Programa político del candidato presidencial Orlando Chirino

Por: Partido Socialismo y Libertad

Introducción

El programa que presentamos a continuación, enriquecido por el intercambio con activistas del movimiento obrero y popular, representa un acumulado de experiencias y reflexiones de varias generaciones de activistas que han trabajado en pos de construir un partido que sea la herramienta política de los trabajadores y demás sectores explotados del pueblo venezolano, en su lucha por liberarse de las cadenas de la explotación y la opresión capitalistas. La etapa abierta en nuestro país en 1989 ha demostrado sobradamente la disposición de millones de venezolanos a movilizarse y pelear por condiciones de vida dignas y la construcción de un orden social de justicia y auténtica democracia.

Pero de igual forma, ha demostrado que la ausencia de una dirección política consecuente, honesta y revolucionaria, ha dado al traste con esas legítimas y sentidas aspiraciones de la mayoría empobrecida de nuestro país. Las importantes victorias democráticas obtenidas en 2002 y 2003 con la derrota del golpe de Fedecámaras, la Iglesia y la CTV, y contra el lock out patronal y el sabotaje petrolero; la creciente ruptura de masas con la dirección chavista luego del importante giro a la derecha del gobierno de Chávez a partir de 2006, y la multiplicación de las protestas sociales y las huelgas entre 2009 y 2012, presentan una situación en la que las condiciones sociales y políticas del país son suelo fértil para la construcción de una organización política revolucionaria, con una orientación de independencia de clase y con un horizonte estratégico de socialismo con democracia.

La crisis capitalista mundial y la ebullición revolucionaria en el mundo árabe y Europa, permiten a millones de personas abrir los ojos ante la inviabilidad de un sistema que algunos intelectuales burgueses pretendieron presentar como «el mejor de los mundos posibles», o incluso como «el fin de la historia». En Venezuela, el gobierno del presidente Chávez aplica medidas de ajuste para que sean los trabajadores y el pueblo pobre quienes paguen los efectos locales de la crisis mundial, revelando que su proyecto no tiene nada de socialista ni de revolucionario. Por eso estamos convencidos de que es la hora de quienes creemos en que es posible construir una sociedad justa y democrática, sin explotadores ni explotados, sin miseria, sin guerras al servicio del saqueo imperialista, sin depredación irracional de los recursos naturales, un orden internacional socialista.

En Venezuela, muy lejos de lo que nos repiten insistentemente los medios de comunicación y los políticos del gobierno y de la oposición de derecha, no nos dirigimos hacia el socialismo. Por el contrario, cada día se profundiza más la dependencia y la explotación del trabajo y de los recursos naturales por parte de la burguesía nacional y transnacional. Las transnacionales petroleras, la banca comercial, el comercio importador y las empresas de las telecomunicaciones, han sido los sectores burgueses más beneficiados por el capitalismo del siglo XXI venezolano. Las ganancias de la banca en 2011 llegaron a la cifra exorbitante de 3.369 millones de dólares. La dependencia respecto de las exportaciones petroleras creció, pasando de representar el 68% de las exportaciones venezolanas a más del 95% en los últimos 14 años. En 2011, la deuda externa ascendió a 107,4 millardos de dólares, aumentando 169,1% durante el gobierno de Chávez. El salario mínimo representa menos de la mitad de la canasta básica oficial, y más del 50% de la población económicamente activa carece de un empleo estable. En 1998 los patronos se apoderaron del 36,2% de la riqueza producida, y un 39,7% en manos del conjunto de los asalariados. A diez años de gobierno «bolivariano», en 2008, los patronos pasaron a apropiarse del 48,8% de la riqueza producida, y los asalariados apenas un 32,8%. A la par que aumenta la explotación, también crece la participación privada en la economía venezolana. En 1998, el sector privado aportaba el 65% del PIB, y el sector público producía el 34,8%. En el 2009, el sector privado representó el 70,9% del PIB, y el sector público se redujo a 29,1%.

Mientras que los grandes empresarios y las transnacionales revientan sus arcas con petrodólares, en 2011 había 9.080.941 personas viviendo en condiciones de pobreza, de ellas 2.450.621 en condiciones de pobreza extrema. El déficit de vivienda se acerca a las tres millones de viviendas, afectando a 13 millones de personas, según cifras oficiales del año 2007. La desnutrición infantil crónica se ubicó en 15,6% en 2010. De 13.133.249 personas económicamente activas, más de un millón se encontraba desempleada y 5.275.848 en el sector informal, en agosto de 2011.

Estas cifras oficiales dan cuenta de por qué, teniendo Venezuela enormes recursos energéticos y minerales, tierras cultivables, y millones de personas laboriosas que trabajan largas jornadas y están dispuestas a construir un país de justicia y libertad, no obstante el funcionamiento capitalista de nuestra sociedad genera desigualdades tan absurdas como indignantes.

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) presenta este documento programático para el debate con los trabajadores, los estudiantes, las organizaciones comunitarias, los consejos comunales, los campesinos, los ambientalistas, los indígenas, las organizaciones feministas, y todos aquellos honestamente preocupados por la necesidad de superar la pobreza y la dependencia a la que están sometidos millones de venezolanos hoy en día.

¿Qué intereses defendemos?

Nuestro programa es el conjunto de reivindicaciones que defendemos y las medidas que consideramos necesarias adoptar para superar estructuralmente las causas de la miseria, el desempleo, el desastre de los servicios básicos, la falta de vivienda, la precariedad de la seguridad social y la exclusión política que padecen millones de personas; así como la dependencia económica y política de nuestro país respecto del imperialismo. Si todos los días miles de personas salen a las calles a protestar contra los «síntomas» de la enfermedad capitalista, nuestro programa enlaza la defensa de esas reivindicaciones inmediatas, como la pelea por mejores salarios o contra las arbitrariedades cotidianas del poder estatal, con un diagnóstico de la «enfermedad» subyacente. A partir de ahí planteamos las transformaciones que hay que llevar a cabo para atacar la verdadera raíz de los problemas sociales que sufrimos, que es la organización económica y social capitalista. Por esta razón, decimos que nuestro programa tiene un carácter transicional, pues lo concebimos como un puente entre los problemas cotidianos de la población explotada hoy y las tareas políticas que demanda nuestra emancipación desde el punto de vista de clase.

Sólo un análisis científico del sistema capitalista en el que vivimos puede servir de base para la construcción de una sociedad verdaderamente nueva, una sociedad socialista. Y además, siguiendo a Marx decimos que «la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos», por eso rechazamos toda confianza política en quienes nos explotan, los dueños de las empresas y los bancos, así como en sus partidos y sus gobiernos. También rechazamos aquellas doctrinas nacionalistas que pretenden confundir a los trabajadores y demás sectores explotados para que perciban una falsa identidad de intereses con los capitalistas de su propio país, antes que con los trabajadores de otros países. La existencia de una crisis económica mundial, ante la cual todos los gobiernos aplican fórmulas para empobrecer aún más a la población y empeorar las condiciones de vida de los trabajadores, así como la resistencia generalizada que estas medidas generan, nos demuestran nuevamente que es mucho más lo que une a los explotados de todos los países que lo que los separa.

Por la autonomía política de los sectores obreros y populares frente a empresarios y burócratas

Tal y como hemos visto a lo largo del último medio siglo, los burgueses y sus partidos, pueden adoptar los más diversos ropajes ideológicos. Recientemente, unos se hacen llamar «socialistas del siglo XXI», otros «progresistas» o «democráticos», «unitarios», etc. Pero en los hechos vemos como todos ellos coinciden en entregar el petróleo y los recursos naturales a las transnacionales como Chevron, Repsol, ENI, Total, Statoil, a empresas mineras chinas y rusas, o a transnacionales comercializadoras de materias primas como la suiza Glencore. Además, defienden que la salud y la educación sigan siendo objeto de mercantilización y que sean un jugoso negocio para algunos empresarios, en vez de ser asumidas como derechos sociales y competencia exclusiva del sector público. En el curso de la actual crisis económica mundial, la cual los gobiernos y los empresarios del mundo buscan descargar sobre los hombros de los trabajadores, se viene aplicando en nuestro país un plan de ajuste que incluye el aumento del IVA, la liberación de los precios de los alimentos, la devaluación de la moneda, el congelamiento de los contratos colectivos del sector público, aumentos del salario mínimo por debajo de la inflación y muy alejados del monto de la canasta básica, y una agresiva política de criminalización contra aquellos que protestan en defensa de derechos colectivos. Los sectores opositores de derecha incluso plantean que si llegan a gobernar, realizarán un importante aumento en el precio de la gasolina, aplicarán una mayor flexibilización laboral, liquidarán lo que poco que queda de control de precios, y devaluarán la moneda eliminando el control cambiario. Demagógicamente, aseguran que no regalarán el petróleo, pero al mismo tiempo admiten que mantendrán el esquema de empresas mixtas que permite a las transnacionales apoderarse del 40% de las ganancias obtenidas por estas asociaciones, con lo cual se mantendría el saqueo de este importante recurso. De cada 5 dólares de ganancias que obtienen las empresas mixtas, 2 se los llevan las transnacionales.

Está claro que con todas estas medidas que aplica el actual gobierno y que prometen profundizar los representantes de la derecha opositora, lo que buscan unos y otros es recuperar las ganancias de los empresarios y banqueros nacionales, asegurando que junto con las transnacionales imperialistas sigan apropiándose de la renta petrolera, como lo han venido haciendo desde comienzos del siglo XX. Esta es la verdad, más allá de que quienes promueven y adoptan estas medidas se hagan llamar “socialistas”, “bolivarianos”, o “progresistas”, o que incluso, digan que las diferencias entre la izquierda y la derecha no son relevantes a la hora de definir la salida a la crisis que enfrenta nuestro país.

Nosotros, desde el PSL, en cambio, consideramos que es posible y necesario plantear otro programa frente a la crisis, un programa de los trabajadores y los sectores populares, para que la crisis la paguen quienes la generaron: los empresarios, los banqueros, los burócratas corruptos, las transnacionales saqueadoras, los latifundistas parasitarios e improductivos. Un conjunto de medidas para que no sean los más pobres y los trabajadores que producen la riqueza de este país quienes terminen pagando los platos rotos de la crisis capitalista.

En lo que va del año 2012, se han realizado un promedio de 14 protestas sociales diarias, como parte de la resistencia que el pueblo venezolano ejerce contra las medidas de ajuste que aplica el gobierno. La candidatura de Orlando Chirino está al servicio de la unidad de las luchas, por el momento dispersas, que libran los trabajadores y los sectores populares por sus derechos.

Los trabajadores debemos gobernar

Todos los días los empresarios y burócratas nos dicen que no hay plata para pagar contratos colectivos, para respetar los compromisos contractuales de las dependencias estatales; lo mismo dicen los alcaldes y gobernadores de la oposición para escamotear los derechos de sus empleados. Pero mientras nos dicen que no hay recursos para pagar salarios, para dotar escuelas y hospitales, o para construir viviendas, todos los días las transnacionales petroleras se llevan millones de dólares, debido a que son propietarias de hasta un 40% de las empresas mixtas petroleras y gasíferas. Millones de dólares se van para pagar una deuda externa que tiene un origen ilegítimo e ilegal, pues nació con la estatización de deudas privadas en la época del puntofijismo. Es una deuda odiosa que ha servido únicamente para engordar los bolsillos de los corruptos y de los empresarios que hacen negocios con el Estado, y que es pagada por un pueblo al que nunca se consultó a la hora de endeudarlo. Hay que parar el saqueo.

No puede ser que para acceder a una cama en un hospital haya que realizar colas interminables, que los pacientes deban adquirir de su propio bolsillo costosos medicamentos, y que la atención primaria a través de Barrio Adentro esté siendo desmantelada por el gobierno. Tampoco podemos aceptar las interrupciones constantes en los servicios de agua y luz eléctrica, o que la industria petrolera y las empresas básicas se caigan a pedazos por la desidia y la falta de inversión. Una vialidad destruida y una agricultura desmantelada en favor del latifundio y el negocio agroimportador, un transporte público en ruinas, y un sistema educativo carente de recursos humanos y de infraestructura adecuada, no se corresponden con los ingentes ingresos que el país percibe por la venta de petróleo, o con las exorbitantes ganancias que las empresas nacionales y transnacionales obtienen explotando a los trabajadores venezolanos.

Las medidas que sería necesario adoptar sólo pueden ser instrumentadas por un gobierno de los trabajadores y los sectores populares, un gobierno que se conquiste por medio de la movilización y la autoorganización popular, y que construya nuevas relaciones sociales de producción, que liquide la explotación del trabajo y el saqueo de nuestros recursos, y que preserve el medio ambiente de la depredación desenfrenada que vemos hoy en día, la cual compromete las condiciones mínimas necesarias para la vida de las futuras generaciones.

Un plan nacional de obras públicas

El gobierno que nosotros planteamos se basaría en la articulación de las organizaciones de los trabajadores, los consejos comunales, las organizaciones estudiantiles y gremios profesionales, para implementar un plan nacional de emergencia para rescatar la infraestructura, la vialidad, reconstruir la red de servicios públicos de los barrios y las comunidades, rehabilitar el tendido eléctrico nacional, recuperar las empresas básicas y desarrollarlas aguas abajo, e impulsar una profunda reforma agraria. Este plan nacional de inversiones y obras públicas contaría con la palanca económica de una industria petrolera nacionalizada en su totalidad, sin empresas mixtas ni transnacionales, y bajo la administración democrática de sus trabajadores, profesionales y técnicos, como veremos más adelante. Dicho plan contemplaría la recuperación de la industria petrolera, que se cae a pedazos luego de años de desinversión y falta de mantenimiento, partiendo del diagnóstico realizado por los trabajadores petroleros sobre la situación operativa de la industria.

I.- Por la nacionalización de la industria de los hidrocarburos. Que el petróleo sea 100% venezolano sin empresas mixtas ni transnacionales

La aspiración a ser dueños del principal producto de exportación de nuestro país desde comienzos del siglo XX, el petróleo, y a utilizar los recursos de la renta petrolera para apalancar el desarrollo de la industria, de la agricultura; para garantizar educación y salud pública, así como un sistema de seguridad social integral público y universal, es algo compartido por la gran mayoría de los venezolanos. Pero no forma parte de la agenda del gobierno ni de la oposición patronal. Lo cierto es que la renta petrolera en manos de las transnacionales, de los capitalistas nacionales y de un Estado al servicio de esos dos sectores, ha alimentado en cada ciclo político a camadas de nuevos ricos y ha engrosado las arcas de las empresas petroleras y gasíferas del imperialismo. Aunque en 1978 el gobierno de Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera, el decreto promulgado por ese gobierno dejó abierta una puerta trasera por la cual podían entrar nuevamente las transnacionales al negocio, a través de los contratos de servicios. Aprovechando ese resquicio legal, el gobierno de Rafael Caldera en la década del 90 aplicó en el marco de la Agenda Venezuela una criminal entrega de la industria a las grandes transnacionales yanquis y europeas, a través de contratos que les permitían controlar los aspectos centrales del negocio petrolero, como la exploración, extracción y comercialización del petróleo. Las transnacionales se pagaban y se daban el vuelto, dejando en el país unas regalías pírricas del 1%.

Aunque el gobierno del presidente Chávez en un primer momento aumentó esos impuestos de manera importante, no sólo no se decidió a renacionalizar la industria, sino que aplicó una fórmula tanto o más entreguista que la de Caldera, al convertir a las transnacionales en socias de empresas mixtas, con contratos a largo plazo, y con participaciones accionarias de hasta un 40%. La Faja del Orinoco se dividió en bloques y se entregó a los mayores pulpos petroleros del imperialismo yanqui y europeo por la vía de la constitución de empresas mixtas. En el festín del saqueo se incorporaron capitales rusos, chinos, iraníes, bielorrusos, y de otros países.

La primera tarea antiimperialista del pueblo venezolano para superar su dependencia económica y política respecto de los centros de poder internacional, es recuperar el control del petróleo, denunciando los contratos por medio de los cuales se han constituido las empresas mixtas petroleras. La industria petrolera tiene que ser 100% nacional y estatal, y ser manejada bajo el control democrático de los empleados, técnicos y obreros. Al recuperarse los ingentes recursos que hoy son saqueados por las transnacionales imperialistas o por los sectores empresariales nacionales, será posible redirigir la renta para atender a las necesidades sociales y levantar un aparato productivo que supla las necesidades básicas de la población. Para cumplir esta tarea es imprescindible que se establezca un gobierno de los trabajadores y los sectores populares organizados.

II.- Por la recuperación de las empresas básicas de Guayana

El proceso de desmantelamiento de las empresas básicas del hierro y el aluminio en el estado Bolívar, emprendido en la década del 90 por los gobiernos puntofijistas, y profundizado por el gobierno chavista, debe ser revertido. Hay que elaborar un plan de inversiones para el rescate de las empresas básicas, bajo el control democrático de los trabajadores de esas empresas, quienes no sólo conocen al detalle todos los problemas que enfrentan las empresas y el tipo de medidas necesarias para su recuperación, sino que además son los dolientes directos del desastre operativo en el que se encuentran sumidas luego de más de dos décadas de desidia y sabotaje patronal silencioso.

Actualmente algunas de las empresas básicas producen a pérdida para subsidiar las ganancias de las empresas privadas que convierten las materias primas o con poco valor agregado en productos acabados. En vez de subsidiar los negocios de las transnacionales y la burguesía nacional, debemos desarrollar aguas abajo la industria, procesar las materias primas y exportar productos acabados, sincronizar los planes de producción de las empresas como Sidor con los requerimientos nacionales en temas como la construcción de viviendas, escuelas, hospitales e infraestructura vial agrícola, urbana e interurbana. No es casual que los gobiernos del último medio siglo hayan incumplido las promesas de desarrollar estas empresas aguas abajo, pues han estado ligados a los sectores transnacionales que se benefician procesando la materia prima que producen las empresas del hierro y el aluminio, con lo cual el Estado indirectamente subsidia a estos sectores privados.

Pero además, es imprescindible liquidar las mafias que trafican con los cupos del aluminio y del hierro, y ello solo es posible con una gestión democrática de las empresas por parte de los trabajadores.

III.- Reforma agraria y creación de una poderosa agroindustria estatal bajo control de sus trabajadores

Las medidas adoptadas por el actual gobierno y en el marco del puntofijismo fracasaron en la tarea de estimular la productividad en el campo, creando una enorme dependencia de importaciones en materia alimentaria. Más del 70% de los alimentos que consumimos son importados. La falta de voluntad política del actual gobierno para liquidar el latifundio, y la acción de sicarios al servicio de los latifundistas, se han combinado para dejar un saldo de más de 200 campesinos asesinados por recuperar tierras ociosas, crímenes que en casi todos los casos se mantienen en la impunidad. Se mantiene una concentración muy antidemocrática de la tierra: un 1% de los fundos, con un promedio de 2.727 hectáreas por fundo, ocupan el 40% de la superficie agrícola; mientras que el 70% de las fincas o fundos ocupan apenas el 5% de la superficie agrícola, con un promedio de 5 hectáreas por fundo. El VII Censo Agrícola, llevado a cabo por el gobierno en el año 2007-2008, refleja que el 80% de las unidades productivas agrícolas (fundos, fincas) carece de apoyo técnico, y el 87% carece de acceso a créditos.

Nosotros proponemos un cambio verdaderamente democrático y revolucionario en el campo. Además de liquidar el latifundio y repartir tierras a los campesinos y sectores populares dispuestos a trabajarlas, también es imprescindible crear una agroindustria estatal bajo control de sus trabajadores para impulsar la producción a gran escala y superar la dependencia de las importaciones masivas de alimentos. Los campesinos deben acceder a créditos baratos, herramientas y tecnología, en un plan nacional para lograr la soberanía alimentaria. Se debe estimular la vuelta al campo, por medio del apoyo a la actividad agrícola, para descomprimir las ciudades y lograr un desarrollo más equilibrado del país. Apoyo a la investigación científica sobre modos de producción agrícola sustentables ecológicamente y estímulos para su implementación.

IV.- Aumento general de salarios y salario mínimo igual a la canasta básica

Si los trabajadores obtuviéramos una remuneración acorde con lo que producimos diariamente, nuestros salarios nos asegurarían una existencia decorosa y libre de privaciones. Pero hoy en día, nuestros patronos se apropian de la riqueza que produce la clase trabajadora, pagando salarios miserables y apropiándose de la ganancia resultante, esto explica el hecho de que haya millones de personas empobrecidas al mismo tiempo que hay unos pocos miles de multimillonarios en nuestro país. Como el Estado venezolano está al servicio de los capitalistas, más allá de lo que diga el actual gobierno, también paga salarios de hambre a los empleados públicos y a los trabajadores de las empresas estatales. La primera trinchera de la lucha económica está representada por la defensa del salario. Nosotros planteamos que ningún trabajador debe dedicar 8 horas diarias de su vida a un oficio que no le garantice al menos un salario que cubra el monto de la canasta básica. Pero hoy hacen falta entre dos y tres salarios mínimos para cubrir esa canasta básica, según las propias cifras oficiales.

Sabemos que además de las políticas oficiales y de las empresas privadas de congelar los salarios y no discutir contratos colectivos, o precarizar y tercerizar el empleo, también se roba a los trabajadores a través de la inflación, que en Venezuela es la más alta del continente en la última década. Nuestra respuesta de clase ante este mecanismo de despojo es exigir que los salarios sean indexados trimestralmente a la inflación, para que no retrocedan ante la especulación con los precios. La farsa de la actual «Ley de precios justos», el “Pacto antiinflacionario” aplicado en el segundo gobierno de Caldera, u otros mecanismos similares no tendrán ningún efecto, pues no se trata de medidas que impliquen el control social de los trabajadores y los consumidores organizados sobre la fijación de los precios, ni atacan la altísima dependencia con respecto de la importación de prácticamente todo lo que consumimos. Las comisiones técnicas que verifican la evolución de la inflación deben estar constituidas de manera paritaria por representantes del gobierno y de las organizaciones obreras y populares. Todo esto en el contexto de una política de renacionalizar la industria petrolera y reorientar la renta obtenida del petróleo para desarrollar la producción agrícola e industrial.

V.- Garantizar el derecho al trabajo y reducir la jornada laboral

Uno de los aspectos más irracionales de las economías capitalistas como la venezolana es el hecho de que haya millones de personas con la aptitud y la disposición de trabajar para ganarse el sustento propio y el de su familia, pero que no consigan empleo. Y mientras tanto, nuestro país no produce suficientes alimentos para autoabastecerse, tiene un enorme déficit de viviendas, enfrenta problemas de vialidad e infraestructura, y en general tiene tremendas potencialidades económicas no aprovechadas por una burguesía y una burocracia acostumbradas al dinero fácil de la especulación comercial y financiera, así como a los negocios con el Estado petrolero.

Más de la mitad de la población venezolana se debate entre el desempleo, el trabajo informal, y el trabajo precario. El Estado y las empresas privadas apelan a toda clase de fórmulas para sobreexplotar a los trabajadores, a través de la tercerización, el uso de cooperativas, los contratos temporales. Como el salario mínimo es absolutamente miserable, los trabajadores muchas veces tienen que rebuscarse con más de un empleo, trabajar los fines de semana, trabajar a destajo, o «matar tigres» conduciendo taxis o por medio del comercio informal para poder sobrevivir. Millones de mujeres madres de familia tienen que combinar las largas jornadas laborales formales con el trabajo doméstico.

El gobierno actual aplicó la inamovilidad laboral durante varios años, pero los patronos públicos fueron los que más violaron ese decreto. Por su parte, la oposición de derecha también está en contra de la estabilidad laboral, con el falso argumento de que si los empresarios tienen total libertad para despedir trabajadores a diestra y siniestra, eso generará «más confianza» en los explotadores y los animará a contratar más. La experiencia demuestra que cada vez que se flexibilizan las relaciones laborales, los trabajadores salen perdiendo y los empleos que se generan son cada vez más precarios.

La solución no vendrá de la mano de un gobierno al servicio de Fedecámaras o de la burguesía chavista. Un gobierno de los trabajadores como el que nosotros proponemos, aplicaría un plan nacional de emergencia contra el desempleo, aplicando de manera férrea una inamovilidad laboral vigilada y hecha cumplir por los sindicatos y demás organizaciones obreras. Además, colocaría como uno de los objetivos prioritarios de la inversión de la renta petrolera un plan de obras públicas, de construcción de viviendas, y de desarrollo agroindustrial, que permita emplear a millones de personas actualmente dispuestas a trabajar y necesitadas de empleo, a quienes la economía capitalista únicamente garantiza exclusión y miseria.

Todos los trabajadores del sector estatal, incluyendo a los de las misiones sociales creadas por el actual gobierno, deben gozar de plenos derechos laborales. Pero al mismo, es necesario que los miles de activistas oficiales que reciben estipendios o salarios sin trabajar, a cambio de militar en el partido de gobierno, se dediquen a labores productivas o administrativas útiles a la sociedad, eliminando el parasitismo clientelar que ha promovido el chavismo, como también ocurrió en los gobiernos adecos y copeyanos.

Transitoriamente, hay que crear un seguro por desempleo igual al salario mínimo para quien busque pero no logre acceder a un empleo.

Debe respetarse el derecho al trabajo por cuenta propia y cesar la política de persecución y criminalización del comercio informal.

Debe reducirse la jornada laboral a un máximo de 6 horas diarias y 36 semanales, lo cual mejorará el rendimiento del trabajo y permitirá absorber a más trabajadores al proceso productivo.

Las empresas cerradas o abandonadas deben ser estatizadas y puestas a funcionar bajo el control democrático de los trabajadores para preservar el derecho al trabajo y eliminar el régimen de explotación.
Debe garantizarse el derecho de los trabajadores de todas las empresas a conocer la contabilidad que llevan los patronos, aboliéndose el secreto comercial y bancario del que se valen los patronos para ocultar la realidad de las empresas cada vez que quieren justificar despidos y desmejoras en las condiciones laborales.

Planteamos el inmediato reenganche de los más de 6 mil trabajadores del sector público y privado con órdenes de reenganche no acatadas por los patronos.

VI.- Contra la tercerización y el trabajo precario

Un gobierno de los trabajadores castigaría con penas de cárcel a aquellos patronos públicos o privados que incurran en prácticas superexplotadoras como la tercerización, que violan el principio de “a igual trabajo igual remuneración”. Asimismo, debe ser severo e implacable a la hora de castigar con cárcel las prácticas laborales fraudulentas como la realización de contratos temporales consecutivos que impiden al trabajador acumular el tiempo necesario para estabilizar la relación laboral con sus patronos. Las falsas cooperativas tercerizadoras deben ser disueltas y que los trabajadores decidan bajo qué fórmula organizativa quieren trabajar, garantizándose el pleno respeto a sus derechos legales y contractuales, bien sea en calidad de empleados o como socios de nuevas cooperativas.

VII.- Por un verdadero control obrero democrático y revolucionario

Repudiamos la pretensión de promover formas de cogestión reaccionarias, que cooptan a cuadros obreros para convertirlos en agentes patronales y en capataces, enemigos de sus compañeros de trabajo. Partimos de la defensa del derecho de los trabajadores a brindarse sus propias formas de organización de manera autónoma y rechazamos la pretensión de institucionalizar mecanismos para promover los rompehuelgas, bandas armadas y grupos de trabajadores al servicio de la patronal. Es una perversión muy grande que utilizando engañosamente términos provenientes de las tradiciones de lucha del movimiento obrero internacional, el actual gobierno llame «control obrero» a formas de cogestión parecidas al esquema de «calidad total», que en realidad implican un control sobre los obreros, o que llame «consejos obreros» a unos consejos patronales, cuya función es esquirolear.

El verdadero control obrero, significa que la contabilidad de las empresas sea del conocimiento de la asamblea de trabajadores. Una gestión democrática de las empresas implica que las decisiones más importantes se voten en asamblea, que se creen comités por área de trabajo con representantes electos, para llevar adelante el proceso productivo, y que en última instancia se socialice la propiedad de las empresas para garantizar su funcionamiento democrático y que las ganancias no sean robadas por ningún patrono ni robadas por burócratas, sino que se reinserten en la sociedad, por la vía de mejores salarios para los trabajadores y de las inversiones necesarias en el aparato productivo y en todos los servicios públicos.

VIII.- No a los planes de ajuste capitalistas. Que la crisis la paguen los empresarios, las transnacionales, los banqueros, los latifundistas y los burócratas corruptos

Para que la crisis la paguen sus responsables, se debe eliminar el IVA y sustituir ese «impuesto a la pobreza» por impuestos a las ganancias, las rentas y las grandes propiedades. Se debe implementar un control de precios bajo la gestión directa de los trabajadores y de las comunidades, y que se abran los libros contables de las empresas para que el pueblo pueda conocer la verdadera estructura de costos; eliminación de los subsidios estatales a los capitalistas; que se establezca un piso salarial igual a la canasta básica y una escala móvil de salarios que compense trimestralmente el avance de la inflación, que se destine a educación y a salud el 10% del PIB respectivamente, que se invierta en vivienda y creación de empleos productivos en la perspectiva de un modelo alternativo de desarrollo, sin explotadores ni explotados.

IX.- No a los tratados contra la doble tributación, no al pago de la deuda externa

Los gobiernos del puntofijismo contrajeron de manera ilegal una cuantiosa deuda externa, que ha continuado siendo pagada religiosamente por el gobierno del presidente Chávez. Gran parte de esta deuda proviene de la estatización de deuda privada de empresarios. En el gobierno de Chávez, el endeudamiento externo ha crecido, y se ha incluido en las modalidades de endeudamiento el pago con ventas a futuro de petróleo, hierro y aluminio. Estos contratos lesivos a la soberanía y completamente ilegítimos, deben ser denunciados por la República; los responsables de contraer estos compromisos deben ser procesados legalmente por atentar contra el interés público. De igual manera, los tratados contra la doble tributación permiten a transnacionales que saquean los recursos naturales y explotan a los trabajadores de nuestro país evadir compromisos fiscales, al optar por pagar en su país de origen los impuestos correspondientes a su actividad económica en Venezuela. Estos tratados deben ser asimismo denunciados. Promoveremos un frente de países deudores y de organizaciones populares y obreras latinoamericanas para el desconocimiento de la deuda externa, por constituir un mecanismo de dominación económica y política de los países periféricos.

X.- Impuestos para los que más tienen y ganan, no más impuestos a la pobreza

Los gobiernos capitalistas apelan a instrumentos impositivos de carácter regresivo, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que desangra los bolsillos del pueblo. De esta manera, hacen recaer sobre los hombros de los más pobres el funcionamiento del Estado y el financiamiento que éste brinda a los sectores empresariales. Un gobierno de las organizaciones obreras y populares eliminará el IVA y lo sustituirá por impuestos progresivos, que pechen más a quien más ganancias obtenga.

XI.- No a las privatizaciones ni a las empresas mixtas

La derecha plantea que para recuperar la productividad en empresas estatales como las empresas básicas de Guayana, deben privatizarse. Repudiamos esta fórmula que significaría expropiar al pueblo venezolano de un patrimonio que debe servir para apuntalar el desarrollo nacional. De igual manera, nos oponemos a la conversión de las empresas públicas en empresas mixtas, con capital privado transnacional o nacional, pues se trata de otra fórmula de privatización. Las palancas fundamentales de la economía deben estar bajo propiedad estatal y el control democrático de los trabajadores y el pueblo, a través de sus organizaciones.

XII.- Democracia de los trabajadores y el pueblo

Son los trabajadores, los profesionales y técnicos los que gestionarán directamente las principales industrias del país, a través de sus organizaciones sindicales genuinas y autónomas. Esta gestión debe ser democrática, con el control y decisión desde las bases, con transparencia en el ejercicio de las funciones públicas, como única garantía de que las ejecutorias sean en beneficio de los trabajadores y del pueblo, cerrándole espacios al surgimiento de círculos de burócratas privilegiados y a sus nidos de corrupción. Asimismo, estas organizaciones de base deben articularse y centralizarse en nuevas instituciones que permitan coordinar nacionalmente este nuevo poder obrero y popular. Así, se daría nacimiento a un nuevo Estado, verdaderamente democrático y revolucionario, que ya no esté al servicio de una minoría capitalista sino de las mayorías obreras y populares.

Estamos por el verdadero socialismo con libertad y democracia de los trabajadores y el pueblo. Se garantizará el ejercicio del verdadero poder popular, y se suprimirán las castas burocráticas que actualmente vienen impidiendo la realización de las demandas populares. Por la plena autonomía de los consejos comunales y otras organizaciones populares y su articulación en organismos regionales y nacionales.

XIII.- Nacionalización de la banca

El actual gobierno ha desarrollado una política al servicio del sector financiero privado, que ha amasado fortunas gigantescas en estos años. Al mismo tiempo, ha manejado un presupuesto paralelo con los excedentes petroleros, sobre el cual existe muy poco control, y que ha servido para financiar a los nuevos ricos ligados al Estado.

Nosotros planteamos la eliminación de los fondos paralelos como el Fondem y la centralización de todos los recursos financieros del Estado en el Banco Central de Venezuela. Estamos a favor de la nacionalización de la banca bajo control democrático de los trabajadores, técnicos y con una gestión transparente, para abaratar el crédito a las cooperativas y empresas familiares, a los campesinos. Por el monopolio estatal del comercio exterior para posibilitar una planificación económica democrática, al servicio de las necesidades de la sociedad.

XIV.- Sustancial aumento del presupuesto educativo para garantizar una educación para todos

En 2011, todavía más de millón y medio de niños y jóvenes entre 3 y 17 años de edad se encontraban fuera del sistema educativo. En 2010, apenas un 4,77% del PIB se invirtió en Educación.

Es necesario elevar los salarios de los docentes de primaria y profesores secundarios y universitarios. Por una educación universal, estatal, pública, laica y gratuita. A diferencia de la práctica autoritaria de los gobiernos del puntofijismo y del actual gobierno, planteamos la elaboración de leyes para el sector educativo a través de la consulta democrática a profesores, alumnos, padres y la comunidad. Reivindicamos el respeto a los contratos colectivos, a las actas convenio y a las Normas de Homologación de los docentes universitarios. Derecho a sindicalización y a contratación colectiva para los docentes de las Misiones educativas, así como programas de capacitación profesional. Inversión en mejoramiento de la infraestructura y por la construcción de nuevas escuelas, liceos y universidades. Sostenimiento de las misiones educacionales y su integración al sistema nacional de educación pública.

Total respeto a la autonomía universitaria, y reconocimiento de la autonomía de las universidades experimentales, así como la UBV y la Unefa, para que la comunidad universitaria de estos centros de estudio pueda elegir democráticamente sus autoridades y elaborar sus reglamentos de funcionamiento.

Planificación y control democrático del presupuesto universitario, y acceso irrestricto a la educación superior. Por una educación crítica y liberadora. No a la educación privada, por educación 100% gratuita y pública. Debe dedicarse el 10% del PIB a la Educación. Promoción de programas de alfabetización tecnológica.

XV.- Por un aumento del presupuesto de salud pública y seguridad social universal

Mejorar y organizar un sistema nacional integrado de salud y de la red hospitalaria estatal. Aumento de salarios a médicos y personal de salud en todas sus escalas. Promoción de la investigación farmacéutica y la producción de medicamentos. Mantener la misión Barrio Adentro, en la transición hacia la superación de la crisis hospitalaria y que se integre la atención primaria y preventiva al sistema nacional de salud. Basta de desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios. Por la abolición de la salud como negocio privado y la garantía de salud pública, gratuita y de calidad para todos. Por el desarrollo de una industria farmacéutica estatal al servicio del acceso de todos a medicinas a bajos precios y dotación de los hospitales. Promoción de la atención preventiva en materia de salud. Debe destinarse el 15% del PIB a la salud.

Actualmente, más del 50% de la población con más de 60 años de edad carece de cobertura por parte del sistema de seguridad social. Nosotros planteamos que todas las personas mayores de 60 años deben gozar del derecho a la pensión por vejez.

XVI.- Por un plan nacional de viviendas populares y reforma urbana

El déficit de vivienda, de alrededor de 3 millones de viviendas, no se puede superar con planes tradicionales como los que impulsa el actual gobierno, de la mano de los banqueros privados y las grandes empresas de la construcción.

Es necesario estructurar un plan nacional de inversiones en vivienda con participación de los trabajadores de la construcción, los profesionales del ramo (ingenieros, arquitectos) y las universidades. Reforma urbana, para liquidar el latifundio de concreto y viabilizar el acceso a la vivienda para los inquilinos. Apoyo al movimiento de pobladores en defensa de su derecho a la vivienda. No a los planes de vivienda improvisados que se traducen en más hacinamiento y carencia de servicios. Por la realización de concursos públicos, con jurados conformados por reconocidas figuras académicas, para proyectos de urbanismo. Por la rehabilitación de los servicios y la infraestructura de los barrios y comunidades.

XVII.- Por el respeto a las libertades democráticas

Por libertad para el impulso y creación de medios de comunicación comunitarios, populares y alternativos. Por los derechos de la mujer, igualdad de salarios y de oportunidades en el empleo. Contra toda forma de discriminación contra la población LGBT. Derecho a la sindicalización. Contra el racismo. Cese de la política de criminalización de las luchas sociales; amnistía para todos los dirigentes obreros, campesinos, indígenas, y estudiantiles, sometidos a juicios por protestar en defensa de derechos colectivos. Por el respeto a los derechos humanos, contra la brutalidad policial y la impunidad. Contra el sicariato. Justicia para Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena, Jerry Díaz, y las decenas de víctimas obreras del sicariato promovido por los patronos, las mafias sindicales y el gobierno.

XVIII.- Por el verdadero socialismo revolucionario

El proyecto de colaboración de clases llamado «Socialismo del siglo XXI» no es socialista, ni siquiera verdaderamente antiimperialista, y no apunta a cambios estructurales, no tiene nada que ver con la construcción de una sociedad verdaderamente justa, democrática, y sin explotación. Lejos de cumplir sus promesas hacia el pueblo, el gobierno pacta con transnacionales y es el administrador de los negocios comunes de la clase capitalista en estos tiempos de crisis.

El actual gobierno y la derecha opositora, coinciden en la política de entrega al capital financiero y a las multinacionales, coinciden en defender el pago puntual de la deuda externa y el pago de sumas astronómicas por la compra de mayorías accionaras en empresas (las mal llamadas nacionalizaciones), y que la crisis la paguemos los trabajadores y el pueblo. En definitiva, de aquel lado están los nuevos ricos y la burguesía tradicional, y de este lado la mayoría trabajadora y explotada, esa es la verdadera polarización social que marca a nuestro país. Reivindicamos el verdadero socialismo con democracia de los sectores obreros y populares.

XIX.- A favor de la movilización

Aunque participamos en las elecciones para presentar nuestras propuestas y contribuir a forjar una alternativa política de los trabajadores y los sectores populares, no creemos que las elecciones por sí solas resuelvan nuestros problemas. Lo fundamental para lograr los cambios revolucionarios que proponemos es la organización y la movilización de las masas oprimidas y explotadas, para construir una nueva institucionalidad democrática de los trabajadores y el pueblo, un nuevo gobierno y un nuevo Estado.

XX.- Protección del medio ambiente

Los desastres ambientales son una de las consecuencias más nefastas del orden capitalista imperante en nuestro país y el mundo. El gobierno de los trabajadores y los sectores populares que proponemos, tomará todas las medidas necesarias para reducir el impacto ambiental de la actividad económica, e imponer el criterio de la sustentabilidad. El control de la industria petrolera por parte de los trabajadores incidirá de manera significativa en la reducción de los derrames y accidentes, pues hoy en día las fallas en materia de seguridad industrial son permanentemente denunciadas por los trabajadores e ignorados por la burocracia. Aberraciones como la montaña de coque en el Condominio Industrial de Jose, en el estado Anzoátegui serían corregidas en el corto plazo. Se elaboraría, en conjunto con las universidades, una política integral de manejo de los desechos sólidos.

Por la creación del Parque Nacional Caura en toda la cuenca de este gran río venezolano. Medidas ejemplarizantes contra empresas que lesionen el ambiente. No a los proyectos carboníferos en la Sierra de Perijá. No a la megaminería a cielo abierto. Promoción de la agroecología. Promoción de la protección animal. Que el Estado garantice fuentes de sustento económico alternativas a los mineros auríferos artesanales del estado Bolívar.

XXI.- Promoción de los derechos de la juventud y los estudiantes

Por el pleno acceso a la educación en todos sus niveles y la democratización de la vida política en las universidades. Por la autonomía universitaria bajo el control democrático de la comunidad universitaria. Voto igualitario y representación paritaria en los consejos académicos. Contra la discriminación laboral que aqueja a la juventud y rechazo a las propuestas de ley de primer empleo que implican la precarización y sobreexplotación de los jóvenes. Contra la censura en el arte y la literatura. Autonomía de las organizaciones estudiantiles.

XXII.- Para combatir la criminalidad, hay que liquidar la pobreza

A diferencia del enfoque represivo y demagógico que le dan la derecha opositora y el gobierno al tema de la seguridad personal y la criminalidad, llamando a armar hasta los dientes a los cuerpos represivos y lanzar dispositivos punitivos, nuestro partido plantea que la única manera de superar este problema, que azota con particular dureza a los sectores populares urbanos, es terminando con el oprobioso legado de exclusión y pobreza que sigue padeciendo la mayor parte de la población venezolana. No habrá solución represiva a las consecuencias sociales de la pobreza y la desigualdad. Por eso todo nuestro programa está orientado a superar estructuralmente esos problemas. Sin embargo, es cierto que las mafias policiales y judiciales tienen gran responsabilidad en el crecimiento del problema de la criminalidad, frente a ello hay que implementar mecanismos de control social sobre esta rama del Estado. Que los comisarios y jefes policiales sean elegibles y revocables por las comunidades populares, a través del voto directo, y que las propias comunidades participen en la elaboración de estrategias contra la criminalidad. También es imprescindible superar el problema de hacinamiento carcelario y erradicar las mafias de funcionarios policiales y militares que trafican drogas y armas en estos recintos. Los centros penitenciarios deben brindar condiciones para la educación laboral y la reinserción social de los reclusos. No a la impunidad de los criminales de cuello blanco.

XXIII.- Contra el acaparamiento y la especulación

Los trabajadores de las empresas agroalimentarias y del comercio deben conocer la contabilidad de las empresas y articularse con las asociaciones de consumidores para combatir el acaparamiento, la escasez artificial y la especulación, con las cuales sectores empresariales castigan a la población, sobre todo inflando los precios de los alimentos. A diferencia de los controles burocráticos de precios anunciados de manera esporádica por el actual gobierno, nosotros proponemos que sean las propias organizaciones obreras y populares las encargadas de combatir el robo y la especulación por parte de los empresarios del comercio.

XXIV.- Por servicios públicos de calidad

Con una industria petrolera 100% nacional, sin empresas mixtas ni transnacionales, que sirva para apuntalar un modelo democrático de desarrollo económico, se pueden garantizar los recursos necesarios para asegurar el acceso de toda la población a servicios públicos de calidad. Con la participación de los trabajadores eléctricos en la gestión de Corpoelec se diagnosticaría a tiempo los déficit en inversiones y se evitaría un cuadro de colapso del sistema eléctrico como el que vemos hoy. Las mesas técnicas de agua deben gozar de autonomía respecto del gobierno, para poder cumplir a cabalidad su labor. La empresa de telecomunicaciones estatal debe redoblar esfuerzos por brindar servicios de telefonía fija y móvil, así como internet, a gran parte de la población que carece de estos servicios.

XXV.- Democratización de las fuerzas armadas

Elegibilidad y revocabilidad de todos los oficiales. No a las desigualdades y privilegios en las fuerzas armadas. Libertad de sindicalización de los soldados. Derecho a la participación política pública para los soldados, derecho a la realización de asambleas y la discusión democrática en el ejército. Castigo a los represores de El Caracazo, y las masacres de El Amparo, Cantaura, y Yumare. Contra la represión de las luchas obreras y populares por parte de la Guardia Nacional. Supresión de la justicia militar. Abolición de los mecanismos coercitivos para la realización del servicio militar, y de los maltratos físicos y humillaciones en el proceso de formación militar. Abolición del secreto militar. Por la creación de organismos de autodefensa popular y obrera que se integren y sustituyan al actual aparato represivo profesional.

XXVI.- Acceso de todos al derecho a la información y a la libre expresión

Los medios de comunicación deben estar en manos de las organizaciones populares y de los trabajadores, de los periodistas y comunicadores, para garantizar el pleno ejercicio del derecho a la información y a la libre expresión, actualmente coartado tanto en los medios estatales como en los privados. Democratización del acceso a internet.

XXVII.- Autonomía, democracia, y libertad sindical

Los trabajadores deben darse sus propias formas de organización, sin interferencia por parte del gobierno o de los empresarios privados. Sólo de esta manera los sindicatos y otras organizaciones obreras pueden cumplir su papel como herramienta al servicio de la defensa de los derechos de los trabajadores. No a la intromisión del CNE en las elecciones sindicales. No a la creación de centrales sindicales corporativas como la CBST o la CTV. Por la refundación del movimiento sindical desde abajo, sobre bases autónomas, democráticas y de clase. Abolición de todas las limitaciones al derecho a huelga.

XXVIII.- No a la discriminación contra la mujer

La mujer trabajadora sufre con particular dureza las condiciones de explotación capitalista. Estamos en contra de toda forma de discriminación laboral hacia la mujer. Por el derecho a tres meses de permiso prenatal y seis meses de permiso postnatal para las trabajadoras, con estabilidad laboral absoluta para las trabajadoras embarazadas y las madres, hasta dos años después del parto. Debe ser obligación de los patronos y el Estado garantizar servicio de guardería a los hijos de las madres trabajadoras. Derecho a jubilación para las amas de casa.

Venezuela es el país con la tasa de embarazos adolescentes más alta de Latinoamérica. Debe brindarse educación reproductiva a todos los adolescentes en edad escolar, para revertir esta situación, así como acceso a métodos anticonceptivos. La discriminación y las condiciones de desigualdad en nuestra sociedad también se traducen en que, mientras que las mujeres de la clase alta tienen la posibilidad de acceder a abortos seguros y en condiciones controladas, a través de la salud privada, las mujeres pobres recurren al aborto en condiciones insalubres, sin supervisión médica, lo cual se traduce en la muerte de muchas mujeres jóvenes. Sabemos que este es un tema sensible para muchas personas, por cuestiones culturales y religiosas, pero en aras de la no discriminación y de la igualdad de derechos que propugnamos, hacemos nuestra la consigna: “Educación sexual y acceso a anticonceptivos para no abortar. Aborto seguro para no morir”.

XXIX.- No a la discriminación contra las minorías sexuales

Nos pronunciamos firmemente contra la discriminación laboral y social que afecta a las personas no heterosexuales. Estamos por el respeto a la igualdad plena de derechos para todas las personas, independientemente de su preferencia sexual.

XXX.- Por el pleno reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas

Defendemos los derechos territoriales y culturales de los pueblos indígenas, incluyendo el derecho al autogobierno. Por la autodemarcación de los territorios ancestrales de las comunidades indígenas con asistencia del Estado. No a la criminalización de las luchas indígenas. Contra la imposición forzosa de formas organizativas extrañas a los pueblos indígenas. Por el reconocimiento de la justicia indígena y la protección de su territorio de la depredación minera y ganadera. Justicia para Alexander Fernández y todos los miembros del pueblo yukpa que ha caído víctimas del sicariato ganadero.

XXXI.- Por una verdadera integración latinoamericana

Rechazamos los mecanismos capitalistas de integración que promueven el actual gobierno y la oposición de derecha, como los tratados de libre comercio, y la adscripción a multilaterales bajo el control del imperialismo como la OEA o la Unasur. Estamos a favor de una verdadera integración latinoamericana al servicio de los intereses de los pueblos. Por eso propugnamos la integración de los países latinoamericanos en un frente de países deudores, para el desconocimiento de la deuda externa. Rechazamos el ingreso al Mercosur, por tratarse de un tratado de libre comercio al servicio de las multinacionales. Repudiamos el pacto del gobierno venezolano con el régimen colombiano y rechazamos la colaboración militar y de inteligencia del gobierno venezolano con las fuerzas represivas de Colombia. Exigimos que Guantánamo vuelva a estar bajo la soberanía cubana y que las Islas Malvinas vuelvan a estar bajo la soberanía argentina. Puerto Rico Libre e independiente. Por una Federación de Repúblicas Socialistas de Latinoamérica.

XXXII.- Por la solidaridad con los pueblos que luchan contra el capitalismo en el mundo

Rechazamos todo apoyo político a gobiernos capitalistas como la dictadura capitalista china, o el gobierno imperialista de los EEUU. Apoyo irrestricto a los pueblos árabes que luchan contra las dictaduras, en el marco de la revolución árabe. Repudio al apoyo del gobierno de Chávez a las dictaduras árabes, particularmente a la dictadura de Bashar Al Assad en Siria. Por gobiernos de las organizaciones obreras, populares y las milicias en Siria y Libia, y contra los aparatos promovidos por el imperialismo, como el CNT libio o el CNS sirio. Contra toda forma de intervención del imperialismo en las revoluciones árabes.

Apoyo a los trabajadores griegos en su lucha contra los dictados económicos de la Unión Europea. Apoyo al movimiento de los Indignados y Ocupa Wall Street, en Europa y los EEUU, respectivamente. Apoyo a las luchas populares e indígenas contra la explotación minera transnacional en Bolivia, Perú, Argentina, y el resto del mundo. Apoyo a las luchas estudiantiles en Chile, México, y Colombia. Contra el bloqueo a Cuba y por libertades democráticas para el pueblo cubano. Por el reconocimiento del carácter beligerante de los movimientos insurgentes en Latinoamérica, más allá de nuestras diferencias políticas con sus direcciones políticas. Apoyo a la lucha anticolonial del pueblo palestino, el pueblo puertorriqueño, el pueblo saharaui, el pueblo tamil, y el pueblo kurdo. Por la autodeterminación del pueblo vasco. Contra todo colonialismo. Por la solidaridad con los pueblos que luchan contra el capitalismo y el imperialismo en todo el mundo.