Ocho meses de injusto encarcelamiento: Daniel Romero y Leonardo Azócar

Por Thaís Rodríguez (Comité de Familiares y Amigos por la Libertad de lxs trabajadorxs presxs)

Caso: Daniel Romero y Leonardo Azócar. Exigir reivindicaciones no es conspiración

9 de febrero de 2024. Leonardo Azócar y Daniel Romero son sindicalistas de la Siderúrgica del Orinoco, ambos luchadores por los ideales del Comandante Chávez y militantes revolucionarios en el estado Bolívar. Fueron detenidos el domingo 11 de junio de 2023, tras jornadas de protesta en la planta de Pellas. Por exigir reivindicaciones, fiscalía les acusa injustamente y sin pruebas de Instigación al Odio, Asociación para Delinquir y Boicot.

El estado Bolívar tiene una histórica trayectoria de lucha sindical, siendo el lugar donde se encuentra el conglomerado de Empresas Básicas, que alberga una representación importante de la clase obrera venezolana. El año pasado (2023), en medio de un contexto de total depauperación del salario, el estado Bolívar fue epicentro de manifestaciones pacíficas que reprimieron fuertemente, con un saldo de al menos dos decenas de trabajadores detenidos (entre los cuales, Romero y Azócar continúan tras las rejas), y otros coaccionados, con el objetivo de desarticular las protestas.

Cabe destacar que el derecho a la organización sindical y a la protesta pacífica, están consagrados en las leyes nacionales e internacionales, en materia de derechos humanos. Un salario que permita cubrir la Canasta Básica para la familia del trabajador, está contemplado en el artículo 91 de la CRBV, por lo cual, las instituciones que no acaten este mandato están violentando nuestro marco jurídico. Pero, contradictoriamente el aparato de justicia, en el caso de Romero y Azócar, criminaliza a quien exige el cumplimiento de la ley. En palabras de Daniel Romero minutos antes de ser detenido, describe su exigencia: “Estamos haciendo reclamos justos por los beneficios laborales y la contratación colectiva”.

Tras el encarcelamiento de estos sindicalistas, hubo diversas manifestaciones de trabajadores y familiares exigiendo fe de vida y libertad plena. Y sin dar información a sus seres cercanos, los organismos de seguridad los trasladan a Caracas.

Violación al debido proceso:

Fue una detención por parte de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (DGCIM), arbitraria, sin ninguna orden judicial, y estuvieron desaparecidos durante los primeros días, e incomunicados durante 29 días, tiempo en el que padecieron tratos crueles. Tampoco se les permitió un abogado de confianza.

Se encuentran detenidos en la sede de la DGCIM en un anexo denominado recientemente: Centro de Máxima Seguridad de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas II, en Boleita. Y pueden recibir solo 3 horas de visita a la semana, y ver el sol durante 40 minutos al día.

Limbo judicial: 

La audiencia preliminar (momento en el que el juez considera si las acusaciones tienen algún sustento o no, y en consecuencia, decide pasarlos a juicio o dejarlos en libertad) debió darse en los primeros 45 días después de su detención, pero ocurrió luego de 4 meses, el viernes 17 de octubre de 2023.

En esta audiencia no les dieron ningún beneficio y de forma injustificada reiteraron las tres acusaciones de fiscalía, ya que no hay evidencia de que ellos fueran parte de una Asociación para delinquir, hayan instigado al odio o cometido Boicot. Se les dejó privados de libertad y sometidos al retardado proceso judicial para probar su inocencia. El caso aún sigue en el Tribunal de Control, sin que se haya asignado a algún tribunal de juicio, a pesar de dos solicitudes hechas por el defensor público que les acompaña.

Tampoco aceptaron la solicitud de un cambio del lugar de reclusión, a pesar de que ambos son del estado Bolívar y a sus familiares se les dificulta el traslado para la visita.

Pedimos solidaridad activa

Ciertamente, Venezuela padece un conjunto de medidas unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos, que afectaron severamente nuestra economía, pero a pesar de ello, no se puede justificar que tengamos el salario más bajo del mundo, siendo que otros países bloqueados, y con menos recursos, han logrado dar mejores condiciones a la población, por el hecho priorizar en garantizar las necesidades más urgentes de la población.

Por el contrario, en Venezuela se han desarrollado grotescos procesos de corrupción en casi total impunidad, y quienes están en el poder han gestionado una distribución injusta de los mermados recursos, perpetrando desigualdad y penurias para las mayorías, lo cual viene acompañado de un plan de criminalización a los trabajadores que luchan por sus reivindicaciones.

A quienes desde décadas lucharon por un país en el que se reconozcan los derechos del pueblo trabajador, donde se respeten los derechos humanos, hago un llamado de solidaridad, por el respeto a nuestra Constitución y a nuestra Ley Orgánica del Trabajo, logro de la revolución, promulgada por nuestro Comandante Chávez en medio de su fuerte enfermedad, para ratificar su compromiso de la clase obrera.

¡Libertad para Daniel Romero y Leonardo Azócar!

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