Sobre la carta a Biden: Repudiamos las sanciones y el acuerdo de cúpulas entre el gobierno y la oposición patronal

Por Partido Socialismo y Libertad (PSL)

El pasado 14 de abril se hizo pública una carta enviada al presidente de Estados Unidos Joe Biden y a otras autoridades de dicho país. La misiva está firmada por 25 personas, entre los cuales hay economistas, periodistas, empresarios, representantes de ONG,s, un exdiputado y sindicalistas.

En la misma se le solicita al jefe del imperialismo norteamericano que “alivie” las sanciones económicas que pesan sobre Venezuela, debido a que, según los firmantes, dichas medidas no habrían logrado su objetivo original, afectando fundamentalmente al pueblo venezolano. En la comunicación se llama a los partidos políticos y al gobierno a retomar las negociaciones y el diálogo, que se venía realizando en la ciudad de México.

Se exhorta a “llegar a acuerdos que permitan el regreso de las empresas petroleras occidentales y otras empresas privadas para rejuvenecer el sector petrolero venezolano”. Y agregan que: “El gobierno venezolano debe permitir que estas empresas administren los proyectos petroleros, sus contratistas y los ingresos por exportaciones al tiempo que recibirá la regalía y los impuestos correspondientes”.

El envío de esta carta fue precedido por dos reuniones realizadas el 5 y el 7 de abril entre Maduro, Cilia Flores, Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro Guerra, y miembros del Foro Cívico, algunos de los cuales son firmantes de la carta enviada a Biden. Reuniones que tenían objetivos similares a los expresados en la carta enviada al gobierno estadounidense.

Repudiamos las sanciones imperialistas

El Partido Socialismo y Libertad (PSL) repudia las criminales sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, contra nuestro país. Esto lo hemos venido haciendo desde un primer momento. Como se sabe, el gobierno imperialista de Trump aplicó unas primeras medidas sancionatorias en agosto de 2017. Posteriormente, comenzaron a aplicarse sanciones económicas a finales del año 2018, y las petroleras en enero de 2019.

Desde hacía años Venezuela atravesaba por una dura crisis económica, la cual se agravó cualitativamente a partir de 2017 con la instrumentación de estas medidas de corte imperialista, causando el agravamiento de la tragedia social que ya vivía el pueblo venezolano. Las sanciones no son la causa de la crisis, pero sí la profundizaron.

En la carta se afirma que las sanciones fracasaron en su objetivo que era desestabilizar al gobierno de Maduro. En realidad lo que hicieron fue sumir al pueblo trabajador en una profunda catástrofe social que lo postró, propiciando así la desmovilización después de la derrota de la rebelión popular del 2017, lo cual contribuyó a la consolidación en el poder de Maduro.

¿Qué buscan los sectores patronales?

Más allá de la solicitud de alivio de las sanciones, y de las aparentes razones humanitarias y de diálogo, es importante para el pueblo, las trabajadoras y trabajadores venezolanos, entender cual es el verdadero objetivo, tanto de la mencionada carta, como de las reuniones que sectores del empresariado y la oposición patronal, vienen sosteniendo con el gobierno de Maduro.

Se trata de un operativo político que expresa el interés de un sector significativo de la burguesía venezolana de desmovilizar, acallar la protesta obrera y popular contra el ajuste gubernamental, el cual incluye el memorando 2792, mientras se avanza en acuerdos con el gobierno, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del capitalismo venezolano. Es decir, un nuevo acuerdo de cúpulas para continuar los negocios capitalistas, repartirse el poder y el control de la renta petrolera, en función de los intereses de los capitales privados nacionales y transnacionales. Su objetivo es que junto a las transnacionales chinas, rusas, japonesas o europeas, participen también las norteamericanas, tanto en el sector petrolero, en la minería extractivista en el Arco Minero del Orinoco, como en los demás ámbitos de la economía.

Este giro político de la oposición patronal, se produce en momentos en que los partidos que representan a este sector, se encuentran sumidos en una profunda crisis, en extremo debilitados y divididos; con un sector cooptado por el gobierno. Por ello, los sectores políticos y empresariales se apoyan en organizaciones sociales, sindicales y Ong, menos contaminadas con el desastre de lo que fuera la MUD o el Frente Amplio.

Hay que seguir movilizados contra el gobierno y su paquetazo de ajuste

Un acuerdo de este tipo no tiene nada que ver con los intereses y necesidades del pueblo trabajador. En la carta y en las reuniones de Miraflores no se habló del salario, ni de los principales problemas del pueblo.

La salida a la crisis no pasa por arriar las banderas de la lucha contra un gobierno hambreador y represivo que aplica un severo ajuste contra las trabajadoras y trabajadores venezolanos. Ni tampoco por acuerdos de cúpulas, propiciados por personajes ligados a los partidos de la oposición patronal, por más que se presenten como “sociedad civil”.

Desde el PSL consideramos que el pueblo trabajador venezolano debe segur luchando -como lo hacen hoy los sidoristas- contra el paquetazo del gobierno de Maduro y los sectores patronales que buscan acuerdos con el gobierno por el reparto de las ganancias capitalistas, y pelear por un Plan Obrero y Popular, alternativo al paquetazo del gobierno de Maduro,con el cual pretenden descargar la crisis sobre los hombros del pueblo trabajador.

Ese plan debe partir de la lucha por salario y pensiones que se igualen a la canasta básica, indexados mensualmente a la inflación. Los recursos para instrumentar este plan deben salir de los bolsillos de los que más tienen: empresarios, banqueros y transnacionales. Para ello se debe constituir un Fondo Social y Económico de Emergencia, cuyos recursos deben provenir de la eliminación de los contratos de empresas mixtas para que el petróleo sea 100% estatal sin transnacionales; de un impuesto a los grandes grupos empresariales; confiscación de los bienes de los corruptos; repatriación de capitales en el exterior; suspensión del gasto militar y policial, y no pago de la deuda externa.

Con todos esos recursos impulsar un plan nacional de obras públicas e infraestructura para recuperar escuelas, liceos y universidades; los hospitales y centros de salud; construcción de viviendas; recuperar los servicios públicos que están por el suelo, así como la industria petrolera y las empresas básicas. Todo en la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno de los trabajadores y el pueblo.

Caracas, 22 de abril de 2022