Las mujeres: el sector de la clase trabajadora más afectado por el paquete antipopular del gobierno de Maduro

Por Claudia Rodríguez Gilly

Salarios de hambre, servicios básicos colapsados, hiperinflación, reducción del consumo de bienes y servicios, sistema de salud en emergencia, métodos anticonceptivos inalcanzables, impunidad, violencia contra las mujeres, vulneración de libertades democráticas, migración forzosa, ausencia de políticas públicas, sanciones económicas y demás condiciones extremas, repercuten contundentemente sobre la mujer venezolana que vive inmersa en un sistema capitalista agresivo y un gobierno cívido-militar, donde la preeminencia del hombre y lo masculino por encima de la mujer se afianza en un contexto de empobrecimiento que es consecuencia de la aplicación de un  paquete antipopular por parte del gobierno de Maduro.

Bajo estas condiciones económicas a partir de 2018 en Venezuela se impone lo que el gobierno ha llamado “Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica”, el cual es un paquete contentivo de una serie de medidas dirigidas a restringir el salario y las conquistas de las trabajadoras y trabajadores. No es más que un ajuste brutal que beneficia a los capitalistas privados y de manera diferenciada pesa sobre las espaldas, vientres, manos, piernas y en cada célula de la mujer venezolana, porque ella, especialmente las mujeres trabajadoras, soportan estas condiciones.

Cada vez que una mujer desde la intimidad del hogar y la familia, evita, o más bien trata de evitar, que mueran o mal vivan más niños, niñas, adolescentes, adultes mayores e incluso varones en edad productiva, resiente en sus entrañas las consecuencias de esa política de ajuste.

En un intento desesperado por sobrevivir a este paquetazo económico al servicio del conjunto del empresariado, agravado por los efectos perversos de las sanciones económicas impuestas por EEUU y la Unión Europea, las mujeres quedan recluidas en el arquetipo de la cuidadora y sostenedora de la vida, y se les niega sistemática y abiertamente la posibilidad de ejercer también su papel como sujetas políticas, mujeres integrales y autónomas, dueñas de sus cuerpos, ciudadanas con voz propia y sujetas de derecho.

Bien podrían algunas mujeres realizarse en la vida materna en libertad y con equidad, conviviendo en igualdad tanto en la vida pública, como privada, escogiendo la maternidad como uno de los tantos estilos y ciclos de vida, sin embargo, en Venezuela quienes detentan el poder, fuerzan a las mujeres a volver al siglo XIX imponiendo un modelo patriarcal que afianza la opresión y es funcional para permanecer ejerciendo relaciones verticales de dominación y saqueo de bienes, recursos, medios de producción y demás mecanismos de dominación para potenciar los niveles de explotación.

Las condiciones de pauperización impuestas pesan especialmente sobre la mujer trabajadora que se ve forzada a aumentar la cantidad de trabajo de cuidado gratuito que presta en sus familias y lugares de residencia. Mientras que al mismo tiempo, reduce y desbalancea su cuota de alimentos en el consumo familiar, para privilegiar la alimentación de los hombres en la familia y de los hijos e hijas.

La precariedad económica facilita la mercantilización sexual de su cuerpo, no tener acceso a los anticonceptivos por su escasez y altos precios, implica pérdida de control sobre su cuerpo, trayendo como consecuencia aumento del índice de embarazos no deseados, especialmente en adolescentes, confinando a las mujeres al espacio doméstico de manera impuesta. Por el contrario, tener control sobre sus cuerpos permitiría el acceso a otros derechos como educación, trabajo y derechos civiles, entre ellos, participación política y pública.

Las dificultades económicas empeoran el ejercicio del derecho a la educación y han destruido los ingresos salariales imponiendo a las mujeres trabajadoras el rol de mujer-madre como único horizonte de vida, y convirtiendo su cuerpo en un objeto a disposición de las necesidades sexuales de los hombres proveedores. Así, los hombres proveedores de bienes materiales reafirman su poder patriarcal sobre sus cuerpos sexualizados y maternizados dedicados al cuidado de otros y al disfrute sexual masculino.

En éste mismo sentido, el colapso de los servicios públicos afecta aún más el acceso al transporte, agua, gas y energía eléctrica, provocando que las mujeres tengan que realizar un mayor esfuerzo en el trabajo de cuidado que desarrollan en sus casas, centros de trabajo y estudios. Es decir, se multiplica el esfuerzo físico y emocional en la múltiple jornada de trabajo.

En la búsqueda de mejores condiciones de vida y de trabajo, las mujeres se ven forzadas a migrar en situaciones de precariedad para ayudar con remesas a sus familiares, hijos e hijas. Esta precariedad las hace susceptibles ante las falsas promesas de las redes de trata sexual y prostitución, y en algunas ocasiones extremas, para sobrevivir a las penurias materiales se ven obligadas a tener relaciones con hombres del país de destino, los cuales se aprovechan de su condición de exclusión por el solo hecho de ser mujeres, empobrecidas y además migrantes.

Las medidas antiobreras y antipopulares aplicadas por el gobierno de Maduro y las sanciones imperialistas, sin duda han aumentado y agudizado todas las formas de violencia que sufren las mujeres venezolanas, tanto en territorio nacional como fuera del país cuando están en condición de migrantes.

Ante este escenario económico, social y político, en la agenda de la Asamblea Nacional, conformada por los partidos de la derecha patronal y la bancada del Psuv, no figuran las demandas y reivindicaciones de las mujeres. De la misma forma que no están presentes en sus agendas políticas y programáticas, acciones concretas para combatir la exclusión y la violencia contra la mujer venezolana. Por ello, hoy más que nunca, las venezolanas están llamadas a dirigir sus esfuerzos de organización y movilización desde la autonomía por la defensa de cada una de sus reivindicaciones.

El Partido Socialismo y Libertad valora como muy positiva las iniciativas que un conjunto de organizaciones feministas vienen promoviendo en Venezuela, con acciones de protesta y movilización para denunciar todo tipo de violencia contra las mujeres y para visibilizar al Estado patriarcal que ejerce violencia política y discrimina a la mujer, propiciando espacios de articulación que desde el reconocimiento de la diversidad de iniciativas feministas, apuestan al desarrollo de la organización y la protesta social autónoma respecto al partido de gobierno y la oposición patronal, para defender el derecho fundamental de todas y todos a una vida digna y libre de violencia.

Hoy día en Venezuela el reto para las organizaciones y agrupaciones feministas es poner en común una agenda política y programática de lucha, articularse en una plataforma para movilizar y empalmar las reivindicaciones de la mujer venezolana con las luchas que están dando las mujeres a nivel mundial por sus derechos democráticos, promoviendo cambios en la conciencia contra esquemas y paradigmas tradicionales, cuestionando normas patriarcales establecidas.

La actual agenda feminista mundial se moviliza por la igualdad salarial entre varones y mujeres y cada una de las reivindicaciones específicas de la mujer trabajadora, por la despenalización del aborto y por el reparto gratuito de anticonceptivos, contra toda forma de violencia contra la mujer, sin perder de vista que cada una de estas reivindicaciones tiene por impulso cuestionar y derrotar planes de ajuste de gobiernos entreguistas y modelos políticos y económicos que producen mas excluidos y oprimidos.