Repudiamos el Decreto 216 de 2021 de supuesta protección a inmigrantes venezolanxs

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Por Colectivos Unidos (Colombia)

Basta de clientelismo electoral, aprovechamiento económico y esclavización laboral para los inmigrantes venezolanos

Los verdaderos demócratas y particularmente los revolucionarios, siempre hemos defendido consecuentemente y hasta las últimas consecuencias los derechos económicos, sociales y políticos de los inmigrantes.

La migración es un fenómenos tan antiguo como el de la propia especie humana, bien sea por la búsqueda de mejores condiciones de vida que no logran en sus propios territorios de nacimiento porque no encuentran trabajos dignos o son despojados violentamente de sus pocas pertenencias; o provocada por las agresiones de otros pueblos o de poderosas naciones imperialistas como sucede en nuestra época; o también por la instauración en sus países de origen de horrendas dictaduras que obligan a los pobladores a traspasar las fronteras para defenderse de la persecución política, de las amenazas a la privación de su libertad o en defensa de la vida misma.

El pueblo colombiano sabe bastante de estas trágicas y violentas experiencias, porque son millones de compatriotas quienes se han visto forzados a abandonar el país dejando todo atrás, sus familias, sus trabajos, amistades, cultura, tradiciones y las pocas pertenencias que llegaron a tener. No por casualidad Colombia es uno de los países con mayor migración de sus habitantes hacia otras naciones. Baste como ejemplo señalar que sólo en Venezuela habitan más de 3,5 millones colombianos de nacimiento.

Reclamar entonces los derechos de migración, legalidad y condiciones dignas de existencia a los casi dos millones de venezolanos que hoy se encuentran en territorio colombiano, no solo debe ser un justo reclamo democrático, de solidaridad humana, sino también un amistoso acto de reciprocidad, máxime cuando somos naciones hermanas cuyas historias se entrelazaron en la lucha por la liberación del coloniaje impuesto a sangre y fuego por la corona española.

Por tal razón repudiamos todos los gestos y actos de xenofobia perpetrados desde el gobierno nacional, las alcaldías, gobernaciones, las cúpulas de las fuerzas armadas y policiales, así como de los tarifados medios de comunicación que a diario incitan al odio y la violencia contra millones de indefensos venezolanos que huyen de la hostilidad antipopular de Nicolás Maduro y del asedio económico y político del gobierno de Estados Unidos, de la Unión Europea y de la mayoría de gobiernos cipayos latinoamericanos.

Gracias a ese instinto innato de los demócratas y revolucionarios para solidarizarnos con los inmigrantes, también somos capaces de identificar cuando una supuesta oferta de ayuda encubre perversas intenciones. Así se desprende al estudiar el Decreto 216 de 2021 por medio del cual se adopta el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos bajo Régimen de Protección Temporal y se dictan otras disposiciones en materia migratoria, expedido este Primero de marzo de 2021 por el presidente Iván Duque.

Al leer el decreto en mención solo se menciona la alta exposición a la que las y los venezolanos se encuentran a la explotación laboral, violencia física, psicológica, sexual y de género, xenofobia, explotación infantil y trata de personas entre otras terribles situaciones, pero en su cuerpo resolutivo el Decreto sólo habla de asuntos administrativos, papeleo y trámites burocráticos que los inmigrantes deben cumplir para ser en teoría beneficiarios de un decreto que no les asegura atención en salud, acceso a la vivienda, ocupación laboral en equidad y salarios dignos, educación para los niños, asistencia psicológica y mucho menos justicia y reparación por los graves daños que han sufrido al estar en condiciones de vulnerabilidad en territorio colombiano.

Obviamente, no se puede esperar que el antipopular gobierno de Duque-Uribe suscriba un Decreto que contemple estos derechos básicos para los inmigrantes, porque al igual que sus antecesores federales y centralistas, liberales y conservadores, desde la época de Independencia, ni siquiera los han garantizado para los propios colombianos.

Se trata entonces de una oferta engañosa, un nuevo falso positivo típico de los gobiernos del “Centro Demoniaco” que tiene al menos cuatro grandes grandes objetivos.

El primero será ganar audiencia y favorabilidad política de cara a la próxima campaña electoral presidencial, intentando contar a su vez con un bastión importante de inmigrantes subvencionados que le sirvan de activistas electorales.

En segundo lugar, tiene el oscuro propósito de seguir obteniendo recursos de agencias internacionales que serán embolsilladas por el gobierno y sus amigos más cercanos, del mismo modo que lo hicieron de común acuerdo con Juan Guaidó y sus secuaces, repartiéndose cientos de millones de dólares cuando el famoso concierto en la frontera y de otros aportes provenientes de gobiernos extranjeros.

En tercer lugar, quieren convertir a miles de venezolanas y venezolanos en mano de obra esclava. Seguramente con ellos empezarán a implementar el proyecto de salario por horas sin ningún tipo de contratos, ni seguridad social, sin beneficios prestacionales, ni derechos de cotización para el sistema de pensiones.

Y por último lugar, han colocado una fecha tope para los supuestos beneficiarios, con el claro objetivo de desalentar la inmigración y cerrar las puertas a muchos más venezolanos que desesperados por la situación en su país deseen llegar hacia territorio colombiano.

Por todo lo anterior, desde nuestra organización Colectivos Unidos de Colombia repudiamos las íntimas y perversas intenciones del gobierno de Duque-Uribe, a la vez que le expresamos nuestra solidaridad a la población venezolana inmigrante llamándola para que se una a las luchas y movilizaciones del pueblo colombiano que enfrenta la cascada de decretos emitidos por el presidente Iván Duque que conforman un brutal paquetazo contra la población y con los cuales se pretende reformar el régimen laboral, pensional, de seguridad social y tributaria, para que sea la clase trabajadora y los pobres de Colombianos y Venezuela los que terminen pagando el costo de la crisis económica y de la pandemia.

De igual modo, aprovechamos la oportunidad para expresar nuestra solidaridad internacionalista a la clase trabajadora y al pueblo venezolano que defiende sus derechos políticos, económicos y sociales conculcados por su gobierno, pero invitándolos a que lo hagan libres de toda tutela de la nefasta «oposición» burguesa y combatiendo toda injerencia de potencias externas, particularmente del gobierno de los Estados Unidos.

Bogotá, 5 de marzo de 2021

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