¡Aumento salarial no hay! Sigue el paquete de ajuste y la bonificación del salario

Por Partido Socialismo y Libertad

Ayer miles marchamos en Caracas y en las principales ciudades del país, conmemorando el día internacional del trabajador y la trabajadora, después de semanas de gran expectativa ante la eventualidad del esperado aumento del salario mínimo.

Finalizando la marcha, nos cayó un balde de agua fría. El gobierno de Maduro no incrementó el salario. Pero como si esto fuera poco, aceleró la bonificación salarial, y terminó de liquidar el salario. Limitándose a aumentar el cestaticket a $ 40 y el llamado “bono de guerra económica” a $ 30. 

Al día siguiente del 1° de mayo, las trabajadoras y trabajadores seguimos devengando un miserable salario de Bs. 130, que hoy equivale a 5,25 dólares, y que corresponde a 7,5% de los bonos.

La medida anunciada por Maduro fue aplaudida por burócratas sindicales como Wills Rangel, presidente de la gobiernera Cbst, quien además dijo la tamaña barbaridad de que ¡los trabajadores venezolanos no querían un aumento del salario mínimo!

Con estos anuncios el gobierno ratifica su decisión de profundizar la extinción del salario y su sustitución por bonos sin incidencia en el cálculo de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales, que no son cobrados por los pensionados.

La bonificación del salario es un hecho ya desde hace algún tiempo, tanto en la empresa privada como en las instituciones gubernamentales, y así lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones a través de nuestras publicaciones y de declaraciones de nuestros principales dirigentes obreros, Orlando Chirino y José Bodas. Lo que hace el gobierno ahora es una nueva vuelta de tuerca, formalizando la bonificación salarial solicitada por Fedecámaras a través de Jorge Roig, operador político de los empresarios en el seno del llamado diálogo tripartito, auspiciado por la OIT. A este coro se sumaron la central ASI, secundada por la CTV, solicitando un ingreso vital de emergencia, que no sería parte del salario, e incorporado a la ley de Emergencia Laboral.

A las trabajadoras y trabajadores debemos hablarles con absoluta claridad y franqueza. El gobierno de Maduro aplica un despiadado ajuste capitalista, con el cual busca que sea el pueblo pobre y los que vivimos de un salario o una pensión, los que paguemos las consecuencias de la crisis generada por el gobierno, los empresarios y transnacionales. Aumentar el salario significaría un descalabro para su política económica y su plan de ajuste, con el que intenta reducir la inflación contrayendo el consumo, es decir, matándonos de hambre, y reducir el gasto social.

Con el cuento de la inexistente “guerra económica”, el gobierno de Maduro le dio contratos a dedo por millones de dólares a empresarios como Alex Saab, así como a intermediarios fantasmas con empresas de maletín, que terminaron robándose miles de millones de dólares de Pdvsa y de las empresas básicas, muchas veces en contubernio con militares, gobernadores y gerentes de las empresas. Una trama de corrupción que ya tiene más de dos décadas en curso.

Es así como la malversación de fondos públicos, su utilización para campañas políticas y propaganda gubernamental; la corrupción rampante entronizada no solo en Pdvsa, si no en todas las instituciones del régimen político, son los hechos que explican la catástrofe social que padece el pueblo trabajador.

El gobierno dice que no hay plata para aumentar los salarios, y su coartada son las sanciones impuestas por el imperialismo estadounidense y europeo. Efectivamente las sanciones a quien más han afectado es al pueblo y los trabajadores, y las repudiamos y exigimos su derogación, pero no son la causa fundamental de los salarios de hambre y de los padecimientos del pueblo pobre. Solo han agravado una situación preexistente, agravada por los negocios turbios entre funcionarios del gobierno, empresarios y transnacionales.

Con el ajuste brutal que aplica el gobierno, pretende hacernos pagar el desastre por ellos creado, mientras le brinda todo género de facilidades a los empresarios y transnacionales: condiciones especiales a las transnacionales petroleras, al margen de la LOTTT y del contrato colectivo; bonificación del salario; exoneración de impuestos a las importaciones y al impuesto sobre la renta; incremento desproporcionado y arbitrario de las tarifas de servicios públicos, y leyes de apertura al capital como la Antibloqueo y la de Zonas Económicas Especiales.

Desde el Partido Socialismo y Libertad decimos que el gobierno ya habló claro, optó por los que más tienen, y no va a aumentar el salario a menos que se lo impongamos con la movilización. Hay que retomar las calles con más fuerza para derrotar a Maduro y su paquetazo de ajuste. Por ello es necesaria lograr la más amplia unidad de acción con todos los sectores sindicales y gremiales, más allá de sus posiciones políticas.

Exhortamos a los maestros y maestras que se venían movilizando, a retomar la lucha en las calles por un salario igual a la canasta básica y en defensa de su contrato colectivo e imponerle a la dirigencia sindical el paro nacional docente; así como a los trabajadores y trabajadoras del sector público, a los jubilados, a los trabajadores de las empresas privadas, a pelear contra el memorando 2792, contra el instructivo de la Onapre, contra la bonificación salarial; por la libertad de los trabajadores y trabajadoras detenidas, así como por todos los contratos vencidos; a los habitantes de las comunidades populares a luchar por mejores servicios públicos, por presupuesto para erradicar las violencias contra las mujeres, y por un plan obrero y popular alternativo al paquetazo gubernamental.

Un plan global que le de respuesta a todos los graves problemas que sufrimos. Que se financie con recursos que salgan de los bolsillos de los que más tienen: empresarios, banqueros y transnacionales, y que contemple los siguientes puntos:

Salarios y pensiones iguales a la canasta básica indexados mensualmente ¡Que los bonos sean salario! Eliminación del IVA y del IGTF ¡No a la ley de emergencia salarial de Fedecámaras! ¡No al aumento de las tarifas de los servicios públicos, ni de los peajes, ni el cobro en dólares del servicio de recolección de desechos sólidos de Fospuca! Exigimos la derogación del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre.

Plan nacional de infraestructura y obras públicas que de empleo genuino.

Impuesto progresivo a las grandes empresas, banqueros y transnacionales. ¡Que los empresarios y nuevos ricos del gobierno paguen la crisis!

No al pago de la deuda externa. Suspensión del gasto militar y policial. Confiscación de bienes de corruptos.

Repatriación del dinero confiscado en el sistema financiero internacional. ¡Que cesen las sanciones imperialistas!

Petróleo 100% estatal sin transnacionales ni empresas mixtas.

Basta de criminalización de la protesta. Libertad para las trabajadoras y trabajadores presos. Condenamos la restricción a las libertades democráticas y a los derechos políticos. Respeto a la autonomía y libertad sindical. Por el derecho a huelga. Todo en la perspectiva de luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

3 de mayo de 2023

 

 

 

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