Petroleros jubilados del país exigen reivindicaciones
Puerto Cabello, julio 20 (Yliana Díaz Caro).- Un grupo de representantes de la Asociación de Jubilados de la Industria Petrolera y Petroquímica (Ajip) del eje costero asistieron a esta sala de redacción, con la finalidad de apoyar la protesta que están llevando a cabo más de 27 mil compañeros en todo el país, también ex trabajadores petroleros, con el objetivo de exigir al Gobierno Nacional y a las autoridades de Pdvsa las reivindicaciones que legalmente les corresponden como jubilados de la mencionada empresa estatal venezolana.
Ángel González y Concepción Escalona, quienes fungieron como voceros de Ajip, comentaron que entre las reivindicaciones que exigen se encuentran el aumento y ajuste de la pensión mínima y el pago del retroactivo correspondiente a Bs. 7.421,82, emanado por decreto presidencial efectivo del 1 de mayo (20%) y 1 de julio (10%), debido a que el 85% de los jubilados de la industria petrolera ganan Bs. 5.622, es decir, menos del salario mínimo.
De igual manera, exigen la cancelación del bono vacacional correspondiente a un mes de pensión, así como también el cuarto mes de aguinaldo, que les fue ofrecido y discutido en las mesas de trabajo creadas durante las negociaciones de la vigente convención colectiva de trabajo.
Exhortan a los trabajadores de Pdvsa que actualmente se encuentran activos a que apoyen la protesta, alegando que a ellos también les puede pasar algo similar cuando la empresa los jubile.
Destacaron que entre las acciones que organizadamente están ejecutando en todo el territorio nacional, el gremio de jubilados petroleros, para hacerse sentir y exigir las soluciones a sus denuncias, se encuentra redactando una carta abierta, la cual está dirigida al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al presidente de Pdvsa, Eulogio Delpino, principalmente.
También hubo una toma de portones en Cabimas, estado Zulia, esta mañana , aseveró González.
Aseguró que tienen pautado trasladarse a la sede principal de Pdvsa que se encuentra en la urbanización La Campiña, en Caracas, como parte de las acciones a seguir si el Gobierno hace caso omiso a su protesta.