La “revolución bolivariana”, un proyecto fallido

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Maduro y plana mayor chavista en vehículo militar
Por: Simón Rodríguez Porras*

Las imágenes de largas filas de personas esperando para adquirir artículos de consumo básico han recorrido el mundo. Las grandes cadenas de medios las presentan como evidencia de un nuevo fracaso del socialismo. El gobierno de Maduro las explica en virtud de un supuesto “golpe económico” a manos de los grandes empresarios, pero al mismo tiempo pacta con ellos un nuevo ajuste. Existen sectores de base del chavismo que atribuyen el desastre a la gestión posterior a la muerte de Chávez. Pero, ¿acaso la crisis no revela que nunca hubo cambios de fondo hacia el socialismo en Venezuela?
 
 El ajuste pactado por Maduro con el empresariado desde mediados de 2014, contempla una devaluación monetaria del 69%, miles de despidos, aumentos drásticos en los precios de los alimentos, un recorte al subsidio a la gasolina y a los servicios públicos, entre otras medidas. Las coordenadas de la verdadera guerra económica se evidencian en una creciente polarización social entre ricos y pobres. Un estudio publicado este mes por la Cepal, elaborado a partir de cifras oficiales venezolanas, revelan que entre 2012 y 2013 la pobreza subió de 25,4% a 32,1%, una tendencia que se agrava con el aumento de la inflación en 2014, llegando al 63%, y el recrudecimiento del ajuste y la caída de los precios del petróleo en el 2015.
 
Transcurridos 16 años desde la llegada del chavismo al poder, millones de trabajadores y pobladores de los sectores populares que alguna vez confiaron en el presidente Chávez y su entorno, han abandonado a la dirección política encabezada por Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Es necesario ver en perspectiva el descalabro actual, que anuncia el fin del ciclo “bolivariano” y abre la posibilidad de un estallido social. ¿Cuál es realmente el balance de estos años?
 
Un “socialismo” dentro de las márgenes capitalistas
 
Al llegar Chávez al poder, en 1998, el gobierno chavista no tuvo más remedio que apoyarse en el proceso de autoorganización y movilización popular que venía en auge, otorgando concesiones al movimiento de masas. La Asamblea Constituyente de 1999 y el nuevo texto constitucional significaron la concreción de una reforma que otorgó concesiones en el terreno democrático a la población. Aumentaron los impuestos a las transnacionales petroleras, los aumentos del salario mínimo estuvieron ligeramente por encima de la inflación, arrancó un programa de atención sanitaria en los barrios. Una revolución democrática liquidó el golpe de abril de 2002, lo cual se tradujo en nuevas conquistas sociales, con el lanzamiento de las Misiones, la inamovilidad laboral y la exigencia de la solvencia laboral a las empresas para poder realizar gestiones ante el Estado; se rebajó el IVA al 9%. El gobierno adquirió una relativa independencia política respecto del imperialismo. Pero el proyecto de Chávez carecía de una estrategia para romper con el capitalismo.Pese a dar fin al viejo sistema bipartidista que funcionó entre 1958 y 1998, el gobierno de Chávez no impuso condenas por la corrupción o las violaciones a los DDHH de dicho período. No se auditó la deuda externa ni cesó su pago. Incluso se pactó en 1999 un tratado contra la doble tributación con los EEUU, y se profundizó el rol de Venezuela como proveedor de petróleo a través de la actividad de transnacionales como Chevron, Repsol, ENI, Total y Mitsubishi.

A partir del año 2005 se constata un claro giro político en el gobierno de Chávez, orientado a cambiar el modo de relacionamiento con los sectores obreros y populares, apuntando a su regimentación y a asentarse cada vez más en el aparato administrativo y represivo estatal, ya con el control de las Fuerzas Armadas y la empresa petrolera estatal, Pdvsa, para construir una nueva gobernabilidad favorable al desarrollo de la nueva burguesía ligada al gobierno. Luego del acuerdo entre Chávez, Cisneros y Carter, transado en agosto de 2004, estos lazos tienden a consolidarse, por ejemplo, con la creación de las empresas mixtas petroleras entre 2005 y 2006, que pasaron a sustituir los convenios operativos suscritos por el Estado en el marco de la Apertura Petrolera en los años 90. El capital transnacional pasó a tener participaciones de hasta el 40% de las empresas mixtas en sociedad con Pdvsa, mediante contratos de alrededor de cuatro décadas de duración.

El Psuv, los consejos comunales, la milicia, los consejos de trabajadores, pasaron a ser los instrumentos de esa política que busca colocar una camisa de fuerza al movimiento obrero y popular y asimilarlo a la estructura estatal burguesa, mediante una combinación de clientelismo y coacción. Entre 2006 y 2007, el gobierno logra dividir la Unión Nacional de Trabajadores, derrotar el control obrero y autogestión en la fábrica Sanitarios Maracay, otorga amnistía a los golpistas, y en 2008 el presidente Chávez lanza la consigna de la “alianza estratégica con la burguesía nacional”. Este es el contenido concreto del llamado “socialismo del siglo XXI”, un proyecto concebido con el concurso de transnacionales, banqueros, latifundistas, burócratas multimillonarios y nuevos ricos.
 
La causas de fondo de la crisis económica
 
Pese a haber administrado ingentes recursos producto del alza en los precios de las materias primas, y particularmente en el petróleo (que alcanzaron en la última década precios reales comparables a los de comienzos de los años 80), el país se hizo aún más dependiente. En 1998, 68% de las exportaciones eran petroleras; actualmente esa cifra ha escalado al 96%. Entre 1999 y 2013, la inflación acumulada fue superior al 2300%, mientras que la moneda se devaluó en un 95%. Las importaciones casi se triplicaron en el mismo período. Incluso en derivados del petróleo las importaciones superaron a las exportaciones en 2012. La deuda pública, sumando la deuda externa, la interna y la deuda de Pdvsa, ha crecido significativamente y supera los 200 mil millones de dólares, incluyendo mecanismos de endeudamiento leoninos como las ventas de petróleo a futuro a China, país que es acreedor de aproximadamente la cuarta parte de la deuda externa. El 20% del presupuesto del año 2014 estuvo destinado al pago de intereses y capital de la deuda pública.
 
Lejos de la propaganda oficial acerca de la construcción del socialismo, la realidad es que la participación del sector privado en el PIB creció en una década, entre 1999 y 2009, del 65% al 70%, y la llamada “economía social”, convertida en bandera oficial de un supuesto modelo alternativo y representada por pequeñas empresas familiares y cooperativas, aporta apenas alrededor del 1%. También se ha incrementado la explotación capitalista del trabajo asalariado, en medio de la depauperación de los salarios. En 1998, el conjunto de los asalariados participaban de un 39,7% de la riqueza creada, y los patronos se apropiaban del 36,2%, una década más tarde la participación de los trabajadores bajó al 32,8% y los patronos se apropiaron del 48,8% de la riqueza. Mientras tanto, el sector financiero, entre el 2002 y el 2012, triplicó su participación en el PIB nacional, llegando al 12%. Más del 70% de los alimentos que se consumen en el país son importados, mientras persiste el latifundio improductivo en el campo: el 1% de las propiedades agrarias concentran el 40% de la superficie agrícola. No hubo reforma agraria, no se logró democratizar la tenencia de la tierra ni impulsar la producción agrícola. De conjunto, la producción nacional no creció, aumentando la dependencia respecto de las importaciones de alimentos y de prácticamente todo lo que consume la población.

Con la caída de las reservas de dólares del país, se afecta la importación de insumos necesarios para la producción. Esto, aunado a las presiones del sector empresarial para obtener aumentos en los precios regulados, así como el contrabando de extracción estimulado por la disparidad entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo, explica la escasez de productos para el consumo masivo y las largas filas en las afueras de los establecimientos comerciales. Las estatizaciones (compras forzadas pagadas a precio de mercado) como las de las empresas cementeras, la siderúrgica, Agropatria, o Lácteos Los Andes, no se tradujeron en mejores condiciones laborales para la clase trabajadora o en un aumento en la producción, sino que se enmarcaron en una política de liquidar las organizaciones sindicales, desconocer derechos laborales, y favorecer los negociados de la alta burocracia gubernamental y los empresarios chavistas.
 
¿Es posible otra salida a la crisis?
La oposición de centroderecha, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), está de acuerdo con el gobierno en la implementación de un ajuste como “única salida” a la crisis, mientras que capitaliza en el terreno político y electoral la debacle del gobierno. La enorme y urgente tarea que tienen los trabajadores y las mayorías populares venezolanas consiste en romper las cadenas políticas que les atan al Psuv y a la MUD, para poder enfrentar el ajuste. Se puede enfrentar la crisis cobrándola a quienes la generaron. Nacionalizando la industria petrolera en un 100% y recuperando los recursos que actualmente saquean las transnacionales que participan en las empresas mixtas, se puede recuperar un estimado de $15 mil millonesanuales. Cesando el pago de la deuda externa fraudulenta se evitaría la pérdida de unos $10 mil millones este año. Cobrando los impuestos a las transnacionales que se dejan de pagar por los tratados contra la doble tributación, se puede recuperar unos $17 mil millones de dólares al año. Repatriando los $14,8 mil millones que por la vía de la corrupción han ido a parar en bancos como el HSBC suizo, y confiscando las propiedades de las empresas de maletín involucradas en la masiva estafa de la sobrefacturación de importaciones. Todos esos recursos pueden apuntalar la producción de las empresas básicas del hierro y el aluminio, así como la producción agrícola, y sostener un aumento general de salarios que iguale el salario mínimo al costo de la canasta básica oficial, así como recuperar la salud y la educación públicas. Pero para implementar este tipo de medidas, es necesario enfrentar a la burguesía roja y a la oposición pro imperialista e imponer un gobierno de los trabajadores y los sectores populares.
*Simón Rodríguez Porras es coordinador de la página web www.laclase.info
Colaboración para la revista Correspondencia Internacional, de la Unidad Internacional de los Trabajadores (http://uit-ci.org)

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