La protesta popular en Mérida dobló el brazo del gobierno y le hizo suspender el racionamiento eléctrico

Por: Unidad Socialista de Izquierda

Numerosos cacerolazos en horas de la noche desde hace un par de semanas, venían presagiando una potente protesta popular en contra del racionamiento eléctrico, término que en realidad es un efumemismo si consideramos el desastre que supone para una ciudad ver interrumpido el servicio eléctrico por más de cuatro horas diarias durante más de seis meses. Hace unas seis semanas, una protesta popular enardecida había incendiado la sede de Corpoelec en Mérida.

El 25 de enero de este año, la protesta se generalizó, y abarcó casi todas las zonas populares y residencias de la clase media merideña, donde incluso hubo saqueos contra comercios; mientras que en Ejido y la zona panamericana hubo numerosos cortes de ruta y barricadas. Ante esta protesta impresionante, que encendió a Mérida y sus alrededores, la respuesta del gobierno fue utilizar la policía regional, la Guardia Nacional y las patrullas del PSUV, para enfrentar los cacerolazos y los cortes de vías. Grupos armados de la derecha, que venían protestando desde la mañana en el Núcleo La Liria de la ULA por la medida adoptada por el gobierno contra RCTV Internacional, se batieron a tiros con los activistas del PSUV en distintos puntos de la ciudad, dejando como saldo lamentable de los enfrentamientos dos estudiantes asesinados, uno de cada bando, y más de 30 heridos.

Tanto la derecha como el gobierno utilizaron sus grupos armados con el claro objetivo de desmovilizar al pueblo que protestaba contra los apagones, y desvirtuar la legitimidad de la rabia popular contra la desastrosa aplicación del racionamiento eléctrico. Usando a estudiantes como carne de cañón, la derecha y el gobierno apelaron a una estrategia macabra para pescar en río revuelto, lo que derivó en un saldo deplorable de muertos, heridos y destrozos contra zonas residenciales, en las que no vive precisamente la alta burguesía, ni los viejos godos ni los nuevos ricos.

Sin embargo, la contundencia de la movilización, y su carácter inobjetablemente popular (pues zonas como San José de las Flores, Santa Elena, La Mesa de los Indios, entre otras, tuvieron un rol protagónico en la protesta), obligó al ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami, a desplazarse a la entidad andina, y anunciar la suspensión del racionamiento eléctrico. Sin embargo, este anuncio vino acompañado por una alarmante militarización de la ciudad, que recuerda las respuestas represivas de los gobiernos puntofijistas ante los estallidos sociales vividos en Mérida en la década de los 80.

El gobierno, al anunciar el cese del hostigamiento eléctrico contra la población merideña, tácitamente reconoce la legitimidad de la protesta popular, y echa por tierra el argumento esgrimido por los voceros regionales del PSUV, según los cuales la protesta era una güarimba más orquestada por la derecha golpista. Nada más lejos de la verdad.

Por otra parte, tampoco tuvieron nada de heroico las acciones de los grupos de choque de lado y lado, que arremetieron a tiros contra los cacerolazos y los cortes de calles en urbanizaciones y zonas populares, o usaron la universidad como guarida para disparar a mansalva, con la protección de las autoridades de la ULA.

Cada vez son más frecuentes los estallidos populares que no son controlados ni manipulados por los agentes de la burguesía opositora, ni por el partido de gobierno, ejemplo de ello son Curiepe, Caucagua, Timotes, y ahora Mérida. La gente se moviliza por seguridad, servicios básicos, salario, reivindicaciones sociales y democráticas que nada tienen que ver con la agenda de la derecha opositora o del gobierno.

Ahora bien, estas son expresiones de que el proceso revolucionario goza de buena salud y el pueblo está dispuesto a luchar por sus reivindicaciones, de allí que se necesita una herramienta política que permita superar la polarización chavismo-escualidismo, que no expresa lo que en síntesis es la lucha de clases, la lucha entre explotadores y explotados.

De allí que desde la Unidad Socialista de Izquierda planteamos a los luchadores y activistas obreros, populares y estudiantiles que, frente a los partidos de los explotadores de cualquier color es imprescindible y urgente levantar una opción política verdaderamente revolucionaria de los explotados, los trabajadores, campesinos, indígenas, estudiantes y las comunidades populares. Sólo de esta manera podrá canalizarse la justa ira de la población y sus exigencias de justicia, en la perspectiva de la lucha por el verdadero socialismo revolucionario.