Por un encuentro de luchadores del estado Sucre para enfrentar la arremetida antiobrera y antipopular del gobierno de Maduro
Los representantes sindicales fueron detenidos en medio de una protesta pacífica en la que exigían el cumplimiento del pago de pasivos laborales y una audiencia con el primer mandatario regional; en consecuencia, fueron detenidos y se les imputaron los delitos de incitación al odio, agavillamiento y alteración del orden público.
Por Prensa PSL
Caracas, 9 de febrero de 2020. En el estado Sucre al igual que en el resto del país, se viene desatando una ola represiva gubernamental contra los trabajadores y trabajadoras, hacía dirigentes sindicales y pobladores en general por ejercer sus derechos a reclamar reivindicaciones salariales, condiciones de vida y de trabajo.
La aplicación del paquete antiobrero y antipopular de Maduro necesita de “Paz” a punta de intensificar la represión contra todo sector laboral o social que ose protestar las infames políticas hambreadoras del gobierno y las consecuencias de dichas medidas.
No le basta a este gobierno cívico militar con profundizar las orientaciones del instructivo criminal conocido como Memorándum 2792, sino que además desata una feroz represión contra trabajadores del sector público la cual se expresa en golpizas, encarcelamiento, la judicialización y criminalización de la protesta sindical y popular. Es el caso de los compañeros dirigentes sindicales Ramón Gómez, Carlos Ochoa y César Morales, representantes del Sindicato Único de Empleados de los Poderes Públicos y Legislativo del estado Sucre (Suepples), quienes fueron detenidos de manera brutal por funcionarios policiales del estado Sucre cuando se disponían a consignar un comunicado aprobado en asamblea donde exigían al Gobernador del estado mejoras salariales y en sus condiciones laborales.
Fueron juzgados, condenados y encarcelados de manera exprés con la intención de dar un mensaje ejemplarizante de terror hacia la clase trabajadora. A pocas horas de su detención el 30 de enero, fueron acusados de delitos de instigación al odio y agavillamiento. Sin embargo, luego de la presión ejercida por sus compañeros de trabajo y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), después de 8 días detenidos en la Comandancia de la Policía de Sucre, la medida fue objeto de una revisión y se encuentran en libertad bajo régimen de presentación periódica ante el tribunal.
La detención de estos dirigentes sindicales no es un hecho aislado. Es una política del gobierno nacional que los gobernadores, alcaldes y de más autoridades militantes del Psuv vienen aplicando para criminalizar a los que luchan.
El gobierno utiliza distintas artimañas y argucias para tal fin. Aplica jubilaciones forzosas en distintas dependencias públicas como en la estatal petrolera donde recientemente el secretario general de la (Futpv) José Bodas, sufrió dicha medida. En el Metro de Caracas han despedido a los dirigentes sindicales Jairo Colmenares y Deillily Rodríguez, El trabajador ferrominero Rodney Álvarez tiene más de 8 años preso por un delito que no cometió, a Rubén González, secretario general del sindicato de ferrominera también lo tienen preso por oponerse a las políticas del gobierno. Son varios los trabajadores de varias regiones del país, con medidas cautelares, régimen de presentación, encarcelados, perseguidos y se presume que algunos han sido asesinados en extrañas circunstancias durante su detención.
Con estas acciones el Gobierno Nacional a través de autoridades regionales y locales buscan desmovilizar la lucha por alcanzar un salario igual al costo de la canasta básica, por la reivindicación de las contrataciones colectivas y en defensa de los sindicatos como instrumentos de lucha.
A todo esto debemos agregar que los burócratas que dirigen las federaciones de distintos sectores (petróleo, salud, docentes, entre otros) vienen pactando con el gobierno para detener las luchas. Es el caso de los directivos federativos del magisterio venezolano que es dirigido por Acción Democrática, quienes se han dedicado a la tarea de engañar, maniobrar y suspender las acciones de un plan de lucha para impulsar un paro indefinido del sector.
En el estado Sucre, el Partido Socialismo y Libertad ha enfrentado tales conductas burocráticas y engañosas de esa dirigencia y ha denunciado ante las bases magisteriales por vender la lucha sindical que se adelantaba a nivel nacional y regional.
Es por ello que exigir la libertad de todos los trabajadores y sindicalistas presos es una cuestión de honor. Es hora de expresar la máxima solidaridad posible hacia el conjunto de sindicalistas detenidos y promover todas las acciones de movilización que conduzcan a su liberación plena.
Nos sumamos a las iniciativas que conduzcan a la realización de un encuentro regional de dirigentes sindicales clasistas, de sectores populares y barriales para exigir mediante acciones de movilización y piquetes, la libertad plena de los dirigentes del Suepples, Ramón Gómez y Carlos Ochoa.
La crisis se agrava, y las consecuencias la padece el pueblo trabajador que se hunde en el hambre y la miseria. A pesar de ello, el gobierno se sostiene en el poder gracias a la represión y los desatinos de la oposición patronal, corrupta y proimperialista.
Para hacerle frente a esta situación, es necesario plantearse la realización de un encuentro regional de trabajadores y de los sectores comunitarios del estado Sucre, para lo cual le hacemos un llamado a las distintos sindicatos, corrientes sindicales y activistas comunitarios para que consideren esta iniciativa y preparemos un espacio democrático de coordinación y organización del encuentro, para definir un plan de luchas y movilizaciones en defensa de todos los derechos hoy conculcados por este gobierno y para hacerle frente al paquete antiobrero y antipopular de Maduro, para luchar por un salario que cubra la canasta básica indexado mensualmente, por la defensa de las contrataciones colectivas, contra el memorándum 2792 y contra la criminalización de la protesta, para que los asalariados no paguemos Islr (el salario no es renta), por la eliminación del IVA y la aplicación de impuestos progresivos al capital, por la defensa de la libertad sindical y del sindicato como instrumento de lucha de los trabajadores, porque el petróleo sea 100% venezolano y sin empresas mixtas, por la repatriación de los capitales fugados que se encuentran en bancos europeos y paraísos fiscales, exigir el no pago de la deuda externa fraudulenta y demás medidas necesarias como parte de un plan de recuperación económica, en la perspectiva de crear las condiciones para un gobierno de los trabajadores.