Venezuela reconoce en CIDH que no ha realizado estudio de impacto ambiental para Arco Minero

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Devastacion minera en gran escala Arco Minero

Las reuniones fueron solicitadas por las ONG
defensoras de los derechos humanos en la región

Redacción | El Pitazo
Dic. 06.2016

En el período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que se realiza en Ciudad de Panamá hasta el día 7 de diciembre, Venezuela reconoció que no ha realizado aún el estudio de impacto ambiental que ordena la Constitución sobre el Arco Minero del Orinoco.

La audiencia sobre el Arco Minero del Orinoco fue la última del grupo de cuatro sesiones sobre Venezuela, realizada el viernes 2 de diciembre en el Hotel Radisson Decápolis de Ciudad de Panamá, y a la cual asistieron representantes de las ONG Provea y del Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas de la Universidad de Los Andes (Gtai-ULA).

En su intervención, los representantes del Estado venezolano, dirigidos por el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, describieron las motivaciones económicas y sociales que impulsan a desarrollar este proyecto de extractivismo. Asimismo, afirmaron que en un futuro, cuando estuviera listo, se realizaría la difusión de los estudios de impacto ambiental.

Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, describió las violaciones a los derechos laborales, libre asociación y manifestación pacífica generados por el decreto que crea el Arco Minero del Orinoco. Sostuvo que el artículo 30, numeral 2, de la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas establece que los Estados deben consultar eficazmente a estas comunidades antes de utilizar sus tierras para actividades militares y agregó que el actual Decreto de estado de excepción y emergencia económica, en vigencia desde mayo de 2016, permite que las contrataciones para el Arco Minero puedan tener discrecionalidad y no requieran la autorización de la Asamblea Nacional.

Vladimir Aguilar, abogado especializado en derecho indígena y coordinador del Gtai-ULA, afirmó que el Estado ha tratado de influir políticamente en las comunidades de la zona. “Se ha realizado un proceso de cooptación partidista de algunas organizaciones y comunidades indígenas, provocando una aculturación, división interna y desviación de la lucha histórica indígena por sus territorios”. Explicó que en los últimos meses el Gobierno se ha acercado a las comunidades indígenas para hablarles de los beneficios del Arco Minero, pero los líderes tribales han señalado que no discutirán nada hasta que no sean demarcados y titulados sus territorios.

Los comisionados de la Cidh también rechazaron la criminalización de defensores de derechos humanos, quienes han advertido las contradicciones del Arco Minero y se comprometieron a seguir monitoreando el proyecto.

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