancos, cajeros automáticos, vallas de propaganda. Los comercios de acaparadores fueron víctimas de esa justicia popular que tomó las calles del país. Prácticamente todas las ciudades importantes, incluso algunos pueblos de difícil ubicación en el mapa, fueron arrasados por la onda de saqueos.

Pero la violencia no era indiscriminada, tenía su lógica. Todos los informes coinciden en que la mayoría de las farmacias y escuelas fueron respetadas. Así mismo los negocios cuyos dueños gozaban del aprecio de sus vecinos. «Lo único que se salvó aquí -declara un vecino del barrio San Andrés, en El Valle- fue la ferretería Futuramic. Nadie la saqueó porque el dueño es un venezolano buena gente, que vende barato, fía y se porta bien con el barrio. Por eso la gente protegió ese negocio.» (El Nacional 03/03/89)

Aunque la radio no se cansaba de insistir en lo peligroso que era salir a la calle tomada por «bandas de facinerosos y delincuentes» la realidad era otra. En medio del aparente caos, el pueblo ejercía su control. En los saqueos no había riñas ni peleas. Las decisiones tomadas de no saquear determinado establecimiento eran respetadas. Además, nadie se quedaba vacío; el que llegaba tarde siempre recibía algo del que llevaba «mucho». En los barrios, el trueque y el regalo permitían ayudar al que agarró menos. Toda la violencia, los abusos, la inseguridad de la cual hablaron los comentaristas a posteriori, no se compaginan con la realidad de los barrios, allí todo era un festín. Incluso, en algunas partes se hicieron parrilladas y fiestas con carne y equipos de sonido «recién adquiridos».
La fuerza revolucionaria de lo espontáneo

La violencia desplegada por las masas contra la ciudad es lo que aterrorizó a los que quedaron encerrados en sus casas, en especial un sector de la clase media, mientras la muchedumbre devastaba todo. A otros les fue inadmisible, aún aceptando la protesta, la fuerza destructora espontánea de las masas. «En general, personas inadaptadas, desligadas de la vida cotidiana del común, no representativa de la mayoría del pueblo venezolano sano y noble.» (Revista SIC # 513, abril 1989). Así describe Arturo Sosa, cabeza de la iglesia «progresista» de Venezuela a los actores del 28 de febrero. En general muchos no vieron en la acción desplegada por las masas sino sus «fallas».

Esto es cerrar los ojos a todo el proceso. Lo que se abrió fue un dique incontenible de descontento que desencadenó toda su fuerza, como las aguas de un río que se desborda arrastrando todo a su paso. Esta fuerza, este poder es el que una dirección revolucionaria, con la confianza de las masas, como factor conciente de un proceso inconciente que se rebela en el pueblo, empuja contra su enemigo: la burguesía y su gobierno. Una dirección revolucionaria que la insurrección no tuvo. El carácter espontáneo del 27 de febrero fue su fuerza inicial, pero también su debilidad que diluyó toda su potencia. Pero esto no desvirtúa en nada todo el desarrollo insurreccional, por el contrario, deja enseñanzas fundamentales sobre el proceso de movilización de las masas.

«Manifestaciones en las calles, devastación de haciendas, incendios, etc. Todo se descompuso, todo se convirtió en un caos. Y al mismo tiempo, en este caos, se despertaba la necesidad de un orden nuevo cuyos elementos cristalizaban ya. Las reuniones en las calles que se repetían regularmente traían ya, en sí mismas, un principio organizador (…) Pero como la agitación de las fuerzas elementales desborda el trabajo de la conciencia política, la necesidad de obrar dejaba muy atrás la febril elaboración organizadora.

En esto reside la debilidad de la revolución, de toda revolución, pero en lo mismo consiste igualmente su fuerza. Quien quiera poseer influencia en la revolución tiene que asumir su carga entera. Los tácticos demasiado razonadores, que se imaginan sea posible tratar la revolución como un espárrago, separando a su gusto la parte nutritiva del desperdicio, están condenados a un papel infructuoso. En efecto ni un sólo acontecimiento revolucionario crea condiciones «racionales» para el empleo de su táctica «racional»; así fatalmente, quedan fuera y detrás de todos los acontecimientos.» León Trotsky, (6)

Es esta locura, esta irracionalidad, la que no entienden algunos como Arturo Sosa. «Esta fase es en conjunto negativa, pues se provocan daños a personas y bienes sin control, con peligro de que se le achaquen en conjunto al pueblo acciones de las que son responsables grupos minoritarios o al retraso con que el gobierno tomó medidas más efectivas» (Revista Sic cit.)

En las frases anteriores de Sosa se nota un velado reclamo por la tardanza del gobierno en tomar «medidas efectivas». Pero ¿existió tal retraso?

El gobierno paralizado

La derrota de la represión policial, la huelga general de hecho, que paralizaba al país, y la furia incontenible de las masas en la calle, desorganizó toda la estructura del Estado sobre la que se ha apoyado la democracia capitalista en los últimos treinta años. Ninguna institución funcionaba, nadie podía ejecutar nada sin tropezar con el desconcierto. Cualquier decisión iba precedida de vacilaciones y nadie sabía a ciencia cierta si serían ejecutadas y a dónde conducirían. El gobierno era un cascarón vacío al que se le oponía el poder concreto de las masas en la calle que ejecutaban y llevaban adelante lo que decidían. Había un vacío de poder. Inconcientemente el pueblo cuestionaba el hecho de quién debe gobernar el país, quién debe ejercer el poder. Se abría una crisis revolucionaria.

El gobierno no podía echar mano de los mecanismos políticos del régimen pues éstos no funcionaban. Los ministerios estaban vacíos, los ministros desaparecidos; no fue posible montar una reunión de gabinete completo para el mediodía del 28 a pesar de la urgencia que la situación ameritaba. El Congreso de la República era lo mismo, el edificio administrativo en la esquina de Pajaritos perdió su seguridad habitual, se entraba y salía sin problema, las oficinas estaban desiertas al igual que el estacionamiento. Los «dirigentes políticos» habían desaparecido. Familiares de personeros gubernamentales salían de Caracas a toda prisa. Grandes burgueses abandonaban el país. El gobierno había perdido el control de la situación. «Era la opinión general de que peligraba gravemente la estabilidad del sistema mientras el gobierno bailaba en la cuerda floja.» (El Universal 14/05/89)

Tampoco el ejército, que empezó a patrullar las calles desde el mediodía del 28 de febrero podía contener la situación. Por el contrario la tropa parecía estar vacilante. En los alrededores del palacio de Miraflores fueron colocadas varias tanquetas y entre ellas, por la avenida Sucre, circulaba la gente con sus mercaderías. En todas partes los soldados no se atrevían a disparar sobre las personas que seguían saqueando. Sólo la oficialidad y grupos de las brigadas paramilitares que circulaban por la ciudad en Jeeps artillados con metralletas de alto poder, con las caras pintadas y pañuelos en la frente estilo «Rambo», disparaban sobre los grupos, dispersándolos momentáneamente y causando varios muertos. Pero no lograban contener ninguna posición. Su labor de amedrentamiento sólo causaba mayor furia, la gente rodeaba a las víctimas, las auxiliaba y el rencor buscaba salida incendiando y destruyendo con más saña. En varias partes las tropas de soldados impidieron la acción de estos paramilitares. No conocemos que hubiera algún enfrentamiento armado entre ellos pero si de fuertes discusiones y gritos entre oficiales que comandaban patrullas de soldados, y los grupos de asalto paramilitares. De hecho, el ejército empezó a ser preso de la crisis. Tampoco sabía qué hacer, bajo qué plan actuar.

Sin embargo, en medio de esta parálisis de las instituciones del régimen democrático-burgués la insurrección no se mostró lo bastante fuerte como para demoler la maquinaria gubernamental destruyendo al régimen. De haber sido así hubiéramos asistido a una revolución. Pero para ello habría sido necesario que el vacío de poder existente fuese llenado por nuevas instituciones, organismos de poder de las masas, reconocidos por ellas o por franjas masivas de trabajadores y el pueblo, que se hicieran cargo de la nación. Pero tales organizaciones no existían, ni tampoco una dirección que concientemente diera una orientación a las masas en ese sentido. La insurrección logró paralizar al régimen y dejarlo herido de muerte, pero por sí sola no podía demolerlo y sustituirlo por uno nuevo, a menos que existiese el nuevo poder organizado capaz de sustituir al viejo régimen liquidado.

Antes de la noche de ese segundo día de insurrección, ésta produjo un nuevo triunfo: Fedecámaras y la CTV anunciaron al país un «feliz acuerdo» mediante el cual todos los trabajadores recibirían un aumento de dos mil bolívares (aproximadamente $53) y una inamovilidad laboral por tres meses. Días de engorrosas discusiones se habían destrabado bajo la presión de las masas en lucha. El llamado a la vuelta al trabajo y reestablecer la normalidad cerraron la intervención de empresarios y burócratas sindicales. Ese acuerdo firmado en Miraflores bajo la mirada apremiante del gobierno reconocía, de hecho, que la conmoción que vivía Venezuela desde hacía treinta y cinco horas, no era producto de «agitadores».

Garantías suspendidas

A las cuatro de la tarde el gobierno suspendía una serie de garantías constitucionales. Como si fuera una broma, le correspondió al director de información del gobierno, Pastor Heydra, (ex-dirigente de izquierda, primero del PCV y luego del MAS, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UCV cuando el primer mandato de CAP, opositor antiadeco antes y ahora sirviente acólito), leer las garantías suspendidas. Libertad de prensa, libertad de manifestar, libertad de reunión, de opinión, inviolabilidad del hogar, prohibición de ser detenido sin juicio previo, en fin una cantidad de derechos permanentemente violados que ahora eran suspendidos oficialmente y en forma generalizada. Luego Carlos Andrés Pérez le hablaría al país. Del fogoso y sonriente orador, ahora quedaba un hombre nervioso, enredado en las palabras. Su discurso fue para ratificar el paquete del FMI y «apelar» a la «voluntad de sacrificio» del pueblo venezolano y abrir las puertas al genocidio contra las masas populares que él, con su paquete hambreador había llevado a la desesperación y a la insurrección para comer.

Momentos antes había consultado a los sectores de oposición parlamentaria. A pesar de no lograr consenso, las diferencias se limitaron a la suspensión de garantías, sobre cuáles suspender o no y nunca sobre el estado de sitio. El MAS, por ejemplo, opinó que era necesario «reestablecer el orden público sin suspensión de garantías. Es cierto que ha habido graves desbordamientos y que se ha creado un clima de zozobra, inseguridad y miedo» (El Nacional 05/03/89). El justo reclamo de que fueran respetadas las garantías constitucionales partía de aceptar la legitimidad de la represión.

Y precisamente ese era el problema. Las masas habían volado por los aires toda la «legalidad» burguesa, cuya «norma» establecida por esos días era la «legalidad» del acaparamiento, del remarcaje de precios, de un paquete económico contrario en todo y por todo a la orientación que el pueblo aspiraba cuando votó por Carlos Andrés Pérez.

Pedir al gobierno que garantice la «paz y tranquilidad» es admitir que ese gobierno, que estafó la voluntad popular, tiene derecho a reprimir brutalmente a un pueblo que en las calles da su veredicto sobre su gestión. Es no tener en cuenta que aún la democracia capitalista más completa recurrirá a la represión más feroz para contener a las masas. Si se exigen «medidas efectivas» al gobierno, al enemigo del pueblo en las calles, se respalda cualquier cosa que se haga contra ellas. Oponerse a la suspensión de garantías mientras se exige al gobierno que imponga «orden», es como pedirle a un asesino que sea «respetuoso» con sus víctimas.

Pero además, ya los derechos constitucionales no existían. No hay derecho de opinión, reunión o manifestación, cuando la represión intenta impedirlo. Si las masas populares seguían opinando, reuniéndose y manifestando era porque habían derrotado la represión policial, no porque se los concediera el gobierno, ni la Constitución. No se puede hablar del «derecho a la vida», cuando antes que se suspendieran las garantías cientos de personas estaban siendo ametralladas en las calles.

La suspensión y el estado de sitio eran el inicio de una ofensiva del régimen para recobrar el control de las calles y las ciudades. Pero más fácil fue decirlo que hacerlo. En la Universidad Central de Venezuela, el decreto de estado de sitio, hizo temer la ocupación militar de la ciudad universitaria. Lo razonable parecía ser abandonarla ante la imposibilidad de hacer resistencia ante tal eventualidad. Después del lunes 27, cuando la cabeza de la insurrección estaba en los barrios, la universidad quedó vacía y tranquila, contrario a lo que pasaba en el resto de Caracas. Sin embargo cientos de activistas circulaban por el local de la FCU centralizando la información de lo que ocurría en los distintos puntos de la ciudad. Allí se mantenía contacto con el interior del país; con la prensa internacional y con varios hospitales, por esto se decidió seguir allí a pesar del peligro que representaba.

En horas de la tarde fue trasladado el cuerpo de Yulimar Reyes, estudiante asesinada el día 27, que se veló en uno de los auditorios de la UCV.

Caracas empezó a convertirse en un infierno, comparado por periodistas internacionales con Beirut o Santiago de Chile durante el golpe pinochetista. No hubo un solo minuto en que se dejara de oír el traqueteo de las ametralladoras. La gente que aún desbordaba las calles empezó a ser atacada con armas de guerra. En algunos puntos los soldados permanecían inermes, bien por temor o no saber qué hacer ante miles de personas que saqueaban en sus propias narices, en medio de la noche y en pleno toque de queda. La disposición de las masas quebraba la voluntad de muchos soldados. El pueblo, ante los ametrallamientos se dispersaba para volver a recomponerse más adelante y volver a avanzar.

La masacre ocasionada por la acción del ejército adquirió niveles exorbitantes. Un médico diría más tarde: «sólo el martes llegaron treinta muertos y aproximadamente tres mil heridos, la mayoría con armas de guerra. Al principio casi todo era hombres jóvenes. Luego comenzaron a ingresar mujeres, niños y hasta ancianos (…) vi a un niño de nueve años con una enorme lesión de bala en el pecho. Lo más impresionante fue una madre que llevaron al hospital con su niño recién nacido. Según contaron sus familiares, estaba amamantando al pequeño cuando el proyectil entró por la ventana, atravesó el piececito del bebé y le pegó en el pecho a la mujer. Ella falleció en el centro asistencial y el menor fue dado de alta después de la sutura.

Parecía una guerra y a cada minuto llegaba un herido. El 50% con heridas graves.» (El Nacional 02/03/89)

Aún así la rebelión no parecía retroceder. En medio de la noche empezó a surgir de los barrios algunas ametralladoras y fusiles. Algunas habían sido arrebatadas a soldados, pero la mayoría estaban escondidas desde hacía tiempo. Se demostró la aseveración de que Caracas es una ciudad altamente armada.

La topografía de los cerros de la capital ayudó a que, como defensa de la acción militar, los barrios respondieran al fuego. «En la madrugada del miércoles yo estaba segura que el gobierno caía -dijo días después una señora en el metro- porque desde el cerro empezaron a oírse más disparos que desde abajo y eran más bien los soldados los que huían.»

Conforme fue pasando el tiempo, el ejército logró dominar el centro de la ciudad y algunas avenidas principales, pero esta lejos de controlar la situación. En horas de la madrugada el movimiento se replegó a los barrios pero apenas amaneció se reanudaron los saqueos en varios puntos de la ciudad. La insurrección continuaba, iniciando su tercer día.

Capítulo Sexto. Bajo estado de sitio

A las siete de la mañana del miércoles 1º de marzo la rebelión popular había tomado de nuevo las calles. En toda la ciudad empezaron a desatarse incendios. Algunos soldados empezaron a abandonar sus posiciones, víctimas del cansancio y del hostigamiento de pequeños grupos armados que los atacaban. El llamado a volver al trabajo fue un fracaso total. Ni siquiera las oficinas gubernamentales lograron abrir. La insurrección amanecía con nuevo vigor.

En el interior del país la situación es distinta. Las manifestaciones del lunes 27 terminaron en enfrentamientos con la policía. El martes 28, las noticias de Caracas empujaron de nuevo a la gente a las calles. El saqueo se generalizó y se dieron casos idénticos de policías participando o dejando hacer. Cuando se declaró el toque de queda y fue sacado el ejército a las calles, la resistencia fue menor. Pero eso no disminuyó en nada la represión. Decenas de muertos, cientos de heridos y miles de detenidos que hacinaban los patios de los cuarteles y los ponían a llevar sol durante todo el día y a dormir a la intemperie. Allanamientos, destrozos en las casas y fusilamientos, sumado al silencio cómplice de la mayor parte de la prensa regional, ahogaron la protesta en la provincia. El ejército pudo dominar las ciudades del interior y aunque hubo algunos focos de resistencia, fueron rápidamente reprimidos. Caracas era un volcán en erupción, aislado, en un país bajo control militar.

Esto permitió al Estado Mayor y el ministro de la defensa, Italo Del Valle Alliegro, concentrar sus esfuerzos en aplastar a la capital. Si la situación en Caracas se hubiese mantenido en todo el país, o si por lo menos se hubiese dado una situación similar en otra ciudad importante como Maracaibo o Puerto Ordaz, no habrían tenido la capacidad de movilización militar que se permitieron.

Llegan tropas de combate

A media mañana del miércoles primero, aviones Hércules empezaron a sobrevolar, uno tras otro, el cielo de la capital. En el aeropuerto de La Carlota, al este de la ciudad, fueron descargados diez mil ochocientos soldados, en su mayoría de las infanterías de selva; con ellos llegó abundante material bélico, como para acabar con la ciudad. En camiones eran trasladados a los distintos puntos. Desde los edificios las personas veían tanques, tanquetas, armas de alto calibre, soldados vestidos de camuflaje disparando contra todo lo que se movía. Era una escena nunca vista, salvo en los noticieros internacionales, evocando al Líbano, o a cualquier otro país en guerra.

Ante el avance militar, el movimiento empezó a replegarse definitivamente a los barrios. Algunos grupos armados siguieron hostigando a las Fuerzas Armadas, intentando detenerlos. Pero estas acciones son aisladas. Los soldados, jóvenes de la provincia la mayoría, veían por primera vez una gran ciudad. Esta les infunde miedo y hostilidad; disparan sin pensarlo dos veces y en bastantes ocasiones no dejan de hacerlo durante largo rato. La relación de fuerzas se inclina del lado del gobierno y éste descarga entonces toda su furia sobre el pueblo.

Mientras en la televisión se transmitían mensajes llenos de «optimismo» y se mostraba a unos pocos artistas diciendo «estamos aquí trabajando porque queremos a Venezuela, hazlo tú también», el ejército aplacaba a sangre y fuego la rebelión. En el barrio los Erasos, por ejemplo, cuando las tropas entraron, destrozaron las pertenencias de las personas; la mayoría de los hombres eran golpeados o detenidos.

En las urbanizaciones de clase media que habían participado activamente en los saqueos, el ejército puso a disposición teléfonos para que se denunciara a los que guardaban mercancías en sus casas.

Sin embargo, sólo en las urbanizaciones de clase media y algunos barrios pudo el ejército entrar fácilmente. En la mayoría de los barrios se convirtió en un problema de vida o muerte impedir la entrada a las tropas.

La resistencia de las barriadas fue el elemento característico de los primeros días de marzo. Desde lo alto de los cerros, de sus calles, se disparaba, estorbando la acción militar. Las barricadas en las entradas se convirtieron en obstáculos formidables. Se fue tejiendo una intrincada red de solidaridad, que se convirtió en eficaz organización. Las personas arriesgaban sus vidas para recoger a un herido bajo una lluvia de balas, las casas se convertían en hospitales, unas, y otras en refugio de niños y ancianos. Se preparaba comida en grandes grupos. Se alimentaba a los muchachos que estaban en la barricada. Los muertos eran colocados en algunas casas. Apenas una vela y el Himno Nacional son el homenaje del pueblo a sus compañeros caídos.

La dificultad para controlar a los barrios exaspera al gobierno de CAP. Las balaceras en toda la ciudad son un indicio que la situación seguía sin control. Para ilustrar este período, basta la imagen del ministro del interior, Alejandro Izaguirre, cuando intentó leer un remitido al país la noche del miércoles primero: «Empezó y de repente, luego de afirmar que la situación tendía a la normalidad, dijo «no puedo» y cortaron la transmisión.» (El Nacional 02/03/89). Se informaría posteriormente, de manera oficial, que el Ministro sufrió una baja de tensión mientras leía el comunicado.

Pero, en ese instante, lo que mucha gente creyó era que había ocurrido un golpe de estado. Parecía ser la confirmación de una ola de rumores de los que se hacían eco varios sectores políticos del país: que las Fuerzas Armadas, aprovechando el «enorme poder” que ahora disfrutaban, se alzaran y se adueñaran del poder. El temor a ese «golpe» hizo a muchos, sobre todo a la izquierda reformista, opinar que era menester «apoyar y fortalecer la institucionalidad democrática» y a culpar a la insurrección.

Pero el golpe era solo un rumor. A los mandos militares y al «democrático» Carlos Andrés Pérez sólo les interesaba aplastar el levantamiento popular. Esto los unía firmemente y lejos de oponerse, se complementaban. Mientras el «país político» buscaba una respuesta frente al estallido social, las Fuerzas Armadas gozaban de total libertad de acción para la represión. Los militares no necesitaban dar un golpe de estado contra un gobierno «democrático» dispuesto, al igual que ellos, a aplicar la ley de la guerra a su propio pueblo, con el objetivo de derrotar el rechazo de las masas a un paquete económico reaccionario y pro-imperialista.

El ministro de la defensa, Alliegro, saliendo al paso de los rumores afirmó que «las fuerzas armadas son estructuralmente democráticas por razonamiento lógico.» Mientras, los barrios de Caracas eran sometidos a la intensa metralla, proveniente de ese «razonamiento lógico».

Las «cualidades» de las Fuerzas Armadas

La suerte que corrían las barriadas ante el ataque militar, no fue óbice para que todos los sectores políticos del país alabaran el «profundo sentir democrático de las Fuerzas Armadas». La revista SIC, de los curas jesuitas, en su balance de la actuación de éstas dice «Hay que reconocer sinceramente el mérito personal del General Alliegro, ministro de la defensa. El general Alliegro posee un importante liderazgo interno en la institución castrense, fruto no sólo de su carisma personal, sino también de la existencia de un ambiente interno favorable a lo que él representa como sensibilidad social, compromiso con los espacios democráticos conquistados y concepción de la seguridad nacional, lo cual no quiere decir que no existan dentro de la institución otras concepciones más autoritarias que presionaron y presionan en otra dirección.

Tampoco hay que esconder que esa concepción existente en la cabeza de las Fuerzas Armadas y en una parte importante de su oficialidad no siempre se encuentra en la base de la organización que, con demasiada frecuencia, asume actitudes autoritarias y comete abusos totalmente injustificados contra la población civil parapeteados detrás del uniforme que llevan». (SIC cit.) Es decir, que todo se reduce a una base con «actitudes autoritarias» que «con demasiada frecuencia» contradicen el sentir «democrático» y «la concepción existente en la cabeza de las Fuerzas Armadas.» Vaya forma «cristiana» de falsear la realidad.

¿Bajo qué órdenes actuaban los soldados que ametrallaban casas y fusilaban personas indefensas? ¿Quiénes suministraban las balas de alto calibre conque bombardearon los cerros de Caracas? ¿Quiénes dieron las órdenes de «barridos» sobre los bloques del 23 de Enero? ¿Quiénes frenaron las investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, engavetándolos en tribunales militares? ¿Quiénes ordenaron las torturas de los detenidos en las instalaciones de la DIM? Si en todos estos casos la mayoría de la oficialidad, comenzando por el Ministro de la Defensa, era ajena, entonces estamos ante «altos mandos» que no mandan y un ejército donde se ha roto la «verticalidad». Estamos ante un grupo de generales que no comandan ni controlan a sus subalternos y éstos, practican a sus anchas el autoritarismo.

En realidad, las posiciones de SIC, o las que Teodoro Petkoff levantó, sobre las cualidades «democráticas» del ministro Alliegro, parten de la falsa premisa de que en la institución democrática se «cometieron excesos» a pesar de sus muy democráticos oficiales. La verdad, es que tanto el presidente Pérez, como el ministro Alliegro estaban al mando, uno del gobierno y el otro de las Fuerzas Armadas cuando se cometieron esos «abusos» contra el pueblo, sus barrios, sus casas, asesinando niños, mujeres y ancianos. Esto no lo inventamos como recurso polémico. Las revistas y publicaciones internacionales daban cuenta de la masacre perpetrada contra las masas y el periodista de Le Monde publicó la siguiente frase categórica: «CAP cometió un error grave al lanzar a la ciudad a sus tropas de combate (…) De ahora en adelante Carlos Andrés Pérez está manchado de sangre”. (Thierry Desjardins, El Nacional, 08/03/89)

El genocidio

El terrorismo desatado por el ejército no se limitó a disparar sobre la gente en las calles, que los enfrentaba en inferioridad de condiciones. Cientos de testimonios demuestran fusilamientos en Petare, Catia y El Valle. Personas que le dispararon en el piso luego de entregarse. Detenidos que eran liberados para luego rematarlos por la espalda. Uso de ambulancias de la Cruz Roja para traspasar las barricadas y disparar sobre la gente. Detención de heridos que eran trasladados o ametrallamiento de gente que intentaba auxiliar a alguien tirado en el piso. Fuego de alto calibre (punto 50) contra las casas. Una actuación militar muy lejana a la «estructuralmente democrática».

«Eleazar Mavares de 18 años fue detenido herido en un hombro, luego acostado en el piso. Los vecinos testimoniaron que allí fue baleado”. ”Douglas Zabala fue detenido por el ejército, obligado a correr y asesinado mientras huía» «Richard Páez, de 17 años, murió a consecuencia de la brutal paliza que le dieron efectivos de la PM que entraron a su domicilio», «Crisanto Mederos, pintor. Los efectivos entraron en su casa y mataron al perro que les ladraba. Crisanto protestó y también lo mataron». «Euclides Salazar de 17 años, murió en su casa después que un pelotón obedeció una orden de su capitán de disparar indiscriminadamente, víctima de una bala explosiva que le destrozó el cráneo en presencia de su madre». (Denuncias introducidas en la Fiscalía General de la República el 06/03/89)

«En el Barrio Nueva Tacagua una joven de 16 años que esperaba en una de las calles a su madre recibió una ráfaga desde un jeep. Otro muchacho fue muerto por dos motorizados de la DISIP frente al módulo policial. Y así por el estilo fueron asesinadas 17 personas más a manos de la Guardia Nacional». (El Nacional 10/03/89)

«Ángel Ramón Amaiz recibió un tiro en un pie y cuando escuchó que el oficial decía «remátalo» prefirió lanzarse por un barranco de cien metros, por eso está vivo».»En ningún manual de operaciones militares se establece -dice Teodoro Petkoff, presidente del MAS- que la reducción de francotiradores debe hacerse disparando indiscriminada y masivamente durante horas y horas contra superbloques y barriadas populares. «Peinado» en la jerga militar se llama al acto de barrer a tiros de arriba a abajo y de lado a lado las fachadas de los bloques y las laderas de los cerros. «Peinado «fue como cayó el 90% de los muertos y heridos». (El Nacional 11/03/89)

«Boris Bolívar fue detenido por la PM y entregado al ejército. La última vez que lo vieron con vida sangraba profusamente debido a los golpes que le propinaron. Ahora está desaparecido». «Armando Castellanos fue muerto por tres PM que entraron a su vivienda, entre ellos un oficial totalmente borracho y disparando contra todo lo que se moviera». «Golfan Valdemar recibió un disparo cuando se encontraba en la azotea cargando en sus brazos a una niña de tres meses. Un soldado le disparó desde las cabinas telefónicas del Metro. Bajó las escaleras, colocó a la infante en una silla y cayó al suelo. Posteriormente sus familiares alquilaron un vehículo para trasladar el cadáver y en plena autopista una patrulla militar los interceptó y les quitó el cuerpo». «En El 23 de Enero, en uno solo de los apartamentos contamos más de 500 perforaciones algunas de ellas con más de quince centímetros de ancho, en un piso 14». «Solo en este bloque hubo siete muertos, seis transeúntes presurosos que no pudieron escapar de la balacera y Carlos Cujas, un vecino muy querido que murió atacado por una tanqueta del ejército. Cayó el viernes a las 3 p.m. cuando el gobierno llamaba a todos a incorporarse al trabajo, que la ciudad estaba normalizada». «Nos cosieron a bala esto fue terrible”. (Últimas Noticias 13/03/89).
La represión selectiva

También cientos de detenidos empezaron a llenar los patios del Fuerte Tiuna, producto de las redadas que hacían los efectivos militares. Pero pareja a esta represión masiva, hubo otra selectiva: la DISIP y la DIM se dieron a la tarea de perseguir a los «cabecillas» de la insurrección. A partir de sus archivos, donde es «fácil entrar y difícil salir», se buscó y detuvo a personas que estuvieron vinculadas en algún momento a actividades «subversivas», concepto que comprende, desde ex-guerrilleros, hasta activistas de grupos culturales. Pero hacia donde se desató la persecución más feroz fue contra el movimiento estudiantil, responsables del sacudón a los ojos policiales.

En la misma noche del 28 fueron detenidos profesores y estudiantes del IUP «Luís Caballero Mejías», mediante una lista de nombres y direcciones suministradas a los cuerpos policiales por la directora del instituto, Iris Valladares, cuestionada en más de una ocasión por la comunidad educativa. En los días subsiguientes continuaron los allanamientos y detenciones en Caracas y el interior del país. El jueves 2, cuando los barrios eran sometidos a la más brutal represión, circuló un volante denunciando las detenciones y violaciones de los derechos humanos e invitando al pueblo a denunciarlas a pesar del estado de sitio. Para ello el volante tenía una lista de teléfonos de la FCU, de los periódicos, las fracciones parlamentarias y Amnistía Internacional. Hasta donde sabemos, fue prácticamente el único volante que circuló en la capital en la semana del 27 de febrero y fue elaborado por estudiantes universitarios. El sábado 4, mediante un vasto operativo, fueron allanadas cientos de casas y detenidas personas que salían de la universidad. Más de doscientos activistas estudiantiles fueron detenidos, entre ellos el presidente de la Federación de Centros Universitarios, Luís Rosales. Otros tantos se salvaron por no encontrarse en sus casas en el momento del arribo policial. En estas circunstancias la solidaridad se convirtió en un muro contra el que chocaba la persecución de las fuerzas represivas. Cientos de hogares abrieron sus puertas para esconder a los estudiantes perseguidos.

En los allanamientos, según testigos, algunos policías actuaban encapuchados y aprovechaban la ocasión para apropiarse de objetos de valor y pertenencias de los solicitados. En otros casos se tomó a familiares como rehenes para obligar a activistas solicitados a entregarse. En esta desmedida cacería fueron a casas de ex-diputados (Paz Galarraga y Radamés Larrazabal) e incluso una comunidad jesuita, donde fueron detenidos varios curas, liberados al día siguiente.

La cantidad de denuncias fue tal que la prensa, aún sin libertad de expresión, se vio obligada a reseñarlas, sumado ello a la labor honesta y objetiva de muchos periodistas que desafiaron la censura, como Fabricio Ojeda, Roberto Giusti, Elizabeth Araujo, entre otros. El propio CAP decretó cesar los allanamientos y las requisas masivas, pero al mismo tiempo a través de los medios de comunicación se inició una campaña de informaciones de que «no pudiendo seguir saqueando, bandas de delincuentes arremeten contra las casas de la gente». Esta campaña rápidamente logró su efecto. En algunas urbanizaciones de clase media se organizaron «brigadas», instigadas por las fuerzas represivas, para defenderse de «la gente de los cerros», que nunca llegó.

La campaña de desprestigio

Fue tragicómico ver a habitantes de Terrazas del Club Hípico o Montalbán, organizarse para rechazar a los malandros del barrio La Cruz o La Vega, respectivamente, situados a corta distancia, en momentos que estos barrios eran sometidos a ametrallamientos de FAL y punto 50, que les obligaba a arrastrarse por el piso para salvar sus vidas. Así mismo, en San Bernardino, la comunidad «sionista» del Centro Residencial Anauco, recibió, según versiones de testigos presenciales, balas 9 mm y granadas lacrimógenas para que las usaran en su defensa frente a las «hordas» y «malandros» de Los Erasos.

Esta campaña con informaciones de asesinatos, violaciones, etc., empezó a crear un temor que dominó la voluntad de mucha gente, que prefirió refugiarse en sus hogares. Algunos barrios, que habían permanecido impenetrables, pudieron al fin ser ocupados por el ejército que no encontró prácticamente resistencia. Incluso, en varios casos fueron aplaudidos al verlos como «protección» contra otros barrios.

El ánimo empezó a decaer rápidamente. La resistencia a las fuerzas militares se limitó a unos cuantos tiradores aislados. El viernes 3 ya habían reabierto algunos comercios y el transporte circulaba por algunos sitios de la ciudad ya calmados. La insurrección se batía en retirada.

El presidente Pérez, después de un recorrido en helicóptero, anunció que la ciudad estaba «normalizada». Pero esto tampoco era verdad. En muchos puntos de la ciudad las balaceras persistían y así ocurrió por varios días más. En extensas zonas del 23 de Enero, El Valle, La Vega, Petare, y Catia, las cuales representan más de la mitad de los habitantes de Caracas, el ejército no podía entrar ni nunca pudo hacerlo. El ministro Alliegro, que también hizo el recorrido hacía un desesperado llamado a «detener este baño de sangre que estamos dándonos». ¡Curioso mensaje para una ciudad «normalizada»!

El domingo 5 de marzo un periódico titularía «Se acabó la semana más larga de nuestra historia». A pesar de que continuaron focos aislados y que no hubo «normalidad» hasta por lo menos tres semanas después, la insurrección iniciada el 27 de febrero había cesado. En cinco días acabó con el mito de la democracia burguesa más sólida de Latinoamérica. También fue el primer gran estallido insurreccional de las masas, en un país clave de nuestro continente, contra un régimen «democrático». Anteriormente levantamientos similares se producían sólo contra las dictaduras.

Ese régimen y el gobierno de CAP, demostraron que la «democracia capitalista» es capaz de asesinar brutalmente, si el pueblo no acepta sus imposiciones. El paquete de CAP y el FMI, que jamás fue aprobado por el pueblo trabajador, que no fue por lo que votó en las elecciones cuando llevó a Pérez a la presidencia, que no fue lo que CAP ofreció, se impuso sobre los cadáveres de miles de venezolanos. El pueblo fue estafado en las elecciones y una vez que se alzó contra el hambre y la estafa a que fue sometido, se le lanzó encima la ley de la guerra, como si se tratara de un enemigo de la patria.

La falsedad del ejército democrático y defensor de nuestra soberanía, quedó al desnudo cuando se aplicaron los métodos de la guerra civil para acallar la protesta de todo un pueblo. La frase de Bolívar «maldito sea el soldado que dispare contra su pueblo y el que lo haga no tendrá patria ni bandera» tiene hoy plena vigencia.

El gobierno de CAP se transformó en la «democracia» más sangrienta y asesina de toda Latinoamérica. Ni en la lucha contra la Intifada, ni en la represión contra los estudiantes en Corea del Sur, se han producido tal cantidad de crímenes en tan poco tiempo. Los muertos en Venezuela, causados por la represión del gobierno, son sólo comparables a los causados por la burocracia totalitaria china contra las masas en la masacre de Tianamen. Son cerca de dos mil muertos negados por el gobierno, pero aceptados por toda la gente en las calles, por los periodistas y los médicos en los hospitales.

El «tercermundista» CAP, quiéralo él o no; con sus «amigos socialistas» y a pesar de que la izquierda reformista «olvide» rápidamente y vuelva a tomar whisky en uno que otro brindis con él, pasará a la historia como el responsable de un genocidio contra un pueblo asediado por el hambre.

Vale decir, para terminar este capítulo, que en los días que se producía la insurrección popular, Miguel Rodríguez y Pedro Tinoco, ministro de hacienda y presidente del Banco Central respectivamente, arreglaban en New York, las condiciones que el FMI impondría a nuestro país en el camino de otorgar su «apoyo» económico al gobierno. Con la «Carta de Intención» y el aplastamiento al pueblo, junto a la bandera nacional se izaba la oprobiosa y hambreadora bandera del Fondo Monetario Internacional, manchada de sangre.

Capítulo Séptimo. La «normalidad»

El gobierno intentó borrar las huellas del 27 de febrero y aparentar que todo era normalidad. Como un borracho que quiere ocultar los efectos de la «juerga» se tambalea, tropieza y no logra engañar a nadie. Durante el domingo 5, cuadrillas de obreros limpiaron la ciudad. Enormes basureros, esqueletos de barricadas y autos incendiados fueron removidos para «maquillar» las calles y esconder los efectos de una guerra devastadora.

Con una especie de «todo terminó» se llamó al reinicio de clases para el lunes 6. Pero ni maestros, ni profesores, ni padres, ni estudiantes hicieron caso del llamado. La propia dirigencia gremial de los educadores lo consideró «apresurado, temerario e impolítico». La tensión en la ciudad se mantenía y aunque el trabajo ya era normal nadie se atrevió a sacar a sus hijos de la seguridad del hogar y enviarlos al colegio. Hacia las cinco de la tarde las calles empezaban a quedarse desiertas. A las seis el toque de queda se inicia con tiroteos aislados en diversos sectores. Entre el ejército y tiradores que seguían hostigándolos. Estos sobresaltos y continuas sorpresas, sumado al cansancio, irritaban y fatigaban a los soldados que parecían un manojo de nervios.

«Ahora Caracas se nos asemeja a la Santiago del 11 de septiembre. A una ciudad tomada por los uniformes. Sacudida por un golpe de estado.

Un niño y una mujer, custodiados por los soldados parecen hacer penitencia frente a la Plaza de Catia. Estos reclutas provenientes del interior, son temibles no sólo por el arma, sino por su aire ausente, por el miedo reflejado en su cara de adolescentes provincianos, colocados, de golpe en una ciudad que no conocen. En un caos que les resulta ajeno. Su agresividad no es una actitud militar. Es, sobre todo, una reacción, un mecanismo de defensa. Distinta es la disposición de guardias y policías, auténticos profesionales de la represión, curtidos y conocedores .además de la idiosincrasia del caraqueño, cuya retrechería despierta a veces la ira del soldado que pierde la sangre fría y dispara. Y dispara.» (Roberto Giusti. El Nacional 04/03/89).

Lo que si se garantizó fue el juego del 5 y 6 en el hipódromo. Las loterías anunciaron sorteos con premios acumulados de los sorteos suspendidos. La televisión anunció grandes «premieres» como si estuvieran en plena medición del raiting, evitando eso sí, escenas de violencia. Todo paz y amor. El gobierno estaba dispuesto, en su afán de «normalidad» a garantizar pan y circo. Pero el pan fue más difícil.

El desabastecimiento empezó a ser un problema grave. Inmensas colas de personas se formaban en los pocos sitios donde expendían alimentos. Luego de varias horas apenas se podía comprar un poco por la escasez. Los camiones que repartían víveres se encontraron con tumultos de personas que querían apoderarse de la mercancía. «Jesús Castillo de apenas 17 años, trató de impedir que un chofer de un camión se marchara de El Valle y un funcionario vestido de civil lo ajustició descerrejándole de un tiro los sesos al aproximarse por la espalda.» (Últimas Noticias 13/03/89)

El gobierno lanzó un SOS a todas partes. La tensión de la ciudad amenazaba con convertirla en un nuevo polvorín. Urgentemente se desvió hacia la capital todos los suministros de alimentos, dejando sin ayuda a las ciudades del interior. Lo importante era garantizar la calma en Caracas. Los gobiernos de Virgilio Barco en Colombia y Felipe González en España, se apuraron a ayudar a su amigo CAP, enviando toneladas de alimentos para apaciguar los ánimos de los habitantes caraqueños

Las cifras oficiales escondían la masacre

No obstante, sólo la falta de comida caldeaba el ambiente. La situación de los estudiantes detenidos e incomunicados creaba gran malestar. Ante el llamado a clases del gobierno, varias universidades respondieron que no era posible mientras estuvieran «suspendidas las garantías» y menos con esa gran cantidad de estudiantes detenidos. Las denuncias que la prensa señalaba y que el gobierno no podía contener, generó una situación tal que varios diputados exigieron que cesara la incomunicación de los detenidos y se aclarara la verdad sobre los desaparecidos. La indignación por la cantidad de cadáveres que fueron enterrados en fosas comunes y la tozudez del gobierno en mantener la cifra de 243 muertos, que los informes de control hospitalario contradecían, crearon un clima de repudio generalizado. La flagrante violación de los derechos humanos de parte del «tercermundista» y «demócrata» Carlos Andrés Pérez, fue denunciada por Amnesty International. Algunos sectores de oposición, angustiados, empezaron a reclamar que fueran restituidas las garantías y el ejército volviera a los cuarteles para impedir la acumulación de «tensiones y odios que no ayudan a nadie».

El lunes 7 liberaron al primer grupo de estudiantes y sus afirmaciones echaron más leña al fuego. Denunciaron hacinamiento, golpizas con guías telefónicas y bates de goma a fin de que firmaran «confesiones». Entre las víctimas de las torturas estaba el propio Presidente de la FCU. El Presidente Pérez, ante estos señalamientos repetía una y otra vez «en Venezuela no hay torturas ni desaparecidos».

El martes 8 logra salir de la DISIP una grabación donde el Presidente de la FCU narra las torturas a que él y sus compañeros están siendo sometidos. Esta es transmitida por varias emisoras y la prensa. El gobierno convoca al Concejo Universitario para discutir la «situación universitaria». El representante estudiantil no asiste, manteniendo la posición de la federación de no reunirse con el Presidente. De dicha reunión sale una comisión encargada de «investigar la situación de los detenidos». En horas de la tarde es liberado el Presidente de la FCU.

El miércoles 9, con el apoyo de la Federación de Centros Universitarios, se introduce la denuncia por el asesinato de Yulimar Reyes ante los tribunales. Esta estudiante murió el 27 de febrero, cuando un oficial de la PM descargó su escopeta de perdigones a menos de 20 metros de ella, en Parque Central. El caso se constituía en la primera denuncia tramitada legalmente y abrió una compuerta de cientos de casos que coparon todos los tribunales. A instancias de Ochoa Antich, ex-diputado, dirigente del MAS, se formó un Comité por los Desaparecidos que empezó a centralizar las denuncias. En un sólo día se introdujeron más de cuarenta y siete casos.

El plazo constitucional para la suspensión de garantías es de 10 días. Una vez expirados su prolongación debe ser aprobada por el Congreso Nacional. Acción Democrática, con los votos favorables de COPEI y un grupo derechista, la Nueva Generación, votan a favor de sostener la suspensión, restituyendo la «libertad de expresión». La izquierda se negó a apoyar. Incluso el dirigente copeyano, Abdón Vivas Terán no asistió al Congreso para no votar con su partido el apoyo al gobierno

Pasada la discusión, el gobierno (durante el fin de semana) liberó todos los detenidos en la DISIP. Quedando sólo dieciséis en la DIM (Dirección de Inteligencia Militar). También fueron pasados a tribunales militares todos los casos de oficiales y soldados denunciados, quedando en tribunales ordinarios los de la PM. La molestia continuaba en las calles. La normalidad ansiada por el gobierno no aparecía. Así llegamos al lunes 13 de marzo.

El rumor de un nuevo 27

En la mañana la gente se dirigía a sus trabajos. Las clases de primaria se habían reanudado. Pero desde las primeras horas corrían rumores por toda la ciudad. El más insistente se refería al supuesto asesinato del Presidente de la FCU. Algunos policías que custodiaban las estaciones del Metro «confirmaban» la noticia y agregaban que los estudiantes preparaban una marcha para horas del mediodía.

Es bueno destacar la situación del movimiento estudiantil en ese momento. Las clases continuaban suspendidas y las universidades vacías. La persecución desatada contra los universitarios hizo que muchos activistas huyeran al interior del país o se «enconcharan». Aún no tenían confianza y no se atrevían a salir. En estas condiciones era poco menos que imposible preparar una marcha, además de que todos estaban al tanto de la falsedad del asesinato del presidente de la federación. La dirigencia estudiantil era pues, la menos interesada en propagar un rumor de esa naturaleza.

Hay una opinión, bastante extendida, de que el rumor partió del propio gobierno, interesado en justificar la continuación de la presencia militar en las calles, la cual estaba siendo fuertemente criticada. Si fue así, el rumor se convirtió en un boomerang que no pudieron detener. Al mediodía algunas radios informaban de inexistentes enfrentamientos entre policías y estudiantes. La gente empezó a abandonar sus trabajos para ir a buscar a sus hijos al colegio y refugiarse en sus casas. El transporte desapareció ante el temor de los choferes de que sus vehículos fuesen incendiados. Miles de personas empezaron a deambular por las avenidas.

Temiendo que se desataran manifestaciones, el ejército empezó a movilizarse. Los desplazamientos de camiones militares y tanquetas crearon mayor confusión y muchas personas corrieron. Los comercios cerraron sus puertas. Los periódicos de la tarde titulaban «Estallan disturbios en Caracas, Guarenas y Los Teques.» A las tres de la tarde todo el mundo estaba convencido que el «caracazo» había comenzado de nuevo. La ciudad se encontraba virtualmente paralizada.

Desesperado, el gobernador de Caracas convocó a la dirigencia estudiantil a una rueda de prensa en la que garantizaba «personalmente» su seguridad. En efecto, el mismo presidente de la FCU, Luís Rosales, acompañado de otros dirigentes universitarios, desmintió los rumores y aprovechó la oportunidad para exigir la libertad de los estudiantes detenidos aún en la DIM y denunciar las torturas a que estaban siendo sometidos. Es decir, de la noche a la mañana, los perseguidos salían a la luz, al lado del gobernador, diciendo lo que les daba la gana.

La ola de rumores que paralizó a Caracas el 13 de marzo demostró que las huellas del 27 de febrero no se habían borrado. Por el contrario las condiciones objetivas que le dieron origen seguían vigentes y la tensión tendía a aumentar, creando en las masas la incertidumbre de un nuevo «sacudón».

Al siguiente día fue liberado un grupo, quedando nueve a la orden de los tribunales militares bajo el cargo de «rebelión militar». Los liberados denunciaron torturas con electricidad y golpes que hicieron que dos de ellos intentaran suicidarse.

La llegada de la Semana Santa el sábado 18 fue un respiro. La ciudad fue abandonada por sus habitantes que vieron en estas vacaciones la posibilidad de liberarse de las tensiones de las últimas tres semanas. Los medios de comunicación saturaban al país de mensajes de «cristiandad, paz y amor.» En este clima oloroso a incienso el gobierno dio sobreseimiento a los últimos detenidos y restituyó las garantías constitucionales el 22 de marzo. Al mismo tiempo se libraron autos de detención a funcionarios de la PM acusados de asesinatos. Así se intentaba detener la campaña de denuncias y a la vez, descargando todo el peso sólo en la policía, preservar al ejército, que no había puesto sus armas en la «defensa de la nación» sino contra su propio pueblo.

El lunes 27 de marzo el país recobró la «normalidad» y después de un mes el gobierno cerraba «oficialmente» el capítulo de la insurrección iniciada el 27 de febrero.

Capítulo Octavo. La oposición y el 27 de febrero

La opinión política, tanto del gobierno, como de la oposición fue variando en el transcurso de los días posteriores al 27 de febrero, conforme iban desarrollándose los acontecimientos. Sin embargo no es difícil seguir su rastro.

En general, el gobierno y sus personen» fueron bastante parcos en los primeros días de la insurrección, limitándose casi a los remitidos oficiales. Sus pocas intervenciones mezclaban la «comprensión» por los sucesos y la «convicción» de que detrás de todo debían estar «agentes de la subversión». Sólo cuando, después de la sangrienta represión, la insurrección empezó a retroceder, CAP se atrevió a emitir juicios políticos. «La deuda externa es la responsable de las explosiones sociales en Venezuela y América Latina. Lo sucedido en nuestro país no se debe nada más a la aplicación de una medida impopular sino a la concentración de resentimientos sociales acumulados, producto del sacrificio que ha tenido que hacer el pueblo para pagar la deuda externa». (Conferencia de prensa de CAP 02/03/89)

A pesar de esta confesión, es el mismo Presidente quien se empeña en llevar a cabo el programa del FMI cuya meta es pagar la deuda a costa del pueblo, a costa de estos estallidos sociales. De la imagen tercermundista de CAP sólo existe la retórica, el discurso. Nada puede ocultar que este gobierno es uno de los más pro-imperialistas, agente directo de los monopolios nacionales ligados a la banca mundial y a Rockefeller (ejemplo, Tinoco). El objetivo de esta verborrea anti- deuda no es otro que el de reafirmar la propaganda oficial de que las medidas «aunque dolorosas son necesarias»; que no es el gobierno, sino el FMI el que obliga.

Su propia posición demuestra la inconsecuencia de todas las burguesías latinoamericanas que no pasan de la demagogia a la hora de enfrentar al imperialismo. Para terminar de escudar su responsabilidad CAP agregó en esa misma rueda de prensa: «Fue una acción de los pobres contra los ricos y no contra el gobierno».

Ante la airada protesta de los empresarios que afirmaban que «CAP debería estar contento de que aún haya ricos» y que «el gobierno no debería exaltar la lucha de clases», el Presidente rectificaría, diciendo que «lo sucedido aquí no es una lucha de pobres contra ricos sino contra la especulación». Así se calmaba el ánimo de los empresarios que desde su inicio exigieron y dieron respaldo a las medidas de represión.

«La medida de suspender las garantías constitucionales se hacía indispensable ante la violencia desatada en todo el país, los hechos de vandalismo y disturbios del orden producto de manifestaciones innecesarias». Esto dijo Hugo Fonseca Viso, presidente de Fedecámaras el martes 28. Días más tarde, Pro-Venezuela, en un extenso comunicado exigiría del ejecutivo nacional «el ejercicio pleno de la autoridad».

La tibia oposición de Copei

El ex-presidente Rafael Caldera, vocero de Copei en el senado, partió de reconocer que existía «un sentimiento que se está adueñando de los sectores populares y que hizo explosión apenas con la aplicación de la primera medida del paquete económico (…) Venezuela ha sido una especie de país piloto, de vidriera de la democracia, pues bien, ese escaparate lo rompieron a pedradas los hambrientos de los barrios de Caracas, que quieren someter a los férreos moldes del FMI».

Tras reconocer el contenido social de la protesta, prosigue diciendo «aunque no vamos a negar que hechos como estos son aprovechados por grupos con otros intereses, algunos rayantes en lo delictual». Luego pasó a criticar la política económica: «Los defensores de las medidas no dicen si son buenas o no, sólo que no hay más remedio que aplicarlas y me pregunto si eso es exacto. La receta del FMI no puede ser el único camino. Sería conveniente que el gobierno no se encasillara en la posición de que esto tenía que suceder pero que las medidas van adelante, sin ningún análisis de las modificaciones que pudieran hacerse».

Acto seguido aclara que no debe existir «una pelea a cuchillo entre el partido de gobierno y la oposición (…) Tenemos que hacer realidad la concertación, que no es más que el diálogo, no de posiciones asumidas, sino para llegar a una posición conjunta todos, como hicimos el martes, en Miraflores, en medio de la crisis; así es fácil defender unas medidas a las que todos hemos llegado «.(Fragmentos del discurso de Rafael Caldera en la Cámara del Senado, 01/03/89).

Estas palabras resumen toda la oposición que Copei, el otro partido de la burguesía, estaba dispuesto a hacer. Una tibia crítica a las medidas y su disposición a concertar las diferencias y como ejemplo de que es posible pone la reunión en Miraflores el martes 28, cuando «en medio de la crisis» aprobaron «las medidas a que todos llegamos» que fue la de iniciar la represión brutal y sangrienta del levantamiento popular. El Comité Nacional de Copei lo expresaría así: «consideramos justificada la decisión de suspender algunas garantías constitucionales. Es un remedio lícito para hacer frente a la situación de emergencia que estamos viviendo». (El Diario de Caracas, 02/03/89)

La izquierda pide «orden»

La izquierda reformista tampoco fue mucho más allá. El MAS manifestó su oposición al paquete en un comunicado publicado el 26/02/89, donde abogaba por un «programa de ajustes más gradualista, equilibrado y equitativo». Una semana después de transcurrida la insurrección saldría nuevamente publicado con el título de «Sr. Presidente rectifique». Es decir, el 27 de febrero sólo los convenció de la urgencia de rectificar el paquete y no de echarlo abajo. Tampoco se convencieron de que no hay que pagar la deuda sino de su «reestructuración».

Ante el estallido insurreccional la izquierda coincidió en que la razón de la conmoción era la aplicación del paquete de medidas, de que «se trata de un fenómeno social de gran profundidad» (MAS) y que es producto «de la carga de descontento acumulada después de 31 años de desengaños» (Causa R).

Los primeros momentos de la rebelión llevaron a la Causa R a decir incluso que «habría que convocar una huelga general contra el paquete» y al MAS a afirmar que se manifestaba «la existencia de una enorme tendencia popular hacia el cambio social». Pero después de estos primeros momentos, las declaraciones bajaron de tono y empezaron a temer por la «estabilidad del régimen democrático».

Aunque no salieron apoyando las medidas de emergencia dictadas por el gobierno de CAP, en la práctica tampoco se opusieron consecuentemente. Por el contrario, en varias declaraciones avalaron la necesidad de «imponer orden», aceptando las justificaciones que el gobierno daba para la represión: «Es necesario reestablecer el orden público sin suspender las garantías. Es cierto que ha habido graves desbordamientos y se ha creado un clima de zozobra, inseguridad y miedo » (MAS, El Nacional 05/03/89). «Deploramos todos los sucesos ocurridos y ratifico el repudio a quienes protagonizan hechos de vandalismo y violencia en perjuicio de pequeños comerciantes y consumidores» (Pablo Medina, Secretario General de la Causa R, Últimas Noticias 05/03/89). Y esto se decía cuando miles de personas habían sido asesinadas por la represión llevada adelante por las Fuerzas Armadas. Esto es más grave aún cuando Teodoro Petkoff reconoce que «cuando el Presidente nos llamó para anunciarnos la suspensión de las garantías yo le dije que esa iba a ser la orden para un baño de sangre» (El Nacional 05/03/89). ¿Y entonces? Sabían que iba a ocurrir una masacre y sin embargo pedían a ese gobierno que «restableciera el orden público».

En defensa del pueblo

Desde el punto de vista de los intereses de las masas trabajadoras y populares, si el gobierno quería «reestablecer el orden», debía retirar inmediatamente la aplicación del paquete, congelar los precios de los productos a precios anteriores a febrero; aumentar los salarios; abastecer el mercado con los productos fundamentales, autorizando el decomiso de los especuladores por parte de los habitantes hambrientos de los barrios; repatriación de los capitales fugados por los capitalistas, so pena de ser confiscadas sus propiedades y utilización de esos recursos en educación, salud y obras públicas en los barrios populares. Declarar una moratoria inmediata de la deuda externa y desarrollar de inmediato un vasto plan de emergencia destinado a crear trabajo, y alimentar a centenares de miles de personas en estado de pobreza absoluta. Ruptura con el FMI y constitución de un bloque de países deudores que no paguen la deuda.

Este es más o menos, el programa de exigencias para «restituir» el orden, partiendo de la absoluta legitimidad de la protesta popular y de la total estafa e imposición antidemocrática que significó la aplicación de un paquete económico por el que nadie votó, de consecuencias catastróficas para la vida de millones de personas.

La izquierda reformista fue incapaz de abordar esta perspectiva pues partían de aceptar la necesidad de «sacrificios» por la situación económica, aunque aplicando las medidas en forma gradual. No fueron voceros de los intereses de la mayoría de las masas y aceptaron la «legitimidad» de que el gobierno burlara las aspiraciones populares por las que votaron por CAP en diciembre de 1988. De otra forma, la estafa llevada a cabo por un Presidente que prometió una cosa y hace otra diametralmente opuesta, condenando al hambre a centenares de miles, entregando el país al FMI y aplicando un plan de transformación estructural de la economía, hubiera bastado para que se exigiera la convocatoria a una Asamblea Constituyente, donde se discutiera el reordenamiento económico, político y social del país, y se propusiera romper con el FMI y establecer un gobierno de los que nunca han gobernado, los trabajadores y sus aliados, los sectores populares oprimidos. Tal cosa es una herejía para el reformismo y prefirieron ser la «pata izquierda y crítica» de un régimen asesino y antidemocrático.

¿A favor de la protesta?

Esta posición de la izquierda reformista coincidió con una opinión política que intentaba diferenciar la «justeza de la protesta» de sus «graves excesos», los cuales empezaron a ser resaltados como característica principal: «La protesta tuvo un carácter tan primitivo, tan salvaje, tan desorientado, que es claro producto de sectores sociales sin conciencia de ninguna clase, que querían destruir todo lo que a su paso encontraban, sin importarles de qué se trataba. Era la violencia por la violencia misma, ejercida incluso en contra del pueblo mismo y de sus escasas pertenencias y que degeneró en enfrentamientos de pueblo contra pueblo. Gente que debe unirse para enfrentar al verdadero enemigo, se vio a su vez enfrentada por la total falta de conciencia de los sectores más marginales» (Luís Fuenmayor Toro, rector de la UCV, El Nacional 05/03/89)

Este es el análisis del Rector de la Universidad Central de Venezuela, que desde un principio y permanentemente se opuso a la salida de las Fuerzas Armadas a la calle, diciendo que esta sería «patente de corso para adelantar la más feroz represión y la violación de los más elementales derechos humanos». (El Nacional 01/03/89). Pero su concepción sobre la insurrección coincide, objetivamente, con la de los que aplauden la acción del ejército: «Vándalos y delincuentes hay en todas partes. El problema se presenta cuando las masas se anarquizan porque no tienen dirección o porque la desbordan y el río se sale de madre y los revoltosos pasan a liderizar el movimiento. Parece que eso fue lo que pasó el lunes y martes, cuando una muy justificada protesta en contra de la primera medida del paquete oficial sirvió de detonante a una explosión en la que- si el ejército no sale a la calle a imponer orden- el sistema establecido el 23 de enero del 58, hubiera podido colapsar». (Alfredo Peña, El Nacional 04/03/89).

Tremenda dicotomía intenta explicarla el padre Arturo Sosa en su artículo » ¿Qué fue lo que pasó?» (SIC. Op. cit.) «Es importante que hagamos el esfuerzo de comprenderlos en su globalidad. Para ello puede ser útil que distingamos unas fases que, a pesar de la fluidez de la situación, permiten caracterizar los sucesos de esos días (…) La primera fase es la poblada propiamente dicha. La provoca la explosión popular espontánea. La gente de los barrios y algunos sectores de clase media, fueron los protagonistas indiscutibles de esta fase. Una segunda fase surge al calor de esa poblada que empieza a retirarse a sus barrios y casas, dejando la calle y las acciones a grupos más audaces, incluso bandas organizadas de malandros y distribuidores de droga o pequeñas organizaciones de la ultraizquierda, que emprenden saqueos, destrucción de instalaciones, incluso algunas fábricas. (…) La tercera fase comienza con la suspensión de las garantías y la toma por parte de las Fuerzas Armadas de la responsabilidad de controlar la situación».

Visto a partir de este juicio de uno de los jefes jesuitas de Venezuela, la actuación de las Fuerzas Armadas tiene justificación, ya que salió a reprimir la «segunda fase», la de las «bandas organizadas de malandros», cuando la gente se «retiraba a sus barrios y casas». Así se concilia la «justa protesta» con la legitimidad del Estado capitalista de «controlar la situación» usando la represión encarnizada. Sin embargo, tales fases solo están en la mente del cura Sosa, pues no tienen nada que ver con la realidad. La propia burguesía vio en todo el proceso un sólo movimiento: «Desde el primer momento se produjo una violación del estado de derecho intolerable, sus consecuencias la estamos viendo, la aplicación de las medidas de emergencia son la única salida.» (Fedecámaras, El Nacional 01/03/89).

La violencia legítima de las masas

La sociedad ha venido acumulando contradicciones que llevan su reserva de odio y que estallan cuando las masas se sublevan. A esa sociedad le pasa como el amo que golpea permanentemente a su perro y cuando, ya molesto, éste lo muerde, lo llama traicionero. La carga de injusticia, de miseria, de opresión contra los trabajadores y habitantes de los barrios fue tal que, cuando bajaron los cerros, no pensaron otra cosa que en la venganza, llevándose todo lo que encontraban a su paso. Son los comerciantes que los roban, son los políticos que los engañan, los patronos que los explotan, todos han sido sus enemigos. ¿Por qué ahora habría de respetarlos?

Dentro de una fábrica de café, en la Yaguara, una turba, no precisamente de malandros, sino de habitantes de los barrios de Antímano, con mujeres, señores padres de familia y jóvenes, penetró, después de derribar las puertas con un camión. Luego de tomar la mercancía acaparada, aparece una caja fuerte la cual es sacada de la oficina. La posibilidad de que tenga dinero arremolina a los participantes alrededor de la caja que no abre. Aparece una mandarria y alguien propone que el que la abra arroje su contenido hacia arriba «pa’ que todo el mundo agarre». Con una señal de asentimiento, todo el grupo se abre para darle espacio. Varios golpes y la caja cede. En su interior sólo una pistola, alguien la toma y la guarda, y el grupo decepcionado se retira. Cuando salen, una persona recuerda que esa fábrica anunció cierre y despido de obreros. En pocos minutos las instalaciones arden. La gente continúa su marcha en la calle.

Nos imaginamos que para el cura Sosa, aquí hubo asalto, agavillamiento, saqueo, apropiación indebida de arma de fuego, incendio y destrucción, «fase en su conjunto negativa». Para los que allí estuvieron el punto de vista es otro: acción conjunta del barrio, solidaridad, administración de justicia frente a un acaparador, explotador y hambreador que cometía el crimen de privar de café al pueblo, y lo retenía para aumentarle el precio, y especular con la necesidad.

La fuerza destructora espontánea de las masas actuaba sin la organicidad que da el buscar un objetivo preciso. La acción correcta hubiera sido, seguramente, tomar la fábrica, expropiarla, ponerla bajo control de los trabajadores, revisando sus libros de contabilidad y suministrando el café. Esto naturalmente plantearía cada vez más el problema del poder, un poder que legitime la acción del pueblo trabajador frente a los especuladores y hambreadores. No podría ser otro que el poder de la clase obrera y sus aliados, los habitantes marginales de los barrios y sectores oprimidos de la clase media. La organización de un poder tal, con coordinadoras de barrios, sindicatos y estudiantes, con milicias y asambleas, significaría, como ha ocurrido y está ocurriendo en otros países, el surgimiento, dentro del Estado capitalista, de un poder paralelo dentro del poder burgués. La fuerza de la crisis revolucionaria podía imponer esa realidad por un tiempo, mientras el tira y afloje de las fuerzas, entre las masas trabajadoras y la burguesía preparan la batalla final.

«A los conservadores la revolución les parece un estado de demencia colectiva, sólo porque exalta hasta la culminación la «locura normal» de las contradicciones sociales. Hay muchos que se niegan a reconocer su retrato si se les presenta una atrevida caricatura. Todo el proceso social moderno nutre, intensifica, agudiza hasta lo intolerable las contradicciones y así va gestándose, poco a poco, una situación en que la mayoría «se vuelve loca». En tales trances, suele ser la mayoría demente la que pone la camisa de fuerza a la minoría que no ha perdido la cordura. Es así como avanza la historia.» León Trotsky (7)

Toda revolución lleva su carga de violencia. No puede ni siquiera soñar con triunfar sin ella. Ya de por sí la insurrección es posible por la ruptura del «orden establecido» en la conciencia de las masas. Ejemplos históricos sobran. En las insurrecciones de esclavos, hace dos siglos, los negros sublevados destruían, incendiaban las casas, las haciendas etc. Todo ello representaba la dominación del blanco. Había que quemar y huir, no existía redención posible, no podían confiar en nadie. Durante la Guerra Federal, las masas campesinas quemaban las iglesias que encontraban a su paso como símbolo de su odio al clero, que actuaba al lado de la oligarquía terrateniente. Al caer la dictadura gomecista, las masas destruyeron, saquearon e incendiaron las propiedades de los lacayos de la dictadura. Igual sucedió el 23 de enero de 1958 con los amigos de la dictadura perezjimenista; también las masas tomaron el edificio de la Seguridad Nacional y ajusticiaron a los esbirros. Toda la violencia en que se basa el orden establecido es blanco de la furia popular que sale a la calle desafiando ese «orden». Así también actuó nuestra insurrección.

El hecho de que se trata de un régimen «democrático burgués» no lo exime de estas leyes del proceso social. Bajo la dictadura perezjimenista los males podían ser achacados al dictador, pero bajo la «tercermundista» gestión del «democrático» CAP, no hay dictadura que valga. El crimen de acaparar, de pagar la deuda externa fraudulenta, llevando a la educación y la salud a la ruina; condenar al hambre a centenares de miles y a la muerte a miles de niños por desnutrición; observar cómo un burgués dilapida millones de bolívares en la boda de su hija mientras a millones se les lanza a la pobreza absoluta, todas esas son contradicciones irracionales del capitalismo, que bajo un régimen «democrático» estallan contra él, demostrando su absoluta hipocresía y que es el sistema económico imperante el responsable de todos los males. Por eso la insurrección venezolana fue directamente anticapitalista, objetivamente, le guste o no a Sosa. La ilusión de que la democracia capitalista es «perfectible» y educa, alimenta y cura, se derrumbó.

La acción «libre» de algunos delincuentes, fue producto de la liberación de todas las barreras sociales que la insurrección provocó. Esto es inevitable. Pero es mentira que estos sustituyeron el accionar de las masas. En todo caso corrieron paralelo a ella y las propias masas terminarían controlándolos. De hecho así se hizo en varios sitios donde se decidía qué comercio se saqueaba y cuál no. El propio movimiento va creando su disciplina e imponiendo su orden. Es este «orden» de las masas en la calle el que se opone al que está establecido, el de la burguesía. En medio del caos van surgiendo los elementos de un nuevo poder. Y es contra él que se desató el terror de la represión. No contra la delincuencia, como dice Arturo Sosa. Para reestablecer el control de las calles, el poder burgués, era necesario aplastar a las masas, volver al «orden» de antes del 27 de febrero.

Cuando se suspenden las garantías, la «tercera fase» de Sosa, las masas populares no habían comenzado a «retirarse a sus barrios, sus casas» y no lo harían hasta después que la salvaje represión los obligó. Allí, los más audaces marcaban la pauta de lo que había que hacer. Algunos estudiantes, gente joven, personas con experiencia de la década del 60 y hasta del 58 se convirtieron en la vanguardia improvisada de la resistencia. También algunos malandros «azotes de barrios» se trocaron en «héroes» populares. Sea cual sea la razón que los llevó a asumir la defensa del barrio, lo cierto es que lo hicieron y la gente los acogió y absolvió porque en los momentos difíciles estuvieron de este lado de las barricadas.

Y allí está el problema principal. ¿De qué lado se estaba? En la insurrección de febrero no hubo las dos o tres fases que pretende Arturo Sosa, que intenta presentarnos un 27 de febrero «bueno», donde las masas no provocaron mayores destrozos y manifestaron su «justificada» protesta y un febrero «impuro» lleno de delincuentes y ultraizquierdistas fanáticos. En el primero el gobierno «dejó hacer» y en el segundo estuvo bien «poner orden». Pero ya hemos visto que las insurrecciones populares no obedecen a los esquemas de «racionalidad» y «orden» de Sosa, sino al estallido de las contradicciones irracionales que engendró el capitalismo, con su miseria, su hambre y acaparamiento, su desempleo y sus crímenes.

La posición zigzagueante del MAS, de Causa R, de gente como los cristianos de la revista SIC, los lleva a colocarse objetivamente del lado del sistema capitalista. Su comportamiento durante los sucesos del 27 de febrero así lo demuestran. Cuando se inició apoyaron, sin comprometerse a fondo. Al no poder controlarla, empezaron a marearse en medio del caos generado por la rebeldía de las masas. Comenzaron a criticar, a enumerar sus fallas, a afincarse en los «defectos» y en general daban a entender que así no se hace. En medio de la crisis sintieron que el régimen se desmoronaba, su parlamento, sus presupuestos, sus partidos, su iglesia, sus privilegios, y le flaquearon las piernas.

A pesar que ellos, el MAS y la Causa R, fueron portavoces de la denuncia a las violaciones a los derechos humanos, se negaron a ser consecuentes y buscaron reducir la responsabilidad a individualidades, ya que la denuncia siempre fue dirigida contra «funcionarios que confunden el estado de emergencia, transitorio como es su naturaleza, con la existencia de una feroz dictadura que, estoy seguro, no es el propósito del presidente Pérez al decretarlo.» (Macario González, MAS, El Nacional 06/03/89). Así pues, tenemos un Presidente bueno y algunos funcionarios malísimos que cometieron injusticias, que «está seguro» el presidente Pérez no pretendió que se cometieran. Así queda a salvo la responsabilidad del jefe del gobierno que cometió la masacre.

Este esfuerzo por denunciar excesos y proteger las instituciones, sólo sirve para apoyar al Estado contra el oprimido. Cuando varios estudiantes denunciaban, ante un grupo de diputados, las torturas a que habían sido sometidos, éstos les exigían «pruebas» para poder llevar la denuncia adelante. Mientras la verdad oficial de «no hay torturas» no se le exige prueba alguna. El mismo Arturo Sosa, al referirse a la actuación de la DIM, dice que «algunos parlamentarías hicieron denuncias de maltratos a los detenidos, que fueron enfáticamente desmentidos por su director el almirante Rodríguez Cítraro.».(SIC, Op.Cit). Este es el único comentario que le merecen las torturas y ni siquiera toma en cuenta la narración de uno de los jesuitas detenidos, que en la misma revista señala que «fuimos conducidos a la sala de interrogatorios de la que salía un muchacho llorando, al que le habían cubierto la cabeza con una funda de almohada.» Este era uno de los presos maltratados de los que hablaban los parlamentarios, pero evidentemente ese testimonio es menos «enfático» que el desmentido del almirante Citraro.

Al MAS debemos reconocerle haber sido de los más solidarios en enfrentar las violaciones a los derechos humanos. Lamentablemente le puso una camisa de fuerza al Comité por los desaparecidos que por su iniciativa se constituyó. En ningún momento se propuso movilizar a amplios sectores en defensa de los derechos humanos y sólo se limitó a formalizar denuncias ante los tribunales, sin ir más allá de las declaraciones de prensa rimbombantes, con cierto tinte electoral.

Su objetivo quedó demostrado cuando no quisieron incorporar a otros sectores al comité, incluso a la FCU, que fue marginada ostensiblemente y en su lugar fueron colocados militantes masistas.

El mezquino interés electorero de la izquierda reformista también estaba en intentar sepultar el 27 de febrero. «Yo termino con un llamado a toda la población que se alzó hace unos días, para que orientemos esa protesta pasándole factura al paquete económico de CAP en las próximas elecciones municipales, de alcaldes y gobernadores. Eso es lo único que nos va a quedar al final. La Causa R está dispuesta.» (Andrés Velásquez, El Nacional 11/03/89).

Toda la insurrección, toda la movilización espontánea de las masas sólo serviría para «pasarle factura» al gobierno ¡votando por Causa R!

Sería muy triste final si tal fuera toda su alternativa. Por suerte, Andrés Velásquez no tiene razón y con las jornadas de febrero se empezó a escribir la historia de este país de otro modo. A partir de ese momento, se abrió una etapa nueva, en el proceso de la revolución venezolana. Venezuela se incorpora al proceso latinoamericano y mundial. Comprender lo que pasó y su significado es tarea urgente del movimiento revolucionario, de los activistas obreros, estudiantiles y populares.

Segunda parte. Venezuela se latinoamericaniza

Capítulo Primero. Entramos a una situación revolucionaria
¿Por qué la llamamos insurrección?

En la revista Correo Internacional, publicación de nuestra corriente internacional, la Liga Internacional de los Trabajadores (Cuarta Internacional) respondemos a la cuestión de la insurrección. Nos ha parecido conveniente citar extensamente lo que allí se afirma sobre el Caracazo.

«¿Cómo definir los hechos de Caracas afines de febrero y principios de marzo? Revisemos algunas expresiones en la prensa venezolana de esos días: «…E/ estallido de un volcán social que parecía dormido…» (Fabricio Ojeda, El Nacional, 03/03(89).

«…masivo levantamiento…Algo irracional, espontáneo y explosivo, que surgió en cuestión de horas, por tensiones acumuladas durante más de treinta años…» (Fabricio Ojeda, El Nacional, 05/03/89).

«…explosión popular espontánea. La gente de los barrios y algunos sectores de clase media fueron los protagonistas indiscutibles…» (Arturo Sosa, SIC, abril 89).

«…la pérdida de la compostura colectiva y la insurrección popular por el aumento del pasaje…» (El Diario de Caracas, 28/02/89)

Estas expresiones nos brindan los elementos (y hasta la palabra exacta) para definir los hechos. En Caracas se produjo una insurrección. En las palabras de Lenin: «Una insurrección no preparada, espontánea, dispersa, ha empezado ya. Nadie podrá garantizar absolutamente que llegará hasta la insurrección popular armada integral y total…» (8)

En plena revolución de 1905, Lenin decía: «Revueltas, manifestaciones, combates en las calles, unidades de un ejército revolucionario. Tales son las etapas de desarrollo de la insurrección popular». Poco antes había descrito así estas etapas: «Las revueltas, es decir, los levantamientos carentes de conciencia, no organizados, espontáneos y a veces sin freno (…) Las simples revueltas han dejado paso a la lucha huelguística organizada y las manifestaciones políticas (…) Comenzaron los intentos de resistencia armada de la muchedumbre contra las tropas zaristas. Comenzaron los combates de calle en toda regla entre el pueblo y las tropas, comenzaron las luchas de, barricadas (…) El ejército zarista (…) comenzó a vacilar. Al principio, fueron casos aislados de negativa a la obediencia, explosiones de sublevación de los reservistas, protestas de los oficiales, agitación entre los soldados, negativa de algunas compañías o de regimientos enteros a disparar contra sus hermanos, los obreros. Luego el paso de una parte del ejército al lado de la insurrección”. (9)

Basta comparar los hechos de Caracas con los que cita Lenin para ver que el «Caracazo» combina esas «etapas». Por supuesto, como ocurre siempre en la realidad, no se sujeta a un orden predeterminado. En Caracas, las manifestaciones (políticas, pues se dirigían contra el plan económico del gobierno, aunque no se propusieran su derrocamiento) precedieron a las revueltas, y ambas se combinaron con la lucha de barricadas y la resistencia a los cuerpos represivos armados del régimen. Y si bien no se produjo el paso de una parte del ejército al lado de la insurrección, las crónicas están repletas de casos de vacilaciones, desobediencia y connivencia de policías (e incluso soldados) con el pueblo en la calle.

Y la lucha huelguística se desarrolló después de terminada la insurrección (como, por otra parte’, se había dado antes) y culminó en la huelga general del 18 de mayo.

Esta particular combinación de las «etapas» de la insurrección popular se dio en forma desigual, de sector a sector, con ritmos diferentes. Pero, repetimos, esto es lo que sucede en la realidad de los movimientos espontáneos de las masas.

Podría argumentarse que extendemos abusivamente el concepto leninista de insurrección espontánea, ya que los acontecimientos de 1905, que son los que él analiza, eran alzamientos populares contra el régimen zarista, expresaban la aspiración de las masas a lograr la caída del Zar.

Sin embargo, Lenin usó anteriormente el término insurrección para definir alzamientos violentos de las masas, que no tenían ese propósito conciente. «La insurrección campesina fue aplastada porque era el levantamiento de una masa ignorante e inconciente, un levantamiento sin reivindicaciones políticas claras, es decir, sin la reivindicación de un cambio de régimen estatal». Pocas páginas antes describe la insurrección a la que se refiere en los siguientes términos: «Se levantaron los campesinos de Poltava, Jarkov y otras provincias, se lanzaron contra los terratenientes, pegaron fuego a sus graneros, se repartieron entre sí sus bienes, entregaron a los hambrientos el trigo sembrado y recogido por el mujik pero apropiado como suyo por el terrateniente y exigieron una nueva distribución de la tierra». (10)

Salvadas las distancias, ¿no podríamos decir: se levantaron las masas en Caracas y otras ciudades, pegaron fuego a los autobuses, se repartieron la comida y otros bienes acaparados por los capitalistas y exigieron el fin del plan económico de hambre?“ (Correo Internacional #41, julio-agosto 1989).

Durante la Conferencia Nacional Extraordinaria de nuestro partido, realizada en junio de 1989, definíamos así las características de la insurrección:

«1. Fue una insurrección popular, pues en ella participaron centenares de miles de habitantes de las barriadas populares de las principales ciudades del país, así como trabajadores, estudiantes, sectores plebeyos de la clase media, etc.

2. Fue generalizada y espontánea, pues, aunque su centro fue Caracas, todas las ciudades importantes del interior del país, en especial en Carabobo, Aragua, Mérida y en menor medida Guayana y Lara, fueron sacudidas por el levantamiento. Este tuvo un carácter espontáneo, sin dirección ni organización.

3. Fue una insurrección contra el hambre y la miseria, contra el paquete económico impuesto por el gobierno, por el odio a los aumentos de precios, al desabastecimiento creado por el acaparamiento de los productos de primera necesidad, así como la enorme frustración al ver que CAP no trajo el bienestar prometido y por el cual votaron esperanzados.

4. Se trató de una insurrección directamente anticapitalista, pues se levanta contra la política de un gobierno «democrático». Es decir, en este caso las masas no protestan contra una dictadura o régimen bonapartista. Se levantan contra un régimen democrático burgués que definitivamente los conduce al hambre y la ruina. No existen en nuestro país las mediaciones que significan a las masas derrocar dictaduras, conquistar la democracia burguesa y hacer la experiencia con ese régimen, en relación a su esencia explotadora y represiva.

5. La insurrección abrió un hecho novedoso y de una importancia capital para la revolución venezolana: dio inicio a la crisis del aparato represivo del Estado burgués, manifestado en la negativa de muchos soldados a disparar o ir a los barrios más alzados; la participación de numerosos policías en los saqueos, organizando incluso la administración o el asalto por parte de las mujeres y los niños, de los comercios. Esto es la mejor expresión de que la masividad y contundencia de la rebelión conmovió a las bases de los aparatos represivos, que están constituidos por gente del pueblo, y arrastró a un sector a las filas de las masas o bien neutralizó a una parte de ellos.

6. Durante los sucesos de febrero se dio una huelga general de hecho, en Caracas principalmente, que mantuvo paralizados a los comercios y las fábricas durante casi una semana.

7. La represión brutal desatada por el gobierno contra la movilización de las masas, dejó un saldo de por lo menos dos mil muertos no reconocidos por CAP. Aún así y suponiendo el hecho negado, de que fuesen menos, la «democracia» venezolana se transformó en la más sangrienta y asesina de toda Latinoamérica. Sarney, Alfonsín o Alan García no le llegan ni por las rodillas al masacrador latinoamericano, que en nombre de la democracia ordenó reprimir a sangre y fuego la protesta de las masas populares, mostrando como ninguno la esencia represiva, explotadora, de la democracia burguesa». (Venezuela entra a la revolución continental. PST, junio 1989).

Hubo una crisis revolucionaria.

Hemos afirmado en la primera parte que en nuestro país, en plena insurrección de febrero, se dio una crisis revolucionaria; nos detendremos pues en esta cuestión fundamental para comprender la parálisis de las instituciones y del gobierno.

Generalmente se cree que una crisis revolucionaria significa que las masas se encuentran al borde de la toma del poder y que existe una conciencia «masiva» de los objetivos propuestos, como por ejemplo «derrocar al gobierno». Hay incluso los que confunden esta definición y suponen que las crisis revolucionarias se dan sólo cuando existe una organización capaz de conducir el proceso revolucionario hacia su culminación exitosa.

Una crisis revolucionaria es un fenómeno objetivo, de la realidad, independiente de los deseos, los propósitos y el nivel de conciencia de las masas que la provocan. La movilización, el levantamiento del pueblo y los trabajadores, su insurrección, puede ser tan poderosa que paraliza el accionar de todas las instituciones de un régimen, sea cual fuese este (democrático, dictatorial, etc.) y lo desorganiza, provocando un «vacío de poder». En estos momentos, de hecho, existen dos poderes antagónicos que corren paralelos: el poder del gobierno, con sus instituciones y el de las masas en lucha que se «adueñan» de las calles, o que a través de organismos centralizados disputan a la burguesía el poder.

En Venezuela con el Caracazo, en Argentina con el Rosariazo, en China con las movilizaciones de la Plaza Tianamen, en Polonia con las grandes huelgas, ha habido crisis revolucionarias, es decir, parálisis de los gobiernos y vacío de poder. Esto es, que las instituciones del dominio capitalista o burocrático, dan órdenes que nadie cumple, emiten directrices que no pueden llevar a la práctica, dictan leyes que nadie acata. El parlamento, los jueces, el ejército, la iglesia, todas las instituciones se encuentran desbordadas y sin capacidad para «controlar» la situación como «normalmente» lo hacen.

«En ocasiones, como ocurrió en China y Venezuela, las masas dan un paso atrás, las instituciones y el gobierno retoman el control de la situación y se cierra temporariamente la crisis revolucionaria. En otras, las masas siguen adelante y la crisis revolucionaria se prolonga, se hace crónica, como sucede en la Argentina y Polonia, manteniendo una situación de poder dual.

El poder dual consiste en que las masas movilizadas en forma revolucionaria imponen sus propias medidas opuestas a las del poder burgués o burocrático languideciente. Si en el curso de la lucha, las masas ya han desarrollado sus organizaciones autónomas, éstas quedan enfrentadas como instituciones de poder obrero y popular a las instituciones del régimen. En algunos casos, este poder obrero y popular está centralizado a escala nacional o de una zona -como ocurre con Solidaridad en Polonia y los Comités Populares de la Intifada- y en otros permanece atomizado localmente o por sectores.

Este proceso es de tal magnitud que sólo en los últimos tiempos ha habido insurrecciones, crisis revolucionarias o situaciones de doble poder por lo menos en Venezuela, Argentina, China, Polonia, Palestina, Yugoslavia, Jordania, Nigeria, Argelia, Perú, Birmania y varias naciones oprimidas y ciudades mineras de la URSS.» (Documento sobre la Situación Mundial. LIT-CI, septiembre de 1989).

Durante la insurrección de febrero, el descomunal levantamiento de las masas populares hambrientas, su dominio de las calles de la ciudad, sus barricadas, sus saqueos etc., provocaron inicialmente, la parálisis del gobierno de CAP, su desconcierto. Las instituciones del régimen democrático-burgués venezolano, que con sus altas y bajas, funcionaron y controlaron la situación durante 31 años, aún en los momentos de auge guerrillero, quedaron totalmente desbordadas e incapacitadas para dirigir y frenar la rebelión.

La confirmación de este análisis la encontramos en los mismos personeros de la burguesía, que decían en esos días: «El sistema político venezolano estuvo a punto de colapsar. La rebelión de las masas populares no encontró los cauces naturales, los canales de expresión y de organización que le debe ofrecer el sistema democrático. La protesta adquirió en determinado momento características insurreccionales y la anarquía prevaleció en el movimiento». (Abdón Vivas Terán, El Nacional 05/03/89)

El ex-presidente Luís Herrera Campíns fue más enfático: «En tres días vimos lo que jamás habíamos presenciado en ninguna época en el país, y si no llegó a mayores esa turbulencia social, fue por su espontaneidad inicial y su falta de conducción y orientación. Si el gobierno no cayó, ni el sistema democrático actual se destruyó, fue por la razón anterior, pues en los dos primeros días del conflicto, se observó una gran ausencia de la dirección política y social venezolana». (El Nacional, 09/03/89).
Se ha abierto una etapa revolucionaria.

El febrero venezolano ha cambiado radicalmente la relación entre las clases sociales en nuestro país. Precisar qué tipo de cambio se generó, qué nueva relación de fuerzas existe, es vital para tener una orientación correcta y comprender la dinámica de los acontecimientos.

La izquierda venezolana, educada fundamentalmente por las concepciones estalinistas sobre la revolución siempre ha confundido las tradicionales categorías leninistas. No se atreven a llamar etapa revolucionaria o situación revolucionaria a un proceso, si éste no se traduce en firmes y contundentes movilizaciones de masas que se planteen concientemente el problema del poder. Para muchos, una situación revolucionaria es un «momento» particular de la lucha, en que las masas, aceptan la dirección de los revolucionarios y se disponen a «tomar el poder». Para los que tienen educación guerrillera es generalmente aún más restringida la definición: deben existir profundos elementos de lucha armada.

Estas concepciones no estudian la relación entre las clases en forma dinámica y enmarcada en el proceso mundial. Sólo enfocan un momento de ella, como si fuera una fotografía y no como una película.

Una situación revolucionaria es una situación objetiva. No está determinada por la fuerza del partido revolucionario, ni por la voluntad de los partidos o instituciones. No es un momento de la realidad, es una caracterización científica que permite explicar, que con tales o cuales particularidades la relación que normalmente existe en los períodos de «calma» entre los trabajadores y la burguesía se ha roto y surge una nueva relación, cuya característica fundamental es que las masas trabajadoras y populares no se dejan explotar y oprimir como hasta entonces ocurría. No equivale a decir esto que ponen fin a la explotación, eso ocurrirá si la situación revolucionaria conduce a la revolución social, pero ello es tema de otro capítulo. Por lo pronto nos interesa dejar claramente sentado que, en nuestra opinión, la insurrección de febrero abrió una situación revolucionaria. Para establecer con precisión el concepto creemos muy importante ver lo que Lenin decía a este respecto: «Para un marxista resulta indudable que la revolución es imposible si no se da una situación revolucionaría, pero no toda situación revolucionaria conduce a la revolución. ¿Cuáles son, en términos generales, los signos distintivos de una situación revolucionaria? Estamos seguros de no equivocarnos al señalar estos tres signos principales: 1) La imposibilidad para las clases dominantes de mantener su dominio en forma inmutable; tal o cual crisis en las «alturas», una crisis de la política de la clase dominante, abre una grieta por la que irrumpen el descontento y la indignación de las clases oprimidas. Para que estalle la revolución no basta que » los de abajo no quieran» vivir como antes, sino que hace falta también que «los de arriba no puedan vivir» como hasta entonces.2) Una agravación superior a la habitual de la miseria y las penalidades de las clases oprimidas. 3) Una intensificación considerable, por las razones antes indicadas, de la actividad de las masas, que en tiempos «pacíficos» se dejan expoliar tranquilamente, pero que en épocas turbulentas son empujadas, tanto por la situación de crisis en conjunto, como por las «alturas» mismas, a una acción histórica independiente.

Sin estos cambios objetivos, independientes no sólo de la voluntad de tales o cuales grupos y partidos, sino también de la voluntad de estas o aquellas clases, la revolución es, por regla general, imposible. El conjunto de estos cambios objetivos es precisamente lo que se llama situación revolucionaria. Esta situación se dio en Rusia en 1905 y en todas las épocas revolucionarias en Occidente; pero también existió en la década del sesenta del siglo pasado en Alemania, en 1859-1861 y en 1879 en Rusia, sin que hubiera revoluciones en estos casos. ¿Por qué? Porque la revolución no surge de toda situación revolucionaria, sino sólo de una situación en la que a los cambios objetivos antes enumerados viene a sumarse un cambio subjetivo, a saber: la capacidad de la clase revolucionaria para llevar a cabo acciones revolucionarias de masas lo bastante fuertes como para destruir (o quebrantar) al viejo gobierno, que jamás «caerá», ni siquiera en las épocas de crisis, si no se lo «hace caer». (11)

«La ley fundamental de la revolución, confirmada por todas las revoluciones, y en particular por las tres revoluciones rusas del siglo XX, consiste en lo siguiente: para la revolución no basta con que las masas explotadas y oprimidas tengan conciencia de la imposibilidad de seguir viviendo como viven y exijan cambios; para la revolución es necesario que los explotadores no puedan seguir viviendo y gobernando como viven y gobiernan. Sólo cuando los «de abajo» no quieren y los «de arriba» no pueden seguir viviendo a la antigua, sólo entonces puede triunfar la revolución». (12)

Pensamos que en Venezuela, a partir de las jornadas de febrero, los «de abajo no quieren seguir siendo expoliados como antes y los de arriba no pueden seguir gobernando como lo han hecho siempre en lo últimos 31 años», por esto, con sus altas y bajas, sus períodos de mayor movimiento y fases de relativa calma, hemos entrado en una situación revolucionaria. Vendrán nuevas insurrecciones, grandes procesos de movilización y luchas, unos dispersos, otros centralizados. Al calor de esta nueva etapa, los luchadores, los trabajadores concientes, deben construir una dirección para trabajar por un gobierno obrero y popular que acabe con el capitalismo.

Capítulo segundo. En la senda del FMI

La deuda externa y los paquetes del FMI, han causado los efectos de una devastadora bomba sobre los países latinoamericanos. Todos los gobiernos, junto con sus ministros y especialistas económicos, han asegurado que sus planes, inspirados en las recetas fondomonetaristas, sacarán a sus respectivos países de la crisis y tan solo hay que esperar y aceptar resignadamente los sacrificios. Pero todo ha sido mentira. La realidad demuestra categóricamente que ninguno de los países que han aplicado dichos planes, han salido de sus calamidades, por el contrario, se han hundido más e incluso, como en el caso de Argentina, entraron en un colapso económico.

En Julio de 1989, analizábamos la situación de algunos países latinoamericanos: «Argentina. Población: 31,3 millones. Deuda Externa: 54 mil millones de dólares. Después del Plan Austral, vino el Primavera, con aumentos en las tarifas del servicio público de un 30%, salarios congelados y recortes del gasto público. Después del fracaso del Plan Primavera, Alfonsín declaró que el país entraba en una «economía de guerra» y un gobierno de «crisis». Se impuso la hiperinflación con aumentos de precio de hasta tres veces por día. Inflación del 80% mensual y tasas de interés del 100% mensual. El dólar que en Febrero estaba en 17 australes, hoy se cotiza a más de 600 australes por dólar. En Rosario, las masas empobrecidas salieron a buscar alimentos, desesperadas, y se dieron saqueos como en Venezuela. Esto decretó el adelanto de la salida de Alfonsín. El nuevo presidente, el peronista Menem, anuncia un paquetazo peor que el Alfonsín, para «ajustar» la economía y pide el «sacrificio de todos los argentinos». El FMI avala el «ajuste». Por su parte los trabajadores no paran de hacer huelgas y movilizaciones.

Bolivia. Población: 6,7 millones. Deuda Externa: 48 mil millones de dólares. En Septiembre de 1985, el recién electo presidente Paz Estensoro aplicó un paquetazo, con los habituales aumentos de precios, congelamientos de salarios y devaluación de la moneda. Después se vio «obligado a decretar el estado de sitio por dos meses, para intentar combatir la respuesta obrera, que realizó huelgas generales, marchas, huelgas de hambre, etc.».

Perú. Población: 20,2 millones. Deuda Externa: 14,6 mil millones de dólares. En este país siempre ha habido una «variedad» de paquetes. Sólo desde septiembre de 1988 han aplicado cuatro. El de este mes cuadruplicó el precio de la gasolina y duplicó el de los alimentos. Los salarios, que experimentaron un aumento del 150%, fueron congelados. Al mismo tiempo, el presidente Alan García, retomaba las relaciones con el FMI, que vio con entusiasmo las «medidas» gubernamentales.

Ecuador. Población: 10 millones. Deuda Externa: 11 mil millones de dólares. En septiembre del año 88, el recién electo presidente Borja, decretó un paquete que incluía la duplicación de los precios de la gasolina y las tarifas de la electricidad, así como la devaluación de la moneda nacional.

Brasil Población: 140 millones. Deuda Externa: 127 mil millones de dólares. Es otro de los países «modelo» en paquetes. Ha habido el Cruzado, el Plan Bresser, el Cruzado II, el Verano, etc. La inflación ya ha alcanzado cifras record, afirmándose que seguirá el mismo camino de Argentina y caerá en la Hiperinflación. La recesión alcanzó la cifra más alta quebrando cantidad de empresas y aumentando gravemente el desempleo. Los trabajadores han respondido con grandes huelgas generales y sectoriales. Sólo el año pasado hubo 12 millones de huelguistas y los diversos planes han sido derrotados.

México. Población: 83 millones. Deuda Externa: 110 mil millones de dólares. Con la complicidad de los burócratas de la Confederación Mexicana de Trabajadores, el gobierno decretó el «Plan de Solidaridad Económica», en Diciembre de 1987, que incluía aumentos de gasolina, electricidad y productos alimenticios hasta en un 85%, mientras los salarios fueron aumentados en dos partes de 15% para luego ser congelados». (La Chispa #115, Prensa del PST, julio 1989).

En este cuadro sólo nos limitamos a algunos países de América Latina, pero la cronología de la mayoría de los países neocoloniales, es la misma, sólo cambian las cifras y el nombre del plan fondo monetarista. El presidente CAP, cada vez que hay una reunión internacional de importancia, carga sus discursos de antiimperialismo, denuncia la expoliación de que es víctima Latinoamérica en manos de la Banca Internacional y el FMI. En la última reunión de la ONU, se atrevió a vaticinar grandes conmociones sociales, de no resolverse el problema de la deuda. Pero su verborrea no les quita el sueño a los banqueros. Una vez que baja de la tribuna, sigue siendo el fiel agente fondo monetarista que nos aplica la misma medicina que ha causado la ruina y la miseria en todo el continente.

«Como condición para conceder nuevos préstamos, el FMI requiere que los gobiernos adopten medidas de reajuste. La norma del paquete de reajustes del FMI, requiere que los gobiernos devalúen sus monedas; de este modo abaraten sus exportaciones y encarecen sus importaciones, reducen el gasto público, particularmente en los servicios sociales y en los subsidios a los artículos de consumo popular; rebajas salariales y contracción de la actividad económica. Como anotó Kissinger, esta medicina significa más desempleo, menor consumo, menos importaciones y por supuesto, menos exportaciones de los países industrializados.

Debido a que los países deudores están obligados a adoptar las mismas políticas al mismo tiempo, la baja en un país refuerza la del otro, iniciando así una espiral descendente. Por ejemplo, el otrora creciente comercio de exportación de Brasil a México, Nigeria y otros países del tercer mundo, ha disminuido drásticamente debido a que estos países ya no pueden importar. En consecuencia, los ingresos por exportaciones de Brasil, han caído y con esto su capacidad para servir la deuda y continuar produciendo para exportar.

Por otra parte, con el propósito de servir sus deudas, estos países ahora deben generar un superávit en sus balanzas de pago, en otras palabras, deben exportar más de lo que importan. De otra manera, no podrían obtener nuevos préstamos ni siquiera créditos supletorios para importar nada. De manera que, estos países no sólo deben generar un superávit de exportaciones rebajando las importaciones, deben también reducir el consumo interno, de modo que más bienes y productos puedan ser exportados para obtener divisas. Esto, contrae aún más los salarios, la demanda, el consumo y la producción nacional. ¡La actividad económica misma que deben desarrollar los países del Tercer Mundo para poder exportar hacia el Primer Mundo y servir sus deudas!». André Gunder Frank (13).

Como vemos, esta es la desmitificación de «orientar nuestra economía hacia la exportación». Esta cacareada «orientación» sólo le sirve a los monopolios asociados al Estado y sus empresas, para sus propósitos de contraer el mercado interno y abrir la economía al imperialismo. La fantasía acerca del dinero que volvería al país, así como el atractivo para las inversiones, en las que se imagina a Venezuela convertida en una Taiwan, en realidad han sido la justificación de un nefasto plan de destrucción de la industria nacional, de entrega al imperialismo y de mayor acumulación y concentración de capital.

«El pretendido plan, favorece sustancialmente a los grandes capitalistas monopólicos y el capital financiero asociado al estado y significará el derrumbe para enorme cantidad de empresas incapaces de soportar la recesión y menos aún producir para la «competencia» con el exterior. Asimismo, la supuesta orientación antiinflacionaria, que tendría sus frutos en 1990 ó 1991 es una completa fantasía. La economía no se debatirá en el juego de la «Oferta y Demanda» como engañosamente propone el neoliberalismo y que aparentemente empujaría los precios «hacía abajo». Tampoco funcionará la recesión y la contracción en la demanda que ella ocasiona en el sentido de bajar los precios. Por el contrario, serán los grandes monopolios, en aras de acrecentar día a día sus ganancias, los que determinen los precios, empujando permanentemente «hacia arriba», manteniendo y desarrollando la inflación. A su vez, buscarán mantener los salarios por el suelo, con el fin de mantener su «competitividad», en los bajos costos con el exterior. Un dato importante respecto a la concentración monopólica es el que diera recientemente la Federación de Colegios de Economistas, cuando afirma que el 9% de las empresas manufactureras efectúan el 77% de las ventas. Esta circunstancia genera en el sector, ganancias exageradas y anula la posibilidad de aplicar las reglas de la economía de mercado» (Documento PST, Op. Cit).

La aplicación de los planes fondomonetaristas en Venezuela ya produce sus devastadoras consecuencias. La inflación que, ya desde antes de entregarlo, había consumido los dos mil bolívares de aumento de Febrero, ha terminado por pulverizar los niveles de ingreso del pueblo venezolano. El gobierno pretende hacer creer que la inflación está congelada en un 78,2% (cifra record de por sí), para no mostrar que ya hace rato, superó la cifra de un 80% que CAP se había puesto como límite o se «autoexiliaría». El humor, que nunca abandona a los venezolanos, generó el comentario de que CAP, en su reciente gira por Suramérica, estaba escogiendo el país donde se exiliaría.

La mayoría de los productos del consumo básico desaparecen y a la par, las cámaras de industriales que los fabrican, anuncian que no pueden seguir sosteniendo los actuales niveles de precios, empujándolos «hacia arriba», que ya de por sí, son escandalosos. El drama de las amas de casa para hacer sus compras, es fuente permanente de rabias y quejas contra el gobierno. La propaganda oficial, que trata de «educar» a la colectividad para hacer uso de las «sobras» o acudir al regateo a la hora de comprar, no ha hecho sino agregar una nota de humor negro al malestar que se está acumulando.

La recesión que se está produciendo deja cada día sin trabajo a miles y miles de venezolanos. Con la complicidad de la burocracia sindical, los empresarios han impuesto a los trabajadores «vacaciones adelantadas», o semanas reducidas en días de trabajo (y de salario, obviamente) o ritmos de trabajo de una semana sí, otra no. Producto de la concertación de Fedecámaras y la CTV, los patronos introducen calificaciones de despidos que, contando con la complicidad de las inspectorías de trabajo, dejan en la calle a muchos trabajadores pagándoles prestaciones sencillas algunas veces, con productos de la propia fábrica, que el trabajador difícilmente podrá vender. Según informaciones del periódico «Economía Hoy» para fin de año la tasa de desempleo podría llegar a más de un 30%. La ola de despidos muestra la ofensiva más brutal contra la clase obrera venezolana, en los últimos años.

La imposición de jornadas de sobre-explotación, rebajas salariales, desconocimiento de las obligaciones contractuales y despidos son las consecuencias directas que vive el trabajador por la aplicación de los planes fondo monetaristas. Los empresarios, para seguir ganando millones, prefieren destinar sus recursos no a la producción de bienes, sino a la especulación con el dólar y las tasas de interés, o dedicarse a producir para la exportación, desabasteciendo el mercado nacional y buscando imponer salarios de hambre que equiparen al trabajador venezolano con los peores pagados del mundo. De eso se trata la llamada «reconversión» industrial.

Inmensos sectores de la población están siendo sometidos a la marginalidad más absoluta.» Venezuela es un país de pobres. Lo dicen las cifras y poco falta para que la crisis que está golpeando a tanta gente acabe con el decoro que tanto ha ayudado a mantenerla de manera discreta. Ya no es posible disimular. La última investigación sobre la población realizada en Junio por Fundacredesa, dio las siguientes cifras: Estrato I: 202.077 (1,05%); Estrato II: 1.254.774 (6,52%); Estrato III: 2.555.736 (13,35%); Estrato IV: 6.849.296 (35,73%); Estrato V: 8.383.122 (43,35%).

Si sumamos los estratos sociales más pobres del país (IV y V) expresados en estos porcentajes, 35,73% y 43,35%, tenemos que la pobreza afecta a un 79,08% de la población, que casi es como decir, el 80% de los venezolanos» (Rosita Caldera, columna «Séptimo Día», El Nacional, 22/10/89).

La ruina directa del nivel de vida del venezolano, se ve en el deterioro y desmantelamiento progresivo de las conquistas más importantes: la salud y la educación. «El estado burgués venezolano es ya incapaz de mantener relativamente funcionando estas dos grandes áreas de la sociedad. Ya bajo el gobierno de Lusinchi habían estallado crisis en ambos sectores, pero nunca como las que se han visto en los primeros meses de este año. Hay miles de escuelas en ruinas (hay que tomar esta expresión en su exacto sentido «ruinas») muchas de las cuales no pudieron comenzar a funcionar pues no ofrecían las condiciones mínimas de operatividad. A los maestros y profesores, además de pagárseles una miseria se les adeudan todo tipo de beneficios. Las escuelas trabajan sin materiales, con laboratorios dañados, en algunos no hay agua, o los niños reciben clases de pie por falta de pupitres.

Según las conservadoras cifras del Ministerio de Educación, el índice de repitencia promedio de los estudiantes es de alrededor de un 21,9% y el índice de deserción es de un 7,3%. Estas estadísticas, de por sí altas, no nos dicen las verdaderas causas de este deterioro colosal que obliga a decenas de miles de jóvenes abandonar sus estudios y a otros tantos a repetir los grados por problemas de aprendizaje. La base de esto está en la desnutrición, la miseria reinante en los barrios donde estos jóvenes viven, la necesidad de ir a trabajar tempranamente y por si esto fuera poco, las pésimas condiciones en que estudian. Esta realidad no puede ser cambiada por el capitalismo semicolonial venezolano, por el contrario, no está dispuesto a destinar los recursos que la educación necesita, para mejorar ni siquiera los que requiere para mantenerse. En el terreno de la salud la situación no es mejor. Nunca como ahora ha sido tan evidente la crisis hospitalaria, que ha llevado a los médicos a la huelga y. a señalar que «la lucha del personal es por que no se nos mueran los pacientes, es para que tengan una atención adecuada… Es una farsa tener un hospital abierto nada más que para contar pacientes muertos.” (Ultimas Noticias, 28/04/89).

En el Hospital Universitario de Caracas, uno de los más importantes del país, la situación es de caos. El porcentaje de pacientes fallecidos, por la simple ausencia de implementos y medicamentos adecuados, ha aumentado el índice de aproximadamente 33 muertos mensuales, a 150 en el mes de Mayo. Esta es una situación que abarca a todos los hospitales.» (Documento PST. Op. cit.).

La orientación fondo monetarista de CAP, depara un camino de ruina y miseria nunca visto en nuestro país. El cambio «estructural» que proponen los sectores monopólicos ligados al estado y al equipo de CAP, implica el desmantelamiento de toda acumulación, conquistas y modo de vida de la clase trabajadora. Como si fuera poco, ahora se prepara la subasta del país.

Obedeciendo las instrucciones del FMI se pretende privatizar las empresas del Estado. Decenas de voraces empresarios extranjeros y nacionales se apresuran a arreglar con el gobierno los preparativos y condiciones en que serán vendidas SIDOR, CANTV, ALCASA y demás empresas básicas del país. Luego, una vez en manos privadas, serán transformadas de acuerdo a los intereses de los pulpos imperialistas y sus socios nacionales, en desmedro de sus trabajadores y de toda la nación. El otro aspecto de esta subasta es garantizar el pago de la deuda externa a partir de la facturación petrolera a futuro bajo el supuesto de que podría ser reducida en un 50%. Esta última entrega ha sido tan escandalosa que voceros del propio partido de gobierno le han salido al paso: «Yo estoy seguro que en Acción Democrática hay una cantidad de dirigentes que se opondrá a esa posibilidad. El petróleo y el oro no pueden ser dados en garantía por los señores que están llevando a cabo las negociaciones. Eso atentaría contra la soberanía nacional y contra el manejo autónomo de nuestra industria petrolera.» (Juan José Delpino, El Nacional, 22/10/89).

Esta es la situación en que nos estamos sumergiendo paulatinamente. A pesar de que los analistas y economistas burgueses, aborden «recetas» tras «recetas» y juren que en dos años se saldrá de esta situación, la realidad es que el estado burgués venezolano está en crisis y ésta no parará más.

Capítulo Tercero. La crisis del régimen

«El régimen político es la diferente combinación o articulación de las instituciones estatales que utiliza la clase dominante (o un sector de ella) para gobernar”. Nahuel Moreno, (14)

En nuestro país, desde 1958, ha sido la democracia capitalista el mecanismo mediante el cual la burguesía ha garantizado la explotación de los trabajadores y la aplicación de sus planes. La relativa estabilidad de este régimen se basó en que éste acrecentó las ilusiones del pueblo a partir de las migajas que pudo otorgar y el relativo desarrollo económico que se alcanzó. El sistema bipartidista se afianzó y en general, el pueblo caminó por el redil que le ofrecía la burguesía. Esto no quiere decir que no se desarrollaron luchas, pero lo que predominó sustancialmente fue la confianza de las masas en las instituciones de la democracia burguesa, como forma de «mejorar» su situación.

A partir de la insurrección estas ilusiones han sido heridas de muerte. La esencia represiva de la democracia burguesa quedó al desnudo y cada día que pasa se hace más evidente que es incapaz de resolver nada. La parálisis del gobierno queda demostrada al no poder actuar para detener la especulación, los aumentos de precios, los aumentos de transporte, el acaparamiento, la fuga de capitales, etc. Todos los mecanismos (ministerios, direcciones) mediante los cuales actúa el Ejecutivo Nacional están sumidos en una crisis profunda. Esta la han intentado superar reacondicionándola o maquillándola para tratar de seguir engañando a los trabajadores. Este es, por ejemplo, el papel de la COPRE (Comisión Para la Reforma del Estado), que utiliza los servicios de ex-izquierdistas que cambiaron sus convicciones por un cargo ministerial, como es el caso de Carlos Blanco.

El Poder Judicial en Venezuela siempre ha sido cuestionado. Pero el caso de corrupción en Recadi terminó por destapar todas las inmundicias existentes. Las investigaciones judiciales se estancan. A pesar de que todo el mundo conoce a los responsables, éstos andan libremente por las calles. Se denuncian presiones sobre los jueces y la gente sospecha que no se castigará a nadie. Para colmo, el propio CAP, durante su visita a Argentina, en octubre, anunció que el «caso Rapanelli» estaba cerrado y el sospechoso absuelto, cuando aún su expediente reposa en el Tribunal de Salvaguarda, y el propio juez se vio obligado a desmentir al Presidente.

Pero si los tribunales son una burla, aún más lo es el Parlamento. En esos días el pueblo venezolano asistió al sainete representado por senadores y diputados en un intento de enjuiciar al ex-presidente Lusinchi. Más allá de los insultos que se intercambiaron Lusinchi y Montilla (Copei), en los que cada uno acusaba al otro de ser el más borracho y «no tener cultura etílica», el famoso enjuiciamiento no llegó a nada y sumió al parlamento en un mayor descrédito.

«Venezuela vive hoy uno de los momentos más difíciles de su historia. La crisis económica y ‘las pugnas políticas han provocado un estado de rebeldía y enguerrillamiento, diríamos, en todos los sectores del país.

Hay una ausencia completa de liderazgo. Los partidos políticos están divididos; en el gobierno hay una falta de unidad, por no decir discrepancias; el poder judicial está cuestionado y los venezolanos se sienten desprotegidos ante la inseguridad jurídica existente; dividido y descontento el sector empresarial y laboral; atemorizado el sector inversionista.

Esto es lo que ha provocado el estado de rebeldía y por consiguiente, los brotes estudiantiles, la huelga de los tribunales, de los médicos, de la Policía Metropolitana, etc.

Algo aún más grave. Este estado de descomposición social, moral y económica está provocando un enfrentamiento de clases que no existía (…) Toca a la dirigencia del país la delicada función de armonizar, equilibrar y dirigir a las distintas clases, para evitar el enfrentamiento entre ellas y las graves consecuencias que ello puede originar». (Amadís, El Universal, junio 1989).

Es evidente que los mecanismos con los que tradicionalmente la burguesía gobernó en estos 31 años, están en crisis. Ella se origina en que las masas empiezan a romper con ellas a partir de la insurrección. Los capitalistas «no pueden gobernar como siempre lo han hecho».

La crisis de las Fuerzas Armadas

Tampoco las fuerzas represivas escapan a la crisis del régimen. No podía ser de otra manera. La violenta explosión popular de febrero afectó profundamente a los cuerpos encargados de la represión. Principalmente a la policía, que fue la que en primer término se encontró frente a la insurrección y porque ella misma atravesaba desde antes un conflicto reivindicativo. Esta situación previa influyó en su actitud durante el Caracazo. Pero, aún así, los policías seguramente sentían la presión de las masas debido a que resentían las consecuencias del paquete (bajos salarios, deterioro de sus condiciones sociales, etc.).

Por las mismas razones, aunque en menor medida, otros organismos como la PTJ o la Guardia Nacional, tampoco fueron inconmovibles y algunos terminaron de observadores complacientes o participantes de los saqueos.

La masacre con la cual se frenó la insurrección tuvo que ser confiada a las tropas traídas desde el interior, mientras «reordenaban» a toda prisa los paralizados cuerpos policiales. Sin embargo, la tropa tampoco fue inmune a la presión del levantamiento y se mostró poco firme en algunos sitios. La connivencia y la negativa a disparar llevó a altos mandos (según informes no oficiales) a detener cerca de tres mil efectivos por insubordinación. Esta situación interna la confirmaría indirectamente el general Alliegro, cuando en un balance de la actuación de las FAC diría: «Sobre la base de un balance estricto y serio de los acontecimientos y de la actuación de nuestras fuerzas armadas y policiales, se nos plantea la necesidad de revisar nuestras estructuras internas, hablo de la composición, calificación y disciplina; inclusive se hace necesario un estudio de la situación territorial de nuestras tropas porque, como ustedes mismos pudieron ver, hubo dificultades para el cumplimiento del deber».

Terminada la rebelión, no se cerró el capítulo de la crisis de estas fuerzas. El hecho de que todas las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos fueran pasadas a tribunales militares (menos las que involucran a policías metropolitanos por ser este un cuerpo «civil») aumentó el descontento interno hacia la Guardia Nacional. Estos GN que ocupan los altos mandos de la policía, se mostraron dispuestos a entregar los recaudos que exigían los jueces; así pagaban los «platos rotos» sólo los metropolitanos, se mantenían a salvo los demás cuerpos y se daba una imagen de que sí se castigaban los «excesos» policiales.

En mayo estallaron huelgas de policías por reivindicaciones salariales en varias ciudades del interior, Maracay, Valencia, Maracaibo, Barquisimeto, Puerto Ordaz, etc. En Barinas llegaron a cerrar la vía pública y colocaron basura que incendiaron cual si fuera una barricada.

En Caracas, el descontento entre los uniformados se transformó en conflicto, que fue dirigido por la oficialidad, que aspiraba a los cargos que hasta ahora ocupaba la GN, aunque manteniendo la defensa de los métodos represivos de la institución. Así, algunos de estos oficiales como Alejo Girón Sandoval, actual candidato a alcalde por la Causa R, apoyaba a los policías incursos en asesinatos durante los hechos de febrero, en especial al que mató a Yulimar Reyes, el oficial Canelón Blanco. Respecto a éste último, el entonces comisario Girón decía que «el cuerpo policial asume su defensa por considerar que ha habido una campana de descrédito contra la PM (…) los funcionarios señalados no son responsables, sino que se trata de vulgares montajes…» (El Nacional, 27/04/89). .De esta manera, Girón buscaba, con una ideología de derecha, canalizar la inquietud laboral de las bases policiales, orientándolas al servicio de la joven oficialidad de la PM.

En un intento por detener el clima de agitación, el gobierno ordenó la detención y destitución de los oficiales «cabecillas» de los reclamos. La respuesta de la base no se hizo esperar y el 9 de junio ocho mil policías de Caracas entraron en huelga, tomando las instalaciones de sus cuarteles. Dos días después los atacaron militarmente, en horas de la madrugada, para desalojarlos de las comisarías. En varios sitios hubo resistencia armada, tales fueron los casos de Cotiza y Guarenas. En esta última las tanquetas del ejército destruyeron las paredes para ingresar y rendir a los alzados. El saldo del enfrentamiento fue de una docena de heridos y más de 30 detenidos.

La represión no apagó el incendio. El lunes, dos días después de estos sucesos, realizaron una concentración a las puertas de la Fiscalía General de la República en la que denunciaban la represión, la persecución por parte de la DISIP (que había allanado las casas de muchos de ellos) y exigían la libertad de sus compañeros. Durante los dos años anteriores, los estudiantes hicieron varias veces estas concentraciones con las mismas denuncias contra la policía, ahora les correspondía a ellos ser las víctimas de la represión y usaban los mismos métodos que innumerables veces observaron en los estudiantes. Al día siguiente realizaron una asamblea en su cuartel aún ocupado por el ejército. «Sucedió que varios periodistas pidieron que se nos dejara pasar, pero el ejército dijo que no, que eso no estaba permitido. Adentro se supo, y los de la Brigada Especial de la PM decidieron bajar en grupo, para obligar a los soldados a franquear la entrada a las unidades de prensa y televisión. Como los policías eran muchos, la tropa (tres soldados) no se atrevió a disparar. Así fue como penetraron los medios, asombrados no sólo por la osadía policial, sino por las consignas que allí se vociferaron a toda voz: ¡El policía unido jamás será vencido! ¡Los policías arrechos…redaman sus derechos!

Parecía que estos hombres se habían contagiado con las marchas y manifestaciones estudiantiles que más de una vez tuvieron que reprimir. Ni en sueños el más mortal de los mortales podía creer que se encontraba en una comandancia y que quienes gritaban eran policías». (Fabricio Ojeda, El Nacional, 13/06/89).

Luego vendría una nueva marcha donde participaron 1.500 policías, esta vez al Congreso Nacional. Coincidió con una marcha de médicos que se encontraban al inicio de su conflicto. El cruce de ambas fue recibido por los agentes al grito de «médico amigo…el policía está contigo». Esta concentración, rodeada de guardias nacionales, hizo temer un nuevo enfrentamiento armado, ya que gritaban “¡Fuera la Guardia Nacional!… ¡Fuera el Gobernador!”

Los efectos de la crisis en la «represión».

Días después del paro policial se realizó una protesta estudiantil en una de las entradas de la ÜCV. Tras varios intercambios de piedras y perdigones uno de los oficiales pidió dialogar con los jóvenes universitarios. Después de cambiar opiniones sobre lo «inútil y estéril» de continuar el enfrentamiento y buscando que se comprendiera «su situación interna», los policías propusieron que si los estudiantes «respetaban los comercios y no causaban destrozos» ellos se retirarían, como efectivamente lo hicieron.

¿Qué son las fuerzas represivas?

Esta situación de las fuerzas policiales no elimina la esencia represiva de la institución. La burguesía requiere de estos cuerpos para frenar con la violencia la movilización de las masas obreras y populares. Es el garrote que tienen para mantener a raya a los trabajadores.

Los cuerpos encargadas de la represión, como la policía y el ejército, tienen una composición que refleja al conjunto de la sociedad. El Estado capitalista recluta a estas fuerzas de las filas del pueblo: sectores marginales, desempleados, campesinos, etc. Igual sucede con la recluta, que la «pagan» los hijos de los trabajadores ya que los hijos de la burguesía no hacen el servicio militar. Y justamente esa es la paradoja del Estado burgués: que tiene que reprimir al pueblo…con un sector del pueblo. Son carne de cañón. Los capitalistas y la clase media alta no son policías ni reclutas; cuando les «interesa» la carrera militar es para ser altos oficiales. Así constituyen una organización de castas donde se diferencia claramente quienes están abajo y quienes mandan.

Aparte de esta diferenciación utilizan una ideología que los aleja del pueblo, de la vida civil, al prohibirles derechos civiles, militar o simpatizar con partidos, tener sindicatos. A esto se suma una disciplina autoritaria, asentada en la represión interna que busca anular la individualidad de los, cuadros inferiores. También se les arranca de su medio social anterior (familia, barrio, ciudad) y se quebranta, mediante la coerción su voluntad para que se sometan sumisamente a las órdenes de sus superiores, sean cuales fueren éstas, como disparar contra un trabajador o estudiante que puede ser su vecino, un pariente, un paisano, etc.

Por eso la situación actual es especial e inédita en nuestro país y forma parte de un fenómeno continental y expresa la creciente crisis de los ejércitos y policías frente al ascenso de las masas. Los revolucionarios no podemos ser «espectadores» de este proceso y «lavarnos las manos» porque se trata de cuerpos represivos. Por el contrario, hay que sostener una política para la democratización de las Fuerzas Armadas y policiales, que colocándose en posición solidaria con sus derechos salariales y sindicalización, exija que éstos no repriman al pueblo. La frase de Bolívar ya citada debe presidir toda condena a la represión y el llamado a soldados y policías a que no disparen a sus hermanos los trabajadores y el pueblo.

Tal como decía Lenin, en virtud de su «composición social» las fuerzas represivas fatalmente sienten el «fermento revolucionario».

AD: ¿El partido del pueblo?

“Una de las más importantes crisis que afecta al régimen democrático-burgués imperante es la de su partido, AD. Su rol durante estos 31 años ha sido el de acaudillar a las masas obreras y populares para mejor explotarlas. «Acción Democrática ha sido el «partido del pueblo», porque capitalizó gran parte de la lucha contra la dictadura (cosa que compartió con el PCV…) y porque, posteriormente, encabezó el desarrollo más poderoso del Estado burgués venezolano, a partir de su excepcional ubicación como exportador de petróleo en medio de un ascenso de esa materia prima en el mercado mundial.

La frase acunada de «adeco es adeco hasta que se muere» es parte de la ideología que la burguesía ha sembrado en la mente de los trabajadores y el pueblo, partiendo de la idea popular de que «con los adecos se come» o «ellos roban pero hay para todos». No podemos pues, explicar la ascendencia de AD en el pueblo si no es por esta base material, objetiva.

Pero también hubo otros factores muy importantes que nutrieron el fortalecimiento de AD. Nos referimos al factor subjetivo que significó la desastrosa política del Partido Comunista, que perdió un gran capital político, con orientaciones que fueron desde el oportunismo entreguista y la colaboración de clases durante la situación revolucionaria que sucedió a la caída de la dictadura, hasta el sectarismo ultraizquierdista, la creación de sindicatos «rojos», la guerrilla etc. Esto dejó el campo abierto para que AD hegemonizara prácticamente todo el movimiento obrero, controlara los sindicatos y lograra pasar relativamente airosa de la crisis del MIR». (Documento Nacional, PST Op. cit.)
El partido del FMI y el Genocidio

«…en algunos sitios se quemó la imagen del presidente Carlos Andrés Pérez en señal de protesta, la ira generalizada e intensa se dirigió contra el sistema político completo, particularmente contra Acción Democrática y Copei». VenEconomía, #11,02/03/89)

Las masas que se insurreccionaron son las mismas que votaron por CAP en diciembre de 1988, esperanzadas en el «pleno empleo» prometido, en mejores salarios, en más democracia y respeto a los derechos humanos y en una supuesta orientación beligerante frente al FMI. Así, se ha dado una combinación singular: es a ese partido a quien le toca aplicar los planes de los monopolios y el FMI y es al dirigente burgués con mayor arraigo popular y llamado por Fidel «líder latinoamericanista», el que preside un gobierno agente del Fondo Monetario Internacional y algunos monopolios, destinado a atacar las conquistas acumuladas por las masas en estos 31 años y llevar al país de la mano de los Tinoco, Cisneros y Rodríguez, a la ruina.

Es ese mismo gobierno quien comete el genocidio, con la masacre a la insurrección. De este modo, en esos cientos de barrios de Caracas donde fueron asesinadas miles de personas; esos miles de desempleados que engrasan la miseria crítica de los estadistas, se está incubando un odio creciente a AD y su gobierno. No creemos exagerar cuando afirmamos que ese partido está herido de muerte. Ha comenzado su declinación histórica. Se le cierran los márgenes para seguir haciendo demagogia populista, sustentada en los relativos privilegios de la renta petrolera.

«Estamos pues ante una profundización cualitativa de la ruptura de las grandes masas con AD. Independientemente de los ritmos que pueda llevar, esta crisis es inevitable pues su punto de partida más intenso es una insurrección popular reprimida por ese partido y una crisis económica que le impide llevar a cabo una política reformista, de concesiones a los trabajadores». (Doc. Nacional PST Op. cit).

La crisis de AD se ha profundizado más con todos los escándalos de corrupción en que se han visto involucrados altos personeros, entre los que se cuentan miembros del gobierno de Lusinchi e incluso éste mismo. Hay evidentemente fracciones internas en pugna. Pero un análisis medianamente serio de la dinámica de esa organización debe partir de que los roces a su interior, los pases al tribunal de ética, expulsiones, etc., son producto directo del impacto de los sucesos de febrero y del alejamiento de amplios sectores de masas de AD.

La eventualidad de que Piñerúa «salve» al partido blanco es muy limitada. Su programa es meramente «moral», anticorrupción, pero apoya cien por ciento el paquete y el recetario liberal del FMI. Por su parte Copei acompaña a AD en su caída. Ellos ofrecen más «de lo mismo» y luego del terrible gobierno de Luís Herrera Campíns, no vemos posible que logre transformarse en el partido del pueblo venezolano.

El MAS tal vez ocupe un espacio decisivo en el futuro inmediato, pero su política reformista, electorera, de pactos por arriba, de negociaciones y burocratismo no termina de convencer a las grandes masas de su «socialismo». En todo caso, el período próximo es, en nuestra opinión el de grandes luchas. El MAS no aparece en ese camino codo a codo junto a los combates de las masas populares.

La crisis del régimen

Todos los elementos señalados más arriba retratan la crisis del régimen democrático-burgués inaugurado hace 31 años. A pesar de haber sobrevivido a la insurrección de febrero lo hace cojeando, con extremidades semiparalizadas o a punto de colapsar. Definitivamente, la burguesía, sus instituciones y sus partidos no pueden gobernar ahora como siempre lo hicieron. Están marcados a fuego por la gesta de un pueblo que se alzó contra todos ellos.

Capítulo Cuarto. El ascenso obrero y popular

La huelga general del 18

Las masas trabajadoras venezolanas han interpretado correctamente la nueva relación de fuerzas abierta a partir de febrero. Los conflictos sociales de todo tipo se multiplicaron y continúan con fuerza redoblada. Las tensiones empezaron a acumularse de nuevo rápidamente después de que se «normalizó» la situación.

«Desde el 27 de marzo (fecha en que restituyeron las garantías) y mediados del mes de mayo, han habido 75 conflictos, sin contar los que se nos puedan haber escapado por ausencia de información. La cantidad aproximada de huelguistas en este lapso ha sido de alrededor de 150 mil». (Documento Nacional del Partido Socialista de los Trabajadores, julio de 1989). Los protagonistas de esta ola ascendente eran los trabajadores estatales, principalmente los tribunalicios.

En medio de esta situación se realizó el Congreso Extraordinario de la CTV, en abril de 1989. Los objetivos inmediatos del evento fueron indirectamente expresados por César Olarte, del Comité Ejecutivo de la CTV, cuando dijo: «Aún no nos hemos puesto de acuerdo en el tipo de respuesta, pero todos coincidimos en que hay que darla. De lo contrario seremos rebasados por los propios trabajadores». (El Nacional 21/04/89).

Era el terror a la movilización independiente de los trabajadores y el pueblo lo que motivaba a la burocracia de la Confederación. Se hacía necesario que alguien encausara la protesta. Así lo reclamaba la propia prensa burguesa: «Somos una nación en la que puede pasar cualquier cosa (…) ¿Dónde están los sindicatos que organizadamente defienden el salario de los trabajadores? ¿Dónde las organizaciones capaces de orientar a los consumidores en la lucha contra el costo de la vida? ¿Dónde los partidos políticos en condiciones de trazar líneas de acción coherentes y racionales a la ciudadanía acerca de la crisis política? Nada de eso existe. Luego, el caos no puede sorprendernos». (El Diario de Caracas, 02/03/89).

El propio presidente la CTV, Juan José Delpino, propuso la huelga general para el 18 de mayo. No se le puso objetivos, ni ejes, sólo fecha Así se pretendía «encausar» la protesta. Sin embargo el 1º de mayo fue un alerta. La tradicional marcha de la CTV en Caracas, enorme carnaval donde los trabajadores desfilan ante el Presidente de la República, esta vez contó con una escuálida asistencia, garantizada a duras penas por algunos sindicatos adecos, y aún así, tuvieron que «disciplinar» a cabillazos a varios trabajadores que pitaron a CAP, quien se retiró sin que concluyera la marcha. En Maracay, una columna paralela a la de la burocracia de FetraAragua, encabezada por empleados y estudiantes universitarios, los desplazó de la plaza e hizo uso de la tarima y el micrófono que la burocracia abandonó. En Maracaibo, dos columnas terminaron en violentos enfrentamientos en el centro de la ciudad.

Una huelga controlada

Una vez fijado el paro nacional, Fedecámaras se enfrentó inmediatamente. Amenazaba con descontar salarios y hacer despidos, pero sobre todo, lo que temía, era que la CTV no pudiera controlar la situación y se convirtiera en mecha para un nuevo alzamiento. Carlos Andrés Pérez se limitó a opinar que era un «suicidio» la acción de la CTV, mientras sus ministros se afincaban contra el paro. Lo llamaban vagabundería innecesaria, despropósito que no ayudaba al país. Otros entendieron la decisión tomada: «El movimiento sindical está actuando con grandes signos de madurez y buscando en esta acción recuperar el liderazgo sobre las grandes mayorías trabajadoras del país. Su responsabilidad es muy grande, pues si no saben manejar debidamente la situación perderán definitivamente su liderazgo y el campo quedará despejado para la más perniciosa demagogia y la más disolvente anarquía». (El Universal 14/04/89)

Esta «responsabilidad» de impedir que nada saliera de sus cauces empezó a preocupar a la CTV, por lo que inició una campaña en la que exigía que la gente se quedara en sus casas, no saliera, que ese día «no se moviera ni una hoja». La izquierda reformista se plegó totalmente a esta política.

El último espaldarazo a esta orientación lo dio el gobierno, cuando el día antes (luego de reunirse con los burócratas) prometió el «concurso de la CTV para garantizar la paz ciudadana».

El 18 de mayo nadie salió a la calle y todo el país se paralizó en la primera huelga general en 31 años. La respuesta fue tan contundente que la propia alocución presidencial de los jueves a las 4 p.m. fue postergada para las 6 p.m., una vez concluido el paro.

Patrullas del ejército recorrían las calles, a la par, brigadas armadas de la CTV se desplazaban en camiones y motos nuevas para cumplir el doble papel de garantizar el paro e impedir manifestaciones o actividades que la Confederación prohibió.

La huelga del 18 de mayo sirvió como válvula de escape a la presión contenida, sin embargo, no convenció. Mucha gente opinó que ésta debía haber tenido un objetivo preciso, una meta concreta y no dejarlo en el aire como hizo la CTV que terminó diciendo que era contra «la especulación». Meses después, ya fuera del cargo de presidente, Juan José Delpino afirmó con todo desparpajo y cinismo que la huelga general fue «un absoluto fracaso porque se organizó contra el paquete y el mismo fue ratificado esa misma tarde. La alternativa del movimiento era continuar con ese paro indefinidamente y no lo hicimos». (El Diario de Caracas, 29/09/89).

Sin embargo, el paro tuvo una importancia fundamental. Puso al movimiento obrero a la vanguardia y planteó un desafío organizado a la política del gobierno. Así mismo dio a la clase trabajadora confianza en sus propias fuerzas. La CTV, cual «aprendiz de brujo» desató una fuerza que difícilmente podrá controlar en el futuro y que quedará grabada en la conciencia de las masas como arma fundamental de sus próximos combates. Pero, como el propio Delpino reconoce, los trabajadores deberán sacudirse la losa burocrática para lograr que la huelga general sea una herramienta para enfrentar a la burguesía y su gobierno.
Más luchas y más crisis.

La aspirada «calma» después del paro apenas duró algunos días. De nuevo los trabajadores tribunalicios salieron a la calle y junto a ellos los médicos, policías, maestros, etc. Las características de todos estos conflictos es que se realizan por fuera del control de la burocracia sindical cetevista. En general, han prevalecido los métodos de las asambleas, elección de comités de conflicto y hasta la expulsión y repudio de viejos burócratas. Estas características se han reflejado en tribunales, donde la base repudió a la dirección cetevista de Fenatrat y se afilió masivamente a Ontrat. En médicos, donde en medio de la huelga se constituyó el Comité Nacional de Conflicto como dirección alternativa, además de propinar, en las elecciones a la Federación Médica, una aplastante derrota a la burocracia adeca. En Cadafe (Carabobo), en Cantv, Portuarios, las elecciones sindicales han mostrado este descontento de las bases que se refleja en el surgimiento de corrientes independientes, de izquierda o clasistas. En Carabobo se ha generado un proceso de desafiliación masiva a los sindicatos de la burocracia y el surgimiento de una dirección de alternativa, en UTITC, que comienza a capitalizar la lucha antiburocrática de muchos años.

No es nuestra intención pormenorizar en procesos «actuales». Lo que queremos es tomarlos como ejemplo para ilustrar la probable dinámica de las próximas luchas. Los elementos de la situación presente son los primeros trazos de un proceso que se expresa en Latinoamérica y el mundo y que se profundizará y desarrollará seguramente en nuestro país al calor de la nueva etapa revolucionaria. La tendencia es a que la burocracia se debilite por la resistencia a los planes gubernamentales y por el rol de agentes de esos planes por parte de la cúpula traidora que dirige la central de trabajadores. La tendencia probablemente será a que surjan corrientes sindicales independientes, clasistas, al calor de nuevas y más duras luchas, huelgas, conflictos. Veremos ocupaciones de fábricas, marchas, huelgas largas. La tarea de los revolucionarios es impulsar este proceso, motivarlo y meternos de cabeza en ellos para ayudar a que se ganen. Cada huelga, cada conflicto, es una pequeña lucha contra el gobierno y su paquete. Construir una nueva dirección para el movimiento sindical y para el movimiento obrero y popular pasa fundamentalmente por jugarse en esas «pequeñas batallas» y a través de ellas llevar a las masas la denuncia sistemática al sistema capitalista y sus gobiernos.
Estudiantes y sectores populares en lucha.

El ascenso de los trabajadores ha sido acompañado por el movimiento estudiantil en sus luchas regionales por el problema del pasaje, y sectores populares, con tomas de tierras, de viviendas; ocupaciones de Asambleas Legislativas, marchas por agua o mejores servicios públicos. Pobladas y saqueos han seguido dándose en el interior del país por problemas económicos o contra la represión gubernamental. En los últimos meses el problema del desempleo ha profundizado este proceso de movilización. Este es el ataque más brutal que se ha hecho contra la clase obrera y sus condiciones de vida en muchos años.

A medida que avance, la situación tenderá a polarizarse. El gobierno de CAP pierde rápidamente base social y pasa a ser uno de los más odiados por las masas obreras y populares. Ni la CTV, ni la huelga que convocó, ni el gobierno, ni la represión han convencido al pueblo de las «bondades» del paquete de CAP-FMI, ni del «futuro promisor» que tanto propagandizan. «La perspectiva es que habrá una mayor agudización de los conflictos, una mayor polarización social y un aumento de los enfrentamientos violentos debido a que se cierran los márgenes de los capitalistas para dar concesiones, para hacer maniobras reformistas». (Documento del PST. Op. cit.).

Tercera parte. Una orientación revolucionaria
Capítulo Primero. ¿Un nuevo Caracazo?

Durante el mes de octubre, a raíz de los enfrentamientos entre buhoneros y policías en el centro de Caracas, se corrieron rumores, que paralizaron a la ciudad, de que había comenzado un nuevo Caracazo. También la prensa burguesa dio publicidad a un informe «confidencial» del Ministerio del Interior que alertaba a la Presidencia respecto a la posibilidad de un nuevo «sacudón» al estilo del 27 de febrero.

Las bases objetivas, más que un rumor o informe oficial, de las posibilidades de un nuevo estallido social, están dadas por la profundización de la crisis económica. Las consecuencias del paquete han agravado la situación de miseria y el empobrecimiento de cada vez más venezolanos, se agudiza la crisis del gobierno y sus instituciones y las tensiones acumuladas son aún mayores de las que existían los días previos a las jornadas de febrero. Un nuevo Caracazo no es descartable.

En nuestro análisis, apuntamos que la insurrección de febrero fue «insuficiente» porque la falta de objetivos definidos, de dirección centralizada y de maduración de las masas, de sus organismos etc., hizo que éstas dieran un paso atrás, que la rebelión se agotara y que el gobierno, tras una masacre, cerrara la crisis revolucionaria abierta por la movilización popular.

Pero si la insurrección terminó, ésta es sólo el primer round de una pelea que recién comienza; no es el final, ni mucho menos, del combate social. La situación revolucionaria que se inició se profundiza cada día más y no sólo pone a la orden del día nuevos «Caracazos», sino también nuevas huelgas generales, surgimiento de fenómenos políticos nacionales y regionales, conflictos y movilizaciones.

«La indignación política que se advierte en las más diversas capas, y que es condición necesaria para la posibilidad de «una insurrección, (…) se extiende, crece y se agudiza cada vez más».Lenin (15)

Es muy difícil prever cómo se expresará esta indignación creciente de las masas. El papel de los revolucionarios es intervenir en el proceso diario y no esperar el «momento psicológico» de la acción espontánea. Hay que intervenir en las luchas y mediante la agitación permanente, dotar al movimiento de masas de un programa para la acción, para que las luchas se centralicen, para que se organicen en el enfrentamiento contra el paquete y los planes de CAP-FMI. Para que los trabajadores y el pueblo comprendan, que aún derrotando al paquete actual, vendrán nuevos «paquetes» que intentarán destruir las conquistas sociales alcanzadas e imponer a la clase obrera y sectores oprimidos la semiesclavitud a que lleva la contrarrevolución económica del imperialismo en los países semicoloniales o coloniales. Que por ello hay que luchar más que nunca por el socialismo y un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

La situación actual provocará nuevos estallidos y más y mayores enfrentamientos. Las masas se insurreccionan sencillamente porque ya no pueden seguir soportando su situación, porque no quieren morir de hambre silenciosamente y sin resistencia. El papel de los revolucionarios será apoyar incondicionalmente toda protesta, saber orientar el movimiento espontáneo para el logro de sus objetivos y salvaguardarlos de los ataques de sus enemigos.

«Sería un gravísimo error estructurar la organización del partido contando sólo con explosiones y luchas en las calles o sólo con la «marcha progresiva de la lucha cotidiana y gris». Debemos desarrollar siempre nuestra labor cotidiana y estar siempre dispuestos a todo, porque muchas veces es casi imposible prever por anticipado cómo alternarán los períodos de explosiones con los de calma y, aun cuando fuera posible preverlo no se podría aprovechar la previsión para reconstruir la organización porque estos cambios se producen con asombrosa rapidez (…) La misma revolución no se debe imaginar como un acto único sino como una sucesión rápida de explosiones más o menos violentas, alternando con períodos de calma más o menos profunda. Por tanto, el contenido capital de las actividades de la organización de nuestro partido, el centro de gravedad de esas actividades, debe centrarse en una labor que es posible y necesaria tanto durante el período de explosión más violenta como el de calma más completa, a saber: una labor de agitación política unificada que arroje luz sobre los aspectos de la vida y se dirija a las grandes masas.» Lenin (16).

Capítulo Segundo. Un programa para la movilización

«El PST afirma que un sistema social que se ha revelado como incapaz para garantizar un mínimo de pan, trabajo, salud, techo y educación para sus ciudadanos es un sistema que debe desaparecer cuanto antes. El capitalismo semicolonial que impera en Venezuela, no sólo trae salarios de hambre y desocupación, sino también desastres en el terreno de la vivienda, la salud, la educación pública.

Los políticos que defienden la continuidad del sistema capitalista- desde AD y Copel (…) siempre encuentran en los problemas de la salud, la vivienda y la educación la oportunidad de desplegar lo mejor de sus charlatanerías demagógicas. Antes de las elecciones nos abruman con detallados programas de planes de vivienda, alfabetización, de sistemas de salud, etc., que después no pasan del papel por «falta de fondos».

El PST procede al revés de esos embaucadores. El PST comienza diciendo la verdad a las masas: No habrá mejora sustancial de la crisis de la vivienda, el transporte, el empleo, sino por el contrario todo habrá de empeorar si no se suspende el pago de la deuda externa y si no se toman medidas radicales contra la propiedad de la gran burguesía y los grandes monopolios nacionales y extranjeros». (Programa del PST, enero 1988)

Así enfoca el Partido Socialista de los Trabajadores la presentación de un programa de lucha para el movimiento obrero y popular. No es nuestra intención reproducir aquí en forma íntegra nuestro programa, pero si consideramos indispensable, luego de analizados los sucesos de febrero en el transcurso del libro, ofrecer a nuestros lectores, lo que en nuestra opinión son los ejes cardinales de la revolución venezolana y a los que debemos dar respuesta todos los que estamos del lado de la movilización y la lucha. No pretendemos pues abordar todos y cada uno de los problemas que sí enfoca nuestro programa partidario. Hacemos esta advertencia, teniendo conciencia de que hay aspectos que quedarán sin responder. Lo invitamos entonces a conocer el resto del programa, adquiriéndolo con el PST.
Por el no pago de la deuda externa. Por un plan económico obrero y popular. Por la segunda independencia nacional y continental del coloniaje yanqui.

Desde el presidente Pérez, pasando por los políticos de AD y Copei, incluso del MAS; la radio, la televisión, el imperialismo y sus sirvientes, etc., nos dicen que la deuda externa es una pesada cruz pero hay que «honrar» los compromisos contraídos y no se puede dejar de pagar. Así se han destinado miles de millones de dólares que hacen falta para el desarrollo del país y para combatir el hambre, la recesión y el desempleo, al pago de la deuda a los bancos extranjeros. Lo que no dicen ellos, comenzando por el imperialismo, es que los Estados Unidos, para lograr el colosal desarrollo que alcanzó no pagó su deuda externa, cuando comenzaba a crecer como nación. En 1837 «Los gobiernos de los estados, animados por el resentimiento popular contra los bancos extranjeros, se negaban a crear los impuestos que habrían permitido pagar los intereses». (17)

En 1868 desconocieron todas las deudas contraídas por el Sur, antes de la victoria Yanqui. Es con esta «filosofía» del no pago que el consejero especial del presidente Kennedy, Arthur Schlessinger decía: «En cuanto a la insistencia de Washington acerca de la pureza fiscal, quizás era algo indecorosa viniendo de un país que había financiado tan grande parte de su propio desarrollo mediante la inflación, la emisión incontrolada de papel moneda y la venta de títulos a inversionistas extranjeros, para negarse luego a reconocerlos. Si los criterios del FMI hubieran regido para Estados Unidos durante el siglo XIX nuestro desarrollo se habría demorado bastante». (18, Los subrayados son nuestros.)

«El PST no acepta que la crisis del capitalismo deban pagarla los trabajadores y por eso llama a luchar sin concesiones por todas y cada una de las reivindicaciones inmediatas de las masas. Pero decimos también que todo lo que logremos será efímero, porque las necesidades mínimas del pueblo son mucho más de lo que el dominio burgués- imperialista quiere y puede admitir. La explotación y miseria no son una calamidad natural, sino social y política propia del capitalismo.

(…) Bajo el capitalismo, las crisis económicas se resuelven superexplotando a las masas (…) la única vía de superación que proponen el imperialismo y las burguesías dependientes es una contrarrevolución económica, que refuerza la postración semicolonial de la nación y la miseria generalizada (…) luchamos por resolver simultáneamente la crisis y el atraso estructural del país (expandiendo la producción minera, agroindustrial e industrial y modernizando los servicios públicos fundamentales sobre la base de nuevas relaciones de producción) y la crisis económica de las masas (asegurando trabajo y salarios que aumenten el nivel de vida). Para eso proponemos:

No pagar la deuda externa contraída por AD y Copei a espaldas del pueblo (…) esos recursos son imprescindibles para detener la caída del nivel y calidad de vida de los venezolanos (…) al mismo tiempo…estamos dispuestos a apoyar y luchar por otras propuestas que van en el mismo sentido, como la moratoria unilateral (…) en cualquier caso mantenemos nuestra posición de romper con el FMI y expulsar sus misiones cuando vengan a husmear, por constituir una injerencia dañina e inadmisible en la vida nacional.

Prisión para todos los grandes burgueses responsables de la fuga de capitales al exterior hasta que regresen al país esos recursos (…) Nacionalización, bajo control obrero de las grandes empresas monopólicas nacionales y extranjeras, de los bancos, compañías de seguros y financieras, así como el comercio mayorista. El complemento necesario de todo esto será la nacionalización del comercio exterior, asegurando el ingreso de todas las divisas producidas por la venta de nuestras exportaciones (…) Todo lo antes señalado permitirá que se aplique un programa económico obrero y popular, planificando el desarrollo de una industria estatal pesada y semipesada sobre la base de los complejos de Guayana, así como un plan de vivienda y otras inversiones sociales de emergencia». (Programa del PST. cit)

¡Abajo el paquete económico de CAP-Tinoco-FMI!

El 27 de febrero, el pueblo en las calles dio su veredicto sobre el paquete impuesto por el gobierno de CAP. Las masas populares se movilizaron en abierta rebeldía contra la orientación económica y para alimentar a sus familias sometidas al hambre y el desabastecimiento por el gobierno y los empresarios. ¡Ese paquete es una estafa! Su mantenimiento fue logrado a partir del asesinato de miles de venezolanos, mientras el FMI y la banca extranjera aplaudían la firmeza del Presidente en sostener las medidas.

La mejor demostración de la farsa de la «democracia» es que a pesar que el pueblo, mayoritariamente se opone a su aplicación, el gobierno sigue impulsando el plan fondomonetarista, llevando a la miseria, el desempleo y el hambre a millones de trabajadores y sectores populares.

Hay que derrotar ese plan. Hay que luchar en las fábricas, establecimientos, liceos, escuelas, hospitales, universidades, pueblos y barrios contra el paquete del FMI. Hay que combatir la resignación que nos piden los Tinoco y los Rodríguez, para mejor explotarnos. Hay que preparar una gran huelga general que eche abajo al plan. Por eso exigimos a las centrales obreras impulsarla cuanto antes.

Proponemos un plan de emergencia que incluya el congelamiento de los precios de los productos y medicinas de primera necesidad a precios anteriores a febrero. Que aumenten en un 100% los salarios y sueldos y se implante la escala móvil de salarios. Que se detengan los despidos y se instituya la inamovilidad total. Que los barrios, organizados como mejor les parezca, tengan la potestad de decomisar a los establecimientos en que los capitalistas retengan productos. Nacionalizar los monopolios de industrias de alimentos, bajo control de sus trabajadores.

Contra la privatización de las empresas estatales. Defensa de estas empresas eliminando de sus estructuras a los funcionarios vinculados a los intereses monopolices transnacionales y que sean controladas por sus trabajadores.

No al alza de las tarifas en los servicios públicos.
Por sindicatos que sirvan a la lucha: acabar con la burocracia y constituir y fortalecer concejos y comités de delegados. Recuperar la independencia y democracia sindical. Construir una nueva dirección.

«Una de las causas de que los trabajadores venezolanos jamás hayamos conquistado un alto nivel de vida, ni siquiera en la época de la bonanza petrolera, ha sido las traiciones de la casta de burócratas que dirige desde hace décadas los sindicatos y la CTV. Que permitieron que éstos se convirtieran en sucursales del Ministerio del Trabajo. Han capitulado o colaborado con todo los planes de hambre de los sucesivos gobiernos antiobreros de AD y Copel, frenaron y traicionaron las luchas que una y otra vez le impusieran las bases. La burocracia ha hecho todo esto para disfrutar en paz de los fondos millonarios que maneja con el descuento a las cotizaciones, sus cuentas bancarias, compañías financieras, los sobornos patronales y los jugosos subsidios estatales (…) A medida que se incrementen los combates, la generalización del rechazo de la base obrera a esa prácticas burocráticas señalará el principio del fin del reinado cetevista» (Programa PST, Op. cit.).

La burocracia es hoy agente directa del paquete de CAP. Una prueba de ello es que han concertado los despidos con los patronos y se aprestan a seguir pactando con ellos otras entregas de conquistas sociales y económicas de los trabajadores. Ellos son herramientas de los patronos y el gobierno en el seno del movimiento obrero. Por eso, ahora, cuando miles de obreras y obreros, médicos y maestros, empiezan a luchar para resistir el plan de hambre, deben enfrentar el obstáculo de esta burocracia parasitaria. Así han surgido comités de conflicto, sindicatos paralelos, delegados luchadores que no quieren a los sindicaleros y que quieren tomar legítimamente sus propias decisiones.

El PST apoya, impulsa y promueve estas acciones independientes de los trabajadores y busca su centralización, su unidad, para que, al calor de la lucha y utilizando los métodos de la democracia obrera, se construya una nueva dirección sindical que oriente al movimiento obrero y popular en la resistencia a la embestida gubernamental.

Estamos por expulsar a los burócratas de los sindicatos, por la elección directa, por la base, de todas las direcciones de las Federaciones y Comité Ejecutivo de la CTV.

Estamos por la elección de delegados por departamento y por el fortalecimiento de las direcciones sindicales en fábricas y oficinas.

Estamos por que todo el poder de decisión recaiga en las asambleas. Que todo se resuelva allí y el que pase por encima de estas resoluciones democráticas sólo merecerá el desprecio de los trabajadores y ser revocado inmediatamente.

Apoyamos el surgimiento de corrientes unitarias clasistas, que sirvan de estímulo para la construcción de una nueva dirección sindical y que sirva como herramienta para la solidaridad de todas las luchas contra el paquete.

Por la democratización de las Fuerzas Armadas

«…llamamos a luchar por la completa reestructuración y democratización de las Fuerzas Armadas y Policiales (…) El PST levanta como proyecto la democratización orgánica, política y social de las instituciones armadas (…) Por la prohibición absoluta, bajo severas penas, de todo maltrato o humillación de los conscriptos. Prohibición de hacer tareas domésticas y todo servicio personal por los soldados. Realización de la mayor parte posible del servicio militar de estudiantes y trabajadores durante los fines de semana, para poder mantener estudios y ocupaciones. Que la instrucción militar pueda ser organizada en las universidades y sindicatos (…) Por la apertura del cuerpo de oficiales a los suboficiales y soldados. Acceso masivo de las mujeres a la carrera militar. Contra la formación de oficiales de carrera como una casta al margen de la sociedad civil. Los Colegios Militares pasarán a depender del Ministerio de Educación o de las universidades nacionales. Supresión de la justicia militar en tiempos de paz.

Por el derecho constitucional de los soldados, suboficiales y oficiales de votar, de hacer actividades políticas y organizarse democráticamente, en especial el derecho de sindicalizarse. Prohibición de intervenir en la represión de huelgas obreras, manifestaciones populares y actividades políticas. Cese inmediato de la virtual ocupación militar de las empresas estatales. Supresión de las operaciones de represión masiva en los barrios, con sus redadas y atropellos indiscriminados.

Todos los derechos democráticos, sobre todo el de sindicalización, deben ser garantizados al personal policial en todos sus n/ve/es».(Programa PST. Cit.)

Depuración de estos cuerpos, exigiendo la baja deshonrosa, juicio y castigo implacable, a través de jurados elegidos por el pueblo, de todos aquellos involucrados en la represión y asesinatos contra el pueblo. Por la disolución de todos los servicios especializados en la represión, como los de inteligencia militares, policiales y servicios secretos.

Contra la corrupción de los altos mandos policiales y de la Guardia Nacional, los jefes policiales deben ser elegidos por el pueblo, como lo son los alcaldes y que sus mandatos sean revocables si no cumplen su mandato o si atentan contra los intereses de los trabajadores y el pueblo.

Por la derogatoria de la Ley de Seguridad y Defensa que orienta los fusiles del ejército contra el pueblo en lugar defender la soberanía nacional pisoteada por el FMI y la banca extranjera.

Expulsión de las misiones militares del imperialismo y ruptura de todos los tratados con éste, como el TIAR.

Por una Asamblea Constituyente

Nunca como ahora se ha evidenciado la farsa de la democracia bajo el capitalismo. Carlos Andrés Pérez, en su campaña electoral ofreció villas y castillos. Jamás dijo que aplicaría un plan del FMI, que permitiría los aumentos de precios, que aumentaría el desempleo, que reprimiría brutalmente a los que se le opusieran en manifestaciones, que condenaría al país a la recesión y que pagaría la deuda aún a costa de reducir a nada la educación, la salud y aumentar las tarifas de los servicios públicos.

Las masas que votaron por él y lo llevaron a la presidencia han sido estafadas. Pero cuando deciden protestar por el fraude a sus aspiraciones y cuando optan por hacer lo que cualquier padre haría por sus hijos: conseguir comida antes que permitir su desnutrición o muerte por hambre, entonces se envía al ejército para atacar, no a un enemigo exterior, sino al pueblo llano.

La masacre de febrero se perpetró para sostener un plan antinacional y antipopular y esta «democracia» no permite que se impida ese crimen. El país se hunde en la crisis más espantosa de su historia y los responsables de esa catástrofe siguen hundiéndolo más, aplicando como si nada su proyecto de entrega y ruina.

El gobierno y todos los reaccionarios nos atacan como «minorías antidemocráticas» por no esconder nuestras críticas y proponer nuestro programa consecuentemente antioligárquico y antiimperialista. Es verdad que por ahora, la mayoría de los trabajadores y el pueblo no comparten el conjunto de nuestras posiciones. Pero es completamente falso que seamos antidemocráticos y pretendamos violentar las convicciones y voluntad de las mayorías obreras y populares, cosa que sí hacen ellos, como es el caso del presente gobierno.

Nosotros queremos justamente lo contrario: luchamos para que las masas puedan participar, debatir, y resolver con entera libertad y acusamos al gobierno de ser enemigo de profundizar la democracia incluso sobre las bases de este régimen burgués. Y la máxima expresión de esto es que reclamamos la elección de una Asamblea Constituyente donde pueda abordarse la grave crisis nacional.

¡Basta de falsas promesas y monarquía presidencial! Los poderes excesivos que la Constitución otorga al Poder Ejecutivo le permiten manejar el país de espaldas a sus compromisos y promesas electorales, de espaldas al control del Congreso y sobre todo de espaldas a las exigencias y luchas de un pueblo que se siente estafado. Esto es un verdadero atentado antidemocrático. Cuando Carlos Andrés Pérez dice que no puede cumplir sus promesas debido a que la crisis resultó mayor que la prevista, cuando se nos conduce a una catástrofe que amenaza con llevar nuestro rico país a la ruina total, se impone la elección de una Asamblea Constituyente para debatir sin tapujos la situación, para adoptar las medidas de emergencia que el pueblo reclame y redactar una nueva constitución que elimine estas taras presidencialistas y que disponga el derecho al trabajo y la vivienda para todo el pueblo por encima de los alegados «derechos» del imperialismo y la gran burguesía; combatirá la corrupción y el vaciamiento de la economía nacional mediante la institución del control obrero en las fábricas y bancos; establecerá las expropiaciones necesarias para recuperar las palancas económicas que hoy están en manos del imperialismo y de los monopolios nacionales; asegurará el enjuiciamiento y la prisión para los funcionarios y empresarios que se enriquecieron con la corrupción y la de los represores del pueblo.

¡Por un gobierno obrero y popular que enfrente la crisis. Por la construcción de una Venezuela Socialista.

«El programa de liberación del país de la esclavitud imperialista, de progreso social y de amplia democracia, y de liberación de los trabajadores de la explotación y la miseria, se resume en una tarea: lograr un gobierno obrero y popular.

Los socialistas revolucionarios decimos a las masas que todo gobierno patronal (civil o militar, adeco, copeyano o de coalición) es hoy orgánicamente incapaz de adoptar ni una sola medida importante en beneficio de los trabajadores, porque la crisis capitalista se lo impide.

La demagogia electoral de AD y Copel siempre fue seguida por una brutal política antiobrera desde el gobierno. El programa de hambre y miseria dictado por el FMI debe ser combatido con la movilización general de los trabajadores en favor de la aplicación de un programa obrero y popular de emergencia. Pero el único poder capaz de aplicar este programa, el único gobierno que puede gobernar a favor de los trabajadores, es el gobierno de los trabajadores mismos. Sólo un gobierno obrero y popular, un gobierno de las organizaciones sindicales y políticas obreras que rompan todo vínculo con el imperialismo y la burguesía y se apoye en la alianza de la clase trabajadora con las capas medias podrá gobernar a favor de las masas y del país.

Mientras los otros partidos sólo saben decir a las masas: «voten por nosotros y tengan confianza que arreglaremos todo», el PST les dice: «no confíen en nadie sino en ustedes mismos, organícense y luchen hasta establecer su propio gobierno y levantar un Estado en el que la sociedad toda, posea y dirija los medios de producción». El PST no pretende obtener el poder para ordenar desde arriba al país, sino que combate para que todo el poder sea ejercido por las masas a través de las organizaciones que ellas mismas se den. Los socialistas apoyaremos incondicionalmente el combate de estas organizaciones, expresiones del poder de los trabajadores y, naturalmente, ejerceremos el derecho de proponer nuestro programa.

El gobierno que rompa lazos con la oligarquía y el imperialismo no podrá detenerse allí, congelado en una inexistente «tierra de nadie», ni capitalistas ni socialistas. Si el capitalismo dependiente ha llevado a la destrucción del país, la reconstrucción y el desarrollo económico y social deberá hacerse siguiendo una vía no capitalista, vale decir, mediante la planificación socialista y el control obrero de la producción. La pretensión de contener la movilización obrera y popular fijando una «etapa» de cogobierno con sectores burgueses como pretenden los partidos comunistas y otros falsos izquierdistas, significa ir contra la revolución.

Para que la revolución pueda desarrollarse y mejorar sin cesar la vida de los hombres, es preciso estimular la movilización y participación creciente de los trabajadores y masas pobres. La más amplia democracia es y será una palanca fundamental para esta participación creciente del pueblo en la resolución de todos los problemas. La burocracia esclerosada que maneja con mano de hierro y resultados cada vez más catastróficos a la URSS (…) no son ejemplos a seguir sino una degeneración a combatir.

Por eso el PST tiene como otro rasgo distintivo la lucha inclaudicable contra las burocracias y la bandera de la democracia obrera que se continuará con la construcción del socialismo recurriendo a la movilización y el ejercicio sin cortapisas de la democracia socialista y el otorgamiento de libertades políticas para todos los que no se levanten en armas contra la nueva sociedad». (Programa del PST. Op. cit.)

Capítulo Tercero

Hace falta una dirección revolucionaria

Como conclusión última de la insurrección del 27 de febrero y la situación revolucionaria abierta a partir de entonces, se plantea la necesidad de construir una dirección revolucionaria. Esto sólo es posible a partir de la intervención en las luchas que los trabajadores y el pueblo dan.

Sólo merece el título de revolucionaria la que busca la movilización permanente de las masas y su autodeterminación democrática bajo las formas organizativas que ellas mismas elijan en cada momento. Cuando Carlos Marx afirmó que «la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos» estaba planteando todo un programa y método sustentado en la autodeterminación de la clase obrera. No podremos construir una dirección revolucionaria si nos dirigimos a los trabajadores como tutores o dirigentes autoproclamados.

No hay nada más importante ahora que avanzar en la construcción de esta dirección. A partir de las luchas que empiezan a dar en contra de los planes de sobreexplotación, los trabajadores comienzan a construir embriones de esta nueva dirección.

Necesitamos una dirección que en vez de reemplazar la fuerza e iniciativa de las masas impida que la burguesía, la burocracia y la izquierda reformista, a través del estado, sus partidos, su aparato sindical y los mecanismos de confusión y embrutecimiento (desde la iglesia hasta la TV) aten las mentes y manos del pueblo haciéndoles creer en ilusiones parlamentarias, electoreras o de una ficticia vida mejor en una sociedad capitalista descompuesta.

Necesitamos una dirección intemacionalista, que comprenda que el actual proceso de superexplotación y ruina capitalistas son una plaga que invade a toda Latinoamérica y que la movilización de las masas obreras y populares es un proceso también continental y mundial. El Caracazo fue el preludio del «Rosariazo» en Argentina. Se ha abierto una oleada de insurrecciones y grandes enfrentamientos contra los regímenes capitalistas, que bajo la fosilizada «democracia» burguesa, aplican los planes del FMI y están causando los efectos de una guerra devastadora sobre nuestros países. Brasil, Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú, Dominicana, son algunos de los ejemplos elocuentes de ese proceso. En ellos los trabajadores están resistiendo. Es fundamental que se promueva la unidad de los trabajadores para enfrentar, por encima de las fronteras, al enemigo común: el sistema capitalista-imperialista.

La dirección revolucionaria democrática tiene que ser capaz de presentar al conjunto del pueblo las consignas ajustadas a cada conflicto, luchar para que éstos se conviertan en triunfos pero que además sepa combinar estas luchas con las necesidades históricas e inmediatas de acabar con el capitalismo antes de que éste acabe con la humanidad. La frase de Rosa Luxemburgo de «socialismo o barbarie» se plantea en nuestro país como socialismo o miseria fondomonetarista, gobierno de los trabajadores o colonización y desintegración nacional.

Hay que construir un partido revolucionario. Muchos activistas desconfían de las organizaciones políticas, y con razón, por la experiencia de traiciones por parte de los partidos burgueses y de la izquierda reformista. Pero esa desconfianza debe dar paso para luchar por una organización consecuente, de los trabajadores, que luche infatigablemente por el socialismo. Sin organización y centralización seguiremos haciendo esfuerzos aislados e inconexos y se perderán las grandes jornadas movilizadoras de las grandes masas.

«No cabe duda de que sin esta característica -sin violencia revolucionaria- el proletariado no habría vencido, pero es indudable también que la violencia revolucionaria sólo es un método necesario y legítimo de la revolución en determinados momentos de su desarrollo, únicamente cuando se dan condiciones especiales y determinadas, y que una cualidad mucho más profunda y permanente de esta revolución, la condición de su triunfo, es y será siempre la organización de las masas proletarias, la organización de los trabajadores. Esta organización de millones de trabajadores, en efecto, es la condición más importante de la revolución, la fuente más profunda de sus victorias. ..» Lenin (19)

«Para Lenin, la organización es una «cualidad mucho más profunda y permanente» de la revolución que la propia violencia revolucionaria. Es decir, en un polo está la acción, el movimiento, la lucha, lo espontáneo de las masas. En el otro está la organización, que estructura, da continuidad, permanencia a esas acciones o movilizaciones. Sin grandes luchas y movilizaciones no hay revolución. Pero sin organización tampoco la hay: las luchas se disuelven, las heroicas acciones de las masas se pierden…» Nahuel Moreno, (20)

El PST trabaja por este objetivo. Lucha por dotar a las masas de una dirección y organización que las lleve a la revolución y para que al calor de las movilizaciones éstas construyan sus organismos democráticos y de lucha. La insurrección de febrero debe dejar esta enseñanza fundamental: sin organización, sin una nueva dirección del movimiento obrero, sin la construcción de un partido revolucionario, que reúna a los mejores y más concientes trabajadores y activistas, se perderán o se traicionará a las grandes gestas que nuestro pueblo seguramente va a escribir en el próximo período. Esperamos que este libro sea un aporte al servicio de esa colosal tarea a la que invitamos a participar a todos aquellos que quieren una sociedad libre, sin hambre ni violencia, sin patronos ni burócratas opresores. La sociedad del socialismo con democracia.

Bibliografía

1. León Trotsky, Historia de la Revolución Rusa, Editorial Galerna, 1972. Pág. 10.

2. V.I. Lenin, Nuevos acontecimientos y viejos problemas. Obras Completas, Tomo 4, Editorial Cartago, 1959, pág. 276.

(3) V.I. Lenin, Ejército revolucionario y gobierno revolucionario. Obras Completas, Tomo 8 , Editorial Cartago, 1959, pág. 562.

AGRADECIMIENTOS:

A los compañeros reporteros gráficos, no sólo por el excelente material fotográfico, sino también por su disposición y apoyo a la divulgación de un testimonio para la memoria del pueblo venezolano sobre los históricos sucesos ocurridos el 27 de febrero de 1989.

Al gran artista Iván Darío Hernández que nos brindó su talento y con ello ayuda a la causa.

A todos los compañeros del PST que gracias al trabajo, análisis y elaboración colectiva, hicieron posible este libro.

Elio Colmenarez.
Ediciones La Chispa, Caracas, 1989

Nota: En la digitalización de este libro se obviaron las fotos de cortesía de Delgado, José Estrella, José Grillo, Tom Grillo y Oswaldo Tejada, tomadas en los días del Caracazo.

DIBUJO PORTADA: Iván Darío Hernández.
Primer Premio, Salón Arte Universidad Nacional Abierta, Caracas,1980
Premio Dibujo COÑAC. I Bienal Nacional de Dibujo y Grabado, Caracas, 1882. Premio Dibujo FUNDARTE. Cité Internationale Des Arts, París, Francia. Salón Nacional de Jóvenes Artistas, Casa Guipuzcoana, La Guaira.