La continuidad de Maduro y los abusos de los cuerpos militares y policiales
Por Antonio Espinoza (dirigente del Partido Socialismo y Libertad -PSL)
El día de ayer fue objeto de agresión Eva Leal (abogada de profesión) por parte de una funciona de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el Estado Lara, con la intención de obligarla a pagar un “peaje” por supuesta violación del confinamiento. También el día de ayer un hombre quién manejaba su moto, se defendió con un machete en la mano de un efectivo de la GNB quien intentó robársela.
Todos los días, pobladores de los barrios del país y zonas rurales son objeto de robos, despojos, atropellos e injurias para encarcelarlos y así mantener la zozobra en todo el país. El objeto del gobierno es mantener con su política represiva un permanente sometimiento al pueblo trabajador.
Estos hechos ocurren a diario en todo el territorio nacional con total impunidad. El gobierno flexibiliza y luego radicaliza acciones para contener la pandemia; medidas totalmente desastrosas y ambiguas, lo que demuestra su incapacidad para atender los problemas epidemiológicos por lo que atraviesa la población venezolana. Y, por otro lado, estimula a los cuerpos policiales-militares a una conducta represiva y autoritaria; de robo y pillaje; de descomposición y corrupción para contener la pandemia.
Estas prácticas por parte de los cuerpos policiales y militares Faes, GNB, Digcim, Conas, PNB y parapoliciales, no son hechos aislados, obedecen a una política autoritaria y represiva del gobierno cívico-militar de Nicolás Maduro, quien con la excusa de la pandemia mantienen al pueblo y sus trabajadores pasando hambre y en una indigencia total.
La misma se viene desarrollando desde aquella calamitosa frase de “Candelita que se prenda, candelita que se apaga”. En los últimos 7 años, se incrementó junto a la aplicación de un plan de ajuste económico para privilegiar el pago de la deuda externa, la imposición de las tablas salariales y mecanismos de restricciones a los trabajadores como el memorándum 2792. También, se establecieron mecanismos jurídicos como leyes sátrapas como: “ley sapo”, “ley contra el odio…”, entre otras; que solo sirven de artificios jurídicos para criminalizar a todos los que luchan.
Esto, junto con la ausencia de una conciencia democrática por parte del gobierno y de su falsa retorica socialista, buscan socavar el espíritu de lucha de la población y sus trabajadores, quienes hoy, en medio de la más brutal crisis económica, con una estruendosa hiperinflación, impactada por la pandemia del covid-19, debe salir a la calle para el rebusque diario y el gobierno les viola sus derechos humanos, derechos democráticos y derechos políticos.
Hay que agregar que el matraqueo, robo y extorsión por parte de los cuerpos policiales-militares que sirven de sostén al gobierno, se ha “institucionalizado” al igual que la corrupción a todo nivel del Estado. El gobierno permite que los funcionarios hagan de las suyas al igual que con el contrabando y venta de la gasolina. Es una práctica recurrente con la que le gobierno le permite el robo a costa de las penurias de la población.
No solo la ausencia de los servicios públicos básicos (agua, luz eléctrica, gas, entre otros) a ello se suman la inexistencia de un salario igual al costo de la canasta básica (hoy ronda los 50 millones de Bs mensuales, unos 250$ aproximadamente), y de libertades políticas y democráticas que obligan a la población a “vivir” en penurias y en una quejosa situación familiar.
Hay que decirlo con todas las letras, esta situación es inaguantable. Se viene acumulando un sentimiento de odio al gobierno y sus políticas, cosa que más temprano que tarde pueden hacer erupción social dando al traste con el estado actual de cosas.