Aplicación de las vacunas debe ser gestionada por sindicatos y gremios de la salud

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Por Partido Socialismo y Libertad

No tenemos ninguna confianza en el gobierno de Maduro ni en Juan Guaidó

En los últimos días el número de contagios de Covid 19 se ha incrementado, llegando a cifras que no se producían por lo menos desde septiembre del pasado año. El gobierno anunció que el pasado sábado se registraron 1161 contagios y 8 personas fallecidas. Más allá de que sin duda en nuestro país hay un importante subregistro, y el número de contagios podría ser mayor, las cifras oficiales reflejan que hay un nuevo repunte de la pandemia.

De allí que el tema de las vacunas adquiera cada vez más importancia y urgencia. Como ya decíamos en una declaración anterior de nuestro partido, no había ningún plan gubernamental para adquirir más vacunas. Esto se acaba de poner en evidencia al concretarse un acuerdo entre el gobierno de Maduro y Juan Guaidó mediante el cual se traerán al país 12 millones de vacunas, la cantidad que en nuestra declaración decíamos que era prioritaria en este momento.

Al no tener ninguna claridad sobre cómo afrontar el costo de la adquisición masiva de vacunas, debido al desastre de la economía agravado por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea, el gobierno tuvo que apelar a Juan Guaidó quien controla ilegalmente recursos que le corresponden a todos los venezolanos, gracias a dichas sanciones y el apoyo del imperialismo.

Nos parece positivo para el pueblo trabajador venezolano que se presente la posibilidad de adquirir un importante número de vacunas, no obstante, no tenemos ninguna confianza en el gobierno ni en Guaidó para manejar los recursos y las vacunas. El primero aplica un brutal ajuste hambreador, descargando la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador, mientras que Guaidó es un representante patronal, estrechamente aliado al imperialismo, y que ha promovido las sanciones que hoy afectan fundamentalmente al pueblo venezolano.

En tal sentido proponemos que el operativo para adquirir los 12 millones de vacunas, así como su distribución y aplicación en el país, sea coordinado por una comisión compuesta por representantes de los gremios y sindicatos del sector salud, sociedades médicas, colegios de enfermeros y enfermeras, junto a representantes de las facultades de medicina y farmacia de las universidades venezolanas. Esta es la única garantía que la adquisición de las vacunas y su posterior aplicación, se haga de manera transparente, sin discriminación ni privilegios, controlada por los más interesados en que el proceso sea claro, y la vacuna se aplique a los sectores prioritarios, es decir, a todo el personal de salud del país, los adultos mayores y con enfermedades crónicas, y los docentes.

Pero la cantidad de vacunas que se adquirirían en el marco del acuerdo entre Maduro y Guaidó, está muy lejos de la meta planteada originalmente por el gobierno de vacunar al 70% de la población este año. Es necesario tener un plan para adquirir otros 30 millones de dosis para vacunar a 15 millones de personas y cubrir a ese 70%, por lo menos.

Por otra parte, ante el incremento del número de contagios, el gobierno acaba de decretar una cuarentena radical por las próximas dos semanas. De allí que se requiera conformar un Fondo Social de Emergencia para enfrentar la crisis sanitaria y el hambre, adquirir más vacunas, y garantizar que millones de trabajadoras y trabajadores informales, que se ven en la necesidad de salir todos los días a la calle a conseguir el sustento de sus familias, puedan quedarse en sus casas si pasar hambre. Para asegurar los recursos que permitan llevar a cabo este plan proponemos instrumentar un impuesto progresivo a las grandes empresas nacionales y transnacionales, así como al sector bancario. ¡Los grandes capitalistas y nuevos ricos del gobierno deben pagar las vacunas! Este fondo debe complementarse con lo que se ahorre suspendiendo el pago de la deuda externa y los gastos militares; además con recursos provenientes de la confiscación de bienes de los corruptos y la repatriación del dinero confiscado en el exterior a empresarios y funcionarios corruptos, y que el petróleo sea 100% estatal sin transnacionales ni empresas mixtas.

Todos estos recursos se concentrarán en el Fondo de Emergencia para impulsar un plan de adquisición masiva de alimentos e insumos médicos, así como para dotar a los hospitales centinelas y habilitar más camas UCI; para igualar el salario mínimo a la canasta básica, pagar una renta de cuarentena a las trabajadoras y trabajadores informales. Debemos movilizarnos por todas estas reivindicaciones así como por la libertad de todos los trabajadores y trabajadoras detenidas por luchar y defender sus derechos.

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