Bolivia: Miles marchan por una ley que Evo teme aplicar

Se inicia una caminata de 200 kilómetros para obligar al Congreso a convocar a un referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado y para posibilitar la reelección presidencial de Morales. Una vez aprobada la ley, la gran duda es si Evo tendrá el coraje de convertirla en realidad en el oriente y los valles, donde gobierna el fascismo y campea impune el racismo

Redacción de Econoticiasbolivia

La Paz, octubre 13, 2008).- Las fuerzas campesinas, sociales y sindicales que respaldan al presidente Evo Morales iniciaron este lunes una caminata de casi 200 kilómetros rumbo a la ciudad de La Paz para obligar al Congreso nacional a convocar a un referéndum sobre una nueva Constitución Política del Estado que viabilice la reelección presidencial por los siguientes 10 años.

La principal demanda de los marchistas es la aprobación congresal de la Ley de Convocatoria al Referendo Dirimidor sobre la magnitud de los latifundios y el Aprobatorio del proyecto de nueva Constitución Política del Estado, que está siendo frenado por los senadores de la derecha y la oligarquía.

Para ser ley de la República, la convocatoria al referéndum precisa del apoyo de los dos tercios de los parlamentarios. El gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales tiene la mayoría congresal, pero no los dos tercios, por lo que la presión de los marchistas se orienta a obligar a los parlamentarios derechistas a dar vía libre a este referéndum.

«La marcha será histórica», dijo el presidente Morales, que inauguró la masiva caminata de sus seguidores y que es vista con aprehensión por las fuerzas de la derecha y la oligarquía.

La movilización que se inicia en Caracollo busca «la refundación de Bolivia con la aprobación de una nueva Constitución (…) Esperamos que el Congreso escuche el pedido clamoroso del pueblo boliviano que es la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado», sostuvo.

PRESIÓN SOBRE EL CONGRESO

Fidel Surco, presidente de la oficialista Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), que congrega a organizaciones indígenas, campesinas y sindicales, indicó que la marcha de los sectores sociales concluirá el lunes 20 en La Paz. Aunque al principio se preveía un cerco al Congreso Nacional, esa intención fue descartada.

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Isaac Ávalos, señaló que este sector de forma masiva participará en la marcha por una nueva Constitución Política del Estado.

Informó que las nueve federaciones departamentales y al menos 20 regionales campesinas aseguraron su presencia.

Ávalos aseguró que la misma situación se repite en las organizaciones con representación a nivel nacional como la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, colonizadores, gremialistas, entre otros, que también confirmaron su participación.

En tanto que el ente máximo de los trabajadores de Bolivia, la Central Obrera Boliviana (COB) que agrupa a 67 sectores sociales, aseguró que encabezará la marcha desde la población de Caracollo rumbo a La Paz.

«Instruimos a todos los trabajadores del país a concentrarse este lunes 13 de octubre a las 09.00 en Caracollo para emprender esta gran marcha a la cabeza de la COB para reivindicar nuestros derechos», manifestó el secretario ejecutivo de la central sindical, el oficialista Pedro Montes.

EXPECTATIVAS OFICIALISTAS

Con esta presión, el gobierno del presidente Morales confía en vencer la resistencia de los senadores opositores y lograr la aprobación de la ley que convoque a este referéndum sobre la nueva Constituyente.

La caminata rumbo a La Paz se inicia tras que la oligarquía, los prefectos (gobernadores) fascistas y los 100 clanes, dueños de la tierra, los grandes negocios y la vida, rechazaran el intento que hizo Morales, en la mesa de negociaciones, para viabilizar el referéndum en la sregiones que están bajo control de los derechistas.

La decisión de los prefectos de Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, de no firmar ningún acuerdo ni aceptar el referéndum en sus regiones, había dejado en la estacada a Morales que ahora intenta llevar adelante su referéndum por sí sólo, una tarea que parece bastante sencilla en la región del altiplano y parte de los valles (donde tiene un abrumador apoyo popular), pero casi imposible en las tierras bajas del oriente y parte de los valles, donde la oligarquía ejerce su poder con brutalidad y terror.

LA LEY Y LA FUERZA

Con esta presión es casi seguro que el Congreso apruebe la ley que convoque al referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado, que es rechazada por la oligarquía y los 100 clanes porque viabiliza la reelección de Evo por los siguientes 10 años, porque no incluye las autonomías regionales separatistas que impulsan los derechistas y porque reduce su control sobre la tierra y los recursos naturales.

Pero, aunque Evo logre la aprobación de la ley, es muy poco probable que esta ley pueda hacerla realidad a nivel nacional e implementarla en las regiones del oriente y los valles, donde la oligarquía, los 100 clanes y los prefectos fascistas tienen el control absoluto del territorio y de casi todas las organizaciones urbanas cívicas, empresariales, municipales, vecinales e incluso populares.

En Santa Cruz, Beni, Tarija y Chuquisaca, las Cortes Electorales Departamentales, las únicas encargadas para llevar adelante las elecciones, están incluso bajo el control de los derechistas, al igual que el poder judicial, los jueces y fiscales, los grandes medios de comunicación, todos los colegios de profesionales, organizaciones universitarias, gran parte de los sindicatos y juntas vecinales.

En estas regiones impera el fascismo y, en los hechos, el gobierno nacional de Morales ha optado por replegarse hacia el Altiplano, dejando inermes a los sindicatos campesinos e indígenas que ahora están librados a su suerte.

Allí, por tanto, no parece viable realizar un referéndum sobre la nueva Constitución sin doblegar ni vencer antes a la oligarquía y al fascismo, sin destruir sus organizaciones paramilitares, sin acabar con su poder político y económico.