Ley de Zonas Económicas Especiales: Maduro se sigue presentando como el mejor socio gubernamental del capital

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Por Prensa PSL

Caracas, 2 de junio de 2021.- La semana pasada, la Asamblea Nacional, surgida del proceso electoral fraudulento del 2020, empezó audiencias para discutir el proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, con el respaldo de Maduro y de los sectores de la oposición patronal que tienen un acuerdo de reparto institucional con el gobierno nacional.

Las Zonas Económicas Especiales existen en la legislación venezolana desde el 18 de noviembre de 2014, cuando Maduro promulgó el Decreto-Ley de Regionalización Integral del Desarrollo Socioproductivo de la Patria, que las contempla en su artículo 31. En diciembre de 2014, fueron creadas dos zonas económicas especiales, ubicadas en la frontera colombo-venezolana en San Antonio y Ureña y en el noroccidente en la península de Paraguaná.

En la actualidad, la aprobación de una Ley de Zonas Económicas Especiales es una nueva manera del gobierno antiobrero y dictatorial de Maduro de presentarse como el mejor socio gubernamental del capital transnacional y local, en la explotación de la clase trabajadora venezolana y en el saqueo de las empresas estatales y bienes comunes naturales del país. Esto, en medio de la posible apertura de un proceso público de negociación con el imperialismo yankee y europeo para lograr el levantamiento de las sanciones personales y económicas, y lograr legitimidad internacional.

En ese sentido, la nueva Ley de Zonas Económicas Especiales se sumaría a la llamada ley antibloqueo, con las cuales se proponen la privatización de empresas y activos del Estado, y la aplicación del paquete antiobrero que ha implicado la destrucción del salario, la bonificación salarial y suspensión de los contratos colectivos; con el memorando 2792, las tablas salariales y la fijación de un salario mínimo de menos de dos dólares mensuales.

La aprobación de una Ley de Zonas Económicas Especiales supondría la creación de  áreas geográficas delimitadas, donde el capital transnacional y local recibiría un conjunto de estímulos fiscales y económicos, como la exoneración del pago de impuestos y aranceles, el establecimiento de tribunales extranjeros para la resolución de controversias con el Estado, el financiamiento de la instalación de las empresas y el otorgamiento de activos estatales para sus operaciones económicas.

Además, en la actualidad, al capital transnacional y local que invitan a instalarse en las nuevas zonas económicas especiales, el gobierno de Maduro les ofrece fuerza de trabajo con salarios totalmente destruidos y sin derechos laborales por la suspensión de los contratos colectivos y la bonificación salarial. También, el gobierno les ofrece su carácter represivo y autoritario, ante las seguras protestas y movilizaciones de la clase trabajadora para exigir mejores condiciones salariales y discusión de contratos colectivos. Recordemos que Maduro mantiene presos a un grupo de trabajadoras y trabajadores por luchar, defender sus derechos y denunciar la corrupción.

Ante el inicio de la discusión del proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, nos encontramos nuevamente con el consenso burgués entre el gobierno y los diferentes sectores de la oposición patronal. El sector de la oposición patronal liderado por Juan Guaidó ha guardado silencio cómplice al igual que lo hizo con la llamada ley antibloqueo, mientras que el otro sector que tiene representación institucional ha respaldado la iniciativa legislativa, tal como se desprende de las palabras del empresario y pastor evangélico Javier Bertucci, quien en nombre de ese sector de la oposición patronal dijo, que la ley sería provechosa para las empresas exportadoras por la mano de obra barata venezolana y los beneficios impositivos.

No obstante, la discusión del Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, ha generado críticas desde el mismo chavismo oficialista, con críticas de la ex-constituyente María Alejandra Díaz que la caracterizó como una ley de zonas de explotación y extractivismo, y de la economista chavista Pascualina Curcio que en un artículo de opinión expresó sus dudas acerca de los beneficios para el Estado y el pueblo de esa iniciativa legislativa. Ambas referentes chavistas, a pesar de sus críticas puntuales al Proyecto de Ley de Zonas Económicas Especiales, evitan rechazar toda la política entreguista y antiobrera del gobierno de Maduro.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL), rechazamos la aprobación de una Ley de Zonas Económicas Especiales, porque es una profundización de las políticas antiobreras y entreguistas del gobierno antipopular y dictatorial de Maduro, que crean mejores condiciones de rentabilidad para el capital transnacional y local, en detrimento de los ingresos fiscales del Estado y del salario, y los derechos laborales de la clase trabajadora. 

El PSL insiste en la necesidad de la movilización independiente del gobierno y de la oposición patronal, para conquistar reivindicaciones concretas como un salario igual a la canasta básica, elecciones generales con garantías democráticas, un plan nacional de vacunación, atención médica para todas y todos, libertad para las trabajadoras y trabajadores presos, un fondo social de emergencia y eliminación de los aparatos represivos estatales y paraestatales.

Esto, como parte de la lucha por un plan obrero y popular que le imponga el costo de la crisis y emergencia sanitaria al gobierno, a las transnacionales y grandes empresarios, con la aplicación de un conjunto de medidas como un impuesto especial a las grandes empresas, transnacionales y bancos; la eliminación de los contratos de las empresas mixtas en el sector petrolero y estatización de toda la industria petrolera; una reforma tributaria progresiva; revocación inmediata de las sanciones imperialista y entrega de los activos estatales embargados; confiscación y repatriación de los bienes robados y fugados por los corruptos; no pago de la deuda externa; y la eliminación del gasto represivo, militar y suntuario del Estado.

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