¿Cuál integración latinoamericana?
El gobierno venezolano suele invocar la integración latinoamericana como uno de sus objetivos estratégicos. El presidente Chávez utiliza el discurso integracionista para justificar las más variadas maniobras políticas, la entrega de importantísimos contratos en obras de infraestructura a la transnacional brasileña Odebrecht, la realización de ruedas de negocios con burgueses latinoamericanos, y hasta para ensalzar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno colombiano este año.
Por: Simón Rodríguez Porras
El gobierno venezolano suele invocar la integración latinoamericana como uno de sus objetivos estratégicos. El presidente Chávez utiliza el discurso integracionista para justificar las más variadas maniobras políticas, la entrega de importantísimos contratos en obras de infraestructura a la transnacional brasileña Odebrecht, la realización de ruedas de negocios con burgueses latinoamericanos, y hasta para ensalzar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y económicas con el gobierno colombiano este año.
De manera significativa, en la reunión recientemente celebrada en Caracas entre los presidentes Chávez y Santos, el presidente venezolano dijo que los acuerdos económicos y militares suscritos entre ambos gobiernos apuntaban hacia la realización del “sueño de Bolívar”: la integración latinoamericana. Y sobre las diferencias políticas entre ambos gobiernos, despachó el problema con una pregunta, “¿qué nos importa eso?”. El reaccionario Santos, con un discurso menos estrafalario, logró en la reunión bilateral que el gobierno venezolano se comprometiera a combatir a la guerrilla y restablecer las importaciones colombianas, e incluso planteó la posibilidad de que ambos países suscriban un tratado de libre comercio.
Pero, ¿es verdad que cualquier modelo de integración sirve a los intereses de los pueblos latinoamericanos y es en sí mismo “antiimperialista”, como pretende Chávez al justificar sus acuerdos con el gobierno colombiano? La revista electrónica Semana.com.ve, destacaba el 8 de noviembre la importancia del pacto entre Chávez y Santos para los intereses económicos y militares de la burguesía colombiana: “Será muy valioso el intercambio comercial con Venezuela, que podría generarle (al Estado colombiano) unos siete mil millones de dólares anuales, para, con un presupuesto deficitario a ejecutarse en el año 2011, equilibrar las cuentas, lo cual le permitiría al país vecino la adquisición de material para su seguridad y defensa”(1). Nada más alejado de los intereses de los pueblos latinoamericanos que financiar el guerrerismo de la burguesía colombiana. Se hace necesario entonces ir más allá de la propaganda oficial para ver qué intereses reales esconde el discurso integracionista, en sus distintas variantes.
Integración tutelada, el modelo de los TLCs
La realidad latinoamericana actual nos muestra a un conjunto de países dominados económicamente por el imperialismo, sujetos al pago de cuantiosas deudas externas y al saqueo de sus recursos naturales por parte de las transnacionales. Es lógico que, en este contexto, el imperialismo impulse su propio modelo de integración, promovido con loas al progreso regional y a la complementación económica, pero realmente al servicio de los intereses del capital transnacional en la región. Con esa orientación son impulsados los tratados de libre comercio (TLCs), en la región por la banca multilateral desde la década de los 90. Se trata de instrumentos legales para la desregulación del comercio, pero sobre todo para la protección de inversiones, para brindar las máximas garantías a los capitales transnacionales. En el caso de los TLCs firmados entre países latinoamericanos y los EEUU, tienen rango supraconstitucional para los primeros, pero no para EEUU; a esto se suma la cesión de la soberanía jurídica de los países latinoamericanos, al establecerse la competencia de tribunales internacionales para dirimir controversias con las empresas yanquis. Al imponerse regulaciones en materia de patentes y propiedad intelectual, aumentan la dependencia tecnológica de los países latinoamericanos y se dispara el precio de los medicamentos especialmente, al eliminarse la producción de medicamentos genéricos.
A partir de 1994, los EEUU impulsaron la creación de un Área de Libre Comercio para las Américas (ALCA), con la que pretendían extender a nivel continental el TLC suscrito entre EEUU, México y Canadá (NAFTA por sus siglas en inglés). En la Cumbre de las Américas de abril de 2001, celebrada en Canadá, se estableció como meta la entrada en vigor del ALCA en el año 2005. El documento fue aprobado con el voto unánime de los 34 países asistentes a la cumbre. Venezuela también votó a favor, sólo dejando expresa su reserva sobre la fecha en que debía entrar en vigencia el ALCA, por considerarla demasiado cercana; y haciendo mención del concepto de “democracia participativa”, promovido por Chávez en aquella época, ante la cláusula “democrática” del ALCA que dictaba la exclusión del tratado de los países “no democráticos”.(2)
El ALCA fracasó debido a las objeciones de Brasil y Argentina, quienes no tenían diferencias de fondo con el proyecto, pero reclamaban un trato equitativo en el área agrícola, fuertemente subsidiada y protegida por el gobierno yanqui. En la Cumbre de las Américas realizada en 2005 en Mar del Plata, se ratificó la inviabilidad del proyecto sin el concurso de las dos principales economías suramericanas.
El gobierno de EEUU optó entonces por impulsar TLCs bilaterales en la región. Y en 2006 logró imponer el tratado DR-CAFTA (por sus siglas en inglés), con los países centroamericanos y República Dominicana. En Nicaragua, la bancada parlamentaria del FSLN votó a favor de la entrada en vigencia de ese tratado.
El Mercosur
A pesar de su aparentemente firme oposición al ALCA en 2005, el gobierno de Chávez no sólo se mantuvo disciplinado a los TLCs firmados por gobiernos anteriores con la Caricom, Chile, el Grupo de los Tres, entre otros, sino que impulsó nuevos acuerdos bajo la orientación del libre comercio y la protección de inversiones. El presidente Chávez ha sido un entusiasta promotor del ingreso de Venezuela al Mercosur, un área de libre comercio integrada por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Venezuela es miembro pleno de este bloque, aunque sin voto, pues está pendiente la aprobación de su ingreso por parte del parlamento paraguayo. Como bloque, el Mercosur suscribió en 2006 un TLC con Israel, en momentos en los cuales ese Estado colonial invadía y bombardeaba El Líbano.
Sin haberse implementado aún los aspectos comerciales del acuerdo, ya Venezuela empieza a sufrir algunas consecuencias directas de la incorporación al Mercosur. Por ejemplo, dadas las desventajas comparativas de la industria automotriz en Venezuela con respecto a Brasil y Argentina, existe una ofensiva en las plantas ensambladoras y autopartistas, en función de maximizar el grado de explotación del trabajo, para hacer frente a la importación libre de aranceles de vehículos y autopartes. Esto ha motivado medidas represivas y despidos masivos contra los trabajadores de Mitsubishi, en Barcelona; así como un recrudecimiento de la flexibilización laboral y la tercerización a través de cooperativas en General Motors y otras empresas ubicadas en el centro-norte del país. Dirigentes sindicales del sector automotriz han advertido acerca de la pérdida masiva de empleos que significará la implementación del arancel único de importación del Mercosur.
En 2009, más del 95% de las exportaciones venezolanas fueron petroleras. La entrada del país en el Mercosur, por sus efectos negativos sobre el débil sector industrial venezolano, tenderá a acentuar la dependencia sobre el petróleo, mercancía que, irónicamente, no requiere de tratados comerciales especiales para ser exportada con facilidad.
La IIRSA
La reunión de presidentes suramericanos del año 2000, en Brasilia, aprueba la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Se trata de un protocolo para promover la construcción de carreteras, poliductos, canales de navegación, y otras obras de infraestructura, se persigue facilitar la explotación, en condiciones de máxima rentabilidad, de cuantiosos recursos naturales de difícil extracción y comercialización en las condiciones actuales. En otras palabras, es un programa de colonización capitalista definido por los intereses de las transnacionales. La cartera de proyectos de la IIRSA reúne, en el 2010, más de 500 proyectos, que representan una inversión de más de 500 mil millones de dólares.(3) No obstante, sólo un porcentaje pequeño de estos proyectos es viable y cuenta con posibilidades de financiamiento.
Sus promotores plantean que “es preciso reducir al mínimo las barreras internas al comercio y los cuellos de botella en la infraestructura y los sistemas de regulación y operación… La provisión de estos servicios de infraestructura busca promover el desarrollo de negocios y cadenas productivas con grandes economías de escala a lo largo de estos ejes, bien sea para el consumo interno de la región o para la exportación a los mercados globales… Este ordenamiento… facilitará el acceso a zonas de alto potencial productivo que se encuentran actualmente aisladas o subutilizadas debido a la deficiente provisión de servicios básicos de transporte, energía o comunicaciones”. (4)
La IIRSA apunta hacia la “compatibilidad entre las reglas que rigen y orientan la actuación de la iniciativa privada en la región… (y) la concepción del desarrollo como una responsabilidad compartida de gobiernos y empresarios”.
El apego a la estrategia desarrollista que subyace a la IIRSA explica en gran medida la negativa del gobierno venezolano a reconocer los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Perijá y el estado Bolívar. Los gobiernos nacionalistas-burgueses de la región presentan a la IIRSA en la perspectiva utópica de una Suramérica convertida en potencia capitalista, avanzando en esa dirección incluso con el financiamiento del imperialismo. En realidad, los proyectos de la IIRSA que son efectivamente financiados por el BID y el BM son aquellos que sirven al interés directo de las transnacionales imperialistas o de la poderosa burguesía brasileña, y sólo donde exista la posibilidad de obtener del capital invertido la máxima ganancia en el menor plazo posible. De tal manera que se refuerza el rol de los países sudamericanos en la división internacional del trabajo, no se propicia una industrialización significativa ni el menor cambio estructural de las economías de la región, basadas en la exportación de materias primas. En la práctica, esta vez como tantas otras, la retórica nacionalista-burguesa con respecto a la IIRSA es la cobertura ideológica de los intereses imperialistas y la justificación para la continuidad del saqueo de los recursos naturales.
Discursos antiimperialistas, leyes y tratados internacionales proimperialistas
Venezuela también está sujeta a tratados que, aunque de menor alcance que un TLC, han sido diseñados bajo la misma orientación de favorecer las inversiones extranjeras en desmedro de los intereses nacionales. En 1999, se firmó el Tratado contra la doble tributación entre EEUU y Venezuela, el cual permite a las empresas yanquis pagar impuestos en su país de origen por actividades económicas realizadas en Venezuela. Según el profesor Luis Britto García, Venezuela pierde 17.875 millones de dólares anuales por los impuestos que deja de cobrar en virtud de este tratado (5). Además del tratado con los EEUU, Venezuela mantiene tratados similares con Noruega, Irán, y otra docena de países.
La propia Constitución de 1999 se encarga de brindar a las transnacionales plenas garantías y ventajas, al establecer en su artículo 301 que “la inversión extranjera está sujeta a las mismas condiciones que la inversión nacional”. En el proyecto de Reforma Constitucional del año 2007, de cuyo contenido “socialista” se jactaba el gobierno, se proponía la siguiente redacción para el mismo pasaje de dicho artículo: “No se otorgarán a personas, empresas u organismos extranjeros, regímenes más beneficiosos que los establecidos para los nacionales”. El mismo musiú con distinto cachimbo.
¿Es el ALBA una verdadera alternativa?
El ALBA es un bloque fundamentalmente político, creado en diciembre de 2004 por Cuba y Venezuela, y que actualmente incluye a Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Dominica, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda. La página oficial del bloque le define como una “alianza política estratégica… (cuyo propósito es) alcanzar el desarrollo integral requerido para la continuidad de nuestra existencia como naciones soberanas y justas”. El fundamento de dicha alianza es “la afinidad conceptual de quienes integramos al ALBA, en cuanto a la concepción crítica acerca de la globalización neoliberal…” (6). Sin plantear una definición antiimperialista o anticapitalista, el ALBA se propone la “unión de las repúblicas latinoamericanas y caribeñas para la conformación de una gran nación”.
Contrastemos lo ambicioso de la estrategia con lo modesto de las tácticas: su principal proyecto económico es la creación del Banco del ALBA. Su capital, colocado por Venezuela y Cuba, es de poco más de mil millones de dólares. Contrastemos este monto con la deuda externa venezolana, que es de más de 68 mil millones de dólares (7). El ALBA también propone impulsar un proyecto de moneda común, el Sucre, “para liberarnos del yugo del dólar”. Pero Ecuador, país miembro del bloque, mantiene su economía dolarizada, mientras que el petróleo venezolano se sigue cotizando en dólares.
El fundamento “antineoliberal” del ALBA, con todo lo limitado y poco claro que es, también queda en entredicho cuando Honduras (país miembro hasta el golpe de Estado de 2009) y Nicaragua entran al bloque pese a estar sujetos a un TLC con los EEUU (DR-CAFTA). Incluso, Nicaragua mantiene negociaciones con el FMI en la actualidad, mientras que Venezuela y Bolivia explotan sus hidrocarburos a través de empresas mixtas con transnacionales, y todos los países del ALBA aplican duros planes de ajuste ante la crisis económica mundial. ¿Puede servir a los intereses de los pueblos un modesto bloque político de países capitalistas que no cuestione la deuda externa, no se libre del yugo de los tratados comerciales que le subordinan al imperialismo, y no se proponga liberarse del saqueo de las transnacionales?
Hay un caso que sirve de buen ejemplo para demostrar a quiénes sirve este modelo de integración capitalista. Luego de un largo proceso de luchas reivindicativas y contra los “lock out” patronales de 2002 y 2003 en Venezuela, los trabajadores de la empresa Sanitarios Maracay tomaron la empresa en noviembre de 2006 y la pusieron a producir bajo autogestión obrera. La empresa, propiedad de un antiguo alto funcionario adeco, exportaba piezas de baño de Venezuela a Cuba bajo los auspicios de las ruedas de negocios organizadas por los países del ALBA. Ante la disyuntiva de atender el reclamo de los trabajadores de estatizar la fábrica bajo control obrero, o defender al socio comercial de uno de los países del ALBA, el gobierno venezolano optó por esto último. Empleó a fondo todos los recursos estatales, echó mano de la burocracia sindical oficialista, la represión de la Guardia Nacional, y las maniobras del Ministerio del Trabajo, para aplastar la lucha de los trabajadores, objetivo que logró en gran medida en agosto de 2007, con el desalojo de la planta principal de la fábrica.
La cuestión de la deuda externa
No puede haber integración latinoamericana independiente, sin que se ataque el tema de la deuda externa, un mecanismo de dominación económica y política que padecen todos los países latinoamericanos. La investigadora Gladys Hernandez refiere que, nada más por concepto de pago de intereses de deuda, “entre 1990 y 2004, la región (Latinoamérica) pagó 1.9 millones de millones de dólares, lo que representa un promedio anual para estos 15 años de 126,9 miles de millones de dólares… Solamente el servicio de la deuda pagado entre 1990 y el 2004, equivale a 66 veces el monto de la deuda externa de la región en 1970”. (8)
El fondo del Banco del ALBA es mucho menor al 1% de lo pagado por la región anualmente en intereses de deuda. Lamentablemente, la posición del gobierno venezolano ha sido la de plantear que la deuda externa es “legítima” (9), aunque una importante proporción de ella proviene de la estatización de deuda privada de compañías venezolanas, mientras que lo ya pagado por intereses supera ampliamente a la deuda original. Desde las promesas electorales de Chávez en 1998, de dejar de pagar la deuda externa al llegar a la presidencia, hasta las promesas, ya en el gobierno, de realizar una auditoría a la deuda; todas ellas han sido incumplidas. Por el contrario, la deuda contraída con el FMI y el BM se pagó de manera adelantada.
La Minustah: tropas de ocupación latinoamericanas en Haití
La cacareada integración militar de Latinoamérica, ensalzada por el gobierno venezolano en iniciativas como el Consejo Suramericano de Defensa, es una gran farsa. Evidentemente, los ejércitos no pueden jugar a nivel internacional un rol distinto al que les adjudican los respectivos Estado burgueses, de los que forman parte, dentro de sus propios países. La superioridad en la administración de los medios de la violencia es el pilar sobre el cual descansa la explotación económica, en última instancia; por ello las Fuerzas Armadas juegan un papel reaccionario de primera importancia. No es extraño entonces, que los ministros de Defensa de la región sigan atendiendo a las órdenes directas de los EEUU en lo que respecta al tema de la “seguridad hemisférica” (10).
Un ejemplo particularmente ilustrativo del carácter nefasto de la cooperación regional en el campo militar es la actual ocupación armada de Haití por parte de un contingente integrado principalmente por países latinoamericanos, bajo mandato de la ONU.
A partir de abril de 2004, a escasos dos meses del golpe de estado proimperialista que derrocó y desterró al presidente haitiano Jean Bertrand Aristide, y que fue seguido por la ocupación del país caribeño por parte de militares de los EEUU, Francia y Canadá; las tareas de ocupación militar fueron traspasadas a un contingente militar suramericano, con un mandato de la ONU para resguardar al régimen espurio nacido del golpe. Para ayudar al imperialismo y a la burguesía haitiana a administrar la frágil situación política resultante del golpe, la Minustah cuenta con tropas de Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Guatemala, y Uruguay. La llegada al poder de gobiernos centroizquierdistas en algunos de estos países no ha sido obstáculo para que se renueve el mandato a los militares para continuar ocupando Haití.
El tamaño de la fuerza invasora ha aumentado luego de seis años de ocupación, lo cual demuestra el fracaso de la “pacificación” encomendada a la Minustah, pese a la brutal represión que esta ha desplegado contra la población, con un saldo de varias decenas de muertos y centenares de heridos hasta la fecha en ataques a protestas populares y obreras, así como torturas y otras violaciones a los derechos humanos. De 6.700 efectivos militares y 1.622 agentes de policía en 2004, el contingente ha crecido a 8.651 soldados y 3.146 policías en 2010. (11) El fracaso de las recientes elecciones efectuadas en Haití, por las denuncias generalizadas de fraude, demuestra asimismo la incapacidad de la ocupación militar para imponer la gobernabilidad.
Integración latinoamericana bajo una perspectiva socialista
El problema fundamental de la concepción de la integración latinoamericana que propugna el gobierno venezolano es que pretende apoyarse en un sujeto sin autonomía política o económica: las burguesías nacionales. En su “Mensaje a los pueblos del mundo a través de la Tricontinental”, el Ché Guevara explicaba, en 1967, que “las burguesías autóctonas han perdido toda su capacidad de oposición al imperialismo y sólo forman su furgón de cola. No hay más cambios que hacer; o revolución socialista o caricatura de revolución” (12). La vigencia de estas palabras queda demostrada en el fracaso del “Socialismo del siglo XXI”, en su pretendido intento de levantar un proyecto de integración regional independiente del imperialismo. Para lograr la plena independencia nacional y una integración latinoamericana al servicio de los pueblos, es necesario romper con las cadenas del capitalismo y liquidar mecanismos de expoliación imperialista como la deuda externa y el saqueo de recursos naturales por parte de las transnacionales.
Lejos de la demagogia del ALBA, es necesario defender una integración latinoamericana con un signo antiimperialista y anticapitalista, a través de la solidaridad con las luchas obreras, campesinas, estudiantiles, comunitarias, e indígenas, que se libran en el continente; luchas contra el saqueo de los recursos naturales, contra los planes de ajuste capitalistas, contra la presencia de bases militares yanquis, etc. De esta manera, se mira la cuestión de la integración regional, ya no en la perspectiva de las transnacionales o las burguesías locales, sino desde los intereses y necesidades comunes que unen a los pueblos de la región. Y hay que añadir que sólo a partir de la liquidación de la dominación económica y política que ejerce el imperialismo en la región, será posible una auténtica integración latinoamericana.
Esto se puede sintetizar en una serie de tareas históricas que expresan un programa para una integración latinoamericana revolucionaria y antiimperialista:
– El agrupamiento de los países deudores en una liga para el desconocimiento de la deuda externa.
– Retiro de las tropas de ocupación de la Minustah de Haití
– La expulsión de las bases militares imperialistas de Colombia, Honduras, Guantánamo, y de todo el territorio latinoamericano.
– La independencia de Puerto Rico y las Antillas Francesas y Holandesas.
– Cese de la ocupación británica de las Islas Malvinas.
– La recuperación plena de la soberanía sobre los recursos naturales y la disolución de las empresas mixtas de hidrocarburos en Venezuela, Ecuador y Bolivia, así como la nacionalización del petróleo en Brasil y Argentina.
– El desconocimiento de los TLCs entre países latinoamericanos y los EEUU, la Unión Europea, China e Israel.
– La disolución de la OEA, “ministerio de colonias” de los EEUU, y su sustitución por un foro político regional sin la presencia yanqui.
– Reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas latinoamericanos.
– Reconocimiento del carácter beligerante de los grupos insurgentes que luchan contra los Estados en Latinoamérica
Nahuel Moreno, en su escrito “Centroamérica: seis países, una nacionalidad, una revolución”, plantea algunas de las razones históricas que justifican una Federación de Repúblicas Socialistas de Latinoamérica: “los países latinoamericanos constituyen auténticas nacionalidades, estructuradas en naciones diferenciadas, si bien semicolonizadas por el imperialismo yanqui. México, Colombia, Brasil o Argentina no son “provincias” de una misma nacionalidad, sino nacionalidades independientes y, en el caso de Brasil, incluso con una lengua diferente. Lo que decimos no niega el que la unidad geográfica, idiomática y cultural de los países que hablan castellano origine una tendencia hacia la unificación en una sola nacionalidad. Pero ésta es sólo una tendencia, de carácter histórico, que durante las luchas de la independencia se manifestó de manera embrionaria y utópica y que recién se expresa con una intensidad creciente a partir de la segunda posguerra debido a la multiplicación de los intercambios comerciales, culturales y políticos y de los problemas similares planteados por el refuerzo de la explotación yanqui en todo al Continente.
En todo caso, no puede confundirse la tendencia histórica hacia la constitución de una sola nacionalidad con la realidad presente, que está determinada por la existencia de verdaderas nacionalidades diferentes. Es justamente este análisis el único que justifica que nuestra Internacional levante la tarea de constituir la Federación de Repúblicas Socialistas de América Latina. Esta consigna tiende a unificar al Continente a partir de reconocer la realidad de sus naciones actuales. Es la síntesis programática entre una realidad, las naciones actuales, con una necesidad imperiosa expresada hoy como tendencia, la de su unidad” (13).
Notas:
1. http://www.semana.com.ve/article.php?id=13199
2. El gobierno venezolano no sólo aprobó la creación del ALCA, Chávez también tuvo palabras elogiosas sobre Bush: “Le di un fuerte apretón de manos y le miré directamente a los ojos… Aunque tenemos muchas diferencias políticas, Bush me ha parecido un hombre sincero”.
http://www.elpais.com/articulo/internacional/futuro/mercado/comun/americano/solo/aceptara/paises/democraticos/elpepiint/20010423elpepiint_1/Tes
3. http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/B/bdp_resumen_cartera_por_eje/bdp_resumen_cartera_por_eje.asp?CodIdioma=ESP
Ver también:
http://www.iirsa.org/BancoConocimiento/A/aspectos_institucionales/aspectos_institucionales.asp?CodIdioma=ESP&CodSeccion=121
4. http://www.iirsa.org/CD_IIRSA/Index.html
5. http://www.aporrea.org/tiburon/a73874.html
6. http://alianzabolivariana.org
7. https://laclase.info/nacionales/deuda-externa-de-entes-publicos-y-gobierno-suma-688-millardos
8. http://www.oid-ido.org/article.php3?id_article=109
9. https://laclase.info/nacionales/ali-rodriguez-considera-que-la-deuda-externa-venezolana-no-es-ilegitima
10. https://laclase.info/internacionales/bolivia-fuera-genocida-yanqui-robert-gates-de-nuestro-pais
11. http://www.un.org/spanish/Depts/dpko/minustah/facts.html
Sobre la represión a cargo de la Minustah, ver:
https://laclase.info/internacionales/haiti-minustah-reprime-manifestacion-estudiantil-por-aumento-de-salarios?page=110
https://laclase.info/internacionales/haiti-asesinatos-perpetrados-por-soldados-de-la-minustah?page=3
http://www.somossur.net/index.php?option=com_content&view=article&id=174:ipor-el-envio-de-ayuda-inmediata-y-masiva-al-pueblo-haitiano&catid=70:mas-alla-del-terremoto&Itemid=79
12. http://www.marxists.org/espanol/guevara/04_67.htm
13. https://www.archivoleontrotsky.org/dossie.php?id=15