A impulsar la verdadera transformación universitaria
El 4 de enero, el presidente de la República decidió no promulgar la Ley de Educación Universitaria (LEU) que semanas atrás había aprobado entre gallos y media noche la Asamblea Nacional (AN), sin que mediara mayor discusión en el hemiciclo legislativo, y mucho menos un debate serio y responsable con la comunidad universitaria de todo el país, tal y como lo exige el artículo 203 de la Constitución.
El 4 de enero, el presidente de la República decidió no promulgar la Ley de Educación Universitaria (LEU) que semanas atrás había aprobado entre gallos y media noche la Asamblea Nacional (AN), sin que mediara mayor discusión en el hemiciclo legislativo, y mucho menos un debate serio y responsable con la comunidad universitaria de todo el país, tal y como lo exige el artículo 203 de la Constitución.
La LEU, era un instrumento legal antidemocrático que eliminaba la autonomía universitaria, tal y como tuvo que admitir el presidente Chávez, además de inconstitucional, violentaba la libertad sindical al otorgar al Ejecutivo la competencia de reglamentar las organizaciones de trabajadores, estudiantes y profesores en las universidades. En definitiva, se trataba de una ley reaccionaria, cuyo propósito era contrario al socialismo y sólo buscaba la intervención permanente de las universidades por parte del gobierno.
Gracias a la contundente denuncia de la LEU y a la fuerza del movimiento universitario, que culminó el año con importantes movilizaciones por aumento de salarios y por el pago de numerosas deudas que el gobierno aún tiene con los trabajadores y docentes, se abre la posibilidad de dar un debate amplio y a fondo sobre las necesaria transformación universitaria. Está claro que la LEU era un retroceso autoritario frente a la situación actual, pero también está más allá de toda duda que debemos emprender cambios profundos en las universidades autónomas y experimentales, si queremos superar la dinámica decadente de las últimas décadas.
No es ningún secreto que en las universidades autónomas hay corrupción, la democracia es secuestrada por castas burocráticas y reaccionarias, a través de los organismos de gobierno universitario. No hay planificación democrática del presupuesto ni control sobre la ejecución del gasto; situación que agrava considerablemente los déficits presupuestarios que se derivan del ajuste aplicado por el gobierno. Igual o peor sucede en las universidades experimentales, controladas por el gobierno, sobre todo la UBV y la UNEFA.
¿Qué proponemos?
Una nueva ley que le dé autonomía a todas las experimentales. Que la autonomía universitaria explícitamente garantice la inviolabilidad del recinto universitario, el autogobierno universitario y la libertad de cátedra, como dice la Constitución.
El régimen de democracia universitaria debe garantizar la igualdad de derechos políticos para profesores, estudiantes, y trabajadores. La planificación presupuestaria y el control del gasto deben ser democráticos y transparentes.
La universidad debe permitir el ingreso irrestricto, sin otro requisito que el título de bachiller, paralelamente a la obligación del Estado de garantizar los recursos presupuestarios necesarios para dotar a las universidades de infraestructura y recursos académicos; reposición de cargos; beneficios salariales para docentes y trabajadores, y providencias estudiantiles.
Para viabilizar esto, las universidades deben promover reformas en todo el sistema educativo tendentes a superar la crisis actual y garantizar que todos los bachilleres posean las competencias necesarias para los estudios universitarios. Suprimir las pruebas de ingreso, a las que se debe gran parte de las más odiosas exclusiones, no es suficiente.
La nueva ley debe consagrar la más absoluta libertad sindical y autonomía organizativa para estudiantes, trabajadores y profesores, el carácter público, gratuito, y laico de la educación universitaria. El gobierno debe respetar las Normas de Homologación, escala móvil de salarios, y reducirla a un año en lugar de dos como es actualmente, con un salario para profesores y trabajadores universitarios que no sea menor al costo de la canasta básica.
Debe valorarse a las universidades como centros de investigación científica, promoviendo su desarrollo de interés estratégico para nuestro país, y colocar la docencia, la extensión y la producción de conocimientos al servicio de los trabajadores y el pueblo.
Si bien en el marco del capitalismo que aún persiste en el país (y que el gobierno llama “socialismo del siglo XXI”), no puede haber una «educación socialista», el debate en las universidades acerca de su necesaria transformación, debe ubicar a los estudiantes, profesores y trabajadores a la vanguardia del debate sobre las tareas que debe asumir el pueblo trabajador para su propia liberación.