Nuevo CNE: acuerdo entre las cúpulas del gobierno y la oposición patronal
Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)
El lunes 3 de mayo, la nueva Asamblea Nacional (AN) controlada por el chavismo y surgida del proceso electoral fraudulento del año pasado, eligió a una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), repartiendo los cinco cargos de rectores principales en tres para el gobierno de Maduro y dos para un sector de la oposición patronal.
El presidente y vicepresidente del nuevo CNE son dos dirigentes políticos que representan al chavismo y a la oposición patronal electoralista, Pedro Calzadilla, antiguo Ministro de Cultura de Maduro, y Enrique Márquez, miembro de la dirección de Un Nuevo Tiempo, y otrora integrante de la junta directiva de la AN elegida en 2015 y controlada por el conjunto de la oposición patronal.
Esto evidencia que la renovación del CNE es el resultado de una negociación entre el gobierno antiobrero y autoritario de Maduro y un sector de la oposición patronal que ahora parece integrar a Henrique Capriles Radonsky y a Stalin González; que rápidamente salieron a aplaudir la elección de un nuevo poder electoral, como el primer paso para la llamada reinstitucionalización del país, que no es otra cosa que la relegitimación del Estado burgués.
El nuevo CNE tendría como tarea preparar y realizar a finales del año en curso las elecciones regionales donde sólo se elegiría a gobernadores y alcaldes, diputados estadales y concejales municipales. Pero que retóricamente son presentadas de un modo grandilocuente como unas mega-elecciones, por voceros del gobierno y dirigentes de ese sector de la oposición patronal como Bernabé Gutiérrez.
Maduro sigue dividiendo a la oposición patronal al ampliar la cantidad de sectores y dirigentes opositores que apoyan sus convocatorias electorales fraudulentas, para seguir aparentando que el Estado venezolano tiene un régimen democrático, y lograr el levantamiento de las sanciones económicas y personales que padece el país y altos funcionarios chavistas. Esto último le permitiría concretar el saqueo y la privatización de las principales empresas y activos del Estado, con la aplicación de la denominada ley antibloqueo.
No obstante, el presente remozamiento institucional del gobierno de Maduro, ocurre mientras continúa utilizando la represión con policías y colectivos armados paraestatales para responder a las protestas obreras y populares, como vimos el pasado 1º de mayo en la manifestación realizada en el mercado de Quinta Crespo en Caracas. También, a pesar de los aparentes gestos democráticos, el gobierno mantiene los ataques a los presos políticos obreros. El dirigente sindical petrolero Eudis Girot fue trasladado del Dgcim a la cárcel común de El Rodeo II; el trabajador petrolero Guillermo Zárraga permanece detenido en el Dgcim sin aprobar una medida humanitaria aunque padece covid-19, y siguen postergando el juicio de Rodney Álvarez al suspender sus audiencias en tribunales.
Por otro lado, la oposición patronal electoralista desea más cuotas burocráticas en las instituciones del Estado burgués, e insiste en una estrategia ya fracasada entre 2017 y 2020: la negociación con el gobierno y la participación en procesos electorales controlados por los jerarcas civiles y militares chavistas.
Este nuevo CNE es producto de una negociación a espaldas del pueblo trabajador, entre el gobierno y un sector de la oposición patronal, tal como el propio presidente Maduro reconoció públicamente. Mediante la misma se repartieron el CNE al designar rectores que representan descaradamente a sus intereses políticos inmediatos; y al mismo tiempo, intentan encarrilar al país a unas elecciones regionales que en nada cambian el carácter dictatorial del régimen político del Estado burgués venezolano, porque persistiría Maduro en la presidencia y la nueva AN chavista; y ambos poderes estatales son el resultado de procesos electorales fraudulentos, que el pueblo rechazó en 2018 y 2020 con una enorme abstención.
En el presente escenario el gobierno puede ceder ciertas garantías electorales para esas futuras elecciones regionales, y seguramente mantendría el control de las gobernaciones y alcaldías, porque la inmensa mayoría del pueblo trabajador nuevamente va a volver a decidirse por la abstención. El pueblo trabajador lo que quiere y exige son unas elecciones generales donde se coloque en cuestión la permanencia de Maduro y el chavismo en el poder estatal.
En ese sentido, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) sigue apoyando al pueblo trabajador y rechaza al nuevo CNE que salió de una repartición de cuotas burocráticas entre el partido de gobierno y un sector de las organizaciones patronales de la AN, y exige la convocatoria inmediata de elecciones generales, transparentes y democráticas; que incluyan la elección de la Presidencia de la República, con la participación de todos los partidos proscritos y los dirigentes políticos perseguidos o detenidos, así como plenas garantías electorales, para que el pueblo pueda expresar su voluntad política.
Pero sabemos que la conquista de mejores condiciones de vida y la recuperación de todos los derechos y libertades democráticas, dependerá de la movilización y lucha del pueblo trabajador, porque cada logro se lo debemos arrancar en la calle al gobierno antiobrero y autoritario de Maduro.
Llamamos al pueblo trabajador a insistir en la protesta obrera y popular para lograr elecciones generales, un salario igual a la canasta básica, vacunas para todas y todos, libertad para las trabajadoras y trabajadores presos, y revocación de las sanciones económicas imperialistas.