Convención colectiva de educación: Una nueva burla para el sector educativo

Por Mariela Alcalá*

A mediados del mes de junio del presente año, se instaló la comisión negociadora entre el Ministerio del Poder Popular para la Educación y las federaciones sindicales nacionales del magisterio, con el fin de discutir la revisión y adecuación de las cláusulas de la incumplida II Convención Colectiva del sector educativo.

De dicha discusión surgieron algunos logros en favor del personal de educación tales como: eliminación de la tabla salarial para los docentes elaborada por la Onapre, con la cual los educadores se encontraban totalmente subpagados, y en su lugar será utilizada la tabla de la administración pública para la fijación del sueldo base. Otro logro es la nueva prima compensatoria para el personal administrativo y obrero. Además, todos los beneficios acordados serán extensivos a las trabajadoras y trabajadores jubilados y pensionados del sector educativo.

Es importante que los docentes tengamos claro que todo esto fue logrado por la lucha que desarrollamos en los últimos dos años, y gracias a la presión ejercida en los planteles, incluso a través de la redes sociales. No es un regalo del gobierno ni de la burocracia sindical del magisterio.

Pero en esencia, esta convención colectiva continúa siendo insatisfactoria por cuanto la mayoría de los beneficios no fueron sustancialmente mejorados ni ajustados a la terrible realidad salarial y económica que padecen los trabajadores de la educación.

Esto se ve expresado en el pírrico incremento acordado en el salario base de los docentes establecido entre un 81 y 131%, según su correspondiente clasificación. Lo que deja muy alejado estos salarios de lo contemplado en el artículo 91 de la Constitución, es decir, que el salario sea igual al costo de la canasta básica. Así como también en los bonos mensuales sin incidencia salarial acordados en esta convención: bono de transporte, bono de alimentación por un total de 46 millones de bolívares y el bono Simón Rodríguez por un monto de Bs. 15.340.000. Cabe destacar que los beneficios acordados y ratificados serán cancelados a partir del 1 de agosto de este año, en lugar de cancelar estos beneficios con retroactivo de los meses de junio y julio del presente año, durante los cuales se ha discutido esta convención colectiva.

Por otra parte, aún está pendiente la discusión de las cláusulas del HCM y del seguro funerario. También continúa pendiente el pago de los 60 días de vacaciones para los docentes activos, y bono recreacional para los docentes jubilados, los cuales debieron cancelarse en la primera quincena del mes de julio.

En general, esta nueva convención colectiva para nada satisface las exigencias del sector educativo, en especial de los educadores, en cuanto a salarios y beneficios acordes a la actual crisis económica del país, seguro médico, funerario, vacunación del personal, condiciones de bioseguridad, reparación inmediata de los planteles, servicios, dotación de recursos, etc, todo esto en el contexto del aumento de los casos de contagio y muertes por  covid-19 en Venezuela.

Estas adecuaciones limitadas y chucutas a nuestra convención colectiva fueron acordadas con la complacencia cómplice de las directivas burocráticas de las federaciones sindicales de los docentes, tanto las arrodilladas al gobierno como las que posan de opositoras.

Desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) y su corriente sindical C-cura, les decimos a las y los docentes que debemos organizarnos en los planteles, discutir las nuevas cláusulas del contrato, y continuar la lucha por un salario igual a la canasta básica y por todas nuestras reivindicaciones. Debemos estar alertas para que los pírricos avances logrados se cumplan.

* Docente de la U.E. La Inmaculada en Cumaná, estado Sucre, y vocera del Suma-Sucre, adscrito a Fetramagisterio. Y militante del PSL y C-cura.