Mujeres: el principal objetivo de la violencia del Estado

Por Mujeres en Lucha

Caracas, 7 de junio de 2021.- En la tercera semana de mayo el alcalde de la sureña región minera de El Callao, en el estado Bolívar, fue increpado por un grupo de personas que denunciaban que los comercio del sector no aceptaba el pago con moneda venezolana.

En un escenario de malestar y dolor, una mujer de 29 años de edad, Dorialcelly del Valle Martínez Tocuyo, desafió la autoridad de un alcalde del Psuv, Alberto Hurtado. En un reclamo por hambre, por angustia, por impotencia Dorialcelly gritó lo que a todas luces se sabe en este pueblo donde el oro es la moneda de los poderosos: “estoy cansada de que mis hijos me pidan que comer y no tener que darles, mientras ustedes disfrutan del dinero, manejan centros de prostitución y se burlan de nosotros…”

La vida parece valer poco donde las normas legales y jurídicas no cuentan, así que reclamar se convierte en un acto subversivo ante un gobierno que se ampara en la represión de la protesta, tal como sucedió a Dorialcelly del Valle Martínez Tocuyo quien luego del reclamo público del evento del 24 de mayo, vivió junto a su amiga Martha Liliana Aristizabal, el terror de la persecución, el miedo y la angustia.

El jueves 3 de junio los cuerpos sin vida de Dorialcelly del Valle y Martha Liliana, fueron encontrados asesinadas detrás de una casa, en el municipio El Callao, sector La Iguana vía El Chocó, con múltiples disparos y evidentes signos de tortura.

A diferencia de otros femicidios el de estas mujeres fue ampliamente divulgado por las redes sociales. Dorialcely tuvo la oportunidad de ser vista y escuchada por muchas personas. Varios vídeos tomados desde los celulares de los asistentes a la protesta del 24 de mayo se difundieron dentro y fuera del país. Audios y mensajes de textos de ella denunciaban su miedo ante las amenazas de muerte, acusaba al alcalde y a su círculo cercano por si algo le pasaba y así, valiéndose de una supuesta superioridad masculina, se producía este crimen de odio hacia dos mujeres.

Queda en evidencia la criminalización de la protesta que es más cruenta para las mujeres. Mujeres solas, madres de familia, que realizan labores diarias y superan con dificultad toda clase de obstáculos para llevar el alimento a sus hogares. Perder la vida en estas circunstancias significa también dejar en orfandad a cuatro niños, los hijos de Dorialcelly, hoy víctimas sin rostro del feminicidio de su mamá.

Las redes sociales han reaccionado desde el día 4 de junio, grupos feministas, organizaciones políticas, individualidades de múltiples tendencias se han manifestado ante un nuevo hecho que nos muestra cómo algunas autoridades han usado el ejercicio del poder en beneficio propio, generando negocios ilícitos y sometiendo a las poblaciones donde ellos “mandan” a condiciones de vida difíciles de superar.

La solidaridad de género, logró ubicar como número uno la tendencia #ElCallao y #NiUnaMenos, el día viernes. Ante la presión social en redes y diversos medios de comunicación, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se vio forzado a pronunciarse vía twitter, anunciando la designación del fiscal 5to. del Ministerio Público para investigar el “homicidio” de estas dos mujeres.

Es importante aclarar en caso que el fiscal general lo desconozca o pretenda confundir a la población que no se trató de homicidio común, ya que, torturar y asesinar a tiros a dos mujeres, justo el día después que una de ellas denunciara en un acto público directamente al alcalde de El Callao, por la precariedad a la que están sometidas, especialmente las mujeres trabajadoras de los sectores populares en contrate con la opulencia y prepotencia de las autoridades gubernamentales, es una clara evidencia que se trató de un crimen de odio por su condición de mujeres, lo cual está claramente tipificado en la ley como femicidio. Agravado además por tratarse de una retaliación política por las denuncias proferidas por ambas mujeres contra el alcalde, en el marco de la protesta que se desarrollaba.

Junto a otras organizaciones feministas en Venezuela exigimos que se investigue de manera imparcial y a profundidad hasta apresar a los autores intelectuales y materiales del hecho.

Como Mujeres en Lucha resaltamos que hace falta una política integral que impida que los feminicidios sigan en aumento, como ha venido sucediendo en al menos los últimos dos años.

Es preciso dar fin a la criminalización de la protesta, es un derecho que podamos manifestar sin miedo el descontento ante el hambre y la precariedad económica que nos agobia, para ello es imprescindible que esta y tantas otras investigaciones no queden impunes.