¿Qué se esconde detrás de la militarización de la industria eléctrica?
Un nuevo capítulo en la crisis eléctrica comienza a escribirse en contra de los trabajadores y el pueblo venezolano. Por orden presidencial y sin ninguna justificación valedera, la industria eléctrica se suma a la creciente militarización que desarrolla el gobierno en las empresas del Estado y en la vida política nacional. Siempre el argumento para entregar a funcionarios de las fuerzas armadas la dirección de las empresas o ministerios ha sido la supuesta preservación del “orden público” por un lado y garantizar “la eficiencia y la disciplina” por el otro. Pero las verdaderas motivaciones son otras.
Un nuevo capítulo en la crisis eléctrica comienza a escribirse en contra de los trabajadores y el pueblo venezolano. Por orden presidencial y sin ninguna justificación valedera, la industria eléctrica se suma a la creciente militarización que desarrolla el gobierno en las empresas del Estado y en la vida política nacional. Siempre el argumento para entregar a funcionarios de las fuerzas armadas la dirección de las empresas o ministerios ha sido la supuesta preservación del “orden público” por un lado y garantizar “la eficiencia y la disciplina” por el otro. Pero las verdaderas motivaciones son otras.
Detrás de la militarización se encuentran poderosas razones económicas y políticas, resultantes del peso específico que las fuerzas armadas han adquirido durante estos casi quince años de vida de la llamada Quinta República. Es innegable que el compromiso y la lealtad que los uniformados le ofrecen al gobierno y sus slogans políticos, no son de gratis. Todo tiene precio, y para el caso concreto de las fuerzas armadas, el gobierno sabe que debe dar en contraprestación mejores remuneraciones, prebendas y posibilidades a la alta oficialidad de libre manejo de recursos del Estado, como garantía para seguir contando con su fidelidad política. Esa es la verdad monda y lironda.
No por casualidad la cúpula militar goza de excelentes sueldos, disfruta de todo tipo de privilegios y directamente tiene metidas las manos en lucrativos negocios como la explotación minera en la CVG y en la CVA, en la actividad portuaria, en la industria cementera, en la fabricación naviera, en PDVSA, en el manejo de ministerios y gobernaciones con jugosos presupuestos, amén de la industria militar que como todos sabemos maneja toneladas de dinero para la fabricación, compra y reposición de equipos y armamento, además de su mantenimiento.
Y a partir de este martes 23 de abril, según el noveno decreto emitido por el recién posesionado Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, las fuerzas armadas compartirán el lomito de la industria eléctrica, bajo la excusa de la Emergencia Eléctrica, de la mano de Jesse Chacón, quien regresa a ocupar un alto cargo en el entramado político del gobierno, luego de salir debido al desfalco bancario perpetrado por su hermano Arné.
Emergencia eléctrica: ¿por qué y para qué?
No nos engañemos ni nos dejemos engañar. La Emergencia Eléctrica, no obedece a una decisión coherente y planificada por parte del gobierno nacional para atender la grave contingencia que vive el Sistema Eléctrico Nacional. La causa de la grave crisis eléctrica nacional, nuestro pueblo y especialmente los trabajadores de la industria eléctrica la conocen y así la han denunciado en infinidad de oportunidades, y consiste en que una manga de burócratas corruptos que le vienen jugando quiquirigüiqui al país, no realizan las inversiones necesarias mientras sus allegados y contratistas se llenan los bolsillos.
Ha costado una y parte de la otra, eliminar la abultada carga de la nómina del tren ejecutivo de varias gerencias que se niegan a morir luego de la estatización de toda la industria eléctrica nacional. Se han malbaratado cerca de 60 mil millones de dólares destinados a la industria en la última década, los cuales a duras penas han servido para tapar los agujeros negros que tienen en sus bolsillos los altos funcionarios de la industria eléctrica y las empresas contratistas. No hay una política seria de mantenimiento, lo que conlleva a que diariamente millones de venezolanos suframos los apagones en cualquier momento del día, que además afectan la vida útil de nuestros electrodomésticos o aparatos utilizados para la producción de bienes.
Frente a esta caótica situación, solo los obreros y empleados son los que sacan la cara por la industria, llegando al extremo de que sean ellos los que con sus salarios, sus sacrificios y su compromiso, hagan milagros para sostener el sistema y el servicio, como es el caso de los linieros quienes hacen proezas para parapetar los tendidos eléctricos, teniendo que cubrir de sus propios bolsillos los gastos por desplazamientos, combustible y mantenimiento de los vehículos de la compañía.
Molleja de negocio tienen estos burócratas, a quienes nunca les alcanza el presupuesto para superar la deficitaria generación de 19 mil megavatios, ni que decir de la nula destinación de recursos para atender los costes por transmisión y distribución. Por supuesto, esta burocracia que no hace nada y siempre se queja que no hay plata, sí tuvo la gran iniciativa de imponer el perverso castigo al consumo, con lo que metió un aumento camuflado en la factura eléctrica a muchas familias que, a pesar de hacer enormes esfuerzos para mantenerse en la línea de consumo mínima, ya quedaron rayados y nunca más lograron bajar el coste de la factura eléctrica.
Esta y no otra es la triste realidad del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, la cual se pretende ocultar con campañas gubernamentales para enfrentar supuestos planes de desestabilización y saboteo, que no son otros que los que desarrollan a diario los altos funcionarios de la empresa en estrecha conchupancia con el gobierno central. Complicidad que se puede detectar con facilidad, porque el gobierno le ha negado al venezolano de a pie el desastroso balance de las gestiones anteriores y especialmente de la de Argenis Chávez en Corpoelec, que según promesa del fallecido Presidente, sería el superador de la crisis eléctrica que se vive desde mediados de 2008.
La desgracia es que el decreto número 9 emitido este martes 23 de abril, es más de lo mismo. Promesas y un pote de humo, para facilitar que durante 90 días Jesse Chacón pueda hacer y deshacer en materia de contrataciones milmillonarias sin procesos de licitación pública, sin contraloría ni control ciudadano. Ese es el verdadero contenido de la declaración de emergencia eléctrica, un artificio jurídico-presupuestal para manejar los recursos a su libre arbitrio, mientras los problemas siguen igual o empeoran.
Persecución a los trabajadores
El plan del gobierno se complementa además con la militarización de la vida interna en la industria, para meter miedo e impedir que los trabajadores sigan haciendo la denuncia pública sobre las condiciones en que laboran y continúen destapando las ollas podridas de la corrupción, que son las que explican de fondo la crisis que vive el Sistema y Servicio Eléctrico Nacional.
Es preciso denunciar con claridad esta patraña. Los trabajadores no son saboteadores, por el contrario la nación está en deuda con ellos no sólo porque no les reconoce a cabalidad el contrato colectivo que los beneficia, sino también porque habría que erigirles a muchísimos de ellos un monumento en reconocimiento a su entrega y tenacidad para hacer funcionar el sistema muy a pesar de las ratas pelúas que manejan la industria.
La militarización de la industria eléctrica también pretende controlar el brote de descontento que se vive a nivel de los trabajadores en contra de la dirigencia sindical del Psuv, que se encuentra en una profunda crisis y abrumada por las denuncias de corrupción y por su incapacidad para ponerse al frente en la lucha por los derechos de los trabajadores. El reinado de Ángel Navas y su séquito flaquea, y junto con ellos también la fantasmagórica central sindical del gobierno. Esa burocracia acaba de perder abrumadoramente las elecciones sindicales en Carabobo y era casi un hecho su derrota en las elecciones nacionales que estaban pautadas para este 25 de abril, pero que fueron postergadas.
No podemos obviar entonces que el decreto de emergencia también tiene como propósito político servir de colchón a la burocracia sindical para controlar la rebelión democrática que protagonizan los trabajadores. Lo anterior, sumado a la ausencia de genuinos dirigentes sindicales autónomos y combativos en Carabobo, ha generado una situación caótica, que es urgente resolver en forma positiva, para impedir que algunas figuras sindicales desgastadas y comprometidas con el gobierno o con los empresarios, terminen por hacerle creer a los trabajadores de la industria eléctrica y al país entero, que el Contrato Colectivo es inviable, y que hasta es una de las causas de la crisis.
Este escenario le viene como anillo al dedo al gobierno, porque querámoslo o no, el Presidente Maduro, Jesse Chacón, los militares, la directiva de la empresa y la burocracia sindical del Psuv, están empeñados en liquidar el contrato colectivo de trabajo, asestándole un duro golpe a los trabajadores mientras se protege a los corruptos. Si alguien tiene dudas al respecto, baste con reflexionar con la lapidaria afirmación hecha por el Presidente Maduro quien aseguró que “varios trabajadores están presos y varios gerentes han sido reubicados”. Garrote a los trabajadores y consideración para los gerentes corruptos. Menudo socialismo.