Investigación de CPI ratifica carácter represivo y autoritario del gobierno de Maduro

Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El pasado miércoles 3 de noviembre, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció el inicio de la fase formal de la investigación a la actuación de efectivos policiales y militares y autoridades del Estado venezolano por su participación en crímenes de lesa humanidad desde el año 2017. Esta decisión del fiscal de la CPI fue informada en medio de una visita al país, donde se reunió con Nicolás Maduro y altos funcionarios estatales como el canciller, Félix Plasencia, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab.

El gobierno antiobrero y autoritario de Maduro, como respuesta a la decisión del fiscal de la CPI, acordó la firma de un memorando de entendimiento con ese funcionario internacional, en el cual cuestiona el inicio de la fase formal de la investigación por crímenes de lesa humanidad en su contra, y sostiene que se encuentra dispuesto a recibir asesoramiento de la fiscalía de la CPI para avanzar en los procesos judiciales dirigidos a castigar a los culpables de violaciones de derechos humanos.

Como lo hemos dicho en otras oportunidades, los diferentes informes e investigaciones de organismos internacionales como la comisión de derechos humanos de la ONU y la fiscalía de la CPI, solo sistematizan o ratifican lo que ha denunciado a diario el pueblo trabajador de Venezuela, desde hace varios años: las políticas represivas del gobierno de Nicolás Maduro, que han suprimido y restringido de manera sistemática un conjunto de libertades y derechos democráticos y violado los derechos humanos de sectores políticos y sociales, especialmente a la clase trabajadora, campesinos, jóvenes, indígenas y habitantes de los barrios populares.

Entre 2016 y 2017, Maduro cerró de facto a la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015, con su declaración en desacato por un Tribunal Supremo de Justicia controlado por el gobierno, e impuso sin consulta popular y como parlamento paralelo a una llamada Asamblea Nacional Constituyente; que ni siquiera legisló una nueva Constitución en sus dos años y medio en funciones, en realidad promovió leyes represivas y entreguistas como la ley en contra de la incitación al odio y las leyes para otorgar beneficios tributarios a las empresas del Arco Minero del Orinoco y la ley antibloqueo para promover un plan nacional de privatización de empresas y activos estatales. Además, el gobierno ha bloqueado la realización del referéndum revocatorio presidencial desde 2016, y ha efectuado elecciones parlamentarias y regionales con partidos proscritos y dirigentes inhabilitados de las oposiciones de derecha e izquierda y del chavismo crítico.

En medio de ese aumento del rechazo popular antigubernamental, el gobierno de Maduro reprimió brutalmente las protestas de 2017, ocasionando más de 140 manifestantes muertos en todo el país, y las protestas de enero de 2019, provocando alrededor de 25 manifestantes fallecidos en barrios populares de la ciudad de Caracas. Asimismo, ha respondido a las luchas y denuncias del pueblo trabajador en defensa de su salario y beneficios laborales y en contra del paquete antiobrero, con el despido arbitrario, la jubilación forzosa y la detención ilegal de un conjunto de dirigentes sindicales y de trabajadoras y trabajadores; que permanecen presos en cárceles comunes o en sus casas.

No obstante, como es costumbre en la actuación de los organismos del imperialismo, nos encontramos con un doble estándar y la hipocresía de la fiscalía de la CPI, porque pasó a fase formal la investigación de crímenes de lesa humanidad en Venezuela pero decidió dejar en fase de examen preliminar la investigación de crímenes de lesa humanidad en Colombia, un aliado de las potencias imperialistas occidentales, EEUU y la Unión Europa. Esto, cuando efectivos militares y policiales y autoridades del Estado colombiano son claros responsables de crímenes de lesa humanidad, por ejemplo en casos como la organización y dirección de grupos armados paramilitares, las ejecuciones masivas como parte de los llamados falsos positivos y los asesinatos cometidos por el Esmad en las protestas desarrolladas en el paro nacional acontecido entre 2019 y 2020.

En ese sentido, desde el Partido Socialismo y Libertad rechazamos el doble estándar y la hipocresía de la fiscalía de la CPI. Por otra parte, el Partido Socialismo y Libertad (PSL) ratifica que caracteriza al gobierno de Maduro como una dictadura burguesa y capitalista, que utiliza la supresión y recorte de las libertades y derechos democráticos y la violación de derechos humanos de la población venezolana, para mantener el control del Estado y para continuar aplicando un paquete antiobrero y medidas entreguistas que benefician al conjunto del capital transnacional y local instalado en Venezuela.

En conclusión, más allá de los resultados de la investigación de la fiscalía de la CPI, como socialistas revolucionarios venezolanos estamos convencidos que debemos derrotar la política represiva del gobierno y lograr una verdadera justicia ante las violaciones gubernamentales de derechos humanos, que castigue a los funcionarios militares y policiales que han sido sus ejecutantes materiales y también a las altas autoridades estatales que las han ordenado.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) consideramos que eso solo será logrado cuando derrotemos al gobierno de Maduro y a su política represiva en las calles con la movilización obrera y popular, para así recuperar las libertades y derechos democráticos conculcados y alcanzar mejores condiciones de vida como pueblo trabajador con la aplicación de un plan económico alternativo obrero y popular; que incluya la ejecución de un grupo de medidas concretas como un impuesto especial a las grandes empresas, transnacionales y bancos; la eliminación de los contratos de las empresas mixtas en el sector petrolero y estatización de toda la industria petrolera; una reforma tributaria progresiva; revocación inmediata de las sanciones imperialista y entrega de los activos estatales embargados; confiscación y repatriación de los bienes robados y fugados por los corruptos; no pago de la deuda externa; y la eliminación del gasto represivo, militar y suntuario del Estado.